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Funcionarios OEA advierten a El Salvador por abusos del Ejército

El canciller salvadoreño Hugo Martínez respondió en nombre del estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde El Salvador escuchó reclamos de la sociedad civil por “represión ligada a la fuerza pública, asesinatos extrajudiciales, torturas y desapariciones”.

Washington. Varias organizaciones no gubernamentales pidieron a la CIDH que exija explicaciones al gobierno salvadoreño por lo que denominaron “represión ligada a la fuerza pública” y que responda a reportes sobre excesos cometidos por el Ejército y la Policía Nacional Civil en el combate a la delincuencia.

Al centro de los reclamos de las oenegés salvadoreñas estuvieron temas como el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y la falta de mecanismos eficientes, tanto penales como administrativos, para castigar los excesos de militares y agentes de la Policía.

Organizaciones como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron los reclamos el lunes 4 de abril de 2016 en el primer día de sesiones semestrales de la CIDH en Washington.

 

Uno de los casos mencionados por las oenegés son la masacre de San Blas, reportada por el periódico digital El Faro, en la que agentes de la Policía ejecutaron extrajudicialmente a ocho jóvenes de quienes dijeron eran pandilleros. La investigación periodística demuestra que al menos dos de los muertos no eran miembros activos de pandillas .

Otro caso tiene que ver con las desapariciones de tres jóvenes en el municipio de Armenia, en Sonsonate, a manos de un grupo de militares miembros de la brigada Hermes de la Fuerza Armada, desplegada en el territorio para acompañar a la PNC en tareas de seguridad pública.

El 18 de febrero de 2014, cinco soldados del Hermes, liderados por el sargento Santos Coreto, detuvieron a cinco hombres que vivían en una colonia de Armenia controlada por la pandilla Barrio 18, facción Sureños. Los militares llevaron a los detenidos por un camino vecinal con rumbo a otra colonia, esta controlada por la MS13. En El Salvador moverse de un territorio controlado por una pandilla a otro en el que domina la agrupación contraria suele ser una condena de muerte.

Tras unos minutos de caminata, los soldados soltaron a dos de los detenidos y se llevaron a los otros tres; a estos últimos nadie los ha vuelto a ver.

Tras escuchar los testimonios, los comisionados de la OEA que dirigían la sesión cuestionaron el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública y pidieron investigar los abusos.

“Debemos evitar que el plan El Salvador Seguro (respuesta gubernamental a la delincuencia) se convierta en algo más… y que la creación de estos batallones élite termine por demeritar el plan”, advirtió Enrique Gil Botero, miembro de la CIDH.

Paulo Vannuchi, otro de los comisionados, dijo: «Es importante que una democracia joven sea exitosa sin hacer concesiones», al referirse al uso de los ejércitos en tareas de seguridad interna.

Una respuesta inusual

El encargado de responder a los señalamientos por el Estado salvadoreño fue Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores, algo que no es usual en el protocolo informal de estas sesiones: casi siempre los jefes de delegación que responden ante la CIDH son responsables jurídicos de las instituciones cuestionadas.

Su presencia, dijo Martínez a los comisionados y a los representantes de la sociedad civil, era una muestra del “compromiso” del gobierno de Salvador Sánchez Cerén con los derechos humanos.

Tras aceptar que El Salvador vive una situación exacerbada de violencia, el canciller la atribuyó a “causas sistémicas y estructurales que han estado ahí por mucho tiempo” y agregó: “Nunca antes habíamos visto este nivel de barbaridad y crueldad… el crimen organizado utiliza el terror para desestabilizar a las autoridades”.

Martínez aceptó la posibilidad de que agentes de la fuerza pública hayan cometido excesos al ejecutar los planes anticrimen del gobierno. “Estamos conscientes de que hay enfrentamientos (entre policías y criminales) y de que es posible que haya habido algunos excesos (por parte de la Policía)”, dijo el funcionario, que enseguida enumeró los mecanismos de control interno que el gobierno alega ejecutar en la PNC y el Ejército.

Al final, el ministro pidió a los demandantes copia de un vídeo sobre abusos cometidos por la fuerza pública que habían presentado durante su turno de palabra. “No queremos especulaciones, sino hechos concretos para castigar a quienes tengan que ser castigados”, solicitó Martínez.

Hechos concretos, como lo denunciaron las oenegés, son las desapariciones de los jóvenes de Armenia a manos del sargento Coreto y sus subalternos, quienes estuvieron presos el año pasado mientras el sistema judicial procesaba los cargos en su contra. Al final, la jueza de sentencia de Sonsonate Gilda María Isabel Cabañas Hurtado exoneró a los soldados y, según familiares de una de las víctimas, celebró el fallo con los militares. El ejército no ha castigado a ninguno de los implicados. Los jóvenes siguen desaparecidos y, hasta hace muy poco, el padre de uno de ellos seguía buscando el cuerpo de su hijo en terrenos inhóspitos de El Salvador.

Foto destacada: Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, preside la delegación salvadoreña que acudió a las sesiones de la CIDH-OEA. Foto tomada del sitio oficial de Cancillería.

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#Violencia