La Fiscalía General de la República se enfrentará a uno de los casos más simbólicos de la guerra civil salvadoreña: el asesinato de seis sacerdotes jesuitas -y también Elba y Celina Ramos-, durante la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA). La apertura del proceso judicial es un desafío a la voluntad y capacidad del Estado para juzgar la masacre por la que El Salvador ha sido recordado en todo el mundo.
Foto FACTUM/Gerson Nájera
El caso judicial por la masacre de la UCA vuelve a poner a prueba a la Fiscalía General de la República, que tenía programado enfrentar este martes 10 de abril al expresidente Alfredo Cristiani. El exmandatario fue señalado por estos asesinatos en el año 2000, a partir de una denuncia penal interpuesta por el sacerdote José María Tojeira, entonces rector de esa universidad.
La Fiscalía había solicitado una audiencia especial a la cual fueron convocadas todas las partes en el proceso, incluido el expresidente Cristiani y los militares que integraban el Alto Mando en 1989. La audiencia, sin embargo, fue suspendida el viernes 6 de abril por el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador tras recibir unos escritos del abogado defensor de varios militares señalados en el caso. El tribunal tiene ahora un plazo de tres días hábiles para escuchar a las partes y luego decidir si reprograma la audiencia especial que será necesaria para definir si el proceso es abierto nuevamente.
En la denuncia penal de Tojeira, actualmente director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Cristiani era acusado por el delito de asesinato por omisión. El expresidente fue señalado por su cargo de comandante general de la Fuerza Armada, cuyo mandato constitucional le atribuía el poder de tener la última palabra para autorizar una operación militar como la de la UCA. Con este argumento, el exmandatario pudo haber conocido o no las órdenes que terminaron con el asesinato de los sacerdotes, pero tampoco hay constancia de que hubiera tomado alguna acción para impedirlo y por este y otros hechos previos fue considerado – en esa denuncia- como “encubridor” de los militares que se supone planificaron y ordenaron la intervención en la universidad.
Sin embargo, Tojeira dijo recientemente que podrían pedir el sobreseimiento definitivo de Cristiani en este caso, una vez sea reabierto, pues las pruebas documentales indican que no fue informado con anterioridad de los planes de matar a los jesuitas.
Junto a Cristiani son individualizados seis militares del Alto Mando de la Fuerza Armada: Rafael Humberto Larios, exministro de Defensa; Juan Orlando Zepeda, ex viceministro de Defensa; Inocente Montano, ex viceministro de Seguridad Pública, que está siendo procesado en España; Juan Rafael Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea; Francisco Elena Fuentes, excomandante de la Primera Brigada de Infantería; y René Emilio Ponce, exjefe del Estado Mayor fallecido en 2011. La investigación del crimen de los sacerdotes jesuitas ha pasado durante los últimos 29 años por varias jurisdicciones nacionales e internacionales. La reapertura de la causa fue solicitada por el IDHUCA el pasado 27 de noviembre. Unos días después la Fiscalía secundó la petición y propio fiscal general, Douglas Menéndez, declaró su posición a favor de reabrir el proceso.
Si el juzgado da luz verde, el ministerio público tendrá que investigar y defender los intereses del Estado y la sociedad, demostrando su capacidad técnica y voluntad en procesar a los presuntos autores intelectuales del crimen señalados previamente por el Informe de la Comisión de la Verdad.
El proceso fue cerrado en el año 2000 cuando la Fiscalía, bajo el mandato de Belisario Artiga, solicitó el sobreseimiento definitivo de los presuntos autores intelectuales de la masacre al considerar que los delitos por los que eran acusados ya habían prescrito. Pero la situación del Caso Jesuitas dio un giro radical en 2016 con la sentencia de inconstitucionalidad que declaró ilegal la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz.
La decisión de la Sala de lo Constitucional estableció que el asesinato de los sacerdotes y las empleadas de la UCA, nombrado como “caso ilustrativo” por el Informe de la Comisión de la Verdad, así como el resto de hechos investigados y recogidos en ese documento, son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben.
Para hacer frente a esta nueva responsabilidad, la Fiscalía de Douglas Meléndez cuenta desde el año pasado con tres fiscales asignados en la investigación de los crímenes cometidos durante la guerra civil. Este personal ya está trabajando en los casos de la masacre de El Mozote en Morazán de 1981, la masacre de El Calabozo en San Vicente de 1982 y el helicóptero derribado en Chinameca, San Miguel, en 1991.
Meléndez ha demandado desde entonces – sin éxito – más apoyo económico del Estado para la contratación de fiscales que investiguen los crímenes cometidos durante la guerra. Solo hasta julio de 2017, el ministerio público registraba 139 denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
Cristiani como “encubridor”
La pregunta por el papel del ex presidente Cristiani en la masacre ha sido central en los intentos de abogados querellantes que han llevado el caso a tribunales en España y El Salvador. En el proceso paralelo que se desarrolla en la Audiencia Nacional de España desde 2008, la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) también incluyó a Cristiani entre los presuntos asesinos, pero años después el expresidente fue retirado de la acusación por decisión de la fiscalía española
En un reportaje publicado en 2014, Factum reveló que varios funcionarios salvadoreños intercedieron en Madrid para que no hubiese persecución penal a Cristiani.
Fotografía de archivo del ex presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani (1989-1994), durante la misa funebre de Francisco Flores, en la Basílica de Guadalupe, el 1 de febrero de 2016. Durante la audiencia del ex militar Inocente Orlando Montano, en la Audiencia Nacional de Madrid, Cristiani ha sido señalado como parte de la masacre de los sacerdotes jesuitas en 1989.
Foto Archivo FACTUM/Salvador MELENDEZ
El funcionamiento de la Fuerza Armada sujeto a la autoridad del presidente de turno es uno de los argumentos que el ex viceministro de Seguridad Pública, Inocente Montano, ha utilizado a su favor ante la Audiencia Nacional de España, donde es juzgado por los crímenes de los sacerdotes españoles. Montano dijo que el Alto Mando que él integraba tomaba las decisiones pero que por encima de él estaba el expresidente Cristiani, el exministro Larios y el exjefe del Estado Mayor, René Ponce.
El IDHUCA sostiene que el interés en procesar a los autores intelectuales del crimen no es tanto de tipo punitivo como para lograr el reconocimiento de la verdad y alcanzar la justicia en El Salvador; además de garantizar que hechos como este no vuelvan a repetirse.
En consecuencia, Tojeira y Andreu Oliva, actual rector de la UCA, solicitaron en 2017 la conmutación de la pena a favor de Guillermo Benavides, exdirector de la Escuela Militar Gerardo Barrios.
Benavides fue condenado en 1992 a 30 años de cárcel por los ocho casos de asesinato. En ese juicio también fueron procesados como autores materiales del crimen el oficial de la Escuela Militar, Yusshy Mendoza, y dos oficiales y cinco soldados del Batallón Atlacatl. Un año después de la condena, Benavides obtuvo el beneficio de la amnistía, pero fue detenido en enero de 2016 por la orden de captura internacional solicitada por juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España. Aunque la Corte Suprema de Justicia rechazó la extradición de los militares señalados, esta decisión coincidió con la declaratoria de inconstitucionalidad y por eso los magistrados resolvieron que debía cumplir pena de prisión en su contra. Benavides es el único militar que actualmente sigue preso por el crimen de los jesuitas.
Una de las asistencias esperadas en la audiencia especial que se iba a realizar este martes, pero finalmente fue suspendida, es la del exjefe de la Fuerza Aérea, Juan Rafael Bustillo, quien ya está siendo procesado en el Juzgado de Primera Instancia de San Francisco Gotera por la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Durante la audiencia de intimación en su contra por ese caso, el militar estuvo a punto de dar su versión sobre los hechos, pero finalmente se retractó de declarar. Sin embargo, al salir de la sala de audiencias dijo a los medios presentes que sí hablaría, pero no sobre esa masacre sino sobre el caso de los jesuitas.
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