Abogado defensor: “Si la orden la dio Ponce, ¿por qué están encausando a Montano?”

Antonio Alberca es el abogado de Inocente Orlando Montano, el ex militar salvadoreño que está en Madrid para ser juzgado en la Audiencia Nacional española por el Caso de los Jesuitas. La defensa del coronel ha comenzado y apela, en parte, a la línea de mando: culpar a sus superiores, en este caso al ya fallecido general René Emilio Ponce, otro de los oficiales de la Tandona acusado por la masacre de la UCA.

Foto FACTUM/Fernando de Dios

Madrid. Este jueves, el coronel Inocente Montano acudió al tribunal para declarar ante el juez, después de haber sido extraditado desde Estados Unidos. Sin embargo, su abogado pidió un aplazamiento para poder estudiar mejor la documentación de la causa, que el juez le concedió. Será el próximo lunes 4 de diciembre cuando sea cuestionado por el magistrado, que hoy firmó un auto en el que ratifica la prisión preventiva para el ex viceministro de Seguridad de El Salvador.

Alberca explica en esta entrevista que no ha tenido acceso al sumario hasta ahora, porque al estar sus clientes considerados en rebeldía, no podía personarse como defensa. Es un derecho que se pierde al no presentarse ante el tribunal. Y es que este abogado español representa no solo a Montano sino a otros militares incluidos este caso, como el coronel Juan Orlando Zepeda, por ejemplo.

De hecho, es una figura con cierta presencia en los medios españoles, pues de vez en cuando se le ve defendiendo a personas muy polémicas. Él, una persona muy agradable en el trato, afirma que lo hace porque todo el mundo tiene derecho a la defensa y porque hay casos muy interesantes a nivel técnico.

Afirma que no ha sido contactado ni por el gobierno de El Salvador ni por la Fuerza Armada y desvela que la defensa de Montano se centrará en tres ejes fundamentales; que el delito ha prescrito, que ya fue juzgado y que la Audiencia Nacional no es competente para juzgarlo.

 Según la versión de las acusaciones, el hecho de que el coronel Montano esté ante este tribunal afecta a todos los acusados. ¿Cuál es la versión de la defensa en este sentido?

En España no se permite la condena en ausencia, aunque sí condicionaría en cierta manera. Si hay un juicio y resulta que hay responsabilidades, se derivan responsabilidades para todos, pero tendrían que ser enjuiciados aquí en España o si se abre la causa en El Salvador. Hay muchas formas de que esto pudiera acabar.

Por ejemplo, si se absolviese al coronel Montano pudiera ser porque en su conducta, la de él en concreto, se ha determinado que no hay ningún delito. Pero también puede ser que le absolviesen porque los hechos no se pueden catalogar como terrorismo o lesa humanidad y entonces (el tribunal) no es competente.

Puede servir como antecedente, como indicio, pero una persona para ser condenada tiene que ir a juicio y tienen que presentarse todas las pruebas.

¿Con qué elementos de defensa cuenta usted para este caso?

Primero hay que decir que llevo cuatro o cinco años, en nombre de otros aquí procesados, luchando para que se me diese vista de las actuaciones, como parte que está afectada en otro continente. Y esto se me ha negado de forma continua.

En cuanto a la estrategia de defensa, lo primero es no declararse culpable. Además, hay elementos muy débiles de por qué España es competente. Entendemos que podría ser un fraude procesal en la manera como se les ha procesado.

Se les ha acusado de un delito de terrorismo cometido fuera de España, pero en el que la víctima es española, para así, aunque realmente entendemos que no es terrorismo, justificar abrir esta causa. Se utiliza para que una vez esté aquí digan, “ahora ya le metemos lesa humanidad”.

Eso ha servido para traerle aquí y que España sea declarada competente.

En este punto de las actuaciones, seguramente se puede decir que el juez instructor ha dado validez a este criterio.

Al juez [Eloy] Velasco se le puso una queja en el Consejo General del Poder Judicial porque entendíamos que estaba contaminado, porque creíamos que no era imparcial al estar trabajando en la Universidad de Deusto, de los jesuitas, y a la vez estar instruyendo una causa en las que las víctimas son jesuitas. Nos parecía que eso era una falta de imparcialidad total.

En un momento dado, en Estados Unidos la defensa de Montano alegó que las víctimas ya no eran españolas en el momento del asesinato. ¿Utilizará usted este argumento?

Los estadounidenses son muy absolutos en cuanto a la nacionalidad. Aquí tenemos doble nacionalidad. Habría que verlo, pero de momento no es una de las líneas de defensa.

Dice que no ha tenido acceso al sumario, pero imagino que tiene conocimiento de que en este se habla de las reuniones del día 15 de noviembre de 1989 y que se alude al alto mando y a ciertas personas. ¿Han pensado en colaborar con la justicia para extender las responsabilidades a otros acusados?

Lo que yo he visto en el auto de procesamiento, que lo he visto en Internet, lo que viene a decir es que el señor Montano participó en reuniones en las que otra persona dio la orden de asesinar a los jesuitas. Ahora bien, no queda determinado cómo participó. En ningún momento se dice que fue una decisión colegiada. Se habla de informes de estado, etcétera, pero hasta ahora no he tenido elementos para poder pensar que fue una decisión colegiada.

El abogado español, Antonio Alberca, es el defensor del coronel Inocente Orlando Montano, durante el juicio contra el ex militar salvadoreño en la Audiencia Nacional de España, en Madrid. Al ex militar se le extraditó de Estados Unidos para que responda por el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas en 1989. Foto FACTUM/ Fernando de Dios Merino

Se dice que da la orden el general René Emilio Ponce.

Lo que está claro es que el coronel Montano era el viceministro de Seguridad Pública, lo que significa que era el jefe de la Policía. No tenía militares bajo su mando. En todos los hechos de aquel día en que son asesinados los jesuitas no aparece ningún policía. Él no podía dar ninguna orden a ningún militar. Si otra persona tomó esa decisión, no porque sea compañero de carrera o esté en el mismo gobierno ostentando un cargo se tiene que enjuiciar, porque si no también se tendría que enjuiciar al presidente de la República, el señor [Alfredo] Cristiani.

Ese panorama que se nos pinta de que el ejército quería sojuzgar al pueblo, que tenía unas reivindicaciones legítimas, lo que oculta es que [El FMLN] era un movimiento comunista, guerrillero, insurgente que quería tomar el poder y ellos representaban a un gobierno legítimo, y era un gobierno homologable democráticamente, aunque fuera de derecha o ultraderecha.

También está que los jesuitas no eran parte de la guerrilla.

Pero el contexto que se pinta es ese.

Hay una parte de la documentación de la acusación que dice que Montano era responsable de Radio Cuscatlán, en la que se vertieron amenazas directas contra los jesuitas, por lo que podría tener una responsabilidad directa.

Si me están diciendo en el auto de procesamiento que circula por Internet que un general es el que toma la decisión, o que es un órgano colegiado, el alto mando, que hay unas reuniones, qué tiene que ver entonces con que en la radio se vertieran amenazas.

Sería una responsabilidad si un grupo de civiles o de gente que no está a las órdenes de estas personas hubiera entrado en la UCA y les hubiera cortado el cuello incitados por esto. Pero por otro lado se nos dice que no es que gente enfervorecida haya atacado, sino que se toma una decisión por parte de un o unos militares con un ánimo estratégico y no enfervorecidos y llevados por el odio. Es una contradicción.

Radio Cuscatlán era del Ejército.

Pero el Batallón Atlacatl no entra allí por lo que se dijo en la radio. Según parece es porque lo ordena otra persona.

No sé si usted conoce la expresión de Tandona para referirse a este grupo de militares…

Sí, es como la generación que le tocaba dirigir el ejército.

¿Apelará usted a la línea de mando, a que el coronel Montano seguía órdenes?

En el auto se dice que él participó en la reunión, pero en ningún lugar se dice que fue una decisión tomada de común acuerdo. Se dice que el general Ponce da la orden, pero no que ellos lo planificaron, sino que se participó en una reunión y ese hombre dio esa orden. Si esa orden la dio, según dice el auto de procesamiento, René Emilio Ponce, ¿por qué están encausando a Inocente Orlando Montano, qué participación tiene? No lo dice.

Lea el auto de prisión preventiva contra el coronel Inocente Montano.

En El Salvador interesa mucho saber quién le contrata a usted.

A mí me contratan los familiares. Soy un abogado con un despacho abierto y contactan conmigo. Yo llevo a todo tipo de clientes.

Familiares del coronel Montano.

Exactamente.

Usted ha tenido conocimiento de este caso desde hace cuatro o cinco años, según me ha dicho…

Porque también las otras familias, también estas personas me contratan en su momento y yo trato de tener acceso a la causa. De personarme no, porque si no estás a disposición de los tribunales no puedes estar personado, porque el tribunal los considera en rebeldía. He intentado el traslado (de la causa), también hacer una videoconferencia, aunque no fue posible porque el juez puso todo tipo de obstáculos.

Quiero decir que no pertenezco a ninguna organización de ultraderecha, para nada, soy un demócrata convencido, una persona convencida del Estado de Derecho. Por eso creo que esto se tiene que resolver con la ley, fuera de cuestiones políticas. La ley indica que esto está prescrito, que con un juicio ya bastaba y que España no es competente y desde ahí hay que defenderlo con la ley en la mano, no con ideas.

¿Le ha contactado la Fuerza Armada de El Salvador? ¿Le ha contactado el gobierno de El Salvador?

No, no. Ojalá (ríe). A mí estas cosas me pasan mucho, por la gente que defiendo. Pero es lo normal. Además, es que solo me puede contratar la persona que voy a defender. La abogacía es un tema de confianza, que este señor se juega mucho. Solamente su familia y él son los que me pueden contratar.

Hay también quien se juega mucho en El Salvador. No solamente el grupo de acusados, sino que también hay un capital político en juego, una persona como Cristiani, que ha sido presidente de la República y se juega su prestigio.

Yo le doy la vuelta a la tortilla con esto del prestigio y el poder. ¿No tendrán más prestigio y más poder allá los jesuitas? ¿No tendrán más poder, empezando por el Vaticano, que estos generales de un país centroamericano jubilados por los acuerdos de Chapultepec, que se han refugiado en la vida privada, que no pueden salir ni de El Salvador? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién contrata a estas acusaciones particulares, defendidas por estupendos compañeros y profesionales, pero quién les contrata, quién mueve todo eso, quién paga todo eso? Estos son señores particulares que son acusados y que tienen que defenderse.

Este caso está enmarcado dentro de la llamada Justicia Restaurativa. Me gustaría pedirle una reflexión por su parte sobre qué supone juzgar un caso como este en un país como España.

Primero, la justicia restaurativa no puede ir en detrimento de las personas acusadas, ese tiene que ser el límite. En los últimos años se ha dado una vuelta al derecho penal increíble. Antes se garantizaban unos derechos a los acusados de presunción de inocencia y seguridad jurídica y ahora se está yendo al otro extremo. Ahora a quien hay que proteger es a las víctimas y entonces se rompen principios como es el de la seguridad jurídica. Lo que antes se decía que estaba prescrito, ahora te dicen que no, que esto ya no vale para nada.

Hay que tener mucho cuidado con la justicia restaurativa. ¿Para quién queremos la justicia restaurativa, para El Salvador o para los jesuitas? Si es para El Salvador yo creo que sería más lógico que las heridas las terminaran de cicatrizar como las cicatrizamos aquí en España. Es decir, aquí en España hubo también una ley de amnistía, se perdonaron por ambos lados muchos crímenes, de un lado y del otro, como los que ha habido, estoy seguro, en El Salvador, de un lado y del otro, y pudimos avanzar hacia una democracia que ha sido un ejemplo en el mundo.

En el Salvador hicieron los Acuerdos de Chapultepec, se hizo una ley de amnistía para perdonar y reconciliarse y ahora resulta que eso se rompe, porque hay determinados intereses.

También sería restaurativo que se persiguieran los delitos de la guerrilla…

Por eso la Ley de Amnistía sobrevivió tantos años…

Claro, pero, por ejemplo, ¿qué hacemos en Colombia, perdonamos o no perdonamos? Ahí sí se van a perdonar los crímenes de ambas partes, pero aquí no. Ese es el problema, que cuando se pierde la seguridad jurídica al final entra la política por todos los lados y los perjudicados somos los ciudadanos.

No sé si sabe que la ley de Amnistía de El Salvador fue revocada y por ello, el teniente coronel Benavides volvió a la cárcel…

Lo sé, lo sé. Pero por eso precisamente. Había una ley de Amnistía y ahora resulta que se revoca. Lo intentan meter todo en el mismo saco. Y con respecto a lo que hay aquí en España, porque lo que se va a enjuiciar aquí afecta precisamente esa revocación de la amnistía salvadoreña, entonces sería bueno que alguien vaya al Tribunal Constitucional y pida la revocación de la ley de amnistía española.

Hay quien en El Salvador dice algo como que vienen lo españoles a enseñarnos a hacer lo que ellos no hacen…

Lo de Ellacuría marcó muchísimo. Yo me acuerdo que en España siempre nos dicen que éramos un modelo de reconciliación gracias al perdón de ambos bandos y que era un modelo internacional nuestra transición. Y ahora resulta que no, que perdonar, que hacer un nuevo país, eso no es… y sentar las bases de una seguridad jurídica. Si cuando se firma el Acuerdo de Paz de El Salvador dicen que dentro de diez años eso se va a revocar, quizá no se hubieran sentado.

También podemos alegar que esta gente estaba luchando contra una guerrilla comunista, financiada por Cuba, que quería implementar un sistema totalitario comunista, pero a mí me gustaría que esto se tratara desde un punto de vista estrictamente legal.