2016, el año de los expresidentes corruptos

No todos los años se muere un expresidente procesado por corrupción, otro es detenido y un tercero solicita asilo en Nicaragua alegando persecución política como explicación a sus problemas con la ley. Todos han sido señalados por corrupción durante sus gobiernos, y procesados en los dos últimos años, una conjunción sin precedentes en la historia de El Salvador.

Foto ilustración FACTUM/Orus Villacorta

Francisco Guillermo Flores Pérez (1999 -2004) que falleció en enero pasado; Elías Antonio Saca González (2004 -2009), detenido y procesado por tres delitos; y Carlos Mauricio Funes Cartagena (2009 -2014), investigado por cinco presuntos delitos durante su mandanto. Son los tres expresidentes que gobernaron El Salvador durante 15 años bajo sospechas, cada vez más nutridas, de haber malversado y desviado fondos públicos durante sus gestiones

2016 ha sido el año en que El Salvador, sus instituciones y organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores internacionales, han enarbolado la bandera contra la corrupción; pero, no solo desde los discursos, también se han iniciado procesos que por su dilación y novedad se han vuelto históricos. Desde 2015, cuando la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retomó las investigaciones financieras patrimoniales, hasta inicios de diciembre de 2016, se han examinado 76 casos que involucran a 300 funcionarios y sus familiares, según detalló a inicios de diciembre el jefe de Probidad, Carlos Pineda.

Y nada de esto se hubiera logrado concretar sin la puesta en marcha de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que llevaba más de 50 años, desde que fue creada, sin funcionar como instrumento sancionador. La aplicación de este marco regulatorio revolvió el interior de la Corte Suprema de Justicia; aunque también fue crucial la presión de organizaciones de la sociedad civil, como Funde–ALAC que,  a través de otro instrumento, la Ley de Acceso a la Información Pública, logró que se iniciaran los procesos para la entrega las declaraciones patrimoniales de todos los expresidentes de la democracia (aún pendientes).

Las investigaciones contra Funes y Saca forman parte de este reciente ejercicio de transparencia que, a través de la fiscalización de las declaraciones patrimoniales y las consecuentes demandas civiles,  han logrado dar un giro de 180 grados en la lucha contra la corrupción. El caso de Flores, por el contrario, inició con acusaciones políticas y polémicas partidistas pero permitió abrir la puerta al procesamiento de otros presidentes.

Flores, el fallecido

Foto FACTUM/Archivo

Los problemas de salud del expresidente Francisco Flores se complicaron mientras era procesado hasta su muerte el pasado 30 de enero en el Hospital de la Mujer, donde  sufrió un accidente cerebro vascular, según el parte médico que su familia dio a conocer la misma noche de su muerte y que el Instituto de Medicina Legal certificó posteriormente.

Flores fue el primer presidente de la democracia en ser procesado y detenido, pero su encierro tras las rejas no duró mucho. Aunque pasó en dos ocasiones por las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil, acusado por el desvío de fondos millonarios, la enfermedad crónica que padecía le permitió continuar bajo arresto domiciliario durante la mayor parte del proceso judicial.

Un mes y medio antes de su muerte, Flores había sido acusado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia de particulares en el caso de los $15 millones que el gobierno de Taiwán entregó al expresidente a través de varios cheques. Los fondos habían sido donados para atender a las víctimas del desastre de la residencial Las Colinas de Santa Tecla, donde fallecieron más de 400 personas y cientos se quedaron sin sus casas tras el primer terremoto de 2001. Pero ese dinero nunca sirvió para atender a las personas que lo necesitaban.

Según la investigación de la Fiscalía y los abogados querellantes, el dinero fue a parar a diversas cuentas del Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez Porth (CEP), del partido ARENA, quienes lo utilizaron para financiar la campaña de Antonio Saca, su candidato a las elecciones presidenciales de 2004.

Desde enero de 2014, cuando Flores se presentó por primera vez ante la comisión legislativa que estudiaba el destino de los fondos millonarios, pasando por su huida durante cuatro meses y la difusión roja de la Interpol, hasta que se le decretó auto de apertura del proceso y se definió la acusación en su contra, el caso sufrió numerosas interrupciones. Estos polémicos “contratiempos” se debieron, entre otras cosas, a la cuestionada gestión de la Fiscalía General de la República (FGR), bajo las órdenes de Luis Martínez, cuyo papel dejó muchas deficiencias al descubierto. Pero no hubo que esperar demasiado para que finalmente se presentaran pruebas contra la oscura gestión de Martínez, quien ahora es procesado por un caso de corrupción judicial para favorecer al empresario Enrique Rais, entre otros.

Y aunque el proceso penal en contra de Flores se ha extinguido tras su muerte, no así la responsabilidad civil, por lo que el Juzgado Quinto de Sentencia ha programado una audiencia especial que se realizará entre el 15 y 17 de febrero de 2017. De ser encontrado culpable, Fiscalía podrá iniciar el proceso de extinción de dominio de sus bienes y propiedades.

Sin embargo, las sospechas de movimientos irregulares en los fondos de Presidencia durante el gobierno de Flores iniciaron mucho antes, cuando dejó el cargo. Entonces, la Sección de Probidad de la CSJ hizo comentarios sobre las declaraciones patrimoniales de Flores y su esposa; pero el proceso fue interrumpido pues los bancos a los que Probidad solicitó el registro de movimientos alegaron que esa entidad no estaba autorizada para romper el secreto bancario. Por decisión de Corte Plena, y tras un petitorio de las entidades bancarias, Probidad perdió la capacidad de realizar investigaciones financieras de los funcionarios durante 10 años. Por lo que la posibilidad de ser demandado entonces por enriquecimiento ilícito por la vía civil se esfumó.

Pero en agosto 2014, cuando ya los señalamientos del expresidente Mauricio Funes se habían repetido hasta la saciedad durante meses a través de su programa “Conversando con el Presidente”, Salvador Sánchez Cerén estaba en el gobierno, y la Fiscalía investigaba a Flores en el marco del caso CEL–ENEL, Probidad retomó esa labor por decisión de la CSJ.

Fue hasta marzo pasado cuando la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) tuvo acceso a una versión pública de las declaraciones patrimoniales de Flores, luego de que la CSJ entregara el documento tras una audiencia especial ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Así se logró conocer que Probidad detectó irregularidades por $491,949.58 que no pudieron ser justificados por parte del exmandatario y su esposa, Lourdes de Flores, al terminar su periodo.

Funes, el primero en levantar el dedo acusador contra Flores, quizás nunca imaginó que podría ser investigado por enriquecimiento ilícito. Pero sucedió. Y Saca, quien, según la Fiscalía, recibió los fondos de Taiwán para financiar su campaña, seguramente tampoco se llegó a imaginar entre rejas, como le sucedió a su antecesor.

 Saca, el detenido

Foto FACTUM/Archivo

Antonio Saca disfrutaba de la boda de su hijo la madrugada del pasado 30 de noviembre en la Hacienda de los Miranda, cuando la Policía ingresó al lugar y lo detuvo acusado por delitos de corrupción durante su gestión presidencial.

Saca es, después de Funes, el segundo expresidente investigado bajo la ley de enriquecimiento ilícito por demanda civil. La Cámara Segunda de lo Civil inició en febrero pasado un proceso contra él y su esposa, Ligia de Saca, por más de $6 millones que no pudo justificar a su salida de la Presidencia. Además es el segundo mandatario detenido por corrupción desde que la Fiscalía lo acusó de crear una red que desvió más de $240 millones y lavó al menos $6 millones de fondos públicos.

Pero las sospechas contra el expresidente arenero iniciaron tras dejar el gobierno, cuando se conoció que Casa Presidencial había aumentado anualmente sus gastos por encima del presupuesto aprobado, específicamente en el área de comunicaciones.  Y cuando ARENA,  bajo la presidencia de Alfredo Cristiani, lo señaló por corrupción y decidió expulsarlo del partido. En esa época ya se rumoraba que Saca era el responsable de la deserción de 12 diputados areneros para formar un movimiento independiente, el que después se conocería como el partido GANA.

La bonanza económica de Saca fue tal, durante su presidencia, que solamente en ese periodo logró multiplicar por 16 las ganancias de sus empresas, según publicó El Faro en 2013.

Junto a Saca están siendo procesados por peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, su ex secretario privado Élmer Charlaix, también demandado por enriquecimiento ilícito por $18.7 millones; el ex secretario de comunicaciones, Julio Rank; el entonces presidente de Anda, César Funes, y otros tres empleados de la Presidencia.

Para realizar este millonario desfalco, Saca creó un reglamento especial nada más llegar a la presidencia, el cual le permitió desviar fondos públicos desde una cuenta subsidiara institucional hacia cuentas particulares y hacer crecer su patrimonio privado a través de sus numerosas estaciones de radio, según el requerimiento fiscal.

El Ministerio Público también ha señalado que los movimientos bancarios continuaron tras dejar Saca la presidencia, y que cerca de un millón de dólares fueron transferidos de la cuenta subsidiaria a una empresa del expresidente, es decir, durante el gobierno de Funes. Además ha consignado que tanto la Corte de Cuentas, como los bancos y las auditorías internas de Casa Presidencial, no alertaron de los movimientos sospechosos.

El expresidente Saca y su red de exfuncionarios colaboradores permanecen por el momento en prisión a la espera de que culmine el plazo de seis meses establecido para la fase de instrucción.

Funes, el asilado

Foto FACTUM/Archivo

A solo dos años de haber terminado su mandato, el primer presidente del FMLN, el del “gobierno del cambio”, es ahora señalado por la Fiscalía de Douglas Meléndez por cinco delitos que habría cometido durante su gestión.

El presunto enriquecimiento ilícito de Funes ya estaba bajo la jurisdicción de la Cámara Segunda de lo Civil desde que la CSJ ordenara en febrero abrir un proceso civil en su contra. Probidad señaló entonces irregularidades en su patrimonio, el de su exesposa, Vanda Pignato, y su hijo Diego Roberto Funes Cañas, en más de $700,000. Días después se anunciaba el mismo proceso para su antecesor, Antonio Saca.

Los viajes del expresidente, sus carros y objetos de lujo, que fueron objeto de investigaciones periodísticas, comenzaron a ser el centro del interés de los informes solicitados por la CSJ.

La Sala de lo Constitucional ordenó entonces la entrega de la información sobre los viajes de la Presidencia tras las solicitudes de acceso denegadas a Funde. Y la Secretaría  Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, para cumplir con esa orden, hizo una presentación pública de los gastos en este rubro para todos los expresidentes, pero tal como criticó Funde,  muchos detalles no fueron presentados y Casa Presidencial tampoco pudo haberlos pasado por alto, como el costo de los boletos y viáticos asignados por cada gestión.

A mediados de agosto, la Fiscalía General de la República anunció que investigaba al expresidente Funes, por los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Por esa razón, el Ministerio Público pidió al Juzgado Quinto de Paz de San Salvador que autorizara los allanamientos en más de 20 propiedades, algunas vinculadas al empresario y amigo de Funes, Miguel Menéndez, más conocido como Mecafé, financista de la campaña de Mauricio, expresidente de CIFCO entre 2009 y 2011; quien además resultó favorecido por millonarias contrataciones públicas de su empresa de seguridad durante el gobierno de Funes.

A pocos días de iniciar los allanamientos, Fiscalía recibió información sobre bienes y pertenencias de Funes y su familia, que estaban siendo trasladados en furgones, supuestamente hacia Nicaragua. Mauricio Funes respondió a través de su cuenta de Twitter a estas acciones y cuestionó la pertinencia de las mismas.

El 6 de septiembre, siempre a través de Twitter,  Funes informó que había solicitado asilo en Nicaragua, bajo el gobierno del presidente Daniel Ortega, donde dijo estar refugiado porque se sentía un perseguido político en su país. Sin embargo, el 24 de agosto, cuando comenzaron los rumores sobre su huída al país centroamericano, el expresidente aseguró que sí se encontraba en Nicaragua, pero, según él, trabajando en una consultoría.

Y así Funes, quien más ha arengando en contra la corrupción durante los gobiernos de ARENA, quien durante su gobierno pidió a la ONU la creación de una Comisión de Investigación contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) -y luego se echó para atrás-; empezó a ser señalado por los mismos delitos que él mismo denunciaba, aunque el expresidente insiste en que se trata de persecución política en su contra. Sin embargo, el primer exfuncionario condenado por enriquecimiento ilícito en el país ha sido Leonel Flores, amigo íntimo de Funes, y ex director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) durante su mandato.

Para el próximo 17 de enero de 2017, a las 10:00 a.m. se ha reprogramado la audiencia ante  la Cámara Segunda de lo Civil por enriquecimiento ilícito en la cual está prevista que Funes se haga presente, según publicó LPG.