El siguiente riesgo

El Salvador está en un proceso autocrático. Nicaragua y Venezuela, que iniciaron antes caminos similares, nos enseñan que en esta inmersión no hay un fondo que tocar. Siempre se puede estar peor. La dictadura siempre puede profundizarse.

El 1 de mayo de 2021 se destituyó a la Sala de lo Constitucional. Desde ese momento se vislumbraba un riesgo en este proceso autocrático: la reelección presidencial. El riesgo se activó el 7 de septiembre de 2021. En esa fecha, los señores que ocupan los despachos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional emitieron un documento en donde pretendieron autorizar la reelección. Un año después, el 15 de septiembre de 2022, el presidente Nayib Bukele anunciaba su intención de postularse a la reelección. Y el 4 de febrero pasado el riesgo se consumó. El presidente se reeligió. Con ese acontecimiento se rompió la columna vertebral de la Constitución. 

La comunidad internacional es responsable de que ese riesgo se haya consumado. La Unión Europea, el Secretario de la Organización de Estados Americanos y los gobiernos de Latinoamérica permanecieron en silencio en estos tres años. Los gobiernos de China y de los Estados Unidos de América coincidieron en legitimar la intención del presidente al expresar que la prohibición constitucional de la reelección era un asunto doméstico y sujeto a debate. Pero la prohibición de la reelección presidencial debió interesar (por obligación legal) a los Estados miembros de la Carta Democrática Interamericana y no era un asunto sujeto a debate. La reelección inmediata estaba (y está) prohibida.

Pero los principales responsables de que ese riesgo haya ocurrido son los salvadoreños. Las condenas al intento de la reelección presidencial fueron marginales. La gran mayoría permaneció en silencio. Algunos por indiferencia, otros por miedo, y otros callaron con un pasivo apoyo al proceso autocrático. Sea como sea, el riesgo ya se consumó.

Hoy estamos en más dictadura que ayer, pero mañana podemos ser aún más Managua que hoy. ¿Qué viene por delante? La nueva Constitución.

El último que repitió en el sillón presidencial fue el dictador Maximiliano Hernández Martínez. En 1934 se reelegía. La Constitución de 1886 se lo prohibía. Luego, en 1939, el dictador aprobó una nueva Constitución. El propósito era continuar en el poder de manera indefinida.

Ese es el riesgo que viene por delante: una nueva Constitución.

El riesgo se puede activar por dos caminos: una reforma constitucional o a través de sustituir la actual Constitución por una nueva. Ninguna de las vías es constitucional, ni legítima. 

La reforma constitucional no puede ocurrir por dos motivos. El primero, la prohibición de la reelección presidencial inmediata es una cláusula pétrea. No puede reformarse. Por eso cualquier intento de reformar la Constitución para permitir la reelección es inconstitucional e ilegítimo. Es un golpe de Estado.

El segundo motivo es de carácter procesal. La reforma constitucional se configura con una legislatura que apruebe el acuerdo y con la siguiente que lo ratifique, pero el acuerdo de reforma constitucional debe aprobarse antes de que sean las elecciones legislativas. Ningún acuerdo de reforma constitucional se aprobó antes del 4 de febrero (fecha en que fueron las elecciones legislativas). Entonces, cualquier proceso de reforma constitucional que inicie en las próximas semanas será inconstitucional e ilegítimo. 

La segunda vía que puede intentar el régimen es aprobar una nueva Constitución. Esto tampoco se puede. La Constitución de El Salvador no es pétrea (salvo ciertas provisiones muy concretas). La Constitución puede adaptarse al tiempo a través del proceso de reforma constitucional (el que describimos antes: a través de dos legislaturas).

La Constitución no tiene cláusulas suicidas que habiliten un proceso de convocatoria a una asamblea o convención constituyente que permita abrogar la Constitución y sustituirla por una nueva.  La Constitución tiene vocación de permanencia. No significa que sea rígida. Tiene flexibilidad para adaptarse a los tiempos, pero únicamente a través del proceso de reforma.

Cualquier intento de sustituir la Constitución de 1983 por una nueva es también un golpe de Estado, un rompimiento absoluto del orden constitucional.

En el lenguaje de la Carta Democrática Interamericana, es “una alteración del orden constitucional que [afecta] gravemente el orden democrático” (Arts, 19 y 20 Carta Democrática Interamericana).

Está claro el riesgo que viene en esta ruta autocrática que El Salvador está recorriendo. Dependerá de la comunidad internacional y de los salvadoreños que ese riesgo se active y se consume. 

Los salvadoreños de hoy son en su mayoría pobres. Y salvo la familia presidencial, son peones de una finca de 21 mil kilómetros cuadrados. Algunos serán peones mejor pagados o con más margen de maniobra que otros, pero peones de finca todos (usted también).  La familia dueña de la finca decide hoy (más que ayer) hasta dónde camina cada uno de sus peones.

Pero siempre se puede ser tan o más siervo o miserable de lo que hoy son los venezolanos y nicaragüenses. Seguir este rumbo, detenerlo o cambiarlo depende de los burócratas de ocasión de gobiernos y organismos internacionales. Pero, principalmente, depende de los salvadoreños.


*Daniel Olmedo es abogado salvadoreño. Máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado en gremiales empresariales, firmas de abogados y en la Sala de lo Constitucional. Fue profesor de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho de Competencia. Ha sido directivo del Centro de Estudios Jurídicos y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador. Escribió el capítulo La Constitución Económica en la obra conjunta Teoría de la Constitución, editada por la Corte Suprema de Justicia.

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