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Las mujeres que deciden abortar en El Salvador

Bajo la sombra de una rigurosa legislación, personas voluntarias suministran pastillas para que adolescentes y adultas puedan decidir cuándo y cómo quieren ser madres. El partido ARENA presentó este mes una propuesta de ley para que las mujeres acusadas de aborto sean procesadas por homicidio agravado, enfrentando así penas de entre 30 y 50 años de cárcel. Las organizaciones de mujeres han puesto el grito en el cielo y piden un debate “serio y fundamentado”.


Paula ayuda a las mujeres que necesitan abortar durante las primeras semanas de embarazo. Lo hace cuando el estado de gravidez no es evidente y aún se puede ocultar al vecindario, la familia y las autoridades. Ella se siente orgullosa de hacerlo aunque no pueda gritarlo. Nunca ha abortado y es madre de dos hijos. Tampoco es enfermera, doctora o psicóloga. Su labor es independiente de cualquier organización, aunque ha sido asesorada sobre el uso correcto y efectivo de las pastillas del medicamento misoprostol para garantizar la terminación del embarazo, y evitar así complicaciones ginecológicas a las mujeres que las usan. Ella asegura que nunca ha tenido complicaciones ni emergencias con las mujeres atendidas porque si se siguen las instrucciones es una de las formas más seguras de abortar.

Para Paula el problema es otro: el aborto está totalmente prohibido en El Salvador, por lo que su actividad se mantiene en la clandestinidad.

Cuando se le pregunta por qué hace todo esto de forma voluntaria, se repite a sí misma la pregunta en voz alta. Toma una pausa, suspira profundamente, fija la mirada en sus manos entrelazadas suavemente y dice tajante: “Porque tienen el derecho a decidir si quieren o no quieren, yo creo en el derecho a decidir, sea por la razón que sea, sea por violación, sea por una relación consentida, es su derecho a decidir, y si no quiere (el embarazo), no quiere”. No hay lugar a la duda ni al remordimiento: para ella la prioridad está en la voluntad de la mujer que asume su incapacidad, del tipo que sea, para hacerse cargo de una nueva vida en ese momento. Insiste en que no es quién para juzgarlas, y bajo este precepto, incluso se han dado casos donde han acudido a ella hasta tres veces.

Antes de la entrevista, Paula ha pedido que no se cite su verdadero nombre, actúa bajo la máxima discreción pero bromea sobre sus características físicas. Sabe que esencialmente son tan comunes a la de la mayoría de salvadoreñas, que le da risa pensar en cómo será descrita para que no pueda ser identificada. Y aunque no lo menciona en ningún momento, sabe que si llega a ser descubierta podría ser acusada por los delitos de inducción o ayuda al aborto y de venta o suministro de abortivos, el primero de ellos con penas de dos a ocho años de cárcel, según el Código Penal vigente desde 1998.

Y aunque dice que no recuerda a cuántas mujeres ha ayudado durante sus seis años de experiencia, asegura que han sido muchas y todas llegan convencidas de su decisión y sienten un gran alivio cuando termina el proceso. Entre los casos que ha atendido hay niñas y adultas que fueron violadas, jóvenes que no quieren ser madres aún, mujeres que no pueden cuidar de más hijos o cuyo embarazo ha sido fruto de una relación esporádica. Pero si algo tenían en común todas esas mujeres, dice Paula, era la falta de recursos económicos para hacer frente al mantenimiento de otra persona.

Uno de las historias que más le ha marcado es la de una niña con discapacidades físicas que fue violada y cuyo embarazo representaba un riesgo para su salud. Su caso fue judicializado y el Ministerio de Salud le dio seguimiento, por lo que existía el temor a ser descubiertas. La madre de la niña, una mujer muy religiosa, se sentía mal por tener que tomar esa decisión, pero al mismo tiempo estaba preocupada por la salud de su hija, aparte del hecho de ser una familia muy pobre, recuerda Paula.

“Fue una experiencia bastante complicada porque teníamos de por medio al sistema de salud que ya estaba enterado que estaba embarazada, lo que valía es que le diagnosticaron placenta previa, aún así entramos a hacerlo. Ella tenía luego que ir a declarar, entonces cuando terminó el proceso de la interrupción (del embarazo) nosotras le preguntamos qué es lo que ella iba a decir cuando le tocara (dar testimonio), ni siquiera salió de nosotras qué le teníamos que haber dicho, si no que ella dijo (ante el tribunal): ‘yo estaba en la pila y de repente me dolió y me salió una cosa bien fea’”.

La propuesta de los 50 años

Decenas de personas de todas las edades se reúnen la tarde del 14 de julio en la famosa plaza donde antes había un palo de Hule, frente a la Asamblea Legislativa, en San Salvador. La mayoría son integrantes de 23 organizaciones que trabajan por los derechos humanos de las mujeres. Entre la gente se ven varios grupos de tres generaciones: abuelas, madres y niñas que llevan sus pancartas en contra de la penalización del aborto. Dos actrices que simulan ser estatuas lucen blancos vestidos de novia, su silencio contrasta con los gritos y proclamas feministas que resuenan desde un altavoz y los discursos leídos a través de un micrófono. Hace apenas tres días que un diputado del partido ARENA, Ricardo Velásquez Parker, ha presentado una pieza de correspondencia para proponer que los casos de aborto, todos sin distinción, sean juzgados bajo la figura penal de homicidio agravado, lo que permitiría imponer condenas de entre 30 y 50 años de cárcel.

«Si fuera legal abortar a mí no me daría pena decirlo y me gustaría que mucha gente supiera para que dejaran de vernos como que el diablo se nos ha metido en la cabeza. Me gustaría que todas las mujeres supieran que esto se puede hacer y que hay ayuda, pero como no se puede…”, lamenta Julia.

El delito de aborto consentido es penalizado con dos a ocho años de cárcel, pero muchas mujeres ya han sido procesadas por homicidio agravado como pide el diputado Velásquez Parker. Como muestra, la reciente anulación de la condena contra María Teresa Rivera, quien sufrió un aborto espontáneo cuando iba la letrina, y de un embarazo de 21 semanas del cual ni siquiera tenía conocimiento. También el de Carmen Guadalupe Vásquez Aldana, que en 2015 fue indultada por homicidio. Ella había sido violada cuando era adolescente en la casa donde trabajaba como doméstica, no denunció por las amenazas del agresor y cuando estaba en labor de parto no le dieron permiso para ir a un hospital. El bebé murió esa noche. Ambas fueron condenadas a penas de 40 y 30 años, respectivamente, por el delito de homicidio agravado, por los que finalmente tuvieron que pasar cuatro y siete años en prisión. Ambas son mujeres de escasos recursos y en sus casos se obtuvieron argumentos y pruebas para contrarrestar que se hubiera tratado de abortos provocados.

Ante la reciente propuesta, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) emitió un comunicado para alertar sobre el posible retroceso en materia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En el mismo recuerda que ya  en  2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alentó a El Salvador para  “emprender una revisión detallada de todas las leyes, normas, prácticas y políticas que pudieran tener repercusiones discriminatorias en el acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva”. En junio de 2014, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas  “recomendó despenalizar el aborto y pidió que sus órganos responsables prioricen la atención en salud de las mujeres por encima de su persecución penal”, agrega el comunicado.

El plantón convocado por las organizaciones feministas se concentra frente a las puertas de la Asamblea donde se desarrolla la sesión plenaria. La Ley de Amnistía había sido declarada inconstitucional el día anterior y los partidos políticos tienen que evaluar aún cómo responder a esta histórica decisión de la Sala de lo Constitucional. La asamblea dura pocas horas. Aún así, el diputado Velásquez Parker decide salir y pararse al otro lado de las puertas del edificio legislativo. Con el micrófono que le prestan las organizadoras ofrece a las presentes que elijan una comitiva para discutir la propuesta en la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Los gritos de rechazo le impiden continuar, las que están cerca de él lo escuchan atentamente, pero finalmente niegan con sus cabezas.

 “Esta propuesta de ley es bárbara, es talibana, representa prácticamente cadena perpetua por situaciones que muchas veces no tienen que ver con la voluntad de la mujer y también representa una amenaza contra el personal médico porque penaliza las lesiones culposas en el recién nacido, entonces representa un riesgo no solo para la libertad sino para la vida  de las mujeres. Yo pienso que es tan insensata que no va a llegar a la discusión, espero que les dé vergüenza y que si la llegaran a aprobar que el presidente (de la República) la vete. Pero no nos interesa debatir sobre la base de esta propuesta de Arena, nosotros queremos que haya un debate formado, serio”, dijo Morena Herrera, representante de la Agrupación.

Parte del grupo de personas que hizo plantón frente a la entrada de la Asamblea Legislativa, como protesta por la pieza presentada por el diputado de ARENA Ricardo Velásquez. Foto: María Cidón

Parte del grupo de personas que hizo plantón frente a la entrada de la Asamblea Legislativa, como protesta por la pieza presentada por el diputado de ARENA Ricardo Velásquez. Foto: María Cidón

Minutos después, el diputado subió a su cuenta de Twitter un video de la negativa de las organizaciones, y en el mismo escribió: “La humildad y vocación de escuchar, encuentra el obstáculo del odio abortando toda posibilidad de parlamentar”.

La propuesta firmada por 13 diputados y ocho diputadas del partido ARENA pide que el Código Penal sea reformado porque en los casos de aborto y lesiones al nasciturus este “no armoniza con la protección a la vida desde el momento de la concepción, violando la Constitución y los principios de igualdad y proporcionalidad de la pena al bien jurídico protegido”. Además del aumento de penas al aborto, se propone que el artículo 139 del Código Penal sobre las lesiones culposas, que antes era sancionado con multas,  pueda recibir condenas de uno a tres años de prisión. La embarazada siempre quedaría exenta de penas.

La pieza de ARENA también incluye la petición de reforma de la venta ilegal de abortivos y del anuncio de medios abortivos, tipificados en los artículos 373 y 374 del Código Penal,  sancionado el primero con arrestos durante el fin de semana y multa, mientras el segundo solamente de 10 a 30 días de multa.  El partido de derecha pretende que ambos delitos sean penalizados con condenas de uno a tres años por la venta, y de seis meses a dos años si se trata del anuncio de los medios abortivos.

En muchos casos, los medios abortivos a los que se refieren los artículos citados son pastillas de misoprostol. Este medicamento se utiliza para prevenir y tratar las úlceras gástricas y duodenales, y su costo es altísimo y solo se vende bajo receta médica.

Según William, un farmacéutico de una zona residencial de San Salvador con más de 20 años de experiencia en la profesión, antes de ser un medicamento controlado por la Dirección Nacional de Medicamentos la venta del misoprostol era constante, y lo raro era que hubiera un día en que no se vendiera. Pero desde hace cinco años este fármaco solo se entrega con la dosis que establece la receta médica y, según dijo, solo se vende en los hospitales públicos de tercer nivel donde también se aplica con fines ginecológicos para el tratamiento de legrados.

Antes de ser regulado, una caja de misoprostol de 28 tabletas venía costando unos $250 y las tabletas se vendían por $12 a $15 cada una, por lo que considera que el precio es mucho mayor en la actualidad. Dice que él mismo ha detectado cómo los inspectores de la Dirección se hacen pasar por clientes y preguntando por medicamentos controlados con el objetivo de verificar cualquier irregularidad.

Pero lo que no se consigue con receta puede obtenerse en el mercado negro. La venta de cytotec, otra forma de llamar al misoprostol, es accesible mediante una rápida búsqueda en internet y llamando a los teléfonos que aparecen en internet o en páginas de Facebook para ese fin. La otra manera es pedir ayuda a las personas que voluntariamente, como Paula, ayudan a otras mujeres a “decidir sobre su cuerpo”. Y esta opción es la más accesible para las mujeres de escasos recursos, las que  no pueden pagar más de $100 por las pastillas y mucho menos salir del país para practicarse un aborto quirúrgico.

Las pastillas para mujeres que rechazan el embarazo

Julia es una chica de 21 años alegre y desenfadada que decidió que aún no quería ser madre, que sus metas de seguir estudiando y trabajando para un día ser independiente y montar su propio negocio eran su prioridad. En abril de 2015, cuando tenía 20 años, se dio cuenta de que estaba embarazada, pidió ayuda a la mamá de su novio y decidió usar las pastillas de misoprostol que obtuvo mediante una voluntaria, una de las muchas personas que en el país se han aliado para facilitar el acceso al fármaco. Y hoy día, Julia está satisfecha con su decisión, sigue estudiando Administración de Empresas y mantiene la relación con su novio.

“Lo primero que se me vino a la cabeza fue mi familia, qué me iba a decir, porque yo sé que si llego a mi casa y les digo que estoy embarazada lo primero hubiera sido golpearme, sacarme de la casa o algo así. Ya después, cuando me quedé pensando en eso, dije: ‘ya no voy a poder estudiar, no puedo conmigo misma…yo trabajo y aún así siento que no cubro mis necesidades aún, y cómo voy a hacer con las de otra persona’”.

Y dice algo que repetirá varias veces a lo largo de la entrevista: “No fue difícil realmente tomar la decisión para mí (…) Realmente solo supe de esto (embarazo) y en ese mismo instante supe que no quería, que no era para mí”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha revisado el uso de este fármaco para interrumpir embarazos complicados por una anomalía fetal o después de la muerte fetal intrauterina en el segundo o tercer trimestre. Sin embargo, su uso en muchos países se mantiene en silencio por el temor al rechazo social y las sanciones legales.

Julia dice que el dolor que sintió y el sangrado por el misoprostol generan molestias “feas”, pero no imposibles de soportar. Su salud no corrió peligro porque dice que siguió todas las orientaciones. No se arrepiente; está segura de haber tomado  una buena decisión.

«Si fuera legal abortar a mí no me daría pena decirlo y me gustaría que mucha gente supiera para que dejaran de vernos como que el diablo se nos ha metido en la cabeza. Me gustaría que todas las mujeres supieran que esto se puede hacer y que hay ayuda, pero como no se puede…”, lamenta Julia.

En el futuro, Julia piensa que será  madre. “A mí me parece que sería bonito vivir eso, porque para mí yo hago mis planes más adelante con dos hijos o hijas, y me hago a la idea porque me gustaría el andarlos cuidando, me gustaría, realmente me veo en el futuro como mamá. Yo realmente si tuviera las posibilidades ahorita lo hiciera, pero como sé que no, realmente no lo quiero, pero está en mis planes”.

La organización holandesa Women on Waves (WOW) o Mujeres en la Ola, fundada en mayo de 1999 por la médica Rebecca Gomperts, viaja en barco y lleva su ayuda a cualquier país del mundo. Según expone a través de su página web, cada año se llevan a cabo 20 millones de abortos bajo condiciones ilegales e insalubres, generando la muerte de aproximadamente 47,000 mujeres al año. Mujeres en la Ola recomienda el uso de misoprostol y explica cómo hacerlo de forma segura y efectiva. Incluso recoge testimonios de mujeres de todo el mundo, donde también hay salvadoreñas que comparten cómo ha sido su experiencia.

En el documental “El Salvador: Desde el instante de la concepción”, de María Cilleros, se destaca que en 1998 hubo 7,436 hospitalizaciones por abortos. Sin embargo, por la penalización, desde 1999 no existen estadísticas ni cifras sobre al aborto y sus consecuencias en el país.

“Les guste o no les guste, quienes apoyan o no apoyan la interrupción del embarazo, este es un tema que se discute en todas partes del  mundo y El Salvador no puede estar fuera, ni va a poder porque el tema se convierte cada día en más motivo de debate y de discusión. Bueno, hay países que tienen leyes que rigen lo de la salud sexual y reproductiva, nosotros tenemos la política que el ministerio de Salud ha hecho de forma participativa, (pero) no tiene fuerza de ley. Al sistema de justicia una quisiera que hubiera unos 1,500 expedientes de embarazos de niñas de 10, 11, 12 , 13 y 14 años embarazaditas, y no solo el aspecto punitivo; sino por ejemplo cómo educar y elevar la conciencia en todos los operadores de justicia”, dijo recientemente la ministra de Salud, Violeta Menjívar, durante la presentación del Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes en El Salvador 2015.

Más de 50 países en el mundo permiten el aborto libre

Solo cinco países prohíben por completo el aborto y penalizan a las mujeres que lo hacen,  según el análisis realizado en 196 países por el Pew Research Center en 2015 (193 estados miembros y tres no miembros de las Naciones Unidas). Cuatro ellos están en América: El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Chile. Al otro lado del océano Atlántico sucede lo mismo en Malta, en Europa.

En esos cinco países, hay organizaciones y personas que trabajan por la despenalización del aborto. A excepción de un sexto Estado señalado por ese informe también, y donde no hay lugar a la discusión de este precepto: el Vaticano. En marzo pasado, Chile logró sacar adelante el proyecto de despenalización que ahora está en manos del Senado para su aprobación, y en República Dominicana, donde se dio aval a un nuevo Código Penal que despenalizaba la práctica en octubre pasado, se declaró por ese motivo inconstitucional el reciente código un par de meses después. En El Salvador se propone endurecer aún más las sanciones penales.

Las siete variables de aborto para salvar la vida de la mujer: preservar la salud física, por salud mental, en caso de violación o incesto, problemas de desarrollo en el feto, por razones económicas o sociales y a demanda; todas ellas son prohibidas en estos países, incluido El Salvador.

El argumento del diputado es el siguiente: “Si la Constitución de la cual deriva la carta magna dice que se es persona humana desde el momento de la concepción ¿por qué el Código Penal va a hacer una diferenciación entre matar a una persona humana en gestación, a matar a una persona como tú o como yo?”, dijo Velásquez Parker tras presentar la propuesta de reforma.

Se trató de conocer más sobre las propuestas del diputado en los casos graves como las violaciones a niñas por parte de sus familiares o las mujeres embarazadas con graves problemas de salud, así como los abortos que se hacen en la clandestinidad, pero no fue posible ya que, según su asistente, tenía la agenda completa hasta después de las fiestas agostinas.

En el comunicado firmado por las 23 organizaciones que estuvieron presentes en el plantón ante la Asamblea Legislativa, la semana pasada, se sostiene que la penalización absoluta que inició en 1998 con la reforma del Código Penal (antes se permitía la interrupción por graves riesgos para la salud de la madre, por la imposibilidad de la vida extrauterina y en caso de violación) favorece que la vida de las madres pase a un segundo plano debido a la ambigüedad e ideologización a la hora de aplicar la ley. En 1999 se aprobó la reforma constitucional para proteger la vida “desde el instante de la concepción”.

“La Constitución garantiza la vida tanto de la mujer gestante como de la vida intrauterina en formación, pero no regula cómo resolver la posible colisión que se puede dar entre estos dos derechos”, reza el documento.

El grupo de Facebook Voto Católico de El Salvador reaccionó  así a la propuesta presentada por Velásquez Parker: «La vida humana es sagrada y las leyes que la protegen no deben hacer distinciones entre quienes ya hemos nacido y quiénes no. Más que un principio legal o jurídico que todos debemos defender es una verdad Divina. Con esta modificación al Código Penal, El Salvador se mantiene al frente en las legislaciones pro vida del mundo entero lo cual debe ser un motivo de auténtica alegría sobre todo en los momentos de violencia sin sentido que vive nuestro país en el que parece que la vida de las personas ha perdido todo valor y significado».

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