Guillermo Wellman, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), acepta que la población no tuvo tiempo para “digerir” las reformas para reducir a los diputados en la Asamblea Legislativa, cambiar la forma electoral y reducir los municipios en el país. El magistrado considera que no le corresponde al Tribunal decidir si las reformas beneficiarán a Nuevas Ideas.
Foto FACTUM/Gerson Nájera
Wellman repite que él y los otros cuatro magistrados son jueces electorales. Él mismo acepta que el TSE tiene el poder de “inaplicar las leyes en materia electoral” cuando sea antidemocrático. Sin embargo, dice que no lo harán, y que en todo caso la decisión final recae en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. “¿Puede este Tribunal, siendo un árbitro, siendo juez, ir en contra de la voluntad del pueblo?”, se pregunta nuevamente, como si ese argumento derribara cualquier regla.
Al señalar que a ese pueblo salvadoreño no se le consultó si estaba de acuerdo con las reformas, responde que los resultados electorales de las elecciones presidenciales de 2019 y las municipales y legislativas del 2021 son, para él, consultas públicas, como si las propuestas del presidente o de sus diputados fueran representativas de la población por un resultado electoral.
Pero la mayor preocupación del Tribunal ni siquiera han sido estas reformas, sino la elección de la empresa que llevará a cabo el voto de los salvadoreños en el exterior. Los magistrados incumplieron el plazo de selección porque, a excepción de Wellman y Noel Orellana, decidieron no seguir las recomendaciones del comité técnico en el primer proceso y optaron por el concurso público. Durante esta conversación con Revista Factum, el pasado 16 de junio, Wellman informó que ese mismo día conocerían un nuevo informe con recomendaciones. Espera que este atraso no provoque un caos en las elecciones aunque, menciona, “eso ya se escapa de mis manos”.
El magistrado Julio Olivo dijo en una entrevista reciente que el Tribunal Supremo Electoral recibió la noticia de la propuesta de reducción de municipios y diputados. ¿Fue este proyecto consultado con el Tribunal o les tomó por sorpresa?
La atribución de la Asamblea Legislativa es legislar. Esa es su principal atribución. Y esa es su labor. Nosotros, como Organismo Colegiado, tuvimos el informe cuando se presentó por parte de los que le corresponde la iniciativa de ley y presentaron esto a la Asamblea. No era necesario que nos lo presentaran a nosotros. Nosotros somos el Tribunal Supremo Electoral y estamos encargados de ejecutar las elecciones.
El tema de estas reformas no es nada nuevo. Esto viene desde 2004. En aquel entonces, se pensaba hacer la reforma. Históricamente, ya se había declarado inconstitucional la plancha nacional y se habían vuelto los 20 diputados de la plancha nacional de diputados que representaban a todo el país. Se declaró inconstitucional y se redujo el número de diputados. Pero después, en la Asamblea volvió a incluir a 20 como parte del 84. Se lo digo con conocimiento porque he estado 24 o 25 años en la Asamblea. Estuve seis años como diputado suplente y estuve como asesor de la Asamblea.
Entonces queda claro que no les presentaron esta propuesta con anterioridad y tampoco considera que un evento de esta magnitud debería de ser consultado con el Tribunal.
No, porque esa es la labor de la Asamblea Legislativa: legislar. Y también es la decisión del Órgano Ejecutivo. Después, nos presentan el proyecto de ley, lo estudiamos y brindamos opiniones. Hace ocho días fuimos nosotros (a la Comisión Política) y dimos opinión al respecto.
Ustedes han mencionado, de hecho, desde que se presentaron en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que estas reformas realmente no complican mucho el calendario o el plan electoral, ¿Pero no considera que estos cambios también podrían afectar de alguna manera a los partidos más pequeños y que también podría trastocar el sistema de representación de minorías que establece la Constitución de la República?
Mire, yo le voy a decir la verdad: Cuando fuimos a la Asamblea la primera pregunta que se nos hizo es si realmente estos cambios iban a trastocar el proceso electoral. Yo dije claramente: estos cambios que presentan van a crear mínima alteración del proceso electoral. Y es cierto, es mínimo lo que nos va a afectar. Por ejemplo, vamos al caso de los diputados. Los departamentos son los mismos, es decir, la circunscripción en una misma, los 14 departamentos, entonces, ¿En qué nos alteran? ¿Sabe la ventaja? Nos van a reducir la papeleta. Yo no le veo mayor cosa.
En cuanto a la representación, mire: pueden haber 60, pueden haber 84, puede haber 126 (diputados) y pueden decir que hay menos pluralismo. El pluralismo está desde cuando hoy hay intervención de 13 partidos políticos participando de la contienda electoral.
¿Que cambiaron el sistema de Hare a D’Hondt? Eso no solo ocurre aquí. Vamos la otra semana al evento electoral de observadores internacionales en Guatemala. Es el sistema D’Hondt, el que se ocupa. Siempre hay oportunidades para todos. Yo creo que estas son las fórmulas para elegir estas candidaturas, pero en el fondo todos tienen la oportunidad. Y este árbitro electoral, este Tribunal Supremo Electoral, va a brindar todas las medidas necesarias para que el proceso de elección sea transparente, expedito y justo.
Pero, ¿como tribunal no deberían de garantizar la equidad en igualdad de condiciones? Porque hay analistas que afirman que esta nueva fórmula podría afectar a los partidos pequeños en el sentido de que van a tener menos posibilidades de llegar a la Asamblea Legislativa al haber menos escaños y la misma lógica con la reducción de municipios, porque van a tener menos posibilidades de lograr puestos.
Yo voy a lo lógico. ¿Quién vota? ¿quién emite su voto? Es el pueblo. El que decide esto es el pueblo. No es una fórmula electoral, es cómo se vendan los partidos políticos, cómo le digan a la población lo que pretenden darle. Aquí ha habido dos partidos tradicionales que han conservado durante 30 años el poder. ¿Y qué pasa con los partidos chiquitos? Incluso, de forma inconstitucional participó un candidato no partidario. ¿Y qué pasó? ¿Qué trajeron de beneficio a la democracia? Pero yo solo eso digo, nada más, porque como árbitro electoral no me puedo expresar. Yo creo que no. Yo creo que la decisión la toma el pueblo.
Usted ha reiterado que el Tribunal Supremo Electoral es un árbitro electoral. También dijo en Radio Sonora hace poco que son jueces electorales. ¿Pero qué implican esos términos? ¿Ustedes (los magistrados) están obligados a cumplir todo lo que manda la Asamblea o tienen alguna facultad de bloquear algo que les parezca antidemocrático?
Hay control difuso y podemos inaplicar una ley.
Para que entienda nuestra audiencia, ¿podría explicar qué es el control difuso?
Significa que nosotros también podemos inaplicar las leyes en materia electoral. Pero, dígame una cosa, ¿puede este Tribunal, siendo un árbitro, siendo juez, ir en contra de la voluntad del pueblo? El árbitro electoral está sometido a una cosa, a presentarle a la población un proceso electoral eficiente, transparente. ¿Y qué pasa? Es el pueblo el que tomará las decisiones.
Usted ha mencionado que el pueblo decidirá y que hay que respetar su soberanía. ¿Pero cuándo hubo una consulta pública con el pueblo para decidir si estaban de acuerdo con esas reformas?
Bueno, el 2019 y el 2021 (durante las elecciones legislativas y municipales) son consultas públicas.
Pero no de estas políticas.
No se hicieron cabildos abiertos, no se mandó un referéndum. La Constitución no permite el referéndum, solo en un caso excepcional. Pero le digo una cosa: ¿Y qué dicen las elecciones del 2019 y 2021? ¿Qué es lo que quiere la población? ¿Sabe qué pasa? Que las ofertas electorales de los partidos políticos, como que se cayeron, como que se agotaron, como que el pueblo dijo miren, ya no nos están representando. Y entonces cambiaron su forma de pensar.
Usted ha visto, se acaban de hacer dos reformas, dos reformas trascendentales por el tema de la organización del Estado salvadoreño, ¿Y dónde está usted viendo las protestas por esa reforma? Yo le voy a decir, en lo personal -porque aquí hay que saber distinguir que yo a veces doy declaraciones de tipo personal y otras las voy a decir como árbitro electoral-, siempre creí, desde cuando estuvimos estudiando esto, que viene desde el 2004, que era lo mejor. Tal vez lo que sí fue… pues sí, no hubo tiempo de que la población lo dirigiera.
Fueron cuatro días de discusión (para la propuesta de reducción de municipios).
Pero, acuérdese, que dos meses antes de las elecciones, en 2012, le cambiaron al Tribunal el juego. Una sentencia de la Sala Constitucional cambió la forma de votación en este país y ahí se desató el canibalismo político, donde se comían unos con otros del mismo partido y eso generó una inestabilidad en los partidos políticos. Pero dos meses antes, si no me equivoco, lo más, que fue tres meses antes de las elecciones, nos metieron en un sistema complejo de votación, como el voto cruzado. Teníamos voto cruzado, voto preferente, voto fraccionado, voto entero, voto nulo y somos uno de los países con el sistema de votación más complejo en el mundo. Allí nadie protestó.
Guillermo Wellman, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, en entrevista con Factum el pasado 16 de junio. Foto FACTUM/Gerson Nájera
Y ahora se va a complejizar más con el voto electrónico, porque los salvadoreños van a votar en el exterior. Y esa es la siguiente pregunta que me gustaría hacerle. Aún no se elige esa empresa que lo va a ejecutar. ¿Cuál es el estado actual de ese proceso y por qué se ha incumplido el plazo que mandata la ley?
No se va a complejizar. Acabo de regresar del observadores internacionales de las acciones del Estado de México. Ahí se hizo votación electrónica, votación en prisión preventiva, con papeleta normal. Y le quiero decir una cosa: las primeras juntas receptoras (allá les llaman casillas) que cerraron fueron las del voto electrónico. Bueno, el voto de prisión preventiva se cerró a las 4:00 de la tarde y ya está el estado de levantamiento del voto, son los que permiten que voten quienes no están condenados. Y en el voto electrónico estaban ocupando una máquina 7.0 que es hecha por el INE (Instituto Nacional Electoral) y el voto es electrónico. Es tan práctico que la gente estaba fascinada. Los observadores dijeron ¿y cuál es el problema? Y yo me pregunto, si usted puede transferir dinero en línea, que es tan delicado, le pregunto a usted ¿Qué es lo complejo en transferir un voto en línea?
Nos subimos en la modernidad de los teléfonos celulares y de las computadoras y de los semáforos inteligentes, y ahora hasta de los robots en los restaurantes; Si usted va al Wendy’s o al Hospital El Salvador ya le sirve un robot. Y ahora creemos que el voto electrónico supuestamente es fraude.
No necesariamente.
No es cierto. Yo creo que hay que decirle la verdad a la población. Todo esto es el camino que llevamos, el futuro y la tecnología está avanzando en todas sus ramas. Venir a hablar del voto electrónico… Lo que pasa es que hay mucha gente que habla y no sabe, y el que habla y no sabe, sólo repite. Y entonces crean una atmósfera que no es sana. Este Tribunal ha dado muestras de que estamos con la mejor intención de sacar adelante los procesos electorales que se nos ha encargado.
¿Y con respecto a la empresa?
Ese es otro punto en el cual se está ahora llevando a cabo la contratación. Al principio se venció el plazo porque no se tomó la decisión de hacer la contratación de forma directa sin competencia y no se aceptaron las recomendaciones del grupo técnico que se habían hecho.
Yo, de hecho, no acompañé la nueva forma de contratación por el simple hecho que creía que se nos estaba retrasando el tiempo, y como fiel cumplidor de la ley. Y se venció el plazo. Ahorita se está desarrollando el proceso de contratación con competencia y está ahorita en los pasos que requiere la Ley de Compras.
¿Y por qué no se siguió lo que dice el informe técnico? Lo que dice ese informe es que, al parecer, el Consorcio es el que cumple con todos los requerimientos. En cambio, con respecto a Indra, hay unas observaciones que no se cumplen.
Esa es una respuesta que no se la puedo dar porque yo personalmente me dejé guiar por el informe técnico y en base a eso di mi voto. Pero acuérdese que como dije al inicio de esta plática, este es un organismo colegiado. No es uno el magistrado que toma las decisiones. Son cuatro magistrados.
¿Quienes más han estado a favor de ese informe técnico?
El magistrado (Noel) Orellana se sumó a la posición de que el informe técnico había que respetarlo. Hoy va a haber un informe técnico hecho por panel de evaluación de ofertas. Vamos a ver qué dice ese informe técnico. Pero todavía estamos verdes, porque el proceso con competencia tiene más pasos y creo que eso se va a venir terminando (para que lo conozcamos nosotros, nos guíen y nos den las recomendaciones), quizás entre el 26 y el 30 de junio.
¿No se ha generado una pugna entre usted y la Presidenta (del Tribunal, Dora Esmeralda Martínez)?
No, no, yo no tengo pugna con ninguno de los magistrados, mucho menos con la presidenta. Simplemente son criterios. No, aquí pueden haber desavenencias entre nosotros y todo lo que usted quiera, pero pugna, no. Estamos haciendo un trabajo.
En el 2021 tuvimos ese problema. La gente no quería, los partidos políticos no querían el acto digital. Cuatro días antes se nos obligaba a que nosotros volviéramos al acta manual. Todos, todos, todos los partidos políticos, todo el pensamiento político: no el acta digital. Ustedes se dieron cuenta que, en menos de 24 horas, el 84% de las actas estaban escrutadas y escaneadas. ¿Y sabe una cosa? Y no lo digo yo, no lo dice Guillermo Wellman. Lo dice el informe de la OEA (la Organización de los Estados Americanos), la Unión Europea. Lo dice el Barómetro de las Américas. Señores, ha llegado el momento de poner las cosas claras. Llegó el momento de modernizarnos. En Francia, el 99.9% -claro, Francia no es comparable con El Salvador-, de los ciudadanos votan remotamente y no hay ningún problema. Y así hay una cantidad de países que lo ocupan. Los estonios son un ejemplo en la cuestión del voto electrónico. Bueno, Estonia es un ejemplo en materia de gobierno digital, todas las instituciones están digitalizadas, todo el mapa hacia eso, el mundo.
¿Cómo podemos tener confianza en el informe técnico (presentado anteriormente) y asegurar que el consorcio, que aparece ahí, que no tiene observaciones, es una buena opción?
Yo entiendo que todo eso es todo. Ese procedimiento lo manejan ellos. Nosotros como magistrado no lo manejamos ahorita. Por ejemplo, las ofertas yo no las conozco ni sé cuánto nos están ofertando. El costo no lo conozco como magistrado. Llegará un momento en el que nos digan “estas son las ofertas”, pero eso en el momento adecuado.
Todavía el proceso de contratación no ha terminado. Yo tengo un asesor en informática que me dice si esto está bien o está mal. Mi asesor en informática es una persona muy conocedora de lo que está haciendo y no tiene acceso a ese panel de evaluadores. Él va a conocer, yo me reúno con él y le digo bueno, cuáles son los pros y los contras. Con base a eso yo me preparo y doy mi voto. Simple.
Solo para aclarar. ¿El atraso en el incumplimiento de los plazos no va a afectar en nada en las elecciones?, ¿no puede ocurrir un caos como ocurrió en el 2018?
Yo espero que no. En realidad, no conozco todavía todo el proceso porque lo está haciendo un panel de evaluadores. Yo no le podría decir si va a afectar o no aunque, qué feliz hubiera sido que el 3 de junio nosotros hubiéramos tenido ya todo, como dice la ley. El artículo 14 (de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero) dice que el ocho meses antes el Tribunal de tener la empresa contratada y además el sistema y la forma que se va a utilizar, pero eso no lo tenemos ahorita.
Puede darse, puede (ocurrir un caos), pero eso ya se escapa de mis manos.
Usted también decía que la población debe tener confianza en el voto electrónico, pero para eso también es crucial contratar a una empresa auditora que pueda garantizar esa confianza. ¿Hay avances también en ese proceso?
En el proceso de contratación de la auditoría, sí estamos avanzando. Ya tenemos la manifestación de interés y las especificaciones técnicas y el próximo lunes (19 de junio) a más tardar vamos a tener los términos de referencia. La auditoría no sólo es al sistema. La auditoría es al registro electoral y al sistema y hasta al escrutinio final. La auditoría es total. Y también va a haber auditoría del voto nacional, como lo hubo en las elecciones del 2021.
He oído a analistas que dicen “no tenemos confianza en el Tribunal”, pero creo que vamos a salir adelante. Esa es mi voluntad como magistrado, que debemos de hacer todo el esfuerzo para salir adelante el 31 de julio del 2024 con la cabeza en alto.
Hemos dejado un legado, aunque sea pequeño. Tenemos un lugar más decente donde trabajar y hemos hecho la elección del 2021, un éxito catalogada en América Latina como una buena elección.
Otro tema también muy importante. La Asamblea aprobó una reforma que castiga con cárcel a quien bloquee una candidatura. ¿Asumen esto como una amenaza o una coacción para inscribir al presidente de la República como candidato?
Hay un dicho que dice, el que nada debe nada teme. Esos son delitos electorales. Lo ha hecho en la Asamblea Legislativa, los ha tomado. Nosotros no estamos construyendo nada. Al menos como magistrado yo tengo que aceptar lo que dice la ley y lo que dice en la Sala de lo Constitucional. Y ahí yo no voy a entrar en ninguna polémica con nadie, porque yo simplemente me rijo por la ley y por las cosas que son correctas, que alguien ideológicamente diga esto no es correcto…. Yo les pregunto una cosa: ¿cuántas violaciones constitucionales se han dado en este país y nadie ha dicho nada? No estoy diciendo que hay violaciones constitucionales. Ahorita estoy diciendo que el Estado de derecho está funcionando como viene funcionando desde hace mucho tiempo. No veo el caso. Van a decir: Está ciego, sordo y mudo. Señores, si queremos cambiar este país, si queremos cambiar el mundo, hagámoslo con la sinceridad de no tener intereses personales y démosle al pueblo lo que el pueblo quiere.
Siempre hablando con respecto a la ley. Hay un antecedente: La Resolución 163 de 2013, que estableció que se tenía que esperar diez años para optar a una candidatura presidencial, y hablando siempre con respecto al control difuso que usted mencionaba, ¿El Tribunal Supremo Electoral no deberían negarse a inscribir la candidatura de Nayib Bukele?
El Tribunal es una cosa, este magistrado, otra. Yo respeto la sentencia de la Sala de lo Constitucional y le voy a decir algo más: Cualquier cosa que quiera inaplicar el Tribunal (que todos los abogados vean la Ley de Procedimientos Constitucionales) tiene que ir nuevamente a la Sala de lo Constitucional para que diga si hemos hecho bien o no la aplicación o inaplicación. Entonces, no somos la última palabra. Siempre va a ser la Sala de lo Constitucional la que al final va a definir. Y entonces ¿qué estamos haciendo? Ahorita estamos atrasados en un proceso ya difícil por lo complejo de la elección, porque son elecciones generales, porque vamos con el voto electrónico en el exterior, entonces, ¿vamos a estar poniéndonos en polémica? ¿Sabe lo que deben de ser los partidos políticos? Es ponerse a trabajar y ponerse a decirle al pueblo que realmente quiere trabajar por el pueblo. Y si el pueblo les cree, pues les va a dar el voto.
Entonces, a pesar de lo que dice el artículo 40 del Código Electoral, que el Tribunal Supremo tiene plena autonomía administrativa, jurisdiccional y financiera, ¿aún así?
Está la Ley de Procedimientos Constitucionales: cualquier inaplicación de algún juez, sea electoral o no, todo va a ir, de nuevo, a la Sala de lo Constitucional y es la Sala la que se va a definir.
Aunque el proceso por el cual fue impuesta esa Sala es muy cuestionado.
Yo les puedo decir lo mismo de otras Salas, pero no voy a entrar en eso. Yo no sé cómo hay abogados que dicen que la Sala fue cuestionado su nombramiento y están presentando hábeas corpus e inconstitucionalidades, pero no le dicen nada a la Sala, se lo dicen al Tribunal Supremo Electoral. Si la Sala no está bien nombrada, ¿para qué presentan inconstitucionalidades? ¿No le parece que es una incongruencia? Yo no quiero parecer polémico ni estoy dando esta entrevista para serlo. Yo sólo estoy cumpliendo con la ley y con la sentencia de la Sala.
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