Los magistrados de lo Constitucional dieron el pasado 18 de mayo pasado un plazo de cinco días al Ministerio de Salud para que le entregara un informe de cómo cumplió con la elaboración de los registros. Estos listados son medidas cautelares que ordenó la sala y que derivaron de un amparo a favor de un colaborador del Hospital de Chalchuapa, Santa Ana, que resultó positivo de Covid-19 luego de mantenerse sin equipo de protección cuando procesaba pruebas de laboratorio para identificar pacientes contagiados.
Foto Archivo FACTUM/Salvador Meléndez
El Ministerio de Salud tiene que registrar a todo su personal que ha resultado contagiado de Covid-19 y a quienes se mantienen en contacto con pacientes positivos al nuevo coronavirus. Eso ordenó la Sala de lo Constitucional, el 18 de mayo pasado, con el fin de que haya una constancia oficial de cómo el sistema nacional de salud procura la protección de su recurso humano. La orden es extensiva al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
La intención de la sala es verificar la situación de médicos, enfermeras y otro personal de salud que están contagiados, así como las condiciones en las que operan los profesionales en hospitales y unidades de salud que atienden de forma directa a los pacientes infectados.
Estas órdenes en realidad son medidas cautelares dentro de un proceso de amparo constitucional, el 219-2020, que un colaborador del sistema de salud ha solicitado, pues resultó contagiado con Covid-19 luego de que le ordenaran procesar muestras de hisopado a personas sospechosas de tener el virus sin la debida protección. En el escrito, el colaborador sostiene que manipulaba las pruebas con un mascarilla quirúrgica y una máscara de protección de plástico.
El colaborador, que prestaba sus servicios para el Hospital Nacional de Chalchuapa, fue remitido a un centro de cuarentena en Tecoluca, San Vicente, junto a salvadoreños deportados de Estados Unidos también contagiados. Mientras que su familia fue removida de su casa y la trasladaron a un hotel de San Salvador.
El hombre, quien pidió la reserva de su identidad, por lo que lo llamaremos Miguel, contó con la asistencia de una abogada especialista en derechos humanos, Jayme Magaña, y logró acudir a la Sala de lo Constitucional para que se conociera su caso. Una de las preocupaciones de Miguel es que, al estar en contacto con deportados de los Estados Unidos, pueda estar expuesto a contagiarse con una cepa distinta del Covid-19.
De hecho, otra orden de la Sala de lo Constitucional dirigida al ministro de Salud, Francisco Alabí, es que responda mediante un estudio científico si en El Salvador se ha detectado más de una cepa del nuevo coronavirus, generador de la enfermedad Covid-19, y si es posible que dos personas con cepas distintas del mismo virus puedan contagiarse entre sí.
Los soldados inermes
El 12 de marzo de 2020 es una fecha importante en esta historia. Faltaban dos días para que la Asamblea Legislativa aprobara la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia de la Covid-19 y el régimen de excepción que le dio al gobierno de Nayib Bukele la primera oportunidad para montar sus cuarentenas que han llevado a más de 4,000 salvadoreños a estar recluidos en centros de contención. Desde ese día ―era un jueves―, A Miguel lo asignaron como colaborador del Hospital Nacional de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana. Miguel daba sus servicios, en específico, en el área de laboratorio.
Cuando el gobierno empezó a someter a pruebas PCR a las personas sospechosas de estar contagiadas del virus, Miguel también empezó a recibir las muestras que se tomaban en el hospital para procesarlas y definir si se trataban de casos positivos o negativos.
PCR es la sigla de “Polymerase Chain Reaction”, que significa en español “reacción en cadena de la polimerasa”. Se trata de un método que amplifica un fragmento de ADN de una persona para reconocer si coexisten en ella virus o bacterias. Es como si se pusiera una lupa sobre una superficie para verla más de cerca, solo que de forma microscópica.
Los turnos en el laboratorio del hospital empezaron a ser de veinticuatro horas. Miguel pasaba en turnos de un día completo frente a muestras de personas sospechosas de estar contagiadas con el nuevo virus. Y el equipo de bioprotección que recibió Miguel de parte del hospital para manipular esas muestras que podrían estar contaminadas, según su testimonio, se resumía en una mascarilla quirúrgica y una máscara de protección. Solo eso. No le dieron una bata especial, no le dieron guantes, no le dieron lentes especiales de protección, ni un gorro.
Desde entonces Miguel manipuló varias muestras que, en algunos casos, dieron positivo al virus. Fue cuando empezó a preocuparse. Pero el hospital no podía proveer más equipo de protección que la mascarilla quirúrgica y la máscara de protección. El 23 de abril, en el Hospital de Chalchuapa hicieron pruebas de tamizaje, es decir, pruebas generales en un grupo reducido para detectar el virus incluso en personas asintomáticas. El grupo que se examinó fue todo el personal técnico que tenía contacto con pacientes o con muestras de las PCR en el hospital. Allí estuvo incluido Miguel.
Para entonces, Miguel y sus compañeros de laboratorio seguían trabajando con sus mascarillas quirúrgicas y máscaras de protección. Fue hasta el viernes 1 de mayo que en el laboratorio del Hospital de Chalchuapa recibieron una buena noticia en medio de la incertidumbre. El equipo técnico recibió mascarillas KN95, que filtran el aire y pueden retener partículas como las gotículas de saliva que son expulsadas por tos o estornudos, que son las que acarrean el coronavirus cuando está presente. Miguel pudo tener una mascarilla con un nivel más alto de protección contra el virus. Eso sí, debía cumplir una condición: ese tapabocas KN95 debía limpiarlo con alcohol gel al final de cada turno para reusarlo. Y así, una y otra vez el proceso de limpiar con alcohol la mascarilla hasta que se deteriorara por completo.
A Miguel no le importó mucho la condición. Tenía una mejor defensa para hacer su trabajo. Pero la comodidad le duró poco. El sábado 2 de mayo, la jefa del laboratorio del hospital llamó a Miguel y le informó que su prueba de coronavirus había dado positivo.
Solo le dijo eso, que su prueba resultó positiva y que iba a ser trasladado, sin decir adónde, por el Ministerio de Salud.
Miguel pasó 41 días expuesto al virus solo con una mascarilla quirúrgica y una máscara de plástica transparente. Su incertidumbre se volvió certeza: terminó contagiado. Contagiado, aunque asintomático.
El traslado ocurrió ese mismo sábado. Pero Miguel no se fue solo al confinamiento. Antes de mediodía del 2 de mayo, un equipo clínico del Ministerio de Salud fue a recoger a la familia de Miguel a su casa para llevársela a un hotel en San Salvador. La familia iba a quedar confinada como nexo epidemiológico.
Miguel, en cambio, fue trasladado desde Chalchuapa hasta San Vicente, precisamente en Tecoluca. En un principio, cuenta, él pensó que lo iban a llevar al Hospital de Tecoluca para que estuviera en condiciones de aislamiento, como instruye el protocolo de atención de la Covid-19. Pero a Miguel no lo llevaron al Hospital de Tecoluca, sino a un centro de cuarentena en un edificio anexo a ese hospital. Allí, el colaborador del laboratorio del Hospital de Chalchuapa se topó con otros cuarenta y cinco inquilinos, todos positivos. Algunos de ellos, lo confirmó, eran deportados que recién había expulsado Estados Unidos y que el gobierno de Bukele los tuvo que recibir pese al cierre de fronteras que había dictado el presidente desde marzo.
En el centro de cuarentena, los recluidos debían hacer la limpieza del lugar, asear los baños y lavar su propia ropa. La toma de temperatura era irregular y nunca les dieron medicamentos, pese a estar contagiados, cuenta Miguel. A él le asignaron una cama solo con una sábana delgada para cubrirse. No tenían televisión, ni tampoco internet. Pero todas esas precariedades para su comodidad y su salud eran menores frente a una preocupación mayor. Según Miguel, era posible que los salvadoreños deportados portaran una carga viral de una cepa distinta del coronavirus del que él se había contagiado. En la versión de Miguel, el virus evolucionó de formas peculiares en cada país y era posible que los salvadoreños que se contagiaron en Estados Unidos y que luego fueron deportados tuvieran una cepa de coronavirus diferente.
Foto tomada por Miguel en el centro de confinamiento de Tecoluca donde fue enviado junto con salvadoreños deportados de los Estados Unidos. Foto FACTUM/Cortesía
La abogada Magaña conoció el caso de Miguel y decidió representarlo. Ella redactó un recurso de hábeas corpus para presentarlo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y la sala respondió. El 8 de mayo, los magistrados de lo Constitucional decidieron cambiar el recurso de hábeas corpus a favor de Miguel a un recurso de amparo. De esa manera, la causa de hábeas corpus 395-2020 pasó a ser la causa de amparo 219-2020.
Diez días después, la Sala de lo Constitucional admitió el recurso presentado por la abogada Magaña a favor de Miguel. Pero esa resolución iba a tener un giro por parte de los magistrados. La sala no solo admitió el recurso, sino que atendió un argumento de la abogada: el de Miguel no era el único caso en que personal de salud, ya fueran empleados por contrato, por ley de salario, ocasionales o colaboradores, resultó contagiado de la Covid-19 porque el sistema de salud no les proporcionó los equipos de bioprotección adecuados para hacer su trabajo.
Los magistrados estimaron que el caso de Miguel, tanto en la falta de equipamiento necesario para garantizar en lo posible un contagio, así como en la atención que se le dio en un centro de cuarentena junto a otros portadores del virus, posiblemente no era el único.
De hecho, Revista Factum publicó el 22 de abril de 2020 que 139 trabajadores de Salud habían sido recluidos en cuarententa porque resultaron positivos al coronavirus o por sospecha de contagio, ya que atendieron sin equipo de bioprotección a pacientes sospechosos que resultaron positivos. Y las carencias, y también las exigencias del personal que atiende a los pacientes contagiados, han sido del mismo modo publicadas por esta revista, como las demandas de las enfermeras del Hospital Lamatepec, del Seguro Social, que fue el segundo centro hospitalario que recibió personas con la Covid-19 después del Hospital Saldaña. O, también, las exigencias de las enfermeras del hospital psiquiátrico, quienes demandaban más medidas de protección para atender a pacientes de ese hospital que habían resultado contagiados.
El de Miguel no es un caso único, y así lo asimilaron los magistrados de la sala.
“En consecuencia, se considera necesario y urgente disponer que las medidas cautelares que se ordenarán sean extensivas a todas las personas que se encuentren en circunstancias similares a las descritas por la parte solicitante (…). Asimismo, se harán extensivas ciertas medidas precautorias para las personas que habiendo resultado positivas a la prueba de Covid-19 en nuestro país hayan sido hospitalizadas aparentemente junto con otros pacientes contagiados procedentes de otros países”, dice un fragmento de la resolución de medidas cautelares de la Sala de lo Constitucional sobre el caso de Miguel.
La publicidad del gobierno trata al personal de salud, a policías y militares (estos dos últimos en las calles para forzar las cuarentenas domiciliarias obligatorias y detener a personas para recluirlas en centros de contención) como “héroes” que están en “la primera línea” para contener la propagación del coronavirus en El Salvador.
La sala entonces resolvió ordenar al ministro de Salud, Francisco Alabí, que en coordinación con los directores de los hospitales nacionales y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social elabore dos registros: uno del personal de salud contagiado y otro del personal de salud que sigue atendiendo a pacientes con el virus. Los registros deben contener dos puntos en común: los nombres o datos de identificación de las personas.
Para el caso de los contagiados, la lista debe incluir información del lugar de procedencia en el que posiblemente adquirió el virus, el área en que estas personas están hospitalizadas, para lo que Salud deberá especificar con cuántos otros pacientes comparten espacio y si las camas o lugares destinados para ellos guardan el distanciamiento requerido por los protocolos para el tratamiento hospitalario de la enfermedad.
En el caso de los trabajadores que siguen atendiendo a pacientes con la Covid-19 de forma directa, las autoridades de Salud deben hacer un listado de ese personal, ya sea por plaza fija, por contrato temporal, en calidad de colaboradores o estudiantes en año social, inclusive. El registro debe especificar la labor de cada uno, el área en que se encuentran asignados, el equipo médico que se les ha administrado, el tiempo de duración efectiva de este equipo y la periodicidad con que se entrega equipo nuevo.
En el caso de que el sistema de salud encuentre deficiencias en la entrega de equipos de protección al personal, dictaron los magistrados, tendrá que corregir. Y todo deberá ir compilado en un informe a la sala. Además, a Alabí y a los directores de hospitales nacionales y del Seguro Social, la sala les ordenó un informe basado “en los estándares médicos idóneos y los criterios emitidos por la Organización Mundial de la Salud” que explique “si existe la posibilidad de contagio entre pacientes de cepas distintas por ser procedentes de otros países”. Y en el caso de que se confirme, el sistema deberá adoptar medidas sanitarias para prevenir este tipo de contagios.
Cinco días para presentar el informe
La petición de hábeas corpus (que luego se convirtió en un recurso de amparo constitucional por decisión de la sala) no pasó desapercibida para las autoridades de Salud. La familia de Miguel fue devuelta a su casa en Santa Ana luego de que trascendió que existía un recurso en la Sala de lo Constitucional que denunciaba la falta de equipos médicos para quienes atienden a los pacientes de la Covid-19. Y Miguel, luego de estar más de 15 días en el centro de cuarentena en Tecoluca, fue trasladado al hotel Capital, de Antiguo Cuscatlán, en el área metropolitana de San Salvador. Para el día de la resolución de medidas cautelares emitidas por los magistrados, el 18 de mayo pasado, Miguel ya estaba de regreso en su casa junto a su familia, para cumplir una cuarentena domiciliaria.
“Ha sido tedioso, la verdad. Realmente el sistema de salud, quizás por la falta de dinero, es bastante pésimo aquí en el país. En mi caso, estuvo bastante mal lo que hicieron, no debió haber sido así. Y hablando con otros colegas me dicen que de igual forma otros profesionales fueron a parar a ese mismo lugar. Yo no sé si sea el presidente, pero quizás son las personas que están a cargo del sistema es que lo están haciendo mal”, dijo Miguel a esta revista en una llamada telefónica.
El colaborador cree que la decisión de la Sala de lo Constitucional de ampliar las medidas de su caso individual es correcta, pues, dice, conoce casos similares que han sufrido trabajadores de la salud en esta emergencia.
Los magistrados, en su resolución del 18 de mayo, dieron al ministro Alabí y a los demás mencionados cinco días hábiles para rendir el informe sobre los dos registros y la respuesta de la posibilidad de contagio de cepas distintas del coronavirus entre pacientes positivos.
Factum consultó con fuentes de la Sala de la Constitucional sobre las medidas cautelares en el proceso de amparo para Miguel y aseguraron que el Ministerio de Salud sí respondió a las órdenes, pero no dieron detalles si se trataba de una respuesta negativa o positiva sobre la instrucción que giraron los magistrados.
La abogada Magaña dijo a esta revista que hasta el 4 de junio pasado no había recibido ninguna notificación de la Sala de lo Constitucional sobre los actos que siguieron a la resolución del 18 de mayo, por lo que, aduce, podría ser que Salud no entregó los informes requeridos o ha habido un retraso desde la sala.
Esta revista contactó con el Ministerio de Salud, a través de su encargado de prensa, José Urbina, a quien se le pidió gestionar información acerca del sentido de la respuesta que Salud envió a la Sala de lo Constitucional, si se trataba de los informes ordenados o si era una respuesta negativa. Hasta el cierre de esta edición, Urbina no había contestado si el ministerio donde trabaja hizo los registros de personal contagiado y de personal activo atendiendo el virus, ni si existe el informe que corrobora o descarta la posibilidad de contagio entre pacientes con cepas distintas del virus.
La abogada Magaña advierte que llevará el caso de Miguel a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que es probable, según su opinión, que las deficiencias del sistema de salud salvadoreños hacia sus propios trabajadores sean en realidad un patrón y no errores aislados.
Miguel aún no se reincorpora al Hospital de Chalchuapa y dice que no sabe si después de toda la mala experiencia y de su recurso ante la sala lo volverán a recibir como colaborador.
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1 Responses to “Sala de lo Constitucional ordena al ministerio de Salud enlistar al personal contagiado de Covid-19”
En este país nadie ignora que los Magistrados de la Corte ni hoy, ni ayer, ni desde el 83, jamás han sido escogidos por idoneidad, ni capacidad, muchos menos objetividad, sino que han sido escogidos por conveniencia política; Es así, que nuestra Constitución dice lo que esas personas escogidas por conveniencia política quieren que diga favoreciendo a unos y desfavoreciendo a otros; por simple lógica, si para formar parte del máximo tribunal de justicia de un país, no se requiere verdadera capacidad jurídica probada ni demostrada como su imparcialidad, ¿ qué credibilidad pueden tener sus fallos?. Es hasta insultante para la sociedad, como evidentes empleados de la misma Corte Suprema de Justicia están día a día emitiendo opiniones políticas en las redes sociales con relación a los mismos casos que se ventilan en la Sala, o al menos es totalmente notorio que llegaran a conocerse en ella, pero, ¿qué dicen las autoridades de la Corte acerca de ello?, creería que nada, púes estas personas siguen emitiendo opiniones políticas en televisión, radio, redes sociales, y en todo lugar que se permite, sin nadie poner un freno a semejante práctica además de anti ética, ilegal. Y lo más interesante de todo, hay unos que se firman como “Constitucionalistas”, cuando lo único que han hecho es simpatizarle a un Magistrado para que les consiga dicho puesto, es decir, de estudiante de derecho de la universidad, a resolver al Máximo Tribunal de justicia. ¡!he sido un tonto toda mi vida, creí que esos cargos eran para personas con un vagaje muy extenso en la administración de la ley!
Para ser asesor de un presidente de la república, o, Constitucionalista se requiere un fogueo jurídico, administrativo y judicial amplísimo, es decir, por lo menos haber trabajado en amplias áreas del Estado empapándose de derecho; desde Juzgados de Paz hasta llegar a una Sala, adjuntando experiencia fiscal, PGR, PPDH, ETC, al menos un año en cada cargo como asistente y, o colaborador. Pero dudo mucho que algunos que ocupan esos cargos, los que adelantan criterios públicamente en las redes, que además usan sus propios nombres y apellidos, tengan esa experiencia. Un empleado del máximo tribunal de un Estado, no puede andar por ahí emitiendo opiniones públicas de los casos que se conocen o conocerán en una sala magistral. Lo mismo pasa con tanto analista jurídico que anda suelto, que forman parte de un equipo de analistas sin ninguna experiencia recorrida, escogidos por afinidad política; que presentan demandas en Tribunales con Magistrados escogidos por afinidad o conveniencia política. Ser asesor que solo sale en planilla y que se lucra de los partidos que viven de la corrupción, no cuenta como experiencia jurídica; Pero admirablemente ni el Equipo Jurídico presidencial, ni la Sala, ni en los decretos, ni en la sentencia, nadie sustento los principios básicos de la ley regulados en la madre de nuestro derecho interno. El Código Civil. En el primer libro y artículos nos enseña a los Jurisconsultos, que es la ley; como se promulga la ley; sus efectos.
Este punto de interpretación de la ley es el crucial, y el que determina en esa sentencia tres cosas evidentes, notorias: o hay una gran incapacidad jurídica en los máximos tribunales, o, existe una verdadera intención proteccionista favoritista que supera al imperio del derecho, o las dos juntas. La única forma de cómo el funcionario, o ciudadano tiene que interpretar la ley está regulada en el artículo 19 y siguientes del código civil, ya que es la parte exclusiva de cómo se tiene que entender la ley; En ella se ordena, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, únicamente se podrá someter a interpretar una expresión oscura de la ley, claramente manifestados en ella misma; además que las palabras en la ley, se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal. Es decir, que la sección 25 del código de salud expresa imperativamente que: Las personas que padezcan de enfermedades sujetas a declaración obligatoria o que sean cuarentenables, así como aquellas que, aún sin presentar manifestaciones clínicas de ellas, alberguen o diseminen sus gérmenes o hayan sido expuestas a su contagio, podrán ser sometidas a aislamiento, cuarentena; observación o vigilancia, por el tiempo y en la forma que lo determine el Ministerio, de acuerdo con los respectivos reglamentos. Así sucesivamente el código de salud describe las funciones del ministerio de salud. Por lo tanto, según la sentencia inhibitoria, la ley perfectamente clara en todo sentido que obliga el código de salud, “ no debe interpretarse según lo que dice, sino se debe interpretar como lo que no dice”. Pero así la Sala, si un ciudadano se ampara por el efecto covid, la sala admite el amparo justificando la incapacidad del ejecutivo, es decir, ordena como medida cautelar, se atienda debidamente con los protocolos.
Es decir, que la sentencia (inhibitoria) de la sala es peor que el mismo problema sometido a su conocimiento porque desestimo el fondo del asunto, que es el derecho público a la vida y a la salud, y por alguna razón, ya que obvio la obligación de interpretación del sentido claro que no es obscuro ni confuso. Posiblemente el equipo jurídico del presidente tampoco contesto así el traslado, porque tampoco lo sabía; Pero lo que esta a la vista no requiere de explicación, por lo tanto, en este sistema de selección de funcionarios de los máximos rangos judiciales, es completamente irracional además de inconstitucional que sus fallos no estén sujetos a revisión de ninguna índole, pues en un sistema que legalmente no admite revisiones de sus mismas sentencias refiere de esa naturaleza, que los Máximos Jueces son las personas más letradas, fogueadas, expertas, objetivas, trasparentes, son profesores y lumbreras del derecho que impactan al mundo con sus fallos, así como los tribunales europeos lo hacen, pues los Magistrados también están obligados a respetar la ley y a cumplirla. Pero de que no tengan responsabilidad alguna o no haya que hacer, es completamente falso, ya que los ciudadanos imposibilitados a accesar al sistema de salud, afectados, los familiares de los fallecidos debido a la incapacidad del gobierno de atender debidamente como legalmente la pandemia, pueden acudir a instancias internacionales relativas a derechos humanos, a denunciar al Estado del Salvador invocando la sentencia de la sala, ya que para la sala, el código de salud ni el ministerio de salud, ni el ejecutivo, aunque la ley lo diga expresamente, para ellos no posee ninguna validez legal, es decir, técnicamente de facto, se derogo el código de salud y sus extensiones.