Drama invisible de los desplazados

Ermua es un municipio de la provincia de Vizcaya, a medio camino entre Bilbao y San Sebastián, las dos ciudades más importantes del País Vasco. Para los seguidores del fútbol, seguro que les dice mucho más Eibar, la ciudad vecina, con un equipo de fútbol en la primera división española.

Hasta allí, a 8,600 kilómetros de distancia en línea recta de San Salvador, llegaron a parar a quienes vamos a llamar Luis y su familia. Y no precisamente de vacaciones, como era mi caso. Llegaron hace dos años huyendo de las pandillas de El Salvador.

Este es, con seguridad, un caso más de esos desplazamientos forzados por culpa de la violencia que son invisibles para el Estado y para la sociedad en general. Muchas veces es el miedo lo que los hace quedar en la oscuridad. Huyen con lo puesto, sin decir nada a nadie y con un futuro incierto. A las instituciones del Estado, a la sociedad, a todos un poco, quizás, nos interesa cerrar los ojos ante esta realidad. Al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, para insistir en que no todo está tan mal. A la sociedad, para vivir en una burbuja de ingenua y reconfortante tranquilidad.

Como quiera que sea, ahí estaba yo frente a él y el peso de su historia. Una historia, desgraciadamente, más común de lo que parece y, posiblemente, más que lo que nos dicen las estadísticas. Y eso que las cifras, las que manejan los organismos internacionales como Naciones Unidas, y en concreto ACNUR, la agencia para los refugiados, nos ubican como uno de los países con más solicitudes de asilo en el mundo. Algo así como 119,000 compatriotas están a la espera de una respuesta para recibir asilo. Casi nada para un país como El Salvador.

En 2018, Cristosal, la institución que sigue más de cerca este fenómeno, registró en El Salvador 1,724 casos de movilidad interna. En 1,549 casos hubo desplazamiento, mientras que en 175 no se registró movilidad por diferentes razones. Al revisar los datos desagregados, resultó que casi la mitad de las personas afectadas eran menores de edad.

Luis tenía 16 años cuando un grupo de la Mara Salvatrucha del lugar donde él vivía lo detuvo en la calle, una tarde, luego de terminar un entreno de baloncesto. Cuatro pandilleros lo retuvieron, no recuerda cuánto tiempo, y lo amenazaron para que se metiera a la pandilla. Luis no andaba en esos pasos y no estaba dispuesto a seguirlos. No quería decepcionar a sus padres.

Una semana antes lo habían detenido dos militares sin identificarse. Conocían su nombre y dónde vivía. Lo registraron y el hecho no pasó a más. Pero para Luis fue suficiente para sembrar en él un miedo y una incertidumbre que iban a terminar dando un giro de 180 grados a su vida.

Salió con unos familiares a otra ciudad en el occidente, pero regresó a los pocos días. No era seguro para él. Al final, Luis optó por encerrarse en su casa, en su cuarto. Así pasó un día y otro, hasta seis meses en reclusión por voluntad propia. Optó por perder contacto con sus amigos, por dejar el instituto y el deporte que le apasionaba. En el encierro dentro de su casa, cuenta, llegó a decir incoherencias, a perder la noción del tiempo, a no tener vida.

Sus padres, mediante la ayuda de una iglesia, tocaron las puertas de la Embajada de España en El Salvador con el propósito de que salieran del país. En esos meses de encierro, como pudieron, ahorraron lo justo para viajar.

Aterrizaron en Madrid y con apoyo de la Cruz Roja Internacional consiguieron un lugar para vivir. Compartieron el apartamento con una joven africana y fueron vecinos de otro salvadoreño. Otro joven que huía por la misma razón.

No es habitual que España acepte refugiados, menos centroamericanos. De acuerdo con la Comisión Española para Ayuda a Refugiados (CEAR), en 2018 el gobierno español recibió más de 2,000 peticiones de asilo por parte de salvadoreños, pero ninguna fue admitida. En ese mismo año, de hecho, España solo aceptó un 24 por ciento de todas las solicitudes de refugio que recibió de ciudadanos de varios países.

Los primeros meses para Luis y su familia no fueron fáciles. Él se deprimió y tuvo que recibir tratamiento psicológico para recuperarse. Pero, a pesar de las dificultades, nada era comparable con el tormento de pasar encerrados temiendo por sus vidas.

En el País Vasco, Luis y su familia encontraron la tranquilidad que no tenían. Él aprendió a vivir sin miedo. Ahora ve el futuro con optimismo: quiere aprender euskera, el idioma que se habla en esa región del norte de España, y, también, estudiar un técnico en la universidad. Encontró un trabajo y aporta para el sustento de su familia. En un futuro, lo piensa, quiere obtener la ciudadanía española.

Luis no se olvida ni un día de El Salvador y se atreve a ofrecer recetas para mejorar lo que aquí está pasando. Cree que los jóvenes necesitan más acceso al estudio, más y mejores empleos. Culpa de los problemas actuales a la clase política. No le votó por razones obvias, pero tiene fe en el nuevo presidente y confía en que su país cambie. Aunque, hasta ahora, de lo que se conoce en materia de seguridad del nuevo gobierno, es similar a lo que se ha venido haciendo en los últimos años, en las últimas décadas, con resultados de sobra conocidos.

En El Salvador, los diputados de la Asamblea Legislativa siguen sin encontrar acuerdos para dictar leyes para atender a las víctimas de fenómenos como el desplazamiento forzado por la violencia.

Este mes se cumple un año desde que la Sala de lo Constitucional resolvió un amparo y dio seis meses de plazo al gobierno para que reconociera la existencia de este fenómeno, en la mayoría de los casos vinculado al accionar de las pandillas. En agosto del año pasado, Cristosal presentó a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de “Ley especial para la prevención y protección integral de victimas de violencia en condición de desplazamiento forzado”. Este anteproyecto se suma a dos propuestas más en la Asamblea, la diseñada por la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia y la del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. En mayo pasado, esta organización presentó una versión actualizada del anteproyecto de ley que incluye aspectos de todas las propuestas.

Mientras los diputados siguen en la inercia, el Estado salvadoreño no tiene mecanismos institucionales para atender a las personas que deben escapar de sus lugares de residencia por la violencia. Por el momento, Luis y su familia no dejan de anhelar volver a El Salvador, a este país que los ignoró, este mismo país que urge de una paz social aún lejana.