Álvaro Colom, el erudito exdirector de una importante agencia de desarrollo, ganó las elecciones con la ayuda de dudosos operadores, como Obdulio Solórzano, quien supuestamente obtuvo apoyo financiero de grupos del crimen organizado de México y Guatemala. Este artículo rastrea el ascenso de Solórzano, así como su estrepitosa y sangrienta caída.
Ilustración/InSight Crime
Este reportaje y su ilustración fueron publicados originalmente por InSight Crime y se reproducen con autorización.
El 27 de diciembre de 2010, el locutor de una estación de radio de un municipio en las montañas del centro de Guatemala, quien solía emitir noticias, música y programas de interés comunitario, comenzó a leer un comunicado de prensa.
“Este mensaje es para el presidente de Guatemala. Somos el grupo de Los Zetas y solo queremos que el país sepa que el presidente Álvaro Colom recibió US$11.500.000 antes de que terminaran las elecciones”, leyó el locutor, evidentemente apurado.
El anuncio, emitido aquella mañana por Radio La Buena, estremeció a los habitantes de la ciudad de Cobán. Uno de ellos detuvo su auto, sacó su teléfono y grabó la transmisión.
Colom, un exempresario de buenas maneras, había llegado a la presidencia presentándose como el antídoto contra la corrupción y el favoritismo hacia las élites. Pero el costo de su ascenso al poder fue alto —hubo rumores de que había aceptado dineros de narcotraficantes guatemaltecos y mexicanos para su campaña, a través de un excongresista llamado Obdulio Solórzano y otros operadores de campaña—. El comunicado se refería a estos rumores y dejaba claro que fuera cual fuera el trato que se hubiera hecho, se conocería muy pronto.
“El mensaje lo manda la persona que entregó el dinero (al presidente)”, continuó leyendo el locutor. “Tiene las matrículas de carro y las direcciones donde fue entregado el dinero, y usted, señor presidente, es el que le vendió el país a Los Zetas”.
El partido político de Colom, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), es uno de los más antiguos de Guatemala, y hasta ahora ha logrado evadir las graves acusaciones que han debido enfrentar otros partidos políticos por sus esquemas de financiación. Desde el actual partido de gobierno, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), pasando por el Partido Patriota (PP), hasta la UNE, los partidos políticos de Guatemala están enfrentando una ola de enjuiciamientos sin precedentes. De estos tres, solo el FCN-Nación continúa activo como partido, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya ha comenzado con el proceso para cancelarlo, incluso en un momento en que el presidente Jimmy Morales intenta aferrarse al poder.
A nivel personal, Colom ha logrado refutar estos rumores, en parte porque al final de su periodo en el cargo entre 2008 y 2012, persiguió a los narcotraficantes. Días antes de la declaración de Los Zetas en Radio La Buena, el presidente había desplegado al ejército en la zona con el fin de perseguir al grupo mexicano en Cobán, un municipio que se había convertido, de facto, en la sede del grupo.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) también estaba comenzando a cercar al grupo. En octubre de 2010, la policía en Belice había arrestado y extraditado a un aliado de Los Zetas, un guatemalteco llamado Otoniel Turcios, quien estaba siendo buscado por los gobiernos de Belice y Guatemala. Posteriormente, la administración Colom arrestó y extraditó a otros más.
Sin embargo, aquella mañana Los Zetas presentaron una versión diferente de los hechos. En su comunicado, decían que, en lugar de ir tras los criminales, la administración Colom estaba encubriendo sus crímenes.
“Usted asesinó a ‘Bigote’ (Solórzano) y entregó a Turcios a la DEA porque ellos fueron quienes le dieron el dinero”, leyó el locutor. Solórzano había sido acribillado en una calle de Ciudad de Guatemala en julio de 2010 —impactado por docenas de balas, al mejor estilo criminal—.
La acusación era alarmante, no solo por las desafiantes declaraciones sino por lo que Los Zetas dijeron que se desataría.
“Comenzaremos la guerra en este país, en los centros comerciales, en las escuelas y en las comisarías de policía del país. Con eso se pagarán los 11 millones quinientos mil dólares que el presidente debe”, leía el locutor. “Cumpla sus promesas o se las verá con un monstruo”.
“Yuyo” y Turcios
Solórzano era un político y empresario que había ingresado a la UNE por la puerta trasera. El corpulento hombre de abundantes bigotes había crecido en el sureño departamento de Escuintla, un perenne corredor de drogas y contrabando. Era además empresario, o, como lo describe un exfuncionario de la UNE, un operador: arreglaba contratos del Gobierno en el puerto y otros lugares y obtenía una parte de dichos contratos. Solórzano utilizó estas ganancias para comprar estaciones de gasolina y hoteles.
Obdulio “Yuyo” Solórzano
Las conexiones de Solórzano con intereses potencialmente dudosos generaron suspicacias dentro del partido cuando Sandra Torres, la líder nominal de UNE y esposa de Colom, despejó el camino para que él se postulara al Congreso por el partido en 2003. Pero la UNE necesitaba gente como Solórzano. El partido tenía una estrategia de afuera para adentro. Las elecciones guatemaltecas habían sido dominadas durante mucho tiempo por quienes controlaban la Ciudad de Guatemala; ningún presidente había ganado nunca las elecciones sin haber ganado en la capital. La UNE pretendía revertir esa fórmula.
La estrategia surgió a raíz de la experiencia. Colom provenía de una familia pudiente y era propietario de empresas; sin embargo, logró acrecentar su perfil dirigiendo un organismo gubernamental de desarrollo rural posguerra llamado Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) —un programa de reconstrucción y ayuda a las zonas del país devastadas durante décadas de guerra—, donde supo aprovechar bien su cargo, pues le sirvió como base para conformar la UNE.
Pero si bien los votos provenían de los beneficiarios de FONAPAZ y del capital político que generaba, el dinero tenía que venir de otro lugar. Colom no tenía prácticamente ningún apoyo de los grupos financieros tradicionales del país. Cuando lo conocí unos años después del término de su mandato en 2015, dijo que, aunque formaba parte de la asociación empresarial más importante del país, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), era marginado por sus más prominentes colegas.
“Nunca me invitaban a las reuniones políticas”, me dijo, refiriéndose a las reuniones de alto nivel entre las élites económicas y políticas en las que se resolvían muchos de los asuntos del país.
Colom no se dio treguas en la carrera presidencial como candidato de la antigua coalición de guerrillas izquierdistas de fines de la década de los noventa. Además, se casó con Sandra Torres, una mujer a la que muchos acusaban falsamente de ser miembro de la guerrilla. Aun así, el CACIF percibía que Torres (y Colom) serían perjudiciales para la asociación, por lo que intentaron activamente mantener a la pareja y a su incipiente partido, la UNE, alejados de los más altos niveles de la política.
Expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, cuando fue detenido el 13 de febrero de 2018 por caso de corrupción ligado al transporte urbano. Foto FACTUM/Oliver de Ros
Las limitaciones financieras de la UNE fueron evidentes durante la derrota electoral de Colom en 2003 frente a Óscar Berger, el candidato preferido del CACIF ese año. Personas como Solórzano eran una manera de salvar esa brecha financiera. Eran, en esencia, los interlocutores que manejarían las conexiones con los intereses financieros, sin importar su origen.
Hacia 2003, las redes de Solórzano se habían fortalecido. Contaba con un importante padrino en el puerto y también consiguió el apoyo electoral de quien luego sería alcalde de Escuintla. Ese año Solórzano obtuvo suficientes votos para convertirse en congresista por Escuintla además, su aliado ganó las elecciones para la alcaldía. Entre ambos conformaron la típica estructura guatemalteca que involucraba contratos gubernamentales, sobornos y lavado de dinero, según le dijo a InSight Crime un exfuncionario de la UNE que trabajó estrechamente con ellos.
Solórzano mantuvo un perfil bajo en el Congreso (el mismo exfuncionario de la UNE dice que era “muy callado”), pero su fortuna económica llamó la atención de los líderes del partido. En ese momento, la UNE recibía cuotas financieras de sus congresistas y alcaldes. Las considerables contribuciones de Solórzano le ayudaron a ascender constante y rápidamente en la política. Para las elecciones de 2007, el partido designó a Solórzano como uno de sus principales operadores financieros y políticos.
Entre los departamentos bajo su jurisdicción se encontraba Alta Verapaz, donde se contactó con un empresario llamado Otoniel Turcios. Este tenía grandes negocios agrícolas y de construcción, pero también había estado conectado con el narcotráfico a comienzos de los noventa. Turcios trabajaba con otro habitante de la zona, Jorge Mario “El Gordo” Paredes, quien también traficaba con drogas, y hacia 2007 ambos estaban siendo investigados por la DEA.
Mediante Solórzano, Turcios vio la oportunidad de mantener a raya a los agentes de la ley, y consiguió algunos negocios con el gobierno. La relación entre ambos evolucionó rápidamente, y Turcios ayudó a Solórzano a establecer contactos con figuras del hampa.
Luego compraron algunas propiedades juntos, según contó un exfuncionario de la UNE que alguna vez viajó con Solórzano para reunirse con Turcios en una de esas propiedades. Este mismo funcionario, que al igual que otros habló bajo condición de anonimato debido a preocupaciones legales, dijo que la conexión con Turcios llevó a Solórzano a “otro nivel”. (Dos miembros de la familia Solórzano que siguen vivos se negaron a comentar sobre los sucesos.)
Más adelante, Turcios cumplió su parte del acuerdo proporcionando dinero para la campaña, al igual que otros tipos de ayuda, como servicios de transporte y gasolina. Ambos se hicieron muy cercanos. Cuando Solórzano iba a trabajar en Alta Verapaz, se quedaba en la casa de Turcios en Cobán. Y poco después Turcios comenzó a llamarlo “Yuyo”, el apodo de siempre de Solórzano.
Ganar en el campo para ganar el país
Para desmentir el paradigma político tradicional, ganando las elecciones generales sin tener que ganar en Ciudad de Guatemala, la campaña tuvo que enfocarse en el campo. Ello implicaba que había que pagarle a un gran número de líderes comunitarios y políticos para que reunieran a los votantes, y a estos había que proporcionarles transporte y otro tipo de logística, para que en efecto pudieran votar.
En la segunda ronda electoral de 2007, una vez más la UNE debió enfrentarse a un poderoso contrincante —el general retirado del ejército Otto Pérez Molina y su Partido Patriota—. Pérez Molina había aprovechado sus propios contactos para robustecer sus arcas, incluso con destacados miembros del CACIF, un proceso que aceleraría su exitosa carrera presidencial.
Según varias fuentes que trabajaron en la campaña, así como un informe elaborado por investigadores judiciales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la respuesta de la UNE a estos problemas consistió en recurrir a fuentes ilícitas.
Según el informe, la campaña fue esencialmente dividida en tres grandes flujos de ingresos. En la parte superior, operando de manera más oficial y con vínculos con las fuentes más tradicionales de financiación, incluso de la industria farmacéutica y las empresas de construcción, estaba Gustavo Alejos, un poderoso miembro de la élite política y económica, quien administraba la compañía farmacéutica, J.I. Cohen. Alejos también haría contribuciones significativas a la campaña, y más tarde se convertiría en jefe de personal, de modo que pudo empezar a canalizar negocios para sus empresas y las de sus aliados, según señala la CICIG.
La hermana de Sandra Torres, Gloria Torres, era la segunda gran “recaudadora”, como la CICIG los llamaba, y entre sus contactos se encontraban fuentes de financiación abiertamente ilícitas. Según múltiples fuentes locales e internacionales y de la DEA, Gloria Torres forjó relaciones con traficantes como Juan Alberto Ortíz López, alias “Juan Chamalé“, un poderoso transportista de drogas que operaba en el departamento de San Marcos, en la frontera con México, y Waldemar Lorenzana, patriarca de una familia de traficantes que operaba en la frontera oriental con Honduras y El Salvador.
“En el entramado de corrupción construido en torno a Gloria Torres puede observarse, en primer lugar, el vínculo —probablemente mediado por el financiamiento— entre una estructura dedicada al narcotráfico con el nivel más alto de un partido político”, se lee en el informe de la CICIG.
Tanto Chamalé como Lorenzana trabajaban estrechamente con los rivales de Los Zetas, el Cartel de Sinaloa, el cual, según una fuente que ayudó a financiar la campaña de la UNE, también envió a un emisario de Honduras para contribuir a la campaña de la UNE. La fuente dice que ese emisario pertenecía a la familia Gastélum Serrano, los principales representantes del Cartel de Sinaloa en Centroamérica.
Según una fuente de la DEA que le siguió el rastro a la familia durante años, César Gastélum Serrano, el líder nominal del grupo, operó desde la ciudad hondureña de San Pedro Sula durante al menos una década, y luego fue capturado en México en abril de 2015. Pero, según la fuente que trabajó en la campaña, supuestamente era otro miembro de la familia el que ejercía como intermediario en el acuerdo con la UNE.
Según el informe de la CICIG, Solórzano era el tercer gran “recaudador”. El informe señala que, en la zona de Solórzano en Alta Verapaz, el dinero supuestamente procedía de Turcios. El informe no menciona a Los Zetas, pero, según su propio comunicado a través de Radio La Buena en Cobán, el grupo criminal canalizó este dinero a través de Solórzano. Los Zetas afirman que, en total, transfirieron a la UNE un poco más de 200 millones de quetzales (un poco más de US$11 millones en ese momento).
InSight Crime contactó a numerosos funcionarios y exfuncionarios de la UNE para tratar de corroborar la versión de Los Zetas. Dos exintegrantes de la UNE, así como uno que trabajó con Solórzano en actividades de recaudación de fondos para el partido, pero que prefirió hablar bajo condición de anonimato por razones legales y de seguridad, dicen que el partido recibió el dinero, aunque ninguno afirma haber visto cuándo se efectuó la entrega. Dos exinvestigadores del gobierno, así como un agente antinarcóticos extranjero, también dicen que consideran que eso fue lo que sucedió, pero ninguno afirma haber escuchado una versión de primera mano de la entrega.
Aunque la CICIG no los menciona en su informe, hubo otros conductos importantes para la financiación ilícita. Según investigadores guatemaltecos y la fuente que trabajó en la campaña uno de ellos es un exfuncionario del ejército llamado Carlos Quintanilla, quien canalizó dineros del Gordo Paredes y Juan José “Juancho” León Ardón, quien por entonces era el principal narcotraficante del país. Y Manuel Baldizón, un congresista de la UNE que más tarde se retiraría para formar su propio partido, también supuestamente recibió fondos de dudosa procedencia.
Los investigadores de varias unidades del Ministerio Público que se encuentran adelantando pesquisas en torno a otros casos de financiación ilícita de campaña le dijeron a InSight Crime que hasta el momento no hay ninguna investigación sobre la campaña presidencial de la UNE en 2007. Esto se debe, en parte, al hecho de que no existió ninguna ley específica contra el financiamiento ilícito de campañas hasta el año 2010.
(La falta de investigaciones sobre la UNE ha irritado a los rivales políticos y a otras personas que consideran que ello es una conspiración para evitar ir tras los políticos de izquierda. En múltiples entrevistas, representantes tanto del Ministerio Público como de la CICIG negaron que tuvieran alguna agenda política con respecto a la selección de sus casos.)
Pero las múltiples fuentes contactadas para esta investigación, incluyendo la que proporcionó una parte del dinero y ayudó a recolectar fondos de otros actores ilícitos, dicen que los dólares estadounidenses llegaron a la campaña en cajas de estas diversas fuentes y luego se transfirieron a Ciudad de Guatemala, donde fueron cambiados por quetzales en casas de cambio del centro de la ciudad, para luego ingresar a las arcas de la UNE.
La fuente que participó en el esquema dijo que ellos tenían claro cuál era su parte en el acuerdo: primero, dirigir los contratos del Gobierno hacia las empresas de los traficantes y, en segundo lugar, mantener a la policía, el ejército, la DEA y a los fiscales alejados del negocio de las drogas. Según la fuente, desde la perspectiva de los narcotraficantes, al aceptar el dinero la UNE aceptó estos términos.
El 4 de noviembre de 2007, Colom venció a Pérez Molina por cuatro puntos, y así se convirtió en el primer presidente en ganar las elecciones generales sin ganar en Ciudad de Guatemala. Además, la UNE obtuvo más escaños en el Congreso que cualquier otro partido y formó una coalición que le permitió asumir el control sobre la legislatura. El poder del partido había llegado a su apogeo.
Visita de Los Zetas al palacio presidencial
Tras la victoria de Colom, sus financistas fueron al palacio presidencial para cobrar sus inversiones. Algunos obtuvieron ganancias significativas.
Las empresas de Turcios, por ejemplo, ayudaron a reconstruir o construir docenas de escuelas y otras infraestructuras gubernamentales, como autopistas y carreteras. Como señala la CICIG, la hija de Turcios también fue colocada en un puesto en PRODEVER, el programa de desarrollo del gobierno de Alta Verapaz. Otros traficantes también obtuvieron contratos del Gobierno. Según la CICIG, uno de ellos fue Juan Chamalé, quien supuestamente representa un caso típico de los acuerdos por las contribuciones de campaña.
Durante los primeros dos años y medio, hubo pocos indicios de que el Gobierno estuviera atacando al narcotráfico. Por ejemplo, durante este período no hubo sino un arresto importante de un operador de Los Zetas, y dos personas que participaron en las operaciones antinarcóticos que condujeron a dicho arresto le dijeron a InSight Crime que ello se debió a intervenciones de llamadas y mensajes de texto realizadas por la DEA, y no a causa de una política proactiva del Gobierno para enfrentar al narcotráfico.
Sin embargo, no todo el mundo pensaba que Colom estuviera en deuda con los narcotraficantes.
“Él subestimó completamente la magnitud del problema”, le dijo a InSight Crime un exfuncionario de seguridad de la UNE, refiriéndose al entendimiento del presidente Colom sobre el poder de los narcotraficantes.
Stephen McFarland, exembajador de Estados Unidos en Guatemala, coincide con esta afirmación. McFarland llegó a Guatemala en agosto de 2008 y permaneció allí durante toda la administración Colom. Dice que mantuvo una buena relación con el entonces presidente.
“Recibíamos cooperación cuando la pedíamos”, dice McFarland. “Y parte de esa cooperación requería la aprobación de Colom”.
Pero el aparente desinterés de Colom preocupó a los funcionarios al comienzo de su administración. El líder de Los Zetas que fue arrestado se llamaba Daniel Pérez Rojas, alias “Cachetes” (ver foto abajo). El arresto, que ocurrió el 8 de abril de 2008, alarmó a los agentes, pues Cachetes era supuestamente uno de los fundadores de Los Zetas. Su presencia significaba que la plaza de Guatemala estaba cobrando importancia y que el grupo estaba operando en la capital.
Daniel Pérez Rojas, alias “Cachetes” en el momento de su captura
Sin duda, Los Zetas estaban en el proceso de separarse del grupo del que se originaron, el Cartel del Golfo; establecer una plaza en Guatemala se había convertido en una de sus prioridades, y Cobán había pasado a ser su sede principal. La organización criminal mexicana se había apoderado de empresas, aterrorizado y extorsionado a agricultores, secuestrado a prominentes ciudadanos y arrinconado literal y realmente a las autoridades: en una ocasión, Los Zetas atacaron a seis policías, los golpearon y los abandonaron atados y desnudos al lado de una carretera.
Dos semanas antes de la captura de Cachetes, el 25 de marzo de 2008, Los Zetas habían convocado a una reunión con Juancho León para hablar de la propensión de este a robar su mercancía y matar a sus operadores. León aceptó la reunión, pero Los Zetas lo emboscaron y lo asesinaron. Además, otras ocho personas fueron asesinadas en una masacre que encendió al bajo mundo en Guatemala y dio inicio a la serie de acontecimientos que llevaron a la captura de Cachetes, la identificación de numerosos refugios de Los Zetas, y el sorprendente descubrimiento de un diario que narraba un importante nombramiento en los altos niveles del Gobierno.
La pista que los condujo inicialmente a ese diario surgió tras el arresto de varios operadores de Los Zetas. Los investigadores les confiscaron identificaciones falsas, lo que los condujo al municipio donde estos habían obtenido los documentos falsos. Allí, los investigadores descubrieron que el administrador local había puesto fotos recientes de unos veinte operadores de Los Zetas en sus registros de identificación municipal. Cachetes, por ejemplo, se hacía pasar por Juan González Díaz.
Documentos de identificación falsos de Miguel Ángel Treviño, alias “Z40”
Otra de las personas que aparecía en los registros era Miguel Ángel Treviño, alias “Z40”, el segundo al mando del grupo. Treviño tenía una identificación que decía que su nombre era David Estrada Corado (ver foto abajo). Las autoridades descubrieron más adelante que Z40 estaba ingresando al país para recibir tratamiento en una clínica de pérdida de peso en la ciudad. Este proceso se extendió lo suficiente como para que Z40 alquilara un apartamento al frente de la clínica durante varios meses.
Los documentos de identificación condujeron a las autoridades a sus números telefónicos, y los comenzaron a interceptar. Esto a su vez condujo a la captura de Cachetes y a los refugios, los cuales fueron allanados. Dentro de una de las casas utilizadas como refugio, los investigadores encontraron 17 trajes comprados en la fábrica local Men’s Factory, que los hombres llevaban puestos en las fotos usadas para sus identificaciones falsas.
Allí también encontraron el diario. Los Zetas, que llevaban sus archivos meticulosamente, consignaban con quién se reunían y en dónde. En una de sus anotaciones se lee que, poco después de la posesión de Colom como presidente, los representantes de Los Zetas supuestamente se habían reunido con un asesor presidencial en el palacio de gobierno, durante los primeros meses de la administración Colom.
Los dos investigadores que trabajaron en el caso no le pudieron confirmar a InSight Crime quién se reunió con la delegación de Los Zetas en el palacio de gobierno ese día, pero estaban seguros de que dicho encuentro no ocurrió sin el conocimiento del intermediario de Los Zetas, Obdulio Solórzano.
Ambición mortal
Solórzano cargaba la ambición en sus bolsillos. Tras la victoria de Colom, fue nombrado director de FONAPAZ, la misma institución que el presidente había utilizado como plataforma de lanzamiento de su campaña. Solórzano engrosó inmediatamente su propio capital político, supuestamente usando el capital financiero de la fundación.
Solórzano viajó por todo el país, haciendo negocios con dineros del gobierno. Festejaba con sus supuestos aliados, entre quienes se encontraba Gloria Torres, a quien supuestamente llevó a una de sus propiedades y la invitó a un desayuno especial que hizo llevar en helicóptero. Además, supuestamente estableció esquemas de soborno para beneficiar a sus aliados políticos y a los financistas de la UNE.
“FONAPAZ fue prácticamente una lavandería (de dinero)”, le dijo un exfuncionario de la UNE a InSight Crime.
El informe de la CICIG, así como un informe del Woodrow Wilson Center for International Scholars, confirman este hallazgo.
Bajo la administración de Solórzano, FONAPAZ malversó al menos 1,4 mil millones de quetzales (US$175 millones), según señala el informe de Wilson Center, agregando que la fundación fue utilizada por el crimen organizado.
“Un asesor de la administración Colom dijo que Solórzano estaba utilizando a FONAPAZ para lavar dinero del narcotráfico, contratando empresas de construcción que tenían vínculos con el crimen organizado para construir proyectos de infraestructura en los municipios del noreste de Guatemala”, dice el informe del Wilson Center.
En su informe, la CICIG dice que algunos de estos contratos de FONAPAZ fueron adjudicados a Turcios. En total, 440 millones de quetzales (US$55 millones) en contratos de FONAPAZ tuvieron que ser anulados, según consta en el informe del Wilson Center. Un reportaje de elPeriódico indica que el Ministerio Público estaba revisando 103 contratos.
Bajo la administración de Solórzano, FONAPAZ malversó al menos 1,4 mil millones de quetzales (US$175 millones)
El uso que Solórzano dio a FONAPAZ para fortalecer su posición política siguió la misma fórmula que Colom había utilizado para ganar la presidencia, algo que no pasó desapercibido para los rivales de Solórzano, en particular para la primera dama, Sandra Torres. Según un cable de la Embajada de Estados Unidos escrito por el entonces embajador Stephen McFarland en 2009, Torres era una ambiciosa operadora política y pronto ganaría la dudosa reputación como la persona “más áspera” del palacio presidencial de Colom.
“Creemos que la primera dama es, de lejos, la principal administradora del gobierno (si bien no es la más transparente)”, escribe McFarland.
Torres se alió con Gustavo Alejos, quien por entonces era el jefe de personal de Colom. Entre ambos intentaron dirigir la administración ejerciendo control sobre el presidente, conocido por su carácter afable y no particularmente fuerte.
Lo que esto significaba en la práctica era construir un muro virtual en torno al presidente, controlar el acceso a él y desarrollar su lista de prioridades. Cuando no podían controlar dicho acceso, Torres y Alejos sacaban a la persona en cuestión de su camino. Por ejemplo, en septiembre de 2008, la administración Colom anunció el despido de Carlos Quintanilla, quien se había convertido en el jefe del Servicio Secreto de Guatemala después de las elecciones, por presuntamente haber intervenido los teléfonos de la oficina y de la residencia de Colom.
Quintanilla huyó y fue enjuiciado, pero el caso finalmente no prosperó y un exfiscal le dijo a InSight Crime que la causa había sido falsa, un ardid para alejar a Quintanilla del presidente. (Más tarde la CICIG vinculó a Quintanilla al narcotráfico, pero nunca fue acusado. En 2017 fue arrestado por cargos de chantaje, y su caso no ha sido resuelto. No respondió a los intentos de InSight Crime por contactarlo.)
A Solórzano también lo sacaron de la ecuación; por eso, aunque figurara como parte del palacio, no tenía acceso al propio presidente. Aún más, Torres ya estaba planeando su propia campaña para la presidencia. Aunque ella no contaba con FONAPAZ, era la directora de varios importantes programas sociales y económicos, de varios millones de dólares, dirigidos al electorado de las zonas rurales pobres, que conformaban la base de la UNE.
Además, contaba con su hermana, Gloria, quien sirvió como conexión con las estructuras de poder locales que habían ayudado a elegir a Colom. Como alta funcionaria de la UNE, Gloria Torres podría contrarrestar el creciente poder de Solórzano en el partido con sus propios tratos a nivel municipal. El quid pro quo era esencialmente el mismo: apoyo financiero y político a cambio de contratos del Gobierno.
A principios de 2009, los anhelos políticos de Solórzano dentro de la UNE se estaban desmoronando rápidamente. No tenía contacto con Colom, y sus enemigos dentro del partido estaban comenzando a filtrar información sobre las infracciones de FONAPAZ y sus dudosas conexiones con narcotraficantes como Turcios, quien ya estaba oficialmente en el radar del Gobierno y de la DEA.
En el mes de junio, Solórzano fue expulsado de FONAPAZ, pero sus ambiciones no se desvanecieron. Tenía quien lo respaldara financieramente. Disponía de aliados políticos y contaba con experiencia. Lo que necesitaba entonces era un partido político. Tras su oprobiosa salida de FONAPAZ, comenzó a hacerle propuestas a un partido rival, según dijo una fuente que asistió a por lo menos una reunión con dicho partido. Otra fuente que trabajó con la UNE dijo que Solórzano también estableció contacto con otro partido.
Por su parte, Solórzano nunca abandonó la esperanza de poder reunirse con Colom y convencerlo de acudir con él a otro partido, según le dijeron a InSight Crime dos personas que mantuvieron conversaciones con él en esa época. Para entonces, Colom libraba su propia lucha, cada vez más marginado por la primera dama y Gustavo Alejos, quienes también se enfrentaban entre sí. (Más tarde Alejos fue acusado de corrupción, pero se dio a la fuga. Hace poco, un grupo de congresistas lo puso en una lista negra de personajes corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica. Colom y Torres se divorciaron más adelante, y desde entonces las distancias entre ellos han crecido.)
Solórzano consideraba que el presidente era su amigo y posible aliado, según les dijo a sus socios. Estos le advirtieron que tuviera cautela, pues lo tenían fichado. Pero Solórzano no prestó atención a sus advertencias.
El 7 de julio de 2010, al auto blindado de Solórzano recibió un golpe por detrás. Fue un accidente leve, pero causó el suficiente daño para que al día siguiente tuviera que llevar el auto al taller y tomara un Range Rover nuevo que no estaba blindado, mientras reparaban su carro.
Esa noche salió de su oficina y llevó a su secretaria a la casa. Luego él y sus guardaespaldas tomaron el Bulevar Liberación. Aunque es una arteria principal de Ciudad de Guatemala cerca del aeropuerto, hay lugares con pocas cámaras de seguridad. Fue en uno de estos lugares, cuando giró hacia el Obelisco de Guatemala, donde hombres con armas automáticas le tendieron una emboscada y acribillaron su auto, matándolo a él y a uno de sus guardaespaldas.
La defensa de Colom
Cuando me reuní con Colom en 2015, él vivía en un apartamento de planta baja en una elegante zona de Ciudad de Guatemala. El expresidente —quien actualmente enfrenta cargos de corrupción en un caso adelantado por el Ministerio Público y la CICIG— es alto y enjuto, y sus trajes le quedan anchos.
Yo había ido a hablar con él acerca de otro tema, pero surgieron algunas preguntas acerca del financiamiento ilícito de su campaña de 2007. Debo reconocer que no se puso pálido. Lo volví a tratar de contactar para hablar sobre esta historia en particular, pero él no respondió a una detallada lista de preguntas. Esa negativa dejó un vacío porque en la entrevista previa, Colom me había dado algunas explicaciones extrañas de sus acciones, especialmente con respecto a Solórzano.
En primer lugar, el expresidente negó tener algún conocimiento acerca de contribuciones relacionadas con el comercio de drogas a su campaña.
“Ese dinero nunca llegó”, dijo refiriéndose a la supuesta contribución de varios millones de dólares que Los Zetas afirmaron haber hecho, mediante el anuncio en Radio La Buena. “Con 11 millones de dólares yo habría ganado en la primera vuelta”, dijo riéndose, evocando las elecciones de 2007.
Por su parte, cuando Nómada le preguntó al respecto en 2015, Sandra Torres evadió el tema de la financiación de la campaña, pues no se refirió a la veracidad de las acusaciones sobre las contribuciones de fuentes ilícitas. “Yo estuve en lo social, no estuve en esa parte (de la recaudación de fondos)”, dijo.
Colom afirma que el rumor que más ha debido rebatir es el de que Juancho León había hecho contribuciones a su campaña. De hecho, dijo que la familia León intentó matarlo en julio de 2008 porque el expresidente supuestamente había “traicionado” a Juancho León al abrirles la puerta a Los Zetas. Los atacantes, dijo, lo confundieron con su equipo de avanzada.
“Dos de nuestros vehículos principales fueron emboscados”, explicó. “Encontraron cheques del hermano de León en los vehículos de los asesinos”.
Sin embargo, Colom no logró recordar si alguien murió o resultó herido en el ataque. Tampoco hay ningún registro público de la emboscada, y ninguno de los exfuncionarios de seguridad de ese período a quienes pregunté sobre el tema recuerda el evento.
Cuando le pregunté al expresidente por Solórzano, la conversación tomó un giró un poco más extraño. Colom dijo que Turcios le dio dinero a Solórzano, pero el expresidente insiste en que era para negocios de ambos relacionados con “ganado”, no con la financiación de la campaña.
Agregó que, a principios de su mandato, el Ministerio de Gobernación hizo una presentación sobre los grupos de narcotráfico en el país, y Turcios aparecía entre los primeros.
“Le pedí a Obdulio que rompiera relaciones con Turcios”, me dijo. “pero él me respondió: ‘No, señor presidente. Él no es narcotraficante, es una buena persona’”.
Cuando insistí en que explicara por qué Solórzano había durado tanto tiempo como director de FONAPAZ, Colom dijo que se había dado cuenta de que él estaba metido en negocios sucios a principios de su administración, cuando, tras un evento presidencial en el estado fronterizo de Chiquimula, Solórzano se fue en un helicóptero para su finca.
“Me quiero ir para mi finca en Alta Verapaz”, cuanta Colom que le dijo.
Colom afirma que lo impresionó la ostentosa manera como Solórzano se retiró, y que lo despidió cuando este regresó de ese viaje. Pero “media hora después”, dijo Colom, el entonces embajador de Estados Unidos, McFarland, lo llamó y le pidió que no lo despidiera. Estaba implícito que Solórzano era objeto de una investigación. Colom dice que, meses después, luego de obtener la aprobación de McFarland, despidió a Solórzano.
Sin embargo, el exembajador niega que alguna vez le hubiese pedido a Colom que no despidiera a alguien de quien él sospechaba que tenía vínculos con narcotraficantes.
“No era así como manejaba temas relacionados con narcotráfico, corrupción o con Colom”, le dijo McFarland a InSight Crime.
Cuando le pregunté a Colom por qué Solórzano había sido asesinado, dijo que se debió a su relación con Turcios. “Turcios le dio dinero a Solórzano”, dijo, “y es por eso que Solórzano fue asesinado”.
Al respecto, el expresidente ha hecho comentarios similares, aunque más ambiguos, en conversaciones con otros periodistas. En una entrevista con el Wilson Center, Colom le dijo a Julie López que el asesinato de Solórzano había sido “grave”, refiriéndose a la forma en la que fue asesinado.
“Cuando el río suena, piedras lleva”, le dijo, utilizando un viejo refrán guatemalteco para aludir a las oscuras conexiones de Solórzano y su posterior distanciamiento de la administración.
Guerra contra los narcos
Pero si bien Colom se preguntaba sobre el asesinato de su leal colega y recaudador de fondos, no ejerció mucha presión para que el Ministerio Público adelantara investigaciones. Quienes trabajaban en el Ministerio Público durante la administración Colom tuvieron dificultades incluso para identificar al excongresista de la UNE o para recordar su sonado asesinato en una zona céntrica de la capital. Y dicen que no hubo ningún tipo de presión de la presidencia para que se investigara.
Aun así, meses después del asesinato de Solórzano, el Gobierno y la DEA incrementaron sus esfuerzos por acorralar y arrestar a los narcotraficantes, y pusieron sus ojos primero en lugares como Cobán.
Allí, financistas como Turcios ya sabían que la marea se estaba volviendo contra ellos. Y cuando sus fuentes le dijeron a este que se aproximaba un gran contingente, huyó a Petén en helicóptero. Luego pasó a Belice por tierra, donde fue capturado y enviado a Estados Unidos para que respondiera por cargos de narcotráfico.
El Gobierno decretó el estado de sitio en Alta Verapaz, lo que condujo a las desafiantes declaraciones de Los Zetas sobre el financiamiento de la campaña y sobre la muerte de Solórzano. (Habría declarado otro estado de sitio en el departamento de Petén.)
En los meses siguientes, Los Zetas cumplieron su promesa de generar disturbios. En mayo de 2011, sembraron el caos durante una semana, cuando mataron al hermano de Juancho León en Petén y masacraron a 28 campesinos. Días más tarde, asesinaron a un fiscal en Cobán y dejaron partes de su cuerpo desmembrado frente a tres oficinas gubernamentales.
Pero la reacción de Colom fue enérgica, dado que el pacto electoral se había roto hacía mucho tiempo.
“Odio al narcotráfico”, me dijo.
Para finales de 2011, más de cien presuntos miembros de Los Zetas estaban en la cárcel, y el grupo criminal nunca ha recuperado su poder en Guatemala. Otros narcotraficantes, como Chamalé y Lorenzana, también fueron capturados y extraditados.
“El hecho de que realmente hubieran actuado fue bien recibido por el pueblo”, dice McFarland. “Según las normas guatemaltecas, hicieron algunos avances significativos”.
La impresionante muestra de poder por parte de Colom, los arrestos y las subsecuentes extradiciones de numerosos narcotraficantes lo han protegido a él y a su partido en el debate sobre las presuntas contribuciones del narcotráfico a su campaña de 2007. Pero todavía quedan algunas preguntas abiertas en torno a lo que pasó con Solórzano, su papel en la financiación de la campaña presidencial y su posterior asesinato.
Este reportaje y su ilustración fueron publicados originalmente por InSight Crime y se reproducen con autorización.
Opina