Un locutor de radio entrevista a una representante de una famosa organización que defiende los derechos de la niñez. Hablan del Día de la Niña. Las tres o cuatro primeras preguntas se centran en el sentido de dicha jornada, la situación de las niñas en El Salvador y la importancia de fomentar en ellas proyectos de vida para que sean felices, haciendo valer sus derechos.
De repente, el locutor cambia rápidamente el tema de la entrevista, quizás sin darse cuenta, pero se interesa por destacar un estudio que habla sobre la presencia, cada vez mayor, de las mujeres en el mundo laboral, de su desarrollo profesional y cómo la maternidad se pospone cada vez más porque no tienen tiempo para dedicarlo a cuidar bebés o porque simplemente no quieren tenerlos. El locutor parece preocupado, dice que esto es algo que se habla entre sus amigos, las parejas que cada vez tardan más en tener descendencia. Parecería que se refiere a una época remota, de un problema social y no del avance que implica que las mujeres también se desarrollen en el mundo laboral. La representante de la organización suena confundida, con paciencia le indica que el cuido de los hijos e hijas no es algo exclusivo de las madres, que debe ser una decisión común y que en todo caso el Estado debe ayudar a las familias –me gustaría creer que en toda su diversidad- a conciliar el trabajo con el cuidado de su prole. En otras palabras, le abrió la mente.
Una de cada cinco salvadoreñas tiene su primer parto antes de cumplir 18 años, y cada día cuatro menores de 15 años se quedan embarazadas, según el mapa de embarazos en niñas y adolescentes de 2015, presentado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).
El artículo 159 del Código Penal dice que tener relaciones sexuales con una persona menor de 15 años es un delito. ¿Entonces qué pasa con estas niñas? ¿Quiénes las dejaron embarazadas? ¿Tuvieron que dejar de estudiar? ¿Son pobres? ¿Quién las cuida? ¿Se sienten frustradas? ¿Cómo es ser madre sin elegirlo? ¿Qué se le enseña a una criatura cuando te quedan tantas cosas por aprender por ti misma?
Durante la última sesión plenaria, los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa discutieron la pieza de correspondencia presentada por la presidenta del órgano, Lorena Peña, y firmada por el grupo parlamentario del FMLN, donde solicitan modificar el artículo 133 del Código Penal para despenalizar el aborto en los siguientes casos: cuando la vida de la madre corra peligro, o si es fruto de una violación sexual o como víctima de trata de personas. También cuando exista una malformación del feto que impida la vida extrauterina y en los que casos de violación o estupro contra menores de edad.
Estas causales tan comunes ya en la mayoría de países son aún motivo de grotescas discusiones parlamentarias en El Salvador, uno de los cinco países del mundo que prohíbe completamente el aborto y que incluso lo penaliza, condenando a las mujeres a penas de hasta a 40 años de cárcel por homicidio agravado.
El retroceso en derechos sexuales y reproductivos contra las mujeres comenzó a finales de los 90, cuando se reformó el Código Penal y luego la Constitución, para proteger la vida humana “desde el instante de la concepción”. Esto ha forzado a las mujeres a parir hijos fruto de violaciones, una forma de tortura cuando ellas quisieran no asumir esa consecuencia del delito. También ha causado la muerte de mujeres que no pudieron recibir tratamientos médicos por sufrir graves enfermedades durante su embarazo y las ha obligado a cargar hasta durante meses con un feto que no tenía posibilidades de vivir por ser anencefálico, como fue el caso de Beatriz, cuya hija murió a las pocas horas. Beatriz quería interrumpir su embarazo porque su salud estaba bastante deteriorada por su padecimiento de lupus, además del temor de dejar huérfano a su hijo.
La oposición política encabezada por el partido ARENA utiliza sus argumentos contra la propuesta y hacia las feministas presentes entre el público durante esa sesión. El diputado Ricardo Velásquez Parker, el mismo que en julio pasado propuso endurecer las condenas contra las mujeres que abortaran con hasta 50 años de cárcel y modificar la calificación de delito para que se aplique siempre la pena de homicidio agravado, acusó a las feministas de no proteger las vidas de “futuras niñas”.
La diputada Karla Hernández, de ARENA, retomó el caso de una adolescente de 14 años que fue violada y abortó, para manifestar su rechazo a las cuatro excepciones. Aplicando juicios morales contra ella, dijo que la chica pasó muchas noches sin dormir y que finalmente murió de cáncer por su mala conciencia. Y así.
Sin embargo, la realidad es que muchas mujeres abortan en El Salvador de manera clandestina y no se arrepienten de ello (ver nota Las mujeres que deciden abortar en El Salvador), al contrario, se sienten liberadas de la preocupación de cargar con otra vida que no desean, de la que no pueden hacerse responsables por muchos motivos. Pero estos no son los problemas cotidianos de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa; ni siquiera de quienes pueden pagarse un aborto fuera del país, sin el temor de ser perseguidas y encarceladas. Ellas, las que abortan, no se consideran monstruos ni asesinas, sino personas con el derecho a decidir sobre sus cuerpos.
Tras los argumentos políticos que parecen venir de otra galaxia, tan alejados del día a día de miles de salvadoreñas, de sus hijos e hijas sumidas en la pobreza, mendigando, con serias dificultades para salir adelante en la vida, se encuentra la Iglesia católica, como muchas otras iglesias, férrea opositora del aborto; y los grupos de presión conservadores a quienes quizás no les interesa que la población reivindique sus derechos, salga de su miseria, se empodere y decida por sí misma.
La realidad es que los fetos salen de cuerpos, cuerpos de mujeres, y muchas veces, como sucede a diario en El Salvador, de los cuerpos de niñas. Según datos del Ministerio de Salud, uno de cada tres partos registrados entre 2013 y 2015 fueron en adolescentes. Menores de edad que se quedan embarazadas en su mayoría por parte de adultos, es decir, como fruto de un delito, porque un adulto comete estupro si se relaciona sexualmente con una menor entre 15 y 18 años mediante engaños; y en el resto de casos se trata directamente de violaciones sexuales contra niñas.
Pero el Estado no las escucha, no les da otra opción que resistir a toda costa, seguir adelante con su embarazo, pase lo que pase, caiga quien caiga. Se protege la concepción, pero ya en el mundo extrauterino enfréntese usted como pueda – es decir, en pobreza en la mayoría de casos-, a una situación aún más complejo donde su condición se agrava y hay precariedad, y violencia, en todas partes. Proteja esa vida ahora y, si puede, evite que se repita el error con esa persona. Cuánto cinismo.
Porque en este complejo escenario, la polarización ideológica apenas ha permitido avanzar en la labor estatal de proporcionar educación sexual y reproductiva, una forma de prevenir los abusos contra las niñas, los embarazaos no deseados y evitar enfermedades de transmisión sexual.
Y por todo esto hay que empezar por despenalizar. El país está violando desde hace años varias convenciones sobre los derechos de la niñez, la no discriminación hacia las mujeres y contra la tortura, así como pactos internacionales por los derechos civiles. Porque El Salvador favorece y permite la práctica de los embarazos y maternidad forzadas, incluso entre las más vulnerables de todas, las niñas. Porque desde 2010, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha pedido que se deje de perseguir penalmente a las salvadoreñas que abortan.
Es cierto que el feto no puede protegerse a sí mismo, pero a quien hay que proteger es a las mujeres, a las que deciden embarazarse y a las que no lo deciden. Si quieren y si no quieren, pero entender qué pasa. Al fin y al cabo nadie está obligando a nadie a abortar, es solo una opción, pero también un derecho.
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