Una orden judicial de desalojo ha dejado sin trabajo a unas 59 familias en la Costa del Sol, un alcalde capturado y una sospecha entre los comerciantes de ser peones en un juego más grande que sus negocios calcinados, uno que apuesta por el turismo masivo. Los comerciantes ahora reclaman un mal procedimiento, pese a tener permisos para sus comercios y haber pagado impuestos, mientras avanza la renovación millonaria del turicentro.
Foto Factum/Gerson Nájera
Leonardo sale del mar con la atarraya colgada en uno de sus hombros. Sobre la arena de la playa está su bicicleta y un saco de nylon donde mete su pequeño botín. Unos peces plateados caen de la falda de su camisa, y otros se los saca del bolsillo de su bermuda, junto con un par de cangrejos del tamaño de un gajo de naranja. Frente a él, de espaldas al mar, está lo que queda de su negocio: sin ramada, con los horcones aserrados, parece la escena post créditos de un huracán.
El sábado 11 de mayo por la noche, personal de la alcaldía de La Paz Centro, junto con agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y de la Policía, destruyó a fuego y sierra unos 59 comedores que funcionaban bajo ramadas en la playa Costa del Sol, colindantes con el centro turístico del mismo nombre, en el distrito de San Luis La Herradura, La Paz. La justificación fue una orden del Juzgado Ambiental de Santa Tecla, donde el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) realizó una denuncia por contaminación ambiental contra los comerciantes, en marzo recién pasado.
Desde ese día, todos los comerciantes afectados no han podido trabajar. Les tocó despachar con los estómagos vacíos a los turistas que llegaron a buscar comida. Y vacíos se quedaron sus bolsillos.
Las ventas fueron desalojadas de la playas pública del turicentro Costa del Sol. Los vendedores, que tienen cuatro décadas de tener sus ramadas allí, aseguran que contaban con los permisos de la alcaldía y pagaban sus impuestos mensuales. Foto Factum: Gerson Nájera
La mañana del lunes 13 de mayo, frente a los negocios afectados estaban los pilotes de madera aserrados, pilas de bancas y mesas de madera. Leonardo explicaba con indignación: “Cada uno de estos horcones cuesta entre $10 y $15, ¿Por qué no dejaron que los sacáramos? Solo vinieron a aserrarlos. Eso ya no se puede usar, ya solo sirve para leña”, dijo.
Leonardo recoge lo poco que pudo pescar la mañana del 13 de mayo. Él es uno de los afectados con la quema de las ramadas en la Costa del Sol. Foto Factum: Gerson Nájera
En unos minutos, varios comerciantes afectados se reunieron en la playa para explicar la cronología del desalojo forzoso y escuchar a Ivania Cruz, abogada de la organización Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDHEC), que los apoyaba desde abril pasado.
Cruz acudió en la mañana del 13 de mayo a presentar un escrito a la alcaldía por los desalojos solicitando una mesa de diálogo. No sirvió: en la noche, personal de la alcaldía regresó a terminar de quemar las ramadas que habían sido desmanteladas y más tarde aún la PNC informó sobre la captura del alcalde Armando Jirón, quien ganó las elecciones de La Paz Centro bajo la bandera del partido GANA; y de César Ticas, jefe de catastro. Ambos fueron arrestados por el delito de contaminación ambiental por quemar las ramadas.
#Actualidad |🔴 Comerciantes de la Costa del Sol, en Zacatecoluca, denuncian que autoridades de la alcaldía regresaron esta noche junto con policías a quemar los restos de sus ramadas y mobiliario que tenían en sus comedores.
🖋️🧵Por @suchitchavez.
📸 Cortesía. pic.twitter.com/Y8t9iUgFdQ— Factum (@RevistaFactum) May 14, 2024
El 15 de mayo, la UNIDHEC presentó un aviso penal en contra del concejo municipal de La Paz Centro por amenazas, actos arbitrarios, contaminación ambiental y daños en la Fiscalía General de la República (FGR). Ese mismo día, al final de la jornada laboral, la cuenta oficial de la red social X del Ministerio de Medio Ambiente publicó que realizó una inspección por los daños de las ramadas quemadas.
La cronología del proceso
El 14 de marzo de 2024, el ISTU denunció daños ambientales por la presencia de los negocios de comida que funcionan desde hace décadas fuera del turicentro de la Costa del Sol. La institución señaló que las ramadas generan basura, degradación de los ecosistemas costeros, contaminación del agua y alteración del equilibrio ecológico.
Revista Factum tuvo acceso a las dos resoluciones otorgadas por el Juzgado Ambiental de Santa Tecla. Ocho días después de la denuncia, el 22 de marzo, el juzgado ordenó medidas cautelares que implicaban que la entonces alcaldía de San Luis La Herradura verificara si los comedores contaban con un permiso ambiental. Según la resolución, debía auxiliarse de la unidad de Medio Ambiente de la PNC y tenía que reubicar las ventas si se demostraba la ausencia de un permiso.
La jueza Nidia Oneyda Cáceres también resolvió que la zona debía quedar despejada de ventas y que, de no cumplirse, el juzgado certificaría tal incumplimiento a la Fiscalía.
Y es la interpretación de esta resolución la que ha sido una afrenta directa para los comerciantes.
“La alcaldía mandó una cierta cantidad de trabajadores a desalojar esto y sin decirnos nada”, explicó Concepción Portillo, comerciante que perdió su negocio por los desalojos. “Aquí no sabemos nada de maíz, ni de agricultura. Aquí solo sabemos de pesca”, agregó.
Según Portillo y otros comerciantes afectados, luego de la resolución de marzo, sostuvieron una reunión con personal del ISTU y la alcaldía para negociar, a inicios de abril. Los comerciantes explican que el ISTU les informó que dentro del turicentro únicamente había disponibilidad de 11 puestos y, aseguran, les tomaron los datos a todos para ver “si calificaban” para esos lugares.
Los comerciantes aseguraron que habían logrado que el plazo de desalojo se alargara hasta el 8 de agosto como fecha límite.
Otro de los comerciantes afectados remueve los escombros del lugar que le servía para obtener un ingreso diario. Foto Factum: Gerson Nájera
El 6 de mayo, el Juzgado Ambiental de Santa Tecla emitió otra resolución en la que consta lo que contó Portillo. La jueza Cáceres advirtió a las autoridades que se abstuvieran de realizar negociaciones y que cumplieran con su anterior resolución.
La abogada Cruz explica que “estas resoluciones deben entenderse así: a la jueza, según los informes del ISTU y de la alcaldía, se le dio una información falsa en esos informes, manifestando que las personas estaban de acuerdo en un desalojo voluntariamente. Situación que fue falsa, porque el 9 de abril que reunieron a los comerciantes adentro del turicentro no se les dijo de un acuerdo, se les dijo que tenían hasta el 7 de agosto para estar ahí y que los iban a desalojar.”
Revista Factum buscó a la jueza Cáceres por teléfono, pero ella explicó no poder dar declaraciones y solicitó gestionar cualquier información a través de la Unidad de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia. Se buscó a la encargada, pero no contestó a los mensajes. También se llamó a la alcaldía de La Paz Centro para hablar con el síndico municipal Víctor Martínez Aldana, pero no respondieron las llamadas.
Un vendedor muestra cómo las llamas, provocadas por la alcaldía, consumieron su negocio. Foto Factum: Gerson Nájera
Portillo, quien asegura que tiene cuatro décadas de vender a la orilla de la playa, contó que en la reunión todos dieron sus datos bajo la idea de aplicar a los 11 puestos disponibles, no para mostrar acuerdo a un desalojo voluntario.
La abogada Cruz insistió en que la resolución otorgaba un plazo de 24 horas para verificar los permisos, nada más, y que en ninguna parte se otorgaba una autorización para quemar las pertenencias de los comerciantes. “Esas actuaciones de la municipalidad fueron arbitrarias y causaron más daño a las víctimas”, agregó Cruz.
El 10 de mayo, día de asueto para todos los empleados públicos, varios de los comerciantes recibieron un volante de la municipalidad en el que se les daba 24 horas para desalojar. El comunicado fue entregado entre las 9 y las 10 de la mañana. Al día siguiente, esperaron durante todo el día la presencia de las autoridades municipales, sin que aparecieran. Llegaron, pero de noche, aproximadamente a las 9.
Algunos de los comerciantes mostraron a Revista Factum las notificaciones de desalojo que recibieron con el nombre de cada uno de ellos. ¿Cómo sabía la municipalidad el nombre de cada uno si se trataba de negocios informales? Esto es parte de lo que cuestiona la abogada Cruz.
Los comerciantes aseguraron que cada uno de ellos están inscritos en la municipalidad y pagan sus impuestos anuales. “Cada sábado de Gloria venían a cobrar los impuestos del año”, dijo uno de ellos. Cruz explicó que, incluso, cada uno tiene autorización como comerciante por parte de la municipalidad y que por ello le correspondía a la alcaldía gestionar los permisos ambientales. “¿Quién es el que administra? La municipalidad”, dijo Cruz.
Este es uno de los recibos de pago de impuestos que uno de los comerciantes realizaba anualmente por estar funcionando con permiso de la alcaldía y calculado con base al tamaño de su negocio.
Varios de los comerciantes, indignados, aseguraron que ya se tenía un acuerdo del manejo de la basura con la alcaldía, en la que se pagaban a mototaxistas para que sacaran los toneles ubicados afuera de los negocios para colocarlos en la ruta del tren de aseo. “La contaminación de la que hablan la vinieron a hacer ellos, que quemaron esto”, dijo Portillo.
La mayor parte de afectados no trabajan desde el domingo pasado. Muchos de ellos, aseguran, viven del día a día: venden lo que pescan. Las 59 ramadas representan, por lo menos, a 59 familias afectadas que vendían comida y mariscos. Criticaron que se privilegie el comercio al interior del turicentro “donde cada plato se lo venden a $15 ó $20. Nosotros vendemos barato, a $5 ó $6 el plato”.
Vista aérea de cómo lucían las ramadas la mañana del 13 mayo, antes de terminar de ser quemadas por la alcaldía de La Paz Centro. Foto Factum: Gerson Nájera
Según datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del Banco Central de Reserva (EHPM), para 2022 unas 73,335 personas tenían una ocupación laboral en el área rural del departamento de La Paz. De estas, poco menos de una tercera parte era trabajador por cuenta propia.
La Costa del Sol y San Luis La Herradura tienen actualmente por lo menos tres proyectos grandes de desarrollo inmobiliario privado. El turicentro se ubica a pocos metros del estadio de fútbol playa, uno de los polos turísticos de interés para el Gobierno salvadoreño.
El 30 de octubre de 2023, el ISTU firmó una contratación directa con la empresa Materiales, Productos y Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V. (MP Ingenieros), por $3,514,855.73, para la remodelación del turicentro de la Costa del Sol.
El temor de algunos de los comerciantes es ser removidos solo para promover otro tipo de turismo, más caro. Uno de los comerciantes aseguró haber escuchado que buscan quitarlos de la zona para que el lugar pueda tener vista al mar.
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1 Responses to “El fuego dejó más hambre en la Costa del Sol”
nadie les cree , y nadie les creera, las, la foto de la licencia es del 2019 y para el periodo de semana santa
es por eso que no dejan de ser solo apocion, criticando, que lastima, lo malo es que realmente nadie les cree, fuera diferente si entre tanta critica, algo de lo mucho que ha hecho este gobierno tambien lo dieran en este medio