Los días 22 y 23 de marzo se ha celebrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, la audiencia pública por el Caso Beatriz y otros Vs. El Salvador, en la que Beatriz y su familia han demandado justicia y reparación porque en 2013 tuvo falta de acceso a una interrupción legal, temprana y oportuna de su embarazo, que era anencefálico y por tanto inviable; lo cual puso en riesgo su vida y afectó su integridad, salud y otros derechos.
Además, han solicitado que se adopten las medidas legislativas necesarias para establecer la posibilidad de la interrupción del embarazo en situaciones de inviabilidad o incompatibilidad del feto con la vida extrauterina y en casos de riesgo a la vida y a la salud e integridad física y mental de la persona gestante.
En 2013, el Comité Médico del Hospital de Maternidad recomendó la interrupción del embarazo por el riesgo de salud y vida de Beatriz. Por la legislación que penaliza absolutamente el aborto en El Salvador, el equipo médico manifestó que no podía realizar el procedimiento si no tenía seguridad jurídica, por lo que se solicitó autorización ante diversas instancias nacionales e internacionales. Finalmente, a inicios de junio de 2013, después de 81 días desde que se recomendó el procedimiento, se realizó la finalización del embarazo, muriendo la criatura a las cinco horas, como ya se había diagnosticado, a causa de su anencefalia.
Beatriz y su familia, al no haber encontrado justicia en su país, presentaron el 17 de septiembre de 2013 esta demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Cerca de 10 años después, finalmente Beatriz ha sido escuchada en la Corte IDH, a través de las voces, las acciones y la movilización de su familia, de las organizaciones que la han representado y apoyado en su demanda: el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), IPAS-LAC, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista. Todo ello con un número creciente de mujeres, organismos y medios de comunicación que en El Salvador y en muchos países han apoyado la demanda de #JusticiaParaBeatriz con marchas, plantones, videos, murales y actividad en redes sociales y realizando durante el desarrollo de la audiencia una vigilia durante 48 horas frente a la sede de la Corte IDH.
Por otra parte, el Estado, en especial el Gobierno, se ha sentido retado con esta demanda en la Corte IDH, rodeándose de alianzas que es importante analizar.
La defensa técnica jurídica no ha sido realizada por personal jurídico salvadoreño, sino que el Estado la ha puesto en manos de un equipo de abogadas colombianas, expertas en litigio internacional y con una agenda claramente opuesta a legislaciones que garanticen el derecho de las mujeres a decidir la interrupción de un embarazo en determinadas situaciones.
La delegación oficial que ha representado al Estado salvadoreño ha estado presidida por Conan Castro, el secretario jurídico de la Presidencia, una figura muy cercana al presidente Nayib Bukele, lo que puede ser una señal de la importancia política que han dado a esta demanda contra el Estado. Sin embargo, el señor Castro, a pesar de considerarse el “cerebro jurídico” de la Presidencia, no ha tenido ninguna intervención en los dos días de audiencia. También han conformado la delegación el doctor Carlos Gabriel Alvarenga, viceministro de Salud, que únicamente tuvo una breve intervención informando sobre la Ley Nacer con Cariño. El Ministerio de Relaciones Exteriores estaba representado por Gloria Evelyn Martínez Ramos, de la Dirección de Derechos Humanos, que tampoco tuvo ninguna intervención en la audiencia.
Pero el resto de la delegación ha estado conformada, mayoritariamente, por el equipo de abogadas colombianas, claramente contrarias a que se despenalice el aborto, en quienes el Estado ha delegado la defensa de sus intereses y que han sido quienes han realizado toda la defensa jurídica.
Por último, destaca y sorprende que en la delegación del Estado participen tres activistas, de México y Argentina, fundadores de una organización, recién creada, llamada Global Center for Human Rights, cuyas primeras acciones han sido ataques a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte IDH y una campaña contra la demanda de Beatriz y sus defensoras.
De los 19 testigos y peritos que presentó el Estado, solo tres son salvadoreños. Los demás pertenecen a redes globales muy conservadoras que se oponen al reconocimiento de los derechos de las mujeres y la población de la diversidad sexual y en especial de los derechos sexuales y reproductivos. Son personas con formación y vínculos académicos en universidades de Latinoamérica y España dependientes de la organización católica conservadora Opus Dei, así como con Ordo Juris, la organización ultraconservadora de Polonia.
Preocupa que el Estado parezca haber buscado el apoyo para defender su posición en articulaciones internacionales globales opuestas a los derechos de las mujeres para dirigir la defensa jurídica y que incluyan en su delegación a activistas internacionales altamente conservadores y opuestos al avance en el reconocimiento de derechos de las mujeres y las niñas.
En la audiencia, la representación de las víctimas, Beatriz y su familia, ha presentado como testigos a la mamá de Beatriz, que ha explicado con gran entereza, a pesar de la emoción que le causaba recordar los hechos, quién era su hija, su dedicación a su hijo y a sus hermanos, así como el sufrimiento que le produjo su enfermedad y la angustia que sufrió durante 81 días al conocer, de parte de sus médicos tratantes, que tenía un embarazo inviable por carecer el feto de la parte superior del cerebro y el cráneo, pero que estaba poniendo gravemente en riesgo su salud y su vida. Expresó cómo después de la muerte de Beatriz, por une neumonía hospitalaria, decidieron continuar con la demanda para reivindicar a Beatriz y el legado de su lucha, al atreverse a defender su derecho a la interrupción de un embarazo, tal como recomendaban sus médicos tratantes.
El otro testigo fue el doctor Ortiz, su médico tratante en sus dos embarazos, que explicó ampliamente y con claridad el riesgo a su salud y vida que enfrentaba Beatriz por el antecedente de su anterior embarazo, su enfermedad y la inviabilidad de la criatura en gestación. Destacó la importancia de la salud mental, por el sufrimiento que enfrento Beatriz con la innecesaria prolongación de la interrupción. También expresó cómo este caso le afectó profesionalmente, por la impotencia legal que tenia de poder enfrentar el riesgo que corría Beatriz, a pesar de disponer de la capacidad médica para hacerlo, e incluso cómo su postura firme de defensa del derecho de su paciente le generó estigmatización y amenazas.
El Estado presentó igualmente dos testigos. El doctor Barahona, que, aunque conoció a través de los expedientes médicos el caso de Beatriz, no tuvo contacto directo con ella ni con su familia. Defendió la tesis de que no era necesaria la interrupción del embarazo, hasta que Beatriz hubiera estado en riesgo de muerte inminente. Por su falta de implicación directa en el caso, fue impugnado como testigo por parte de la representación de Beatriz.
El otro testigo presentado por el Estado fue el estadounidense Paolo Carozza, que defendió la tesis de que el aborto es contrario al derecho a la vida, al considerar que el feto tiene el estatus de persona. Sin embargo, no ofreció alternativas claras a cómo resolver la posible colisión de derechos entre una mujer gestante y la criatura en gestación. Es decir, los casos reales que una mujer puede enfrentar ante algunos embarazos.
La violación de derechos de Beatriz y su familia quedó demostrada ampliamente y de forma bastante evidente. Así mismo se desarrolló un amplio debate sobre la necesidad de que la Corte IDH defina con claridad la necesidad de que el Estado salvadoreño adopte medidas legales y de política pública que garanticen que las mujeres puedan acceder de forma segura, temprana y oportuna ante situaciones que así lo recomienden y que el personal de salud tenga garantías jurídicas para poder actuar según su conocimiento y la evidencia médica.
La Corte IDH dictará sentencia en los próximos meses, pudiendo convertirse en una oportunidad para que el Gobierno dé cumplimiento a la sentencia y garantice los derechos fundamentales reconocidos por la Convención Americana, promoviendo el alineamiento de la legislación y políticas públicas de El Salvador con estándares internacionales, sacando a nuestro país del pequeño y triste club de los siete únicos países en el mundo que prohíben absolutamente el aborto.
*Alberto Romero de Urbiztondo forma parte de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
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