Silencio. Esta semana, Factum reveló información inédita sobre la muerte del asesor de seguridad de Nayib Bukele, Alejandro Muyshondt. Y la reacción del gobierno, aunque ya no sorprende, es la misma que en otros casos de interés público: no dar explicaciones.
El gobierno salvadoreño ha manejado el caso Muyshondt como maneja todo lo que el guión de sus publicistas no puede controlar: con secretos, hermetismo y a oscuras.
El presidente Bukele; su ministro de Salud, Francisco Alabí; su fiscal, Rodolfo Delgado; el director de la Policía Nacional Civil, Arriaza Chicas, nos deben explicaciones. Los médicos y policías que intervinieron en la atención de Muyshondt, previo a su muerte, dijeron haber recibido “órdenes superiores”. Eso consta en el expediente médico.
¿Quiénes fueron esos superiores? La cadena de mando es clara: los directores de los hospitales responden al ministro y este al presidente. Es difícil creer que Bukele o parte de su gabinete puedan alegar ignorancia por lo sucedido.
Cuando fue detenido, en agosto de 2023, Bukele se extendió en detalles sobre su captura y la supuesta investigación contra Muyshondt. Bukele, que suele presumir su omnipresencia en el gobierno, debería dar explicaciones sobre la muerte de uno de sus funcionarios, que se consideraba su amigo, mientras estaba en custodia del Estado.
Muyshondt fue llevado a un hospital que no reunía las condiciones para atenderlo. Fue llevado al Saldaña, pese a que inicialmente fue remitido al Rosales. ¿Quién decidió ese giro? ¿Quién ordenó que lo identificaran con sus nombres menos conocidos? ¿Quién dio la orden de mantenerlo con grilletes? ¿Quiénes eran esos “superiores”?
El gobierno violó leyes y tratados internacionales sobre atención de pacientes y personas privadas de libertad y alguien debe responder por ello.
¿Quién ordenó que lo capturaran en un carro particular?¿Quién ordenó capturarlo cuando la única prueba conocida en su contra venía de usuarios anónimos?
El documental de Factum es una pieza que permite entender un poco más lo ocurrido. Pero aún hay preguntas. ¿Qué le ocurrió a Muyshondt entre agosto de 2023, cuando fue detenido, y finales de septiembre del mismo año cuando fue llevado al hospital Saldaña? ¿Qué ocurrió en esas semanas para que, una persona sana, llegara en condiciones tan deplorables a un hospital público?
La investigación de Factum documentó por primera vez que fondos públicos fueron usados para pagar un troll center. Porque esa era una de las operaciones de Muyshondt: vigilar y perseguir digitalmente a los opositores del Gobierno.
Sobre eso también nos debe explicaciones el presidente: ¿Por qué usa el poder para financiar una policía digital?
Todavía falta mucho por responder. El periodismo aún tiene muchas preguntas sobre el caso. Ahora sabemos que Muyshont también había investigado a funcionarios de la administración Bukele y a personas afines al gobierno, a las que acusó, incluso, de pertenecer al crimen organizado.
¿Qué más sabía Muyshondt? ¿Qué pruebas de corrupción resguardaba y hasta dónde llegaban? ¿Esto hizo que lo callaran?
Este caso es tan complejo y con tantas ramificaciones que ha movido el interés ciudadano. Si esto le pasó a Muyshondt, le puede pasar a cualquiera, han opinado cientos tras ver el documental de Factum.
El Salvador no puede tolerar el silencio como postura oficial ni el escarnio y los ataques como únicas respuestas a quienes se atreven a cuestionar.
El silencio ya no puede ser opción.
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