La cruzada de la sala y de organizaciones de abogados por una despartidización del sistema electoral salvadoreño ha derivado en pequeñas reformas que, para el magistrado del TSE Miguel Ángel Cardoza, solo son injertos en un sistema que sigue siendo partidario. Este magistrado cree que los salvadoreños deben discutir y acordar qué sistema electoral les conviene más y de allí hacer una reforma integral o perfeccionar lo que se tiene. Candidatos no partidarios y juntas receptoras de votos con ciudadanos no afiliados a grupos políticos solo son dos detalles de despartidización en una faz completamente partidista.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

El magistrado Miguel Ángel Cardoza ve una tendencia en Latinoamérica de separar a los partidos políticos de los tribunales electorales. La idea fundamental es que el votado no debe contar sus votos. No puede ser juez y parte. En El Salvador, el sistema electoral es partidario. Los tres partidos políticos mayoritarios están representados por magistrados en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Otros dos magistrados son propuestos por el poder judicial. Son estos dos jueces los que, en teoría, aportan el equilibrio en las decisiones electorales.

Cardoza es uno de los magistrados que representan al órgano judicial. Su otro compañero, Ulises Rivas, fue separado del cargo en febrero de 2017 porque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó que tenía vínculos con el partido FMLN.

Es jueves 18 de enero por la tarde. Cardoza nos recibe en su oficina, apartada de las de los otros magistrados, en las cercanías del tribunal en San Salvador. En una de las paredes, tiene pegado, en tamaño gigante, el calendario electoral. Para esta entrevista lo va a consultar varias veces. Le gustan los datos exactos.

A veces, dice, le es difícil ser un magistrado no partidario contra tres que sí representan intereses políticos. Las votaciones del organismo colegiado del tribunal son prueba de ello. A Cardoza ya le ha tocado ser el voto decisivo cuando hay un dos contra dos. Pero, también, lo dice entre risas, ya ha sido el uno contra cuatro.

 ¿Cómo se ha manejado el TSE hasta ahora sin uno de sus magistrados propietarios? ¿Qué tanto les ha afectado?

El caso del TSE es un caso bien especial. El tribunal tiene los nombramientos por la Asamblea Legislativa de acuerdo con las propuestas tal como lo establece la Constitución. Pero lo singular del tribunal es que los suplentes forman parte también del organismo colegiado. Son suplentes que tienen trabajo. Es decir, por el hecho de ser suplentes no solo trabajan cuando sustituyen, sino que tienen obligación por ley de estar en las sesiones, tienen derecho a voz, pero no a voto. Las sustituciones son uno a uno según los nombramientos. Es decir, yo tengo mi suplente y solo mi suplente me sustituye. No otro. Entonces, en el caso de la expulsión por una sentencia de la Sala de lo Constitucional por vía de una medida cautelar, que suspendió de su cargo al magistrado Ulises Rivas, pues su suplente inmediatamente asumió su posición. Desde la estructura jurídica, eso no ha tenido mayor incidencia en el trabajo, porque no hay un vacío. Claro, el problema es que la suplente no tiene suplente. Si ella falla, nos quedamos con cuatro. Si por alguna razón ella sale del país o pide permiso, nos quedamos con cuatro y el TSE tiene que funcionar así.

Ahora, por la cantidad de trabajo, el hecho de tener un magistrado menos sí tiene alguna incidencia. Lo otro, que es una valoración de carácter político que hay que hacer, es que la integración del tribunal, en el diseño que dejaron los firmantes de los Acuerdos de Paz, tiene presencia de los partidos políticos. Tres magistrados a propuesta de los partidos políticos y dos a propuesta de la Corte Suprema de Justicia, que, se entiende, vienen a equilibrar el trabajo de los partidos. Por allí es donde se puede dar una discusión de carácter político que ocurre ante la salida de un magistrado que, técnicamente, venía de la Corte Suprema de Justicia. De los dos magistrados que, se supone, no deberíamos tener una vinculación partidaria.

¿Y es legal cuando se toman decisiones solo con cuatro?

Sí. Nosotros tomamos dos tipos de decisiones: por mayoría simple y por mayoría calificada. Por mayoría simple son tres votos. Normalmente son para cosas administrativas, de funcionamiento. Y cuatro votos se necesitan, por ejemplo, para resolver recursos o para adquirir compromisos financieros o para aprobar algún instructivo o reglas específicas. En esos casos, cuando solo estamos cuatro, la votación debe ser unánime. Si es de tres, aún podemos quedar en un tres contra uno.

 En el caso del magistrado Rivas, ¿usted cree que es válida la conducta del presidente del TSE, Julio Olivo, de advertir de un posible fraude por esta decisión de la Sala de lo Constitucional?

Lo que ocurre es que a veces pasamos por alto, olvidamos que los funcionarios públicos, sobre todo los que ejercemos jurisdicción, estamos obligados a cumplir las leyes por encima de cualquier influencia partidaria. En mi carrera como juez entiendo eso y mi trabajo está por encima de cualquier aspecto ideológico. La Constitución me obliga a brindar equilibrio y equidad en la contienda. Esa sí es obligación de un juez electoral: garantizar condiciones de equidad en la contienda. Y ese ejercicio yo sí lo desarrollo en mi trabajo. En ese sentido, personalmente, yo le digo que no comparto esa opinión. Es más, yo tengo que cuidar en todo caso que los aspectos ideológicos no desequilibren las decisiones. El TSE es el árbitro y este debe garantizar equidad, que no predomine uno sobre otro. Yo entiendo el análisis que el presidente Olivo quiso hacer, que es más de carácter político sobre las decisiones de la Sala de lo Constitucional, que, bueno, él tendrá su opinión al respecto. Pero yo ese punto nunca lo he compartido.

El sistema electoral salvadoreño, con partidos políticos representados en la autoridad electoral, se basa en un principio de máxima desconfianza y la garantía de transparencia es que los mismos partidos no se dejan engañar entre ellos. ¿Qué le parece que ahora, por decisiones de la Sala de lo Constitucional, el sistema tiene signos de despartidización?

Esa es la pregunta de fondo que nos debe llevar a tomar decisiones de carácter político. El TSE, así como funciona todavía, es un tribunal conformado con un diseño que los firmantes de los Acuerdos de Paz entendieron que era el mejor para garantizar la prevención de los fraudes que veníamos sufriendo antes de los acuerdos. De hecho, en la nueva estructura se incluye el partido que fue señalado como el causante de los fraudes anteriores. Pero se sobrepone la tesis de que aquí entre todos nos vamos a vigilar y esa ha sido la garantía y el sistema ha funcionado durante veinticinco años. Se ha llegado a un nivel de cultura política democrática de los actores electorales que nadie se queja de las elecciones. Los problemas comienzan a partir de los cambios. Y no es que esté cuestionando si son buenos o malos. Lo que cuestiono yo es que estos cambios se han ido insertando en un esquema que desde la Constitución es partidista.

Entonces, se empiezan a meter figuras que no caben en el contexto. Se deberían llevar adelante nuevos acuerdos para transformar el sistema por completo. Por ejemplo, el caso de los candidatos no partidarios. Es que no se acomodan, por más que uno quiera hacer, por más que uno quiera favorecer ese esquema, no se acomodan a una estructura que es para trabajo de los partidos políticos, no para personas. Ese esquema nos debe obligar, posiblemente cuando salgamos de la elección de 2019, a hacer un debate más de fondo. ¿Qué le conviene al país? Mientras no hagamos cambios profundos… ya nos dimos cuenta, cuando trabajábamos el calendario electoral, hay plazos que ya no pegan, porque hay modificaciones que requieren de cambios en la misma legislación. Por ejemplo, las propuestas de miembros de las JRV, siempre dejaron los cuatro meses, pero en medio insertan el sorteo ciudadano a dos meses de las elecciones. ¿Hay que buscar a treinta mil personas en dos meses? No tiene lógica. Esas normas deben venir desde la Asamblea Legislativa. Pero cuando hay partidos que no comulgan con las transformaciones desde la sala, el camino se ha empedrado.

Entrevista al Magistrado del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Miguel Ángel Cardoza, previo a las elecciones de Alcaldes y Diputados del 2018, en San Salvador, El Salvador, el 18 de enero de 2018. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

¿Y para usted qué sistema es mejor, el de partidos o el de ciudadanos?

Yo lo que veo en toda América Latina es un proceso de despartidización de los tribunales electorales. Lo veo claramente. Es una tendencia: el juez debe ser uno imparcial, que actúe con independencia. Y ya en alguna sentencia la sala lo dijo con claridad: el que participa en la elección no puede ser el mismo que cuente sus votos.

No puede ser juez y parte…

Eso está clarísimo. Pero también uno entiende que mientras el esquema en el caso salvadoreño persista así, las elecciones se hacen con los partidos políticos. Al punto que la sala no pudo quitar que las propuestas de miembros para conformar mesas electorales provienen de los partidos políticos. Lo único que se dijo es que no estén afiliados. Con esas interpretaciones, entonces, el país debe sentarse a discutir qué es lo que le conviene. Probablemente sea el momento de dividir las funciones y que la administración de las elecciones quede siempre a los partidos, pero quien juzgue esas actuaciones sea un tribunal independiente, imparcial y, quizás, por allí debe orientarse la discusión. Sin tener una bolita de cristal, veo esta discusión después de la elección de 2019.

¿Lo más saludable entonces es cambiar por completo de sistema electoral y no estarle poniendo parches que ni siquiera son de la misma tela?

Es que ese ha sido el problema: meterle injertos de despartidización a este sistema de partidos, porque es evidente que el sistema es otro. Entonces se empiezan a meter figuritas allí que no casan mientras no haya una modificación. O se cambia el sistema, orientados a esa nueva figura, o se le dan retoques al actual. Mire el caso de Guatemala, que es singular. Ellos, cuando estructuran su nuevo sistema electoral después de sus acuerdos de paz, deciden sacar del tribunal a los partidos políticos porque han sido los responsables de los fraudes. Los sacan y meten a académicos, a miembros de la sociedad, a abogados. Ellos mantienen un tribunal independiente, pero tienen un sistema de partidos débil. El Salvador, por el contrario, tiene un sistema de partidos bien cimentado, pero, probablemente, la institucionalidad del tribunal se ve afectada por eso. Entonces aquí hay que buscar el equilibrio.

Hablemos de sistemas con ejemplos mínimos. Una JRV en sistema de partidos: los partidos grandes compran las credenciales de los miembros de partidos pequeños y desequilibran la mesa. Una JRV en sistema sin partidos: puede ser que en el sorteo termine habiendo una mayoría de miembros, o todos, que aunque no estén afiliados, sí sean simpatizantes del mismo partido. Aquí el problema ya no sería de desequilibrio, sino de una mesa completamente inclinada por ciudadanos simpatizantes de un mismo grupo político.

Reconozco esa situación. Sin embargo, por ahora, la garantía del equilibrio siempre la dan los partidos, porque los miembros de las JRV todavía son a propuesta de ellos. Si ellos hicieran el cien por ciento de propuestas, no hubiéramos tenido la necesidad del sorteo. El problema es que los partidos no tuvieron la capacidad de proponer a ese cien por ciento. Eso sí, en las capacitaciones hemos hecho hincapié para evitar esos problemas que usted menciona. Porque es una responsabilidad que asume el miembro de mesa. Responderá como cualquier funcionario. Es un árbitro y tiene responsabilidades. Que no crea que por hacer lo que dice un partido se va a salvar. Si lo acusan de fraude, lo pueden meter preso.

¿Cuáles fueron las razones más comunes por las que se rechazaron casi treinta mil propuestas de miembros de JRV que les hicieron los partidos políticos?

Nosotros establecimos algunos parámetros: no mayor de sesenta años, que fuesen personas que han estado votando en las últimas elecciones, que fuesen personas presentes en el país. Y que no fueran afiliados a los partidos políticos. Sobre esa base.

Ningún sistema electoral es infalible, pero siempre hay niveles de vulnerabilidad. Vistas las elecciones de Honduras en noviembre de 2017, ¿cómo está el sistema electoral salvadoreño en comparación con el hondureño?

Lo de Honduras es una situación que se viene planteando desde hace algunos años. Es esa misma escisión del Partido Liberal al partido Libre. Ahora es uno de los temas que viene transformando la política en Honduras. Pero además existe la incidencia de una decisión de la Sala Constitucional de Honduras de permitir que corra un candidato a reelección para la presidencia cuando hace unos años le dieron golpe de estado a otro por esa misma razón. Eso genera una incertidumbre en el ambiente electoral y político. Ese escenario es difícil. Ahora, otro tema es la integración de la autoridad electoral. Eso es fundamental. Porque si ellos adoptaron el sistema de partidos políticos, pues son aquellos que tienen mayor incidencia los que deberían estar representados como en el caso de El Salvador, que uno es propuesto por el FMLN y otro por Arena. En Honduras no ocurre eso, porque el Partido Liberal ya no es la segunda fuerza, sino que el partido Libre, pero el partido Libre solo tiene un magistrado suplente. Entonces, eso genera también incertidumbre. En El Salvador eso no se da. Es más, acá se puede decir que los partidos grandes casi que tienen el cincuenta-cincuenta en todo. Otra debilidad es que se detuvieron los resultados preliminares solo porque no se podían dar tendencias o porque se sabía que las ventajas iban a cambiar. Hay que dejar que los números fluyan como fluyan y hay que explicarle a la población. Eso fue muy negativo.

Eso pasó con las elecciones de 2009. La ventaja era para el candidato de Arena, pero San Miguel y Usulután le dieron vuelta a todo y ganó el FMLN.

Claro. Y un ciudadano común y corriente va a decir: ¿y qué pasó aquí? Yo recuerdo haber estado con el caso de Salvador Sánchez Cerén y pasó lo mismo. En la preliminar faltaba San Miguel y yo me dije que, bueno, San Miguel iba a cambiar la incidencia. Eso hay que explicárselo a la gente. Y para eso también están los expertos, los analistas. Pero no se pueden dejar de dar resultados. Que eso fue lo que nos pasó en 2015. La sensación de incertidumbre quedó y eso no puede ser. Entonces, son varios acontecimientos que influyeron en el caso de Honduras. ¿Qué de eso nos puede pasar a nosotros? Yo sí veo peligrosa la tendencia a señalar dudas sobre nuestro sistema. En algunos casos se hacen acopios de comentarios de un tuit y generan dudas. Eso es delicado, porque están corriendo a la población, que de por sí no está muy convencida, para que no vaya a votar. ¿Eso a quién le favorece? Porque hay quienes se favorecen de eso, que son los que promueven que su voto duro decida, ¿y quiénes se benefician de los votos duros? Los dos partidos grandes. Al final, lo que hacemos es favorecer el sistema de partidos, el partidismo. Yo, como magistrado electoral, le digo que estoy en contra de eso. Por el contrario, hemos tratado de ser lo más transparentes para que la gente sepa qué hacemos.

Ok, pero este sistema sí tiene vulnerabilidades. Le recuerdo que en 2015, cuando se hizo el recuento de votos para diputados en San Salvador, se descubrió que hubo decenas de papeletas con votos válidos que se ocultaron en las cajas de las papeletas sin utilizar. Es decir, ni siquiera se trató del mito de que en las cajas de votos nulos hay muchos que son válidos. No sucedió eso. Se ocultaron papeletas con votos válidos donde nadie nunca iba a revisar.

Sí. Primero, habría que investigar y profundizar. Pudo ser que después de haber sido contabilizadas las papeletas se empaquetaron mal. Pero fue contabilizado.

No se contabilizaron porque de hecho esos votos válidos fueron sumados al final.

Sí, también pudo ocurrir que a propósito se escondió y no se contabilizó. Un grupo de magistrados firmamos una propuesta a la Asamblea Legislativa para dos cosas: frente a esta duda de los votos nulos y ante la limitante que tenemos de que solo por votos impugnados, y que su suma sea incidente en el resultado pueden abrirse los paquetes, nosotros propusimos que la suma de votos impugnados y también nulos permitiera abrir la urna si fueran incidentes en el resultado, tanto en las circunscripciones municipales, departamentales y la nacional. Y también propusimos que en casos de actas con inconsistencias se nos permita abrir toda la urna para verificar y contrastar.

¿Y qué les han respondido los diputados?

Todavía está en discusión. Esta semana lo discutieron ya en la comisión de reformas electorales. Creo que sí va a haber un debate al respecto. Por razones del derecho a la verdad, que fue por lo que la Sala de lo Constitucional ordenó el recuento de votos en San Salvador en 2015, y porque ya el TSE en 2012 abrió las urnas de Zaragoza en la elección municipal, es preferible aclarar y no sumarle más dudas al sistema de elecciones que no deben existir. Recuerdo que hubo unas diecinueve actas que estaban en blanco en Zaragoza. Entonces se tenían que abrir esas urnas, porque había que garantizar el derecho de los ciudadanos que votaron.

Ni siquiera eran actas con inconsistencias, ¿estaban completamente en blanco?

Nada. No había datos allí. Así que para evitar esos problemas, que posiblemente vuelvan a estar presentes, mejor tengamos claro qué hacer y hagámoslo como corresponde, por una reforma de ley. Porque si no, vuelve a quedar a la interpretación del TSE o a la subsiguiente decisión de la Sala de lo Constitucional. ¿Para qué le vamos a decir a la sala que se meta en cosas electorales? Que no se meta. Eso le corresponde al TSE. Pero al no hacer nada, queda la puerta abierta para que cualquier persona presente un recurso de inconstitucionalidad. De hecho, el recurso que dio lugar al recuento de votos en 2015 fue de Douglas Avilés (del CD). Él lo pidió. Al final, no le resultó porque sus votos no le alcanzaron, pero al menos le quedó la tranquilidad de que se recontó. Entonces tenemos la oportunidad para solventar estas dudas y afrontar de mejor manera las vulnerabilidades.

Entrevista al Magistrado del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Miguel Ángel Cardoza, previo a las elecciones de Alcaldes y Diputados del 2018, en San Salvador, El Salvador, el 18 de enero de 2018. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

¿Qué nuevas dificultades le han añadido los partidos políticos y la sala al TSE para estas elecciones?

La suma del voto cruzado. Pero ya resolvimos y decidimos que el voto cruzado no se cuente en la JRV, sino que lo haga el sistema de manera centralizada. Entonces, esa conversión del voto fraccionado a decimales no se va a hacer en la mesa. Es imposible. Otra complicación es la despartidización de las JRV. Obligar a los partidos a elegir personas que no estén afiliadas para proponerlas sí ha tenido incidencia. El riesgo es que tengamos dificultades para poder montar una JRV el día de la elección. Estamos tomando todas las providencias, pero siempre va a existir el riesgo de que a la hora de las horas los miembros de las JRV no lleguen y no podamos integrar las mesas. Por eso estamos nombrando a diez personas para las JRV, cinco propietarios y cinco suplentes, para tratar de garantizar que al menos tengamos el mínimo de tres el día de la elección. También hemos creado un grupo de “elegibles” a propuesta de las Juntas Electorales Municipales por si hacen falta en las mesas. Y también estamos haciendo varios acuerdos de distribución en el centro de votación por si una mesa tiene siete o a los diez miembros, pero en otra mesa solo hay dos, ocupar a los otros para que integren mesas en donde haga falta y no dejar que se vayan los suplentes solo porque su mesa ya quedó completa.

Ok, ¿y entonces cómo se van a contar los votos?

En el escrutinio de diputados, se van a separar las papeletas utilizadas y las no utilizadas. De las utilizadas, los que son votos enteros se irán separando por partido. Los votos enteros son las marcas solo en la bandera o uno o varios de un mismo partido, o la marca solo para un no partidario. En el centro irán los votos cruzados y los votos cruzados de los no partidarios. Después de contar los votos enteros y pasen a votos cruzados, se usarán unos folios para describir, así dice la ley, describir, consignar el voto cruzado. ¿Cómo se consigna? Se describe la papeleta, por ejemplo, se escribe: esta papeleta tiene diez marcas, cinco son del Frente y cinco son de Arena. Esta otra tiene tres, una para PCN, otra para GANA y otra para PDC. Y así van, papeleta por papeleta. Esa consignación, cuando el sistema la lea, traducirá, por ejemplo, que si esta papeleta tiene diez marcas entonces se tratara de décimos, y esos décimos se sumarán a los votos enteros de cada partido. De tal suerte que en la transmisión de resultados preliminares usted en un primer momento solo va a ver votos enteros y más tarde podrá ver números con decimales, eso querrá decir que ya se están incluyendo los votos cruzados. Y después, en la misma consignación del voto cruzado, se empezará a ver la marca por cada rostro, y allí sí ya va más detallado: candidato tal, una marca, dos marcas, tres marcas. Es tedioso, sí. Creemos que las JRV lo sabrán hacer y para eso hemos estado haciendo las capacitaciones.

¿Usted cree que existe la educación cívica suficiente para entender que participar en una JRV no es un trabajo forzado, ni es hacerles un favor a los partidos políticos, sino que es un deber político que está en la Constitución? Ahora que hay una reorientación hacia una despartidización del sistema electoral, si las mismas personas que se han quejado por el sistema partidario son las mismas que no quieren participar, ¿no le parece contradictorio?

Ese es un gran problema, realmente. Estamos viviendo una transición en la cual muchos ciudadanos desconfían en los partidos políticos y esa desconfianza los ha llevado a separarse de ese esfuerzo cívico que son las elecciones, y eso es un contrasentido. Si yo no confío y crítico los partidos, ¿por qué no voy y sanciono a los partidos? ¿O por qué no voy y participo en una JRV y allí mismo me quito la duda de si hay movida o no hay movida? Es más, ¿por qué no voy y empiezo a posesionarme de las elecciones, como corresponde? Porque la democracia es el poder en manos del pueblo, entonces ejerzámosla, participemos en la JRV, votemos. Pero pasa que hay gente que no quiere participar. El salvadoreño en los últimos años se ha vuelto una persona cómoda. No muchos se comprometen. Parece que pesa más la comodidad que la democracia. Si la crítica por siempre ha sido que los partidos han tenido el control de las elecciones, entonces que los ciudadanos vayan y se posesionen. Yo no percibo que haya una educación cívica tan fuerte. Otros sí lo comprenden. Ahora, ¿sabe qué va a pasar si la despartidización del sistema electoral fracasa? Vamos a seguir con el control de los partidos políticos y los partidos nos van a decir: ya ven, teníamos razón. Sí falta educación cívica, pero debo entender también que es parte de un rechazo a los partidos. Y los partidos no se quieren responsabilizar y no quieren cambiar. Para ellos, su comodidad es que los votos duros decidan.

¿Y no cree que la programación del sorteo de ciudadanos para integrar las JRV debió hacerse con más antelación?

Es que, mire, yo creo también que las reglas están dadas para que eso no se hiciera realidad. Nosotros como TSE pedimos a los partidos políticos que este proceso se debía empezar a trabajar al menos dos años antes. Recuerdo que hasta un diputado me criticó la idea, que cómo era posible que los partidos nos propusieran a los miembros de JRV dos años antes. Hoy vemos la realidad. Después, les dijimos que al menos seis meses antes de la elección nos dieran sus propuestas. No. Cuatro meses antes nos dieron sus propuestas. Y por más que propusimos en el organismo colegiado que adelantáramos el sorteo ciudadano, se dijo que se debía respetar la propuesta de los partidos y a partir de allí los que hacían falta se iban a seleccionar. Entonces, estamos frente a otro injerto que no está en la estructura general de este sistema y hemos tenido que ir empujando todo esto que ni siquiera está en la ley, sino por vía de interpretaciones. La verdad, no sé por qué no quisieron hacer todo esto con tiempo, quizás porque no querían que gastáramos dinero o porque no querían que les institucionalizáramos a los de los partidos.

Un reclamo es que las sanciones son demasiado drásticas para quienes salieron sorteados y no justifiquen su ausencia. ¿Usted las considera drásticas?

Me parece que los ciudadanos que se han quejado, incluso uno que acudió a la Sala de lo Constitucional, creo que se equivocan. Se ataca una idea de que se les está haciendo trabajar a la fuerza y los trabajos forzados están prohibidos por la Constitución. Pero pasa que esto es un deber político que la misma sala reconoce y, además, es remunerado. Yo, reitero, hace dos años pedí que empezáramos a hacer todo esto. Hubiéramos concientizado a la gente sin tener que ocupar una mano dura electoral, que con eso no estoy de acuerdo. Pero ya en este tiempo a la Asamblea Legislativa no le quedó de otra que obligar al ciudadano a que llegue y advertir con todas estas sanciones.

¿Y quién está verificando las justificaciones de los ciudadanos que resultaron seleccionados en el sorteo y que no pueden participar?

Es una comisión y la integran los magistrados suplentes. Ellos se encargan de verificar las solicitudes de exoneración y de la redistribución.

Cuénteme del sistema de transmisión de datos. Eligieron a Smartmatic. ¿Ya no más cibercafés?

Ese fue el gran problema de 2015. Al evaluar, vimos que ese fue el problema, que no tuvimos la capacidad de coordinar un montón de empresitas. Entonces, ahora la apuesta fue contratar una sola empresa que se haga cargo de todo el proceso. Pero es importante decir que el proceso que vamos a realizar tiene a la base, como corazón, los escáneres coreanos que nos donaron. Son mil ochocientos escáneres, de los que se van a utilizar mil seiscientos sesenta y siete en centros de votación y ciento trece distribuidos en veintiún sedes logísticas por cualquier emergencia de transmisión. Por allí se transmitirán las actas que escribirán a mano las JRV y de las que van a tener copia todos los partidos políticos y el fiscal electoral. Imagínese que contradicción: esa acta escrita a mano es la principal retranca para dar el salto tecnológico, pero a la vez es la principal garantía de que todos los partidos políticos y el fiscal tienen los resultados y que cualquier duda posterior allí están esas copias para contrastar. Así que, por el número de escáneres, que es menor a los de todos los centros de votación, habrá islas de transmisión de datos. Esa transmisión se dirigirá a un servidor central del TSE.

De allí, de ese servidor central, habrá dos salidas: la que va utilizar Smartmatic con traducción de información, digitación anónima, lector óptico, totalización de resultados y divulgación. Y la otra será en un centro de transmisión de resultados, en donde vamos a correr el software de totalización coreano, que es parte del convenio de donación. Mi aspiración es que ese software corra al cien por ciento en niveles de estrés completo, para probarlo, y vamos a tener otro centro de transmisión más. A mí lo que más interesa es correr ese software coreano, porque si nos resulta, tenemos garantizados quién sabe cuántos años de aquí en adelante, especialmente la presidencial de 2019. Ya no vamos a tener que estar contratando empresas.

A nivel político, ¿no ha habido recelo en el TSE o algún llamado de partidos políticos por la historia de Smartmatic en los procesos electorales de Venezuela?

Llamados, personalmente, no he recibido ninguno. Sin embargo, conocemos la situación. Y no solo con esa empresa, con otras como Indra, incluso comentarios que se hicieron con los coreanos también. Conocimos todo eso. Nos metimos en el dilema: ¿les hacemos caso a todos los comentarios y no contratamos una empresa grande o volvemos a la experiencia del montón de empresitas de 2015? Al poner en la balanza, yo dije que es mejor contratar una sola empresa. Ahora, hay que auditar a la empresa, claro. Los partidos políticos pueden auditar a la empresa, que la Junta de Vigilancia Electoral audite, que nos ayuden a auditar los organismos internacionales también. Hay garantías en este proceso. En todo caso, se trata de una mera transmisión de resultados. Los datos verdaderos están en esas actas escritas a mano y cuyas copias las tienen todos los partidos y el fiscal. Fue así como aceptamos que sea Smartmatic la que se encargue de la transmisión.

¿Por cuánto fue el contrato?

Tres millones de dólares más IVA.

Recuerdo que antes se pagaban seis o siete millones.

Indra llegó a cobrar eso. Hoy ha salido barato. El sistema es más complicado, pero creemos que los sistemas informáticos también han avanzado mucho y se trata de una empresa que ya ha hecho esto muchas veces con un software ya probado. Partimos de allí, hicimos la oferta por tres millones y ellos concursaron.

Entrevista al Magistrado del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Miguel Ángel Cardoza, previo a las elecciones de Alcaldes y Diputados del 2018, en San Salvador, El Salvador, el 18 de enero de 2018. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

¿A prueba de hackers?

Sí, ellos tienen su previsión. Nosotros también tomamos nuestras providencias. Estamos listos para cualquier ataque de hackers. Sabemos que las transmisiones de resultados electorales, en todo el mundo, son muy atractivas para los traviesos. Pero también sabemos que hay ataques de hackers de empresas que les sirven para después vender sus antivirus. También tenemos cuidado con ellos. Y también estamos prevenidos de cualquier incidencia política de querer cambiar resultados. Adicionalmente, en esta ocasión el TSE, después del ataque que vimos contra nuestra página de consulta del sorteo para las JRV, hemos tomado la decisión, en serio, de cuidarnos más.

¿El TSE tuvo que ver con el anticipo de la deuda política que el Ministerio de Hacienda le entregó al FMLN? Ahora tengo entendido que todos los partidos recibieron dinero de la deuda política, pese a que la Sala de lo Constitucional condicionó el otorgamiento al cumplimiento de los partidos en publicar a todos sus financistas.

Cuando se notificó la resolución de la sala, nosotros vimos dos puntos: en cuanto al financiamiento, dijo la sala, la Asamblea debía legislar, y dijo además que las instituciones que tienen que ver con el financiamiento debían abstenerse de cualquier actividad para entregar el dinero. Y en la segunda parte dijo que el TSE debía analizar si los partidos cumplen con los parámetros para permitirles inscribir a sus candidatos. Eso el TSE lo leyó y lo asumió. Creamos los parámetros: presentación de balances, correspondencia entre los balances y los ingresos por donaciones, si cumplen con la separación de gastos con fondos públicos y privados y la presentación de un reglamento para reportar ingresos de donaciones provenientes de colectas, en las que no hay un donante identificado, y el pago de multas en caso de que hubiera partidos con infracciones. Con eso nosotros nos dábamos por satisfechos para inscribir candidatos. El ministro de Hacienda nos mandó una nota allá por octubre del año pasado y nos preguntó qué partidos habían cumplido. El TSE le respondió que entregar dinero a los partidos políticos pende de una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional, a la que hay que consultarle y, en cuanto a lo que le corresponde al tribunal, se verificó el cumplimiento de estos partidos y procedimos a inscribir a sus candidatos. Luego nos desayunamos que ya hay partidos políticos que retiraron su deuda política.

El TSE, cuando se trata de la deuda política, siempre pide formalmente el valor del voto al Banco Central de Reserva. No lo hicimos. Segundo, damos constancia de cuántos votos válidos tuvo cada partido en la elección anterior. No lo hicimos. Los partidos nos han estado pidiendo esas constancias. No las dimos. Sin embargo, por los comentarios que he escuchado, parece que los partidos presentaron las constancias de votos válidos que el TSE les otorgó en 2015. Con esas se han ido. El TSE no ha dado ninguna constancia ni en 2017 ni en este año. La sala ya nos pidió informe y ya se lo rendimos. Así que, por nuestra parte, hemos cumplido con la sentencia de la sala, como siempre las cumplimos, aunque Julio Olivo se enoje y no le parezca, siempre las cumplimos.

¿Haberles dado ese dinero a los partidos podría ser un delito de desobediencia judicial?

Los abogados sabemos que desobedecer un mandato judicial es un delito.

¿Cuántas misiones de observadores están anotadas ya para el 4 de marzo?

No tengo el número exacto, pero le puedo decir que ya firmamos un convenio con Fundaungo, en consorcio con la UCA y con la Universidad Don Bosco. Estamos por firmar esta semana el convenio de observación con la OEA y con la Unión Europea. Estamos por firmar otro convenio con el Instituto Republicano, que va a financiar dos observaciones, la de ISD y la de FUSADES. Hemos recibido ya solicitudes de observación de otras universidades y del Centro de Solidaridad. Seguramente vamos a recibir más.

¿Qué le parece que cientos de miles de duis vencidos desde 2010 ahora pueden ser usados para votar, gracias a una decisión de partidos de derecha en la Asamblea Legislativa?

Es un gasto. Es un tema para el que hay que sentarse a discutirlo sin pasiones políticas. Lamentablemente, a dos meses de la elección no es el momento propicio para ese debate. Debe ser en otro momento. Pero, en principio, si a mí como autoridad electoral me pregunta, pues creo que hay garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos. Sin embargo, hay que decir que incluso hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que dice que, por seguridad jurídica, hay que votar con dui. Y con dui vigente. Y es cierto, se ha venido prorrogando eso y a la larga se ha generado que tengamos un registro electoral inflado por este tipo de personas que ya dejaron de ejercer ese derecho. Esa discusión se puede tener antes de la presidencial de 2019, ver si es posible hacer ese descarte de duis vencidos con la garantía de un mecanismo de rehabilitación ágil. Digamos que alguien regresó al país días antes de la elección y no había renovado su dui en años y quiere votar, allí podemos aplicar esos mecanismos de rehabilitación. Por el momento, es un gasto altísimo que tenemos porque se habilitan urnas, papeletas, se contratan personas para mesas de votación, para electores que no van a llegar. Además de tener un padrón de votantes todavía más alejado de lo exacto.

El TSE va a tener que ser muy creativo para esta campaña de concientización del voto, precisamente en tiempos en que las encuestas reflejan una apatía mayoritaria hacia los partidos políticos. ¿Ya previeron cómo van a manejar esto?

Es un gran reto. Lo tendremos que discutir con la agencia de publicidad que contratamos. ¿Qué tipo de campaña nos sugieren para estos tiempos? ¿Cómo motivamos a la población para que llegue? En febrero nos vamos a las consultas ciudadanas en los municipios. De allí esperamos retroalimentación para ver qué estrategia elegimos. Es muy difícil porque todo esto también depende del nivel de credibilidad que los partidos políticos se han generado.