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Imelda ganó su primera batalla

Ni la intención de matar, ni la intención de abandonar. Imelda Cortez no pudo reaccionar con frialdad frente a la emergencia que vivía. Sobre ella pesaban una salud en deterioro y el daño psicológico de afrontar dos procesos penales: uno como acusada y otro como acusadora de un presunto abuso continuado por parte de su padrastro. El juez Noé García, en Usulután, absolvió a Imelda de los cargos. Ahora ella espera el desarrollo del juicio contra su presunto agresor. En la primera batalla, la del juicio en el que Imelda era la acusada, fue la misma Fiscalía la que comenzó a replantear el caso, ante la falta de sustento.

Fotos FACTUM/Salvador Meléndez


Como si fuera Viernes Santo. La calle de la colonia Murillo que conduce hasta el Tribunal de Sentencia de Usulután, pasando por la seccional de la Cruz Roja, estaba en silencio la mañana del 17 de diciembre, cuando el reloj marcaba las diez horas y cuarenta minutos. Portones cerrados, bolsas de basura sin recoger y las ambulancias en el parqueo. No estaba la vendedora de atol ni la vendedora de agua. En esas dos cuadras merodeaban policías, activistas, abogados y periodistas. Cada quien buscaba un par de ramas bajo los árboles para protegerse de sol invasivo de la temporada seca.

Poco a poco, el silencio fue cediendo terreno. Desde lejos, ganando protagonismo, comenzaban a oírse los cantos y las consignas de las organizaciones activistas. “¡Aleeeertaa!”, se escuchaba desde un toldo rojo. Ese día, El Salvador se alejó por unas horas de la novela electoral y dirigió su mirada hacia una jovencita morena, con mejillas de niña, dueña de una sonrisa esquiva por obviedad, una sonrisa que en un par de horas, por fin, resolvería aparecer. El Salvador –y buena parte del mundo– estaba pendiente de Imelda Isabel Cortez Palacios, de 20 años, quien volvía a sentarse en el banquillo de los acusados. 

Imelda fue detenida poco después de que dio a luz a su hija en circunstancias críticas la tarde del 17 de abril de 2017. Ocurrió sin hospital, sin médico, sin partera siquiera. Imelda tenía entonces 19 años de edad y una salud precaria. 

Ese mismo mes, la Fiscalía General de la República (FGR) armó el caso para acusarla de homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de su hija. El detalle es que la niña estaba viva, a pesar de las pésimas condiciones en las que ocurrió el parto. Milagro, como fue llamada, pronto quedó bajo el cuidado de su abuela.

El caso de Imelda comenzó a atraer atención mediática. Este era el segundo intento por desarrollar la audiencia. La vista pública dentro del proceso judicial que iniciaron contra Imelda fue postergándose por meses. El 12 de noviembre, también lunes, se había programado celebrarla, pero cuando ya estaban instalados los tres jueces, los cuatro abogados de la defensa y, por supuesto, el público, llegó el mensaje de que la fiscal Bernarda Cáceres se excusaba de participar por problemas de salud (faringoamigdalitis). Alegaba que, además, nadie la podía sustituir. Uno de los empleados de las oficinas de la fiscalía llevó el mensaje pasadas las diez de la mañana. Se suspendió el evento y se programó para el mes siguiente. Imelda pasó un mes más encerrada, un mes pensando en el 17 de diciembre.

“Es bien preocupante, por el gran despliegue”, dijo Bertha Deleón, apoderada legal de Imelda, en esa ocasión. “Revela el desdén, la negligencia, la falta de cuidado que ponen las autoridades cuando se trata de mujeres pobres que están enfrentando el sistema de justicia. No es el primer caso”, agregó Deleón, al referirse a lo que implica volver a citar al personal, preparar el lugar, mover a los reos. En cinco ocasiones anteriores también se había suspendido, pero con anticipación. 

También ese día, Morena Herrera, activista con amplia trayectoria, lucía molesta por el repentino aviso de suspensión. Herrera indicó que habían pedido a los fiscales presentes que asumieran la querella, pero no lo aceptaron, por lo que comenzaron a cuestionarlos.  Herrera incluso sospechaba que había anuencia al más alto nivel de la Fiscalía. “Hay una carga de prejuicios”, advirtió Herrera. “Siguen con la idea de que las condenas fáciles de las mujeres contribuyen a aumentar la estadística de la eficacia fiscal”, sentenció la activista.

Activistas salvadoreñas acompañadas de sus hijos participaron en los actos de apoyo para que se dejara en libertad a Imelda Cortéz, de 21 años, acusada de homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de su hija, en el Juzgado de Sentencia de Usulután.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez.

Sin probar que hubo dolo 

Las organizaciones que seguían de cerca el caso rechazaron esperar en silencio. Durante el mes de noviembre, mientras se acercaba la fecha, enviaban comunicados, divulgaban las inconsistencias que habían detectado en el caso de la joven usuluteca. La noche del domingo 16 de diciembre, la espera culminó con un concierto en el Monumento a la Constitución. El lema de dicha jornada y el hashtag utilizado en redes sociales era #JusticiaParaImelda.

La mañana siguiente, en Usulután de nuevo, el grupo de apoyo a la causa de Imelda parecía haber crecido. Llegaron desde Morazán, Cojutepeque, San Vicente, entre otros puntos del país. Había incluso representaciones diplomáticas. En la esquina frente al estadio Sergio Torres Rivera, en los alrededores del tribunal, cubiertas bajo el mismo toldo rojo, unas cien personas se habían reunido para apoyar a Imelda. Llevaban pancartas impresas a color y cartulinas con mensajes manuscritos: “No estamos completas. Nos falta Imelda”, consignaba uno. En la multitud podía distinguirse cabellos teñidos, moños, rizos y hasta sombreros de campesino. Permanecían rodeados por la cinta amarilla de la Policía Nacional Civil que restringía el paso hacia unos 300 metros del tribunal. Antes de dejar pasar a cualquiera, los agentes revisaban sus listados y solicitaban identificación o credencial. 

Entre el grupo estaba Teodora del Carmen Vásquez, con su cabello recogido en trenzas. Teodora fue condenada por homicidio agravado en contra de su hijo recién nacido y pasó 11 años en la cárcel. Con el tiempo, se pudo mostrar que ella tuvo una grave emergencia obstétrica y que pidió ayuda a la Policía, pero la patrulla tardó demasiado en llegar. Además, Teodora relató que no escuchó llorar al niño; por tanto, no es posible asegurar que había nacido vivo. Este caso lo conocieron en decenas de países. Teodora se encontraba ahí para apoyar a otra mujer que estaba viviendo el mismo infierno del que ella comenzaba a salir.

Teodora e Imelda son casos representativos, mas no únicos. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto registra 25 casos más de mujeres encarceladas por acusaciones similares. El aborto en El Salvador tiene una prohibición absoluta y castiga con cárcel a la madre y a quien lo practica.

Teodora Vásquez (izquierda) estuvo presente en el Juzgado de Sentencia de Usulután, donde se desarrolló la vista pública dentro del proceso judicial que la FGR inició contra Imelda Cortez. Foto FACTUM/Salvador Meléndez.

Mercedes Bersabé Palacios, la mamá de Imelda, llegó al lugar minutos antes de las 11:00 de la mañana. Llegó junto a una de las familiares que había estado en la convocatoria de noviembre. Con rostro de preocupación, ambas se sentaron en la esquina opuesta a la seccional de la Cruz Roja.

De acuerdo a la versión de la defensa, fue Mercedes quien vio cómo su hija se desvanecía, sangrando, aquella tarde de abril. Cuando comenzó a sangrar profusamente, Imelda llamó a su madre desde la letrina. Entonces, Mercedes pidió ayuda a los vecinos y con la ayuda que recibieron, pudieron ir al Hospital Nacional de Jiquilisco. En ese lugar, la doctora Luz González observó las señales de un embarazo de término y trató de obtener información de parte de Imelda. Por recomendación de Ana Sosa, jefe de turno ese día, decidieron avisar a las autoridades que la joven había tenido un parto y que el paso obligado era ir a buscar a la recién nacida. El mismo martes en la noche, Imelda quedó detenida. De acuerdo a testimonios registrados por Factum, Mercedes no visitó a su hija en la cárcel durante un año, pero sí cuidó de Milagro, como fue llamada la bebé de Imelda.   

El día de la audiencia, Mercedes llevó también a Milagro, quien justo ese día cumplía un año con ocho meses. La niña esperó de buen modo. Caminaba, señalaba objetos, interactuaba con los que se acercaban para saludarla. Como muchos infantes a esa edad, disfrutaba de recibir atención de varias personas.   

Faltando unos 20 minutos para el mediodía, comenzaron a instalarse los equipos y al público en la sala. Fue necesario hacer cuatro rondas con los periodistas para que todos pudieran tomar imágenes de Imelda Cortez, de sus defensores y de la querella. Arnau Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos en la UCA (Idhuca) y miembro del equipo defensor, charlaba con los fiscales. Se levantaba, intercambia palabras y volvía a sentarse. Imelda, en tanto, trataba de no levantar la mirada. En esta primera parte no estuvieron presentes sus familiares. La treintena de sillas era ocupada por activistas, miembros de cuerpos diplomáticos y periodistas. 

“De pie”, indicó la secretaria del tribunal, una suerte de señorita Rotenmeyer salvadoreña. El juez, Hugo Noé García, del tribunal de Sentencia de Usulután, se instaló. Después de analizar el caso, en conjunto con los otros dos jueces, establecieron que la competencia era solo de uno; es decir, de García. Tras la breve explicación, comenzaron las etapas formales: presentación de la defensa, de la querella, del delito por homicidio agravado en grado de tentativa imputado a Imelda. Repasaron la lista de testigos con los equipos y las dos partes manifestaron que prescindirían de casi todos.

Quedaban cinco minutos más para el mediodía. El juez García manifestó que “las condiciones estaban dadas” para dar a conocer el fallo en esa misma jornada. 

Entonces, procedieron a actualizar el proceso. Carlos Martínez, fiscal de Usulután, expuso que, “valorando las pruebas”, la parte querellante se pronunciaba por la modificación de la acusación. Cerca de él se encontraba Bernarda Cáceres, ya recuperada de la faringoamigdalitis que le impidió trabajar en noviembre pasado. Los querellantes descartaron el homicidio agravado en grado de tentativa y en su lugar buscaron imputar el de abandono y desamparo de persona, de acuerdo a lo descrito en el artículo 199 del Código Penal, cuya sanción es un año de cárcel. Martínez aseguró que el día en que Imelda tuvo su emergencia obstétrica en la letrina, colocó a Milagro en “situación de desamparo”, tal cual describe el código. Además, propuso un proceso abreviado, de tal manera que Imelda tenía que aceptar estos cargos. Ya todo lo habían consensuado con la defensa.

Entre todos los presentes, las miradas comenzaron a cruzarse. ¿Aceptaba la querella que no podían sostener más el argumento original? Como el humo de una vela que se apaga, quedaba claro que la insistencia en que Imelda tuvo el propósito de matar se había desvanecido. 

García le preguntó a Deleón si estaban de acuerdo y si, además, le habían advertido a Imelda lo que eso significaba para ella. Deleón aseguró que sí, que estaban de acuerdo “en los términos en que se ha manifestado” y que, efectivamente, ya habían explicado a la jovencita lo que eso implicaba para ella. Sin embargo, la abogada defensora agregó un detalle: ya que Imelda había pasado más de un año en la cárcel, solicitaban que —si el fallo confirmaba el delito— se pudiera tomar ese año como el cumplimiento de la pena y así, lograr que la imputada fuera puesta “en inmediata libertad”.       

Pasaron entonces a la descripción de los hechos. Bernarda Cáceres narró los hechos del 17 de abril de manera resumida y subrayó que habían recopilado pruebas testimoniales, periciales y documentales. Llegó entonces el momento de escuchar a Baulenas. De pie, expresivo con sus manos, consignó algo que la Fiscalía había tocado con pinzas –y solo bajo presión– en los 19 meses de proceso: Imelda asegura que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro. 

Fue la misma Imelda quien levantó la denuncia, luego de que el personal de Salud y unos agentes policiales observaron el comportamiento del padrastro cuando la joven aún estaba en el Hospital Nacional de Jiquilisco. Una prueba de ADN demostró que Milagro, de 19 meses, es hija de Pablo Dolores Henríquez, pareja de Mercedes Bersabé y padrastro de Imelda. En estos meses, Imelda ha asegurado que el abuso inició cuando ella tenía 12 años y siempre fue contra su voluntad, bajo amenazas de Henríquez. Esta acusación forma parte de otro proceso penal.

En su intervención, Baulenas también expuso la situación de emergencia vivida por Imelda: los dolores, el sangrado, el desmayo. 

Y luego llegó el turno de escuchar a Imelda. Cuando se puso de pie, era más fácil ver cómo su cabello negro y lacio había llegado ya hasta la cintura. Inclinó un poco la cabeza y escuchó. El juez García le advirtió que ante todo predomina el principio de presunción de inocencia, mismo que la protegía. “No se sienta obligada a decir nada que no quiera decir”, le indicó el juez. Ella asintió, mientras Deleón la observaba con atención, muy pendiente de sus respuestas.

Imelda Cortéz en el Juzgado de Sentencia de Usulután, la mañana del 17 de diciembre de 2018.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez.

García procedió a interrogarla en cuanto al acuerdo que alcanzaron las partes, que exigía que ella misma se atribuyera el cargo. El juez insistió, para identificar qué tan consciente era la imputada de lo que estaba por hacer. “Sí”, repitió Imelda, después de varias preguntas. Contestó, además, preguntas sobre su nacimiento, estado civil y estudios.

— ¿Qué tiene que decir respecto del hecho que se le está atribuyendo? —preguntó García.

Imelda calló y luchó por encontrar la respuesta. Deleón le asistió, entonces.

— Acepto este proceso abreviado y acepto que abandoné a mi hija —respondió Imelda.

El proceso abreviado es una figura que llegó con el Código Penal reformado de 1998. Para poderlo aplicar es necesario que la persona que enfrenta la acusación acepte pasar por ese proceso y, además, que acepte que cometió el referido delito. El objetivo, en esencia, es acelerar el proceso judicial. El acuerdo al que habían llegado los defensores con la Fiscalía, a iniciativa de esta última, terminó de concretarse el mismo lunes por la mañana.

Entonces, el juez García no se opuso al consenso anunciado entre las partes. Durante los siguientes minutos, la Fiscalía interrogó a Imelda sobre los eventos ocurridos esa tarde de abril en su casa.

Antes del día del alumbramiento, la joven había estado sufriendo un deterioro notable de su salud, tal como relató Ana Julia Palacios, abuela de Imelda (madre de Mercedes). En entrevista con Factum, Imelda declaró que había estado sufriendo de fiebres, debilidad y colitis. Afirmó también que su agresor, Pablo Dolores, continuaba con el abuso, incluso durante la gestación. Sin control prenatal, Imelda tuvo la emergencia obstétrica en una letrina. “No supe qué hacer después, porque me desmayé”, expresó Imelda.

La querella buscaba afanosamente evidenciar la intención. En un momento, le preguntaron:

— ¿Qué pasó después de que se desmayó?

— Fue cuando me llevaron al hospital —respondió Imelda.

— ¿Para qué?

— Para atenderme. Y fue que la doctora me preguntó.

«¿Alguien se ha desmayado por problemas de salud y después ha sido capaz de ver lo que pasó mientras estaba desmayado, desmayada?», preguntó entonces la querella, para generar la duda de lo manifestado por Imelda.

La Fiscalía presentó como testigo a un joven infante de marina llamado Sergio Ventura. Él estaba entre las personas que, luego de que Imelda indicara dónde había sentido que algo se desprendió de su cuerpo, se dirigieron al lugar. Llegaron al cantón y revisaron la casa primero; después, la fosa. Y, según su testimonio, «encontraron bastantes heces fecales, gusanos, cucarachas”.

— ¿Qué más encontró además de las heces fecales? —preguntó la fiscal.

— ¡Objeción! —exclamó Baulenas, que se había puesto de pie— ¡Pregunta sugestiva!

— Ha lugar —respondió el juez.

Momentos después, Ventura relató que hallaron a la bebé con la mitad del cuerpo cubierta con las heces y la otra mitad, descubierta. En ningún momento, Ventura se refirió a la cal que, meses atrás, alegaron que tenía la bebé encima. Fuentes que participaron en la investigación aseguraron a Factum que el asunto de la cal no era cierto. 

El infante señaló que cuando llegaron a tratar de sacar a la recién nacida de la fosa, los ayudó “un anciano”. Luego, comentó que “supuestamente era el papá de la muchacha que tuvo al bebé”. Lavaron el cuerpo de la niña con agua y así la llevaron al Hospital Nacional de Jiquilisco, para que le dieran atención, refirió Ventura. Luego se dirigió con su compañero a la delegación.

Mientras escuchaba el desenlace del relato del infante de marina, Imelda bebía de una botella de plástico un jugo color rojo. Dio un solo trago y volvió a taparlo. Llegado su turno, la defensa no tenía preguntas para Ventura, quien se retiró.

Al no mencionar el infante en su narración de los hechos que el tema de la cal y decir que había lavado a la niña, los primeros argumentos —de aborto primero y de homicidio después— continuaban desmoronándose para la parte acusadora. Quedaba entonces disertar sobre la intención del desamparo.

Entonces, los fiscales disertaron y aseguraron que se habían encontrado “ambos extremos procesales”, un término para describir que había suficiente margen para seguir con el curso del proceso en los términos que se habían planteado al principio de la audiencia.

La Fiscalía reiteró: “por el momento que estaba pasando (Imelda) se afectó, de alguna manera, psicológicamente”. También influía su edad y el entorno sociocultural, indicaron. Estas circunstancias impidieron que la madre pudiera dar atención a la niña como se hubiera esperado y, además, logró avisar dónde había tenido la emergencia obstétrica. “No fue su intención quitarle la vida a su menor hija”, sentenció la Fiscalía. 

Entonces, Baulenas volvió y recalcó el argumento de que Imelda tuvo un hijo de su padrastro, el presunto agresor sexual, y que pidió ayuda cuando se encontró en una situación crítica.

Cuando le tocó dar su postura, la procuradora que llegó en representación de Milagro suscribió el consenso al que habían llegado las partes y se unió a la petición de evitar una futura condena contra Imelda “en aras del interés superior de la niña”, recalcó. 

Llegados a este punto, el juez pidió tiempo para deliberar y pidió reanudar el evento a la 1:40 de la tarde.

La salvadoreña Imelda Cortéz, de 21 años. Foto FACTUM/ Salvador Meléndez.

Fallo absoluto

Salieron todos del lugar donde se había celebrado la audiencia. Entre la gente que apoyaba a Imelda, el ambiente era un tanto más optimista, un tanto más relajado. Afuera, las consignas y las rimas habían disminuido un rato. Los periodistas corrieron a buscar un lugar donde ya no tuviera efecto el bloqueo de la señal telefónica que impone el penal que se encuentra a pocos metros del tribunal. Solo se podía chatear y usar internet a tres o cuatro cuadras del tribunal. La intención era transmitir al mundo la información de lo que había sucedido en la mañana. 

“Va a salir mi hija, ahora. Ahora va a salir”, decía Mercedes Bersabé, afuera del tribunal. Soltó un sollozo y se sentó a la sombra de un árbol. La bebé estaba con otra pariente. Mercedes tomó agua desde una botella de dos litros que habían adaptado para ese fin. “¡Calmate, calmate!”, le decía su acompañante. Milagro pedía quedarse con su abuela.

Para ese momento, ya había llegado al lugar Ana Julia Palacios, la que con mayor fidelidad ha cuidado de Imelda en todo este tiempo. Ese día, sin embargo, su expresión era más seria que las veces anteriores. Se sentó también bajo la sombra, para esperar que se reanudara el evento. Jugó con Milagro y le regaló un jugo de cartón.

Pasadas las 2:00 de la tarde, todos los que tenían autorización comenzaron a entrar de nuevo a la sala de audiencias. No más rondas para fotos. Una vez todos adentro, la secretaria del tribunal solicitó a los presentes mantener la compostura a la hora de conocer el fallo. “Cualquier emoción la expresan allá afuera, por favor”, manifestó la secretaria.

Diez minutos después, Mercedes Bersabé y Ana Julia entraron juntas a la sala de audiencias. Se sentaron en la tercera fila desde adelante. Resultaba curioso atestiguar cómo cambiaban las expresiones. La mirada de Ana Julia parecía que había perdido luz, con una aflicción de la que no lograba desprenderse. Mercedes Bersabé parecía serena, con una mirada más diáfana. Imelda seguía usando su escudo protector.

El juez Noé García inició con la explicación de su fallo. En los próximos minutos, García se encargó de evidenciar que atribuirle intención a la joven madre sentada en el banquillo de los acusados no tenía sentido; que Imelda llegó a una situación extrema que debilitó su consciencia.

Luego de considerar distintos elementos –como la confesión de Imelda en función del acuerdo para el proceso abreviado, la precariedad que la rodeaba cuando dio a luz y los resultados del examen de la psiquiatra forense–, García decidió extenderse en los motivos que lo llevarían a decidir si había –o no– culpabilidad.

A criterio del juez, el trabajo de la psiquiatra forense quedó incompleto. Sostuvo que esa parte de la investigación dejó por fuera las situaciones traumáticas que Imelda vivió el 17 de abril y que terminaron de destruir su bienestar debido al trauma que ya traía por el presunto abuso del padrastro. “En sí el parto es un trauma. Lo que viene después también es trauma y dependerá mucho de los antecedentes”, explicó García.

En el Código Penal de 1973 existía la figura de atenuantes en un delito. Eran situaciones que se salían del control de la persona acusada y que, según fuera desarrollándose el proceso, podían ser motivo para considerar la gravedad del crimen desde otra perspectiva. Uno de los atenuantes descritos era el trastorno mental temporal, en el que bajo un estado de profunda confusión, enajenación, es difícil comprender que se está cometiendo un ilícito. 

García no separó esta explicación de la presunta violencia a la que Imelda fue sometida por Henríquez. Este suplicio habría deteriorando el bienestar mental de Imelda. El “acceso carnal”, como dijo, con la madre y con la hija, ya creaba el ambiente para un conflicto. En este sentido, García fue crítico del trabajo que hizo María Esther Rivas con el examen de psiquiatría forense. El ejercicio se hizo seis meses después de los incidentes y no se detectaron problemas graves en el estado mental de Imelda. “Los elementos que se tuvieron que tomar en cuenta para arribar a esta conclusión no debían partir solo de la entrevista de la procesada”, indicó el juez. Había otros aspectos que influyeron, que quizá Imelda no pudo describir por sí misma, pero que se podían encontrar si se aplicaban “los conocimientos mínimos de psiquiatría forense”.

“El que no se haya evaluado el estado en que la procesada se encontraba al momento del hecho, no puede recargársele a ella, a criterio de este juez”, agregó. Por esta razón, apeló al artículo 27, número 4, literal b. En ese texto se toma la “grave perturbación de la conciencia” como un excluyente de responsabilidad. Pero aún si se persistiera en afirmar que Imelda tuvo la intención de dañar a su hija, el análisis de García llevó a considerar la figura del desistimiento, del artículo 26 del código. “Que la procesada dice dónde está lo que expulsó y que eso lleva a la policía al rescate de la menor víctima”, cuando infirió la doctora que se trataba de un recién nacido.  

En ese momento ya había personas que recorrían con la mirada los salones durante la audiencia. Otros jugaban con sus manos, con la ropa, con el pelo. Estaban los que arqueaban las cejas o meneaban los labios. Pero Imelda era una roca. El juez enfatizaba sobre los detalles de aquella tarde: el dolor, la fosa, la sangre, el desmayo. La presunta violación continuada. Y ahí estaba ella. Ahí estaba Imelda, seria, con sus manos unidas, dueña de un temple sólido. ¿Sentía nervios, angustia, miedo? Es difícil asegurarlo, pero desde el público se le veía un profundo autocontrol.

“En síntesis, por estos argumentos, lleva a este juez a emitir un fallo absolutorio a favor de Imelda Isabel Cortez Palacios por el delito de homicidio agravado imperfecto”, declaró García.

Debido a la indicación que la secretaria hizo cuando entraron todos a la audiencia, hubo silencio. Silencio, sí, pero también ansiedad por salir. “Se declara cerrada esta audiencia”, remató García.

Desde la puerta, se podía ver a Imelda llorando. 

Afuera, todo era sonrisas y abrazos. Pronto se escuchó un grito colectivo desde el toldo rojo. En cuestión de segundos, venían corriendo los que habían esperado pacientes a conocer el resultado: la policía ya había retirado la cinta amarilla.

Imelda salió y abrazó a sus familiares. Todos lloraban, también. Cuando Mercedes Bersabé la abrazó con fuerza, le dijo: “la niña está dormida”. Imelda no le dijo nada. Más adelante seguían los abrazos, los vítores: “¡Sí se pudo! ¡sí se pudo!”. Tedora también tuvo la oportunidad de darle un fuerte abrazo a la joven, ahora libre.

Los miembros del equipo de defensa explicaban el fallo a los medios y sostenían que estaban conformes con la actuación de la Fiscalía. “No se le podía exigir ningún otro tipo de conducta [a Imelda], porque está con una grave perturbación, tal como ha dicho el juez”, agregó Baulenas. Por su parte, Deleón explicaba: “el juez ha dicho que Imelda es víctima de una violencia sexual reiterada y eso también explica por qué no pudo tener una conducta distinta al momento en que se produjo el parto. Pensamos que es un precedente importante”. 

Baulenas comentaba enérgico: “Imelda es una persona libre. Ha recuperado todos los derechos como ciudadana… De hecho, hoy ella va a dormir en su casa”. No fue posible confirmar, al cierre de esta nota, si Imelda se quedará con su madre o con su abuela, ni cómo procederán con la custodia de Milagro.

Deleón se retiró en su vehículo con Imelda y Ana Julia. Cuando ellas se fueron, la celebración también comenzó a bajar de intensidad. 

Mercedes observó cuando se retiró el vehículo donde iban su hija y su madre. No estaba muy convencida de hablar con periodistas. Ante la insistencia, dijo: “estoy feliz y agradecida con el Señor, que permitió que mi hija saliera libre ahora”.  

Imelda Cortez aún debe librar otra batalla. La denuncia que hizo contra Henríquez por abuso sexual tiene reserva y la investigación está en curso. Con ella continuará Deleón, su apoderada legal y las organizaciones defensoras de derechos humanos.

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