Los 2 mil millones de dólares en deuda externa que la Asamblea Legislativa le autorizó al gobierno el jueves 26 de marzo serán un alivio que más adelante tendrá sus costos. La plena recuperación económica tras la emergencia de salud aún es incierta. El Salvador necesitará más dinero en el futuro para sostener sus presupuestos anuales y, con una economía decreciente y una deuda pública abultada, la calificación para las inversiones va a reducirse, según economistas consultados. La micro y la pequeña empresa recibirán el golpe más fuerte.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Mary dirige la única pupusería de esta colonia tecleña que hace pupusas en comal. Sus pupusas tienen la fama de estar entre las mejores de Santa Tecla. Pero la fama tiene su precio: entre 80 centavos de dólar y 1.25 cuestan las pupusas de Mary, aunque el sabor lo compensa, y el buen trato a los clientes también. Esa casa de esquina de la 12 avenida donde pasaba lleno de jueves a domingo hasta hace unas semanas ahora tiene su portón negro metálico a medio abrir. Hay un rótulo blanco donde Mary ha escrito “Solo para llevar”. Es el aviso de que sigue habiendo pupusas en La Fogata, aunque no haya a quien vender.
A Mary ya casi no la están visitando los clientes de la colonia para comprarle pupusas. Ni siquiera para llevar.
“Hoy que es viernes casi no ha venido nadie”, me dice, con lamento. Mary tuvo que decirle a la empleada que le ayudaba a servir a los clientes en las mesas de su pupusería que no podía sostener el negocio sin gente a quien vender. Las medidas de emergencia que dictó el gobierno para prevenir la propagación del coronavirus Covid-19, como la cuarentena domiciliaria obligatoria, tienen el rostro positivo en la reducción de probabilidades de contagio de la enfermedad, pero la otra cara de la moneda no pinta bien. Los negocios micro y pequeños, como la pupusería de Mary, corren peligro de extinguirse por la emergencia de salud que arrastra como cola una crisis económica que empieza a asomar.
Las medidas estrictas de prevención han traído anuncios de alivio económico para las personas y las empresas que resulten afectadas por la emergencia. Exención por tres meses de pagos de la energía eléctrica, agua, telefonía, televisión por cable, internet y hasta un congelamiento temporal para pagar las cuotas de los créditos son medidas paliativas para que la reducción de ingresos y ganancias no golpee con fuerza a los negocios pequeños y micros, como el de Mary.
El gobierno del presidente Nayib Bukele requirió que, a la par de estas medidas, la Asamblea Legislativa le autorizara negociar una nueva deuda para afrontar con inmediatez la emergencia de salud y para tener fondos para financiar un plan de recuperación económica después de la crisis. La cifra: 2 mil millones de dólares.
La Asamblea le otorgó el pasado jueves 26 de marzo, con voto unánime de los 84 diputados, la facultad para colocar títulos valores en las bolsas financieras o recibir préstamos directos de instituciones financieras internacionales.
En el caso de que el gobierno de Bukele intente obtener dinero con títulos valores, el plazo de pago podrá ser hasta de cuarenta años, mientras que si lo hace por medio de préstamos el plazo será de hasta treinta y cinco años.
La Asamblea decidió, luego de una propuesta inicial de Bukele, que el dinero que se logre se repartirá entre el gobierno y las 262 alcaldías del país. En específico, el 30 por ciento se destinará a proyectos municipales administrados por las alcaldías, relacionados a afrontar la emergencia o a la recuperación económica. En caso de que el gobierno pueda prestar los 2 mil millones de dólares, a las alcaldías les corresponderían 600 millones. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, antes de la aprobación, aseguró que las alcaldías pedían un 40 por ciento del dinero, cuando la oferta inicial desde el gobierno era un 20 por ciento. La negociación política para los votos legislativos quedó entonces en el término medio: 30 por ciento.
Los 2 mil millones de dólares, o lo que alcance a prestar el gobierno, aparte de la emergencia de salud, servirá para cubrir vacíos que queden en el presupuesto del gobierno de 2020 y que se puedan generar por el uso urgente de dinero. También se usará para el programa de subsidio de los 300 dólares que dará el gobierno a las personas más vulnerables por los efectos económicos inmediatos de la pandemia. Y sobre el plan de recuperación, que aún no está diseñado, la Asamblea dio una suerte de hoja de ruta en su decreto de aprobación. “Implementar un fondo de liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia; para financiar a los productores agrícolas de granos básicos y sector agropecuario en general”, dice el artículo 11 del decreto.
En este último punto, los micro y pequeños empresarios como Mary tienen puestas sus esperanzas. No les queda mucho tiempo. De seguir las medidas dictadas por la emergencia, como en el caso de Mary de no poder atender clientes en las mesas de su pupusería, sumadas a la de suspensión de derechos constitucionales para restringir la circulación de personas, La Fogata tiene los días contados. “Solo tengo a una persona empleada ahorita, que hace las pupusas para llevar. A la otra persona que me ayudaba a la atención al cliente adentro le tuve que decir que… pues, es que no se puede, no me da para seguirle pagando sin clientes. No sé cuánto tiempo voy a seguir así, pero no es mucho”, me dijo Mary.
La afectación en macro
La desaceleración económica golpeará primero a los pequeños en El Salvador: casi el 90 por ciento del comercio descansa en micros y pequeñas empresas. Pero el daño también se va a reflejar en el abstracto mundillo macroeconómico. En 2020, por ejemplo, es posible que el producto interno bruto (PIB) no crezca alrededor de los 2.3 a 2.5 puntos proyectados para el año. El PIB es el valor monetario que se le da a toda la producción de bienes y servicios de un país o una región durante un año. El PIB de El Salvador ronda los 26 mil millones de dólares.
Un freno al comercio micro y pequeño, mayoría casi absoluta en el país, producirá un decrecimiento económico que se va a reflejar en que el PIB no crecerá, en el mejor de los casos. La deuda pública salvadoreña supera los 18 mil millones de dólares, incluida la deuda previsional que el gobierno adquiere cuando presta dinero de los cotizantes de pensiones. Esta deuda, que se abultará con los préstamos en camino, ya sea por el que se negocia por 98 millones de dólares para la fase II del plan de seguridad Control Territorial, el de 109 millones para la fase III del mismo plan y los hasta 2 mil millones, podría superar en 2020 los 20 mil millones de dólares. Y esa deuda, frente a un PIB que no crecerá lo previsto, podría aumentar el porcentaje de deuda pública versus PIB de un 68 por ciento aproximado actual a un 80 por ciento.
Como apunta la economista salvadoreña Tatiana Marroquín, el decrecimiento económico versus la nueva deuda adquirida podría afectar el examen para la inversión. “Este es un indicador que nos va a causar problemas al momento de que evalúen nuestras finanzas los inversionistas y allá afuera y eso va a traer consecuencias al momento de emitir deuda, pero no solo al Estado, sino a cualquier persona que quiera deuda, incluso los bancos del país”, dice Marroquín.
Otro problema que apunta la economista es que la emisión de deuda a través de títulos valores, si el gobierno de Bukele lo decide así, resultaría aún más perjudicial. Por el momento, hay desinterés en el mercado internacional de valores por comprar títulos o bonos. Si el gobierno busca rematar los títulos valores en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, dice Marroquín, “para convencerlos de que compren nuestra deuda habrá que pagarles un montón de intereses, arriba del 10 por ciento de interés anual”.
En el caso de que el gobierno logre obtener los 2 mil millones de dólares, el efecto perjudicial en el corto plazo es que el presupuesto general de 2021 no podrá contar con 200 millones por pagar únicamente los intereses de la nueva deuda, si se hace a través de títulos valores y con un 10 por ciento de interés anual. Marroquín indica que solo esos 200 millones de dólares se sumarían a un pago de deuda que ya hace El Salvador por arriba de los 1,000 millones cada año. El problema es que, si en el mejor de los escenarios el presupuesto general no aumenta el próximo año, no habría alrededor de 200 millones disponibles para financiarlo. Y si el presupuesto crece, el vacío financiero será más grande, para lo que se tendría que buscar nueva deuda, en condiciones deplorables para la economía.
Vendedores y compradores del Mercado de Mayoreo La Tiendona caminan en los corredores usando mascarillas para evitar contagiarse del coronavirus, el 27 de marzo de 2020, en San Salvador, El Salvador. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ
La molesta transparencia
La Asamblea Legislativa ha sido el escenario de riñas políticas entre el gobierno y los grupos parlamentarios de la oposición. Y estas peleas subieron de tono en las últimas semanas cuando se abordó el tema del dinero. Dos debates políticos sobre transparencia engulleron la agenda económica: la aprobación de un decreto legislativo para obviar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y acceder a compras directas, sin necesidad de licitación pública, de bienes y servicios exclusivamente relacionados a la pandemia, y la autorización para que el gobierno de Bukele adquiera deuda por hasta 2 mil millones de dólares.
Los diputados de oposición del congreso, representados en Arena, FMLN, PCN, PDC y el diputado no partidario Leonardo Bonilla, decidieron agregar al decreto de compras directas dos elementos de transparencia y rendición de cuentas: el primero, un inciso que ordena que todas las adquisiciones que haga el gobierno de Bukele estarán bajo los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública, por lo que en ningún caso el presidente podrá alegar “reserva de la información”. Y también decidieron que el gobierno va a rendir un informe mensual a la Asamblea de todas las compras que se vayan haciendo: precios, cantidades y la identidad del proveedor, por ejemplo.
La aprobación no fue del agrado del secretario privado de Bukele, Ernesto Castro, quien acusó a Arena de faltar a su compromiso en las negociaciones privadas previas y reclamó que el gobierno no podía estar estrechando la mano de la oposición a puerta cerrada para que en el pleno se cambiara “la redacción” de los decretos que el presidente quiere que se aprueben. La inclusión de principios de la Ley de Acceso a la Información Pública y el informe anual de compras va a servir como rendición de cuentas oficial y también para insumos de la contraloría social del dinero público.
El otro decreto que polemizó el gobierno con la constante campaña electoral hacia 2021, de desprestigiar a la Asamblea Legislativa, fue la autorización para que Bukele adquiera deuda en nombre de El Salvador por hasta 2 mil millones de dólares. En este caso, la Asamblea decidió incluir un elemento de contraloría que el gobierno ni siquiera había propuesto originalmente: una comisión evaluadora integrada por ministros de gobierno y por representantes de la empresa privada y la academia.
Lo que en un principio Bukele, ayudado por los diputados de GANA, vendió como un grupo de empresarios que iba a decidir por él sobre el manejo de los 2 mil millones de dólares, se desvaneció al publicarse el decreto legislativo. La Asamblea añadió a la autorización de la nueva deuda un “comité del fondo de emergencia, recuperación y reconstrucción económica”, para el manejo y la supervisión del dinero.
Los integrantes del comité, que ya fueron nombrados por Bukele el viernes 27 de marzo por la noche, son, por el gobierno: el secretario privado, Ernesto Castro; el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes; el ministro de Salud, Francisco Alabí; la ministra de Economía, María Luisa Hayem; la ministra de Turismo, Morena Valdez; y el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Y por la empresa y la academia, Bukele nombró a René Vásquez Garay, por la Cámara de Comercio; a Agustín Martínez, por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); a José Ángel Quirós, por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social; y a Omar Serrano, por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. En la foto oficial de la juramentación faltó la representación de la Escuela Superior de Economía y Negocios, que también integrará el comité.
El golpe con el Seguro Social
En medio de la cuarentena domiciliaria obligatoria para el país, que fue puesta en práctica por un decreto ejecutivo desde el Ministerio de Salud, y este basado a su vez por el decreto de restricción de derechos constitucionales que le aprobó la Asamblea Legislativa a Bukele el sábado 14 de marzo, la ANEP impulsó con diputados de Arena una “interpretación auténtica” del artículo 5 del decreto de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus, que también se aprobó el 14 de marzo pasado.
Para la emergencia, la Asamblea aprobó que los salarios de las personas afectadas directamente por la pandemia, en este caso albergados, sospechosos de Covid-19 y contagiados, que guarden cuarentena por orden de Salud, serán cubiertos en un cien por ciento por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. La interpretación auténtica que buscó la empresa privada es apoyarse en el término usado por el presidente Bukele de “cuarentena” domiciliaria para todo el país, para que los empleados de empresas que han cerrado y que aguardan en sus casas, sin síntomas ni contagios, también sean cubiertos por el Seguro Social.
Bukele estalló contra la empresa privada y la acusó de manipular al congreso para desligarse de la responsabilidad de cubrir los salarios de sus empleados que están en sus casas por prevención y trasladar la carga al Seguro Social. La interpretación auténtica para que el instituto se encargara de los salarios de todos los empleados se dio con los votos de diputados de Arena y FMLN, en su mayoría, en la plenaria del jueves 26 de marzo. En la sesión que prosiguió el viernes 27, los diputados se retractaron y dejaron sin validez el decreto que aprobaron. El Seguro Social, según dijo el presidente Bukele, tiene una reserva financiera de alrededor de 200 millones de dólares, que hubieran sido insuficientes para cubrir la totalidad de los salarios que se pagan en la empresa privada, que, también según el mandatario, supera los 300 millones cada mes.
El Salón Azul de la Asamblea Legislativa se ha convertido en las últimas semanas en una suerte de cuartel permanente de decisiones exclusivas para atender la emergencia de la pandemia. Los diputados se han convocado a sesiones extraordinarias en el pleno al ritmo de las exigencias del gobierno de Bukele. Aunque también los grupos parlamentarios han hecho sus propias propuestas para minimizar el impacto de la crisis venidera.
Solo en la última sesión plenaria, los grupos parlamentarios llenaron de propuestas la agenda. Hasta 45 contó el sistema legislativo el pasado jueves 26 de marzo. Entre la lluvia de buenas intenciones se enlistan iniciativas como que los trabajadores puedan acceder a un 50 por ciento de sus ahorros de pensiones o, por ejemplo, que los funcionarios del Estado salvadoreño (legislativo, ejecutivo, judicial, alcaldías e instituciones autónomas y descentralizadas) se despojen del 35 por ciento de sus salarios para atender la emergencia. La mayoría de las proposiciones se quedaron para discusión posterior y se les dio prioridad a las exigencias financieras del gobierno de Bukele.
Las medidas, todas, tienen la finalidad de acolchonar el impacto económico que sufrirán los salvadoreños que quedaron desempleados por el cierre de las empresas en las que laboraban o por la reducción de sus salarios, y también para los micro y pequeños empresarios que están a semanas de sucumbir, de continuar las cuarentenas y las medidas extremas de prevención contra el contagio del virus.
Dónde habrá que untar el bálsamo
La economista Marroquín apunta que las medidas que debería adoptar el gobierno en un escenario post emergencia de salud es procurar ponerle fin al shock de la demanda. Es decir, el estímulo que deberá recibir la micro y pequeña empresa provendrá de la confianza que vaya recuperando gradualmente la demanda, puesto que el consumo, durante la emergencia, habrá quedado contraído posiblemente al mínimo.
“Lo que se tiene que lograr es que se pare el shock de demanda, es decir que la gente no compra, y eso es por distintas razones: porque no tiene trabajo, porque han bajado sus ingresos, porque lo han despedido, porque como empresario reportó pérdidas. Entonces la demanda se contrae de inmediato y eso es malo para las empresas porque no venden, y para el Estado, porque tampoco está recibiendo ingresos de los impuestos, y peor en un Estado como el nuestro que depende mucho del impuesto al valor agregado”, explica Marroquín.
La economista considera que la estrategia deberá apuntar a que la economía familiar se mantenga constante, porque la economía de “el día a día”, según ella, ha dejado de existir en El Salvador por la pandemia. “La idea de los 300 dólares al mes tiene mucho sentido. Pero habrá que procurar que de verdad se focalice en las personas que más lo necesitan y allí, para focalizarlo, se necesita que el Estado tenga capacidad institucional para llegar a esas personas”, dijo Marroquín, y añadió que se necesitará también planificación, situaciones que ya se tenían cubiertas con la Secretaría Técnica de la Presidencia, que Bukele eliminó al llegar al gobierno en junio de 2019.
La Fogata sigue esperando este viernes de noche que le lleguen clientes o que llamen a Mary para hacerle pedidos de pupusas. “No voy a poder seguir si no vendo. No hay futuro, no sé cómo voy a hacer. No tengo ni información de cómo saber si yo tengo acceso a los 300 dólares, no sé a dónde abocarme, no sé”, dice Mary, mientras el comal no tiene fuego debajo.
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