La Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República no han sido indiferentes a los llamados de los gremios empresariales salvadoreños de permitir, siempre bajo una cuarentena domiciliaria, el regreso gradual a las labores desde el 14 de abril. Las áreas de micro, pequeña y mediana empresa han advertido un descalabro económico y un aumento del desempleo de continuar los cierres generales.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
El regreso escalado a las labores en El Salvador es una posibilidad que podría concretarse desde el próximo 14 de abril, si la Asamblea Legislativa extiende la emergencia nacional decretada el 14 de marzo pasado con las reformas que permitan, de forma gradual, la reanudación del comercio. La reapertura económica devolvería un respiro reclamado por las micro, pequeñas y medianas empresas en el país, que fueron obligadas por la emergencia actual, en ciertos casos, a cerrar temporalmente y a continuar remunerando a sus empleados.
La Cámara de Comercio de El Salvador advirtió desde finales de marzo pasado que ese mes sería el único en el que los sectores empresariales más pequeños podían mantenerse reconociendo salarios con sus puertas cerradas y sin actividad, excepto casos especiales en los que el rubro les permite el teletrabajo. Los avisos han llegado a Casa Presidencial y a la Asamblea Legislativa, en las vísperas de que los diputados decidan si emiten prórrogas a sus decretos de emergencia y de restricción de derechos.
La propuesta que ha hecho la cámara al Estado salvadoreño es que cada industria pueda establecer sus protocolos de seguridad y prevención de contagios del coronavirus COVID-19 y que se regrese a “trabajar sin enfermarnos”, según el director de la Cámara de Comercio de El Salvador, Jorge Hasbún. El empresario dijo que la propuesta también incluye que, después de que los protocolos de cada industria sean aprobados por el gobierno, también se prepare un calendario oficial para que las empresas, según su rubro, reabran de forma gradual.
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Presidente de la Cámara de Comercio, @camarasal, @pdtecamarasal, Jorge Hasbún, señala que es necesaria una calendarización para la reactivación del comercio.
Más detalles con @KockyTrillos, 12:30 p.m. pic.twitter.com/l3GozmyJrM— Teleprensa (@Teleprensa33) April 8, 2020
Hasbún dijo el miércoles 8 de abril pasado que todo el gremio empresarial está a favor de las medidas de prevención que se han aprobado desde la Asamblea Legislativa y que se han ejecutado desde el gobierno. Pero recordó que la economía no puede descuidarse. “El 99 por ciento de nuestros agremiados –y nosotros como gremial– hemos apoyado las medidas sanitarias que ha tomado el gobierno. La salud física es importante, pero si no cuidamos bien la salud económica eso viene a repercutir después en la salud física, con hambre, con pobreza”, dijo el empresario.
De hecho, adelantó Hasbún, ya se tuvieron acercamientos con el gobierno de Bukele para negociar una solución que procure la reapertura de comercios con todas las medidas posibles de prevención de los contagios del virus.
Desde la Presidencia hubo sintonía con la posición de Hasbún. El presidente Bukele incluso escribió en sus mensajes de redes sociales su apertura con el llamado de la empresa privada: “Piden que busquemos medidas para proteger nuestra economía también. El gobierno está 100 % dispuesto, siempre y cuando la salud no esté sobre la mesa”. La gremial anunció también reuniones con representantes del gobierno y, en especial, del Ministerio de Trabajo.
La publicación de Revista Factum “La crisis económica del Covid-19 enfermará al pequeño comercio” reflejó que la supervivencia de la economía de micro y pequeñas empresas, incluidas las informales, penden de un hilo por la emergencia provocada por el virus. Las extensiones de medidas sanitarias que signifiquen mantener inactivas a las empresas van a desembocar, en efecto cascada, en el incremento de negocios que dejarán de existir y en una cifra más abultada de desempleo.
Si bien el gobierno ofreció medidas paliativas, no son generales y fueron enfocadas con exclusividad, según el discurso oficial, a los salvadoreños con mayores necesidades, pese a las denuncias de respaldos económicos como el subsidio de los 300 dólares a personas que siguen percibiendo salario o que se encuentran residiendo fuera de El Salvador.
Los negocios micro y pequeños, denunciaron, no tuvieron soluciones ofrecidas por el gobierno, más que las instrucciones de acatar los cierres parciales o completos.
A la Asamblea Legislativa también llegó el eco de los empresarios. El grupo parlamentario de Arena discutirá la situación de la economía para adecuar en un probable nuevo decreto de emergencia nacional una reapertura escalonada del comercio en el país, aseguró a Factum el primer vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano.
El diputado arenero consideró, en sintonía con las empresas, que la reactivación comercial puede ser posible con medidas responsables de los patronos para proteger a sus empleados de contagios. “Contrario a cómo lo ve el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud, que dicen que es posible llevar medidas sanitarias a la par de la recuperación económica, no hemos escuchado en las cadenas nacionales del presidente ni una tan sola palabra en materia de recuperación económica”, reclamó el diputado.
Quijano aseguró que la inactividad comercial prolongada puede llevar a El Salvador a caer, al menos, cuatro puntos en crecimiento económico. Ello equivaldría, según el diputado a una recesión que desembocaría en desempleo y aumento de la pobreza. “Lejos de ver cómo se reanima el tejido productivo, veo un discurso contrario cuando se pretende que los empleadores asuman costos. El problema es que la gran mayoría no son grandes empresarios y no van a poder subsistir”, dijo.
La Asamblea Legislativa, al menos hasta el jueves 9 de abril, todavía no había recibido la petición para extender la emergencia nacional ni tampoco la restricción de derechos constitucionales. Además de la solicitud, los diputados directivos que consultó Factum recordaron que también el gobierno debe rendir un informe detallado de cómo ejecutó la emergencia en el último mes y la restricción de derechos en los últimos quince días.
El uso que ha dado el gobierno de Nayib Bukele a la restricción de derechos constitucionales ya despertó alarmas en grupos parlamentarios que no coinciden con los excesos de autoridades como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, que no están estipulados en ninguno de los decretos; incluso la “orden” presidencial para los policías y militares de “doblar muñecas” (usar la violencia) contra ciudadanos que, a criterio de esas instituciones, no estén acatando la cuarentena domiciliaria.
Decenas de salvadoreños hacen fila para cobrar el bono de emergencia prometido por el gobierno, en Soyapango, el 8 de abril de 2020. Entre las directrices del ejecutivo para el cumplimiento de la cuarentena domiciliaria se exige que nadie debe estar en la calle, si no tiene un permiso de movilidad. Foto FACTUM/ Salvador MELÉNDEZ.
Un lío jurídico sobre la Constitución
La emergencia nacional y la restricción de derechos constitucionales, aprobadas por la Asamblea Legislativa, son fundamentales para las cuarentenas domiciliarias obligatorias que decretó el gobierno de Nayib Bukele el 21 y el 30 de marzo pasados. Pese a que el último decreto ejecutivo número 14 del ramo de Salud indica que la cuarentena se basa en artículos sobre epidemias establecidos en el Código de Salud y no en la restricción de derechos, la única vía constitucional para suprimir derechos temporalmente es a través de decretos legislativos que acudan al artículo 29 de la Constitución. No hay, según diez diputados de los distintos grupos parlamentarios en el congreso, ninguna forma de que un decreto ejecutivo, por sí solo, basado en una ley secundaria, suspenda o restrinja derechos que son dados a los ciudadanos por la Constitución.
Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, dijo a Factum que el presidente Bukele, en cuanto a la restricción de derechos constitucionales, no tiene otras facultades más que las que le da el decreto legislativo de restricción de esos derechos. Ponce lamentó que Bukele tenga malas asesorías jurídicas que “le hacen creer” que puede dar órdenes de ejercer violencia y violar derechos humanos de la ciudadanía cuando no es lo establecido por la Asamblea Legislativa, o que incluso podía convocar a sesión plenaria de la Asamblea el 9 de febrero de 2020, el día que el presidente se tomó el Salón Azul con militares y policías armados.
“Esos asesores siguen cometiendo errores. Si ellos siguen diciendo que no necesitan del decreto de restricción de derechos para la cuarentena, entonces no hay razón de que pidan una prórroga. Pero, eso sí, el 14 de abril ya no habrá restricción de derechos. Ellos están tomando decisiones por encima de la Constitución”
—Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa
El asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, exjurídico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dijo en una conferencia de prensa el 8 de abril pasado que “ya tienen listos” los proyectos de decreto para que se extiendan los dos decretos legislativos y que la Asamblea los apruebe.
La Asamblea Legislativa aprobó el 29 de marzo un nuevo decreto de restricción de derechos, debido a que el aprobado el 14 de marzo anterior había sido sobrepasado por el gobierno de Bukele, cuando hizo detenciones de personas y las envió a sedes policiales por, supuestamente, violar la cuarentena. La Sala de lo Constitucional resolvió ante una petición ciudadana que el gobierno no podía sobrepasar sus límites y ordenó la liberación de los detenidos.
Los diputados, entonces, aprobaron un nuevo decreto legislativo en el que incluyeron la resolución de la Sala de lo Constitucional, para garantizar que no haya exceso de poder de parte del gobierno de Bukele. Sin embargo, en los últimos días el presidente ordenó a la policía y al ejército que, nuevamente, detengan personas que a juicio de las autoridades estén incumpliendo la cuarentena.
El Gobierno enviará a la @AsambleaSV el decreto para ampliar la vigencia de la suspensión temporal de los derechos a la circulación, a la reunión libre y al cambio de domicilio, para poder continuar con las medidas implementadas durante la #AlertaCOVID19SV, asegura @gomez_argueta pic.twitter.com/09KSPOwEwf
— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) April 8, 2020
Ponce reiteró lo dicho por Quijano acerca de que será el gobierno el que deberá pedir una extensión de la emergencia nacional y la restricción de derechos, con un informe detallado de por medio, para que los diputados evalúen cómo el gobierno ha manejado la situación de la pandemia en el país.
“Yo veo un escenario en dos vías: son dos decretos los que se vencen, el de emergencia nacional y el de restricción de derechos constitucionales. Y veo mucho más factible extender la emergencia nacional porque permite mantener todas estas disposiciones amparadas en el Código de Salud. Yo veo más difícil lo otro”
—Norman Quijano, primer vicepresidente de la Asamblea Legislativa
El jueves 9 de abril, el Instituto de Derechos Humanos del Colegio Internacional de Abogados publicó una carta abierta para el presidente Bukele en la que invitó al mandatario salvadoreño a acatar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y a dejar en libertad a las personas que policías y militares han detenido por una supuesta infracción a la cuarentena domiciliaria.
También el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) anunció que pedirá información a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud acerca de si sus protocolos sanitarios para prevenir y contener el COVID-19 incluyen la violación de derechos humanos.
El martes 14 de abril, la cuarentena extendida por Bukele hasta el 28 de abril puede que tenga reformas que permitan de forma gradual a las empresas volver a su actividad comercial, con el aval de la Asamblea Legislativa.
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