El gobierno necesita dinero. Parece una obviedad, algo que se repite cada año en un país pobre como El Salvador. Pero es así de rotundo: la economía necesita de algo más real que un milagro para salir a flote.
Al nuevo/viejo gobierno no le quedó más que admitir lo que señalan las encuestas y lo que resienten las mesas. Por eso el anuncio de más medicina amarga para intentar paliar los problemas económicos fue de lo más relevante del pasado 1 de junio. Y de la mano reapareció, muy pronto, la necesidad -la urgencia, dirían algunos- de buscar un salvavidas. Ese escurridizo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le daría Mil 300 millones al gobierno.
En una entrevista reciente, el vicepresidente de facto Félix Ulloa dijo que el país había superado las observaciones del FMI sobre el bitcóin y que el acuerdo con el Fondo, por tanto, estaba a punto de cerrarse.
La realidad, como suele suceder cuando los funcionarios de Bukele abren la boca y se empeñan en endulzarla, es diferente. Consultado por El Faro, el FMI aseguró que el acuerdo con El Salvador no se ha cerrado y que las preocupaciones por el bitcoin, dada la necedad del gobierno en convertirlo en moneda de curso legal, se mantienen.
El FMI ha pujado por algo que el gobierno adolece en todas sus esferas: transparencia. Es decir, la rendición de cuentas de cómo el gobierno gasta el dinero de sus ciudadanos.
No es algo descabellado. Es lo que cualquiera quisiera saber en su casa o en su lugar de trabajo; lo que los bancos le piden a los salvadoreños cuando quieren un crédito: transparencia para saber cómo gastan y así decidir si les prestarán.
Las señales que manda el gobierno son contradictorias. Por un lado insiste que el acuerdo con FMI es casi una realidad; y por otro, navega en la dirección contraria pujando por el bitcoin a toda costa. Ulloa insistió que El Salvador busca depender menos de monedas como el dólar o el euro y tener una libertad financiera de la mano del bitcoin y las criptomonedas.
Los números fríos ponen en perspectiva la realidad económica: el costo de la vida para una familia promedio aumentó más de 200 dólares cada mes entre 2019 y 2023; la deuda del país aumentó más de 10 mil millones de dólares, y ahora El Salvador debe más de 30 mil millones de dólares, según el Banco Central de Reserva.
Es difícil saber qué ocurre al frente de una administración que se ha caracterizado por evidenciar sus planes publicitarios por sobre los económicos. Es difícil saber si, con la urgencia económica, primarán los caprichos particulares de la familia presidencial con las criptoactivos o buscarán hacerlo de una manera más tradicional, con la injerencia previsible del FMI y el resto de acreedores.
El dinero no está alcanzando. La conclusión, derivada de las mentiras habituales, es que alguien está robando. Pero la realidad es más complicada: alguien está robando, alguien no está haciendo bien su trabajo y alguien, para colmo, lo quiere ocultar.
Lo cierto es que no hace falta ser economista, contadora o administrador de empresas para darse cuenta de que el problema es real. Basta ir al mercado, a la farmacia o buscar un lugar donde vivir para saber con plena certeza de que la economía no va bien. Y ese impacto es a prueba de anuncios publicitarios: los renders aún no sustituyen al pollo o al arroz en los platos de los salvadoreños.
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