El costo de sentirse seguro en El Salvador
Por Revista Factum – Publicada el 27 de marzo de 2023
SINOPSIS. El Salvador llega a un año con un régimen que dejó de ser una excepción y se convirtió en el “nuevo camino” para atacar la inseguridad: limitar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ordenar redadas y capturas masivas. ¿El resultado? Una baja de homicidios y una sensación de paz, pero a un costo altísimo: miles de capturas arbitrarias, violaciones a derechos humanos y una deformación de los cuerpos de seguridad. Revista Factum y Elim TV te presentan cinco miradas para entender los alcances de la medida estrella y más controversial de Nayib Bukele.
Tras un año de régimen de excepción, las pandillas operan en sus mínimos históricos y sus fuentes de financiamiento “han tenido una reducción que se parece a total”, dice Martínez.
Por ocho años tuvo un puesto informal en San Salvador. Desde su perspectiva, narra el principal impacto del régimen de excepción: que ha dejado de pagar extorsión.
El legado del régimen de excepción impacta a los cuerpos de seguridad del Estado, con la policía y la Fuerza Armada a disposición total de un gobierno autoritario, según Vega.
Para la académica, las políticas actuales como el régimen de excepción sólo son sostenibles si el objetivo es transitar hacia Nicaragua, donde el disenso se paga muy caro.
En mayo de 2022, la Policía capturó a su hijo, pese a que no aparecía en ningún registro de pandillas. Meses después, sucedió lo mismo con su hermano. Nadie le ha dado repuestas.
Régimen de excepción
Ficha técnica
Ahora que el régimen llega a su primer año, vale la pena recordar qué significó en un inicio, en qué se fundamentó y cuáles han sido sus modificaciones para llegar a lo que tenemos hoy. Además, es importante tener en mente las principales cifras.
¿Qué es?
Decretar un régimen (o estado) de excepción es una facultad que le otorga la Constitución a la Asamblea Legislativa, a solicitud del Consejo de Ministros.
En su artículo 29, la ley máxima del país reconoce que ante “casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público”, se podrá suspender por un mes derechos como la libre circulación, la libre expresión, la libre asociación y reunión, la defensa ante una detención, la inviolabilidad de las telecomunicaciones. Además se podrá extender el plazo máximo de detención administrativa.
Si esta crisis se mantiene, dice la Constitución, se podrá renovar el régimen por un periodo similar.
Régimen actual
Ante una masacre de 87 personas en un solo fin de semana, el 27 de marzo de 2022 la Asamblea Legislativa dio trámite a una solicitud para limitar los derechos de libre asociación y reunión, de inviolabilidad a las telecomunicaciones, de defensa ante detención y se amplió el plazo máximo de detención administrativa. El 17 de agosto se restableció la libertad de asociación y reunión. Los otros decretos siguen suspendidos.
Antes de esa fecha, el gobierno salvadoreño había negociado con las principales pandillas del país. Investigaciones periodísticas de El Faro mostraron que la masacre del fin de semana del 25 y 26 de marzo fue causada por el rompimiento de ese pacto. El gobierno de Bukele, a través del director de Tejido Social, Carlos Marroquín, incluso liberó a uno de los principales líderes pandilleros -conocido como Crook, de la Mara Salvatrucha, pese a que el pandillero era requerido en extradición por los Estados Unidos.
Regulaciones paralelas
Al mismo tiempo, la Asamblea ha reformado una decena de leyes que permiten elevar penas por delitos vinculados a pandillas o drogas, y amplió los plazos para que la Fiscalía investigue a los capturados, que podrán pasar hasta dos años en prisión preventiva.
Además, se aprobó una mordaza a los medios de comunicación con penas de hasta 15 años a quienes revelen información vinculada a pandillas que genere “zozobra”.
El oficialismo elevó hasta a 45 años penas vinculadas a pertenencia o colaboración a pandillas. También ha aprobado hacer compras directas en adquisiciones vinculadas al régimen de excepción. Esto incluyó la millonaria construcción del penal en Tecoluca, San Vicente.
Cifras principales
111
Muertes bajo custodia del Estado, según organizaciones de la sociedad civil (hasta el 27 de marzo de 2023).
4,500
Capturas arbitrarias (cifra estimada), según organizaciones de la sociedad civil (hasta el 27 de marzo de 2023).
101,558
Privados de libertad, según organizaciones de sociedad civil con datos del Gobierno (hasta el 27 de marzo de 2023)
74 %
De las denuncias de violaciones a derechos humanos fueron perpetradas por la Policía Nacional Civil, según organizaciones de la sociedad civil (hasta el 27 de marzo de 2023).
1,600
Niñas y niños arrestados, según Human Rights Watch (en un informe de diciembre de 2022 con datos hasta agosto de 2022).
306
Casos de tortura, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, OUDH (hasta agosto de 2022).
14
Policías detenidos por abusos durante el régimen, según datos de la PDDH (hasta diciembre de 2022).
2,303
Privados de libertad por cada 100 mil personas adultas, según organizaciones de sociedad civil con datos del Gobierno (hasta el 27 de marzo de 2023).
