El Ministerio de Salud, Casa Presidencial, el ISNA, su sindicato. Ninguno quiere explicar cómo seis jóvenes del Centro de Inserción Social femenino de Ilopango y 22 niños y adolescentes del Complejo de Integración Social de San Martín resultaron contagiados del coronavirus, y junto a ellos un número todavía indeterminado de trabajadores del instituto protector de la niñez y adolescencia en desamparo. La Fiscalía recibió un aviso sobre posibles negligencias en el ISNA que podrían derivar en delitos. El fiscal general advirtió que abrirá una investigación penal.
Foto Archivo FACTUM/Salvador Meléndez
Una ambulancia del sistema público de salud aparcada, dos agentes de policía con los rostros ojerosos por el desvelo y tres carros particulares. Eso era lo único que había fuera del hotel Mesón de María, en la colonia San Benito de San Salvador, a las 5 de la tarde del miércoles 24 de junio de 2020. No había afuera del hotel, como ocurrió semanas atrás en los llamados centros de contención, familiares de los retenidos por el gobierno queriendo entregar medicamentos. Aquí no había familiares ni amigos haciendo guardia por los suyos. Quienes estaban dentro del hotel, según un aviso que llegó el lunes 22 de junio a la Fiscalía, eran niños y adolescentes desamparados, sin familia y contagiados de la enfermedad Covid-19.
Fueron 22 niños y adolescentes, protegidos del estado salvadoreño, que fueron trasladados del Complejo de Integración Social (Cisna) en San Martín hasta ese hotel de la San Benito en la noche entre el 9 y 10 de junio. Lo hicieron de noche para pasar desapercibidos y aparentar que en los centros de internamiento de niños y adolescentes administrados por el gobierno no había permeado el virus, dijeron los denunciantes que dieron aviso al Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador (UES).
Y hubo más traslados esa noche. Personal como motoristas y empleados de cocina que resultaron contagiados también fueron llevados en la caravana, incluso los acompañaron algunos adultos con discapacidades físicas y mentales del Centro de Educación Especial que también administra el gobierno en San Martín.
Los pacientes fueron llevados en una caravana de vehículos nacionales dirigida por el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA), Manuel Antonio Sánchez Estrada. Eso declararon los denunciantes.
¿Cómo pudieron contagiarse de Covid-19 niños y adolescentes que nunca abandonaron su internamiento? Esa es la pregunta que no han querido responder el Ministerio de Salud, ni Casa Presidencial, ni el ISNA ni el sindicato de la institución. De hecho, las personas menores de edad a cargo de este instituto nacional son internas sin necesidad de cuarentenas por epidemias. Se mantienen en resguardo permanente en estos centros porque no tienen familia. Se trata de niños, niñas y adolescentes huérfanos por diversas causas o que, en todo caso, han sido separados de sus padres por abandono. El ISNA también se encarga del resguardo y la reinserción de personas menores de edad en conflicto con la ley, es decir, jóvenes que han sido juzgados por delitos bajo la Ley Penal Juvenil.
La denuncia de los contagios y los traslados en el Cisna fue hecha por trabajadores del ISNA que pidieron el anonimato por temor a ser despedidos. La abogada Jayme Magaña, participante del proyecto de atención a víctimas de actores estatales durante la pandemia de Covid-19 de la facultad de ciencias y humanidades de la UES, atendió una llamada el 13 de junio pasado en la que le advirtieron que niños, adolescentes y personal del Cisna en San Martín habían resultado contagiados de la Covid-19 y que habían sido trasladados a hoteles de San Salvador. En el caso del personal y adultos, los traslados se dirigieron al Hotel Boutique San Benito, mientras que a los menores de edad los trasladaron al Mesón de María. Los demás, con resultados negativos al virus hasta ese momento, fueron transportados a la Ciudad de la Niñez y la Adolescencia, del ISNA, en el departamento de Santa Ana.
La denuncia de la que tomó nota la abogada Magaña fue retomada por el instituto de la UES y este a su vez informó un día después a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) acerca de posibles negligencias que llevaron a que los niños y adolescentes del ISNA en San Martín resultaran contagiados. El aviso de la universidad a la procuraduría lo recibió Ulises Rivas, procurador adjunto de la niñez. Y el 16 de junio, la PDDH requirió información al Cisna de San Martín y al mismo ISNA sobre el número exacto de niñas, niños y adolescentes contagiados en todos los centros que administra en El Salvador, así como los trabajadores infectados, y los tratamientos que ha seguido para mantener en condiciones estables a los pacientes.
El ISNA administra centros de acogimiento tanto para niñas y niños en desamparo que se encuentran en la primera infancia, para adolescentes en conflicto con la ley e incluso para adultos que crecieron amparados en el sistema de protección y no lograron la inserción a la sociedad, en algunos casos a causa de discapacidades, como las personas adultas del Centro de Educación Especial de San Martín.
Una nueva llamada telefónica para denunciar los descuidos sanitarios en el ISNA fue recibida por otros miembros del instituto de la UES el 14 de junio. Los denunciantes, distintos a los que filtraron el traslado de niños y adolescentes contagiados, pero también trabajadores del ISNA, advirtieron que varios educadores de los centros del ISNA en la colonia Costa Rica y, nuevamente, en San Martín, se habían contagiado de la enfermedad, incluso “uno de ellos con padecimiento previo de cáncer y otro que ya está siendo atendido en el Seguro Social”.
También denunciaron que había contagios en el personal técnico, administrativo y en motoristas de la institución y que en los casos en que los empleados tenían síntomas de la enfermedad los enviaron a sus casas, pero sin los medicamentos para su tratamiento. De los trabajadores, calcularon, más de la mitad estaba bajo condiciones moderadas, a un paso de volverse graves.
Los correos electrónicos enviados al director del ISNA, Manuel Antonio Sánchez Estrada, a su dirección institucional direccionejecutiva@isna.gob.sv, no fueron respondidos hasta el cierre de esta edición. En ellos se pidió al funcionario que corroborara si él fue quien dirigió los traslados de los niños y adolescentes, junto a personal del Cisna, a los hoteles de la San Benito. Pero el director no respondió.
El contagio de Covid-19 de por lo menos 22 niños internados en el Cisna de San Martín ha alarmado a la comunidad. Foto Archivo FACTUM/ Salvador Meléndez
La expansión de los contagios
El lunes 22 de junio, luego de que el instituto de la UES ya había notificado a la PDDH sobre los contagios por posibles negligencias en el Cisna de San Martín y otros centros, la abogada Magaña interpuso un aviso en la Fiscalía General de la República (FGR) en el que pidió que se abra una investigación penal al respecto del caso del Cisna en San Martín, de los centros en que se ha reportado personal contagiado, y también de un nuevo caso de seis jóvenes contagiadas en el Centro de Inserción Social (CIS) femenino, ubicado en Ilopango.
Magaña, sobre el nuevo caso de jóvenes contagiadas, avisó a la FGR que recibió una llamada por la mañana del 20 de junio. Un nuevo denunciante, también trabajador del ISNA, le relató que el 12 de junio anterior se realizó un tamizaje de Covid-19 a las 26 jóvenes que se encuentran en el CIS femenino del ISNA, ubicado en Ilopango. Los tamizajes son pruebas generales que se hacen sobre un grupo específico de personas para descubrir cuál de ellas es portadora del virus. Son como filtros, o, como la Real Academia Española lo describe en su diccionario, tamizar es pasar algo por el tamiz (cedazo o zaranda) para depurarlo.
Previo al tamizaje de las jóvenes, una semana y media antes, el CIS, por instrucciones del Ministerio de Salud, había suspendido las llamadas telefónicas que podían hacerles familiares a las internas. La persona denunciante explicó a Magaña que había cinco empleados del CIS femenino de Ilopango que habían resultado contagiados, pero que fueron obligados a mantenerse en ese mismo centro y no fueron ni trasladados a sus casas ni a ningún centro de asistencia. Este personal, contó el denunciante, tuvo cercanía con las 26 jóvenes. Por ello, el temor era que, al atender llamadas telefónicas de sus familiares en el área de administración, cualquiera de las internas, ya contagiada, dispersara el virus sobre el personal.
La situación de las jóvenes del CIS femenino de Ilopango es distinta a la de otros centros de internamiento del ISNA. En el CIS de Ilopango se resguardan adolescentes en conflicto con la ley y se les proveen programas de inserción social. En su caso, tienen nexos con el exterior, como familiares. Lo que no sucede con los niños y adolescentes en desamparo que también atiende la institución.
Magaña le avisó a la Fiscalía que del tamizaje a las 26 jóvenes aparecieron “seis casos positivos de Covid-19”. Ante lo que estaba ocurriendo en el CIS femenino de Ilopango, “el grupo de empleados que debía entrar a turno el día jueves 18 de junio no lo hizo por órdenes del sindicato (Sitraisna)”, informó la abogada a la FGR. Según la denuncia, parte del personal a quienes se les había hecho pruebas PCR para verificar que no estuvieran contagiados “recibieron llamadas de personeros del sindicato del ISNA pidiendo que se retiraran porque había demasiados contagios en el centro (CIS de Ilopango)”.
Aviso por posibles negligencias en contagios por Covid-19 de niños y jóvenes del ISNA, recibido por la Fiscalía General de la República, el 22 de junio de 2020. El caso lo atenderá la unidad fiscal de administración de justicia.
La abogada notificó que por las denuncias que recibió tanto de San Martín como de Ilopango, en todos los casos el elemento recurrente es la falta de equipos de bioseguridad y entre ellos uno de los más elementales: las mascarillas. En los casos de San Martín e Ilopango, se reportó que los trabajadores solo reciben una mascarilla quirúrgica para mantenerla por los 21 días que duran sus cuarentenas cuando hacen turnos en los centros de internamiento. Y en el caso de las jóvenes del CIS de Ilopango, el denunciante no especificó cada cuánto las internas reciben mascarillas nuevas, pero sí aseguró que las que tienen “deben lavarlas todas las noches”.
El aviso que recibió la Fiscalía el lunes 22 de junio reportó también que, con base en las denuncias de los trabajadores del Cisna, el traslado de los 22 niños y adolescentes a los hoteles de la San Benito fue bajo la orden de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele. Esta revista contactó con el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, para gestionar una declaración de De Bukele para que pudiera corroborar la versión de los denunciantes. El secretario presidencial ignoró los mensajes que se le escribieron a su móvil.
¿Cómo pudieron contraer el virus?
Si una persona pasa confinada en un lugar cerrado, el contagio de coronavirus que puede sufrir únicamente puede ser posible por agentes externos que ingresen a su entorno: alimentos contaminados, superficies con carga viral presente o que, también, sea contactado por un contagiado. Entre las hipótesis que maneja la abogada Magaña de cómo resultaron contagiados de Covid-19 los niños y adolescentes internos en San Martín y las jóvenes de Ilopango, la más fuerte versa sobre el ingreso de personal del ISNA que burló el tamizaje o que, como lo corroboran dos fuentes que laboran en el instituto, pudo ser personal que ingresó sin esperar los resultados de las pruebas. Una negligencia que podría resultar en delitos culposos, por lo que la abogada recurrió a avisar a la FGR.
Dos fuentes del ISNA a las que se tuvo acceso para esta publicación dan cuenta de que desde el 19 de marzo empezaron los turnos llamados cuarentenas en los centros de internamiento. Es decir, se sustituyeron los turnos ordinarios y se establecieron turnos más prolongados, de 21 días, para evitar el flujo constante de personas y, por ende, el contagio en niños y adolescentes. Pero desde el primer relevo las fuentes aseguran que el orden falló: las cocineras, los cuidadores y los policías que debían ingresar para que los que habían permanecido los primeros 21 días pudieran regresar a sus casas tardaron más tiempo por la espera de los resultados de sus pruebas de Covid-19. Hubo casos en que trabajadores de la primera cuarentena llegaron a mantenerse hasta 37 días en sus puestos, según los dos empleados del ISNA que pidieron la reserva de su identidad para no ser despedidos.
Fue así que el Sitraisna, el Sindicato de Trabajadores del ISNA, intervino en el mes de abril ante la dirección ejecutiva de Sánchez Estrada para que, a la brevedad y a como diera lugar, los empleados que esperaban resultados de sus pruebas sustituyeran a los que se encontraban en una cuarentena que ya había sobrepasado los 21 días. Según las fuentes, el director respondió que no podía permitir los relevos hasta que se tuvieran los resultados de los tamizajes del personal entrante. Sin embargo, por presiones del Sitraisna y bajo la influencia de autoridades “que están más arriba” del director del ISNA, el sindicato logró que se autorizara el cambio de personal. El problema se desató cuando, ya estando dentro el segundo grupo de cuarentena, llegaron las respuestas de las pruebas y, en efecto, como aseguran las fuentes, había trabajadores contagiados que de inmediato fueron trasladados, pero ya habían mantenido contacto con sus compañeros y con los menores de edad internados.
Comunicado del ISNA del 18 de junio de 2020 en el que admite los contagios en niños, jóvenes y personal del instituto.
Jovel Hernández, del Sitraisna, respondió al llamado para corroborar si, en efecto, el sindicato fue determinante en las decisiones de cuándo hacer los relevos de personal en las cuarentenas de 21 días, incluso si ello significaba dejar de esperar los resultados de las pruebas de Covid-19 del personal entrante. Hernández prometió responder en cuanto antes a los cuestionamientos, pero al cierre de esta edición, tres días después de contactarlo, no volvió a responder.
El mismo silencio gubernamental se mantiene en el Ministerio de Salud. El ministro, Francisco Alabí, se vio obligado a reconocer en una conferencia de prensa el 17 de junio que sí había casos de contagio de Covid-19 en los menores de edad internos del Cisna de San Martín, pero no corroboró las cantidades. Alabí dijo que el ministerio ya había abierto una investigación. El encargado de prensa del Ministerio de Salud, José Urbina, ignoró, al igual que su superior en la Secretaría de Prensa, la petición de una declaración del ministro Alabí sobre los hallazgos de la investigación que anunció.
Ni el Ministerio de Salud, ni Casa Presidencial, ni el ISNA ni su sindicato tienen una palabra sobre una situación grave que los sobrepasó: el contagio de Covid-19 en personas menores de edad bajo su protección. Incluso la respuesta del hotel Mesón de María, cuando se consultó si estaban dando alojamiento a los pacientes del ISNA con Covid-19, fue que no estaba autorizado para corroborar esa información.
En el Hotel Mesón de María de la colonia San Benito, de San Salvador, están siendo atendidos los niños y adolescentes del ISNA contagiados de Covid-19, según un aviso presentado a la Fiscalía el pasado 22 de junio. Foto FACTUM/Fernando Romero
Este caso no es el único en que la población bajo el cuidado del gobierno quedó desprotegida. También otro sector de personas vulnerables, las personas de la tercera edad, quedó en descuido ante el coronavirus y su seguridad preventiva burlada, como ocurrió con los ancianos contagiados del asilo Sara Zaldívar, en San Salvador, de donde se contaron 16 fallecidos en un principio y hasta 174 infectados con la enfermedad.
El silencio del gobierno
Ningún funcionario ni ninguna institución se hace cargo de la responsabilidad por los contagios en estas personas vulnerables y bajo la protección del gobierno. El silencio del gobierno sobre el caso de los menores de edad desprotegidos y contagiados en los centros del ISNA ha llegado incluso a la ilegalidad: el plazo que dio la PDDH para que el ISNA respondiera a sus requerimientos de información que le hizo el 16 de junio venció a las 4 de la tarde del miércoles 24 de junio y el instituto no envió ningún oficio a la procuraduría. Entrevistado por El Noticiero, de canal 6, el procurador Apolonio Tobar advirtió que actuará como dicta el artículo 46 de la Ley de la PDDH, con relación a que toda persona que no envíe los informes que el procurador le requiera para hacer su trabajo, incurrirá en responsabilidad penal o administrativa. Para ello, el procurador debe notificar a la FGR para que el fiscal ejerza “la acción penal pertinente”.
Con el aviso interpuesto por Magaña y la notificación que envíe el procurador Tobar, la FGR tendrá dos documentaciones de las irregularidades en el ISNA y las posibles negligencias de la administración que dejaron desprotegidas a las personas menores de edad que cuida el gobierno. En otros países como España, en los que hubo una alta cantidad de fallecidos en las llamadas residencias de ancianos, hay denuncias formales por delitos culposos contra los administradores de las residencias y hasta contra las mismas autoridades de donde se ubican los asilos. El sentido de las denuncias por delitos culposos es que tanto los niños y jóvenes en desamparo, los adolescentes en conflicto con la ley y los ancianos se consideran por convenios internacionales como “grupos vulnerables”. Los gobiernos suscritos tienen la obligación de procurar atención y protección especial para estas personas.
El fiscal general, Raúl Melara, consultado por esta revista, aseguró el pasado 23 de junio que aún no tenía conocimiento del aviso de la abogada Magaña. Melara también ignoraba que un día después el procurador de Derechos Humanos anunciaría que lo iba a notificar por la ilegalidad que cometió el ISNA de no enviarle ningún informe sobre la situación de niñas, niños y adolescentes en resguardo de esa institución. Pero Melara sí advirtió su disposición para abrir una investigación penal. “No tengo mayor información acerca del aviso que menciona. Pero, independiente de eso, tenemos una responsabilidad y obligación legal de investigar todos los avisos y denuncias interpuestas. Y esta no sería la excepción”, dijo Melara.
La abogada Magaña trajo a cuenta en su aviso que la resolución 01-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que los gobiernos deben “reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) ―incluyendo muy especialmente aquellos que no cuentan con cuidados familiares y que se encuentran en instituciones de cuidado―, y prevenir el contagio por el Covid-19, implementando medidas que consideren sus particularidades como personas en etapa de desarrollo y que atiendan de manera más amplia posible su interés superior”.
De hecho, la CIDH anunció por medio de sus redes sociales que tomó nota de los casos de contagios de personas menores de edad en los centros de internamiento del ISNA. Magaña no descarta la posibilidad de que si se llegaran a agotar los recursos jurídicos en El Salvador para identificar a los responsables de los contagios en los centros del ISNA, la causa incluso pueda ir a las instancias internacionales como, precisamente, la CIDH.
Frente al hotel Mesón de María, este miércoles 24 de junio, los dos agentes de policía desvelados se apartan cuando miran que se están tomando fotografías para esta publicación. No aparecerán en el cuadro. Empezarán a hablar de las motos que un negocio en la San Benito tiene en vitrina frente a ellos. La ambulancia del sistema público de salud se mantendrá allí, aparcada.
El ISNA contó a ocho personas adultas contagiadas de Covid-19 que estaban en el Centro de Educación Especial de San Martín y que, según esta institución, están siendo atendidas en un lugar de cuido dispuesto por el despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele. El Centro de Educación Especial es un espacio que acoge solo a personas adultas y que tienen discapacidades, ya sean físicas o mentales. Una compañera de ellos murió este 22 de junio. Tenía 34 años. Entró a la institución cuando tenía 16. Neumonía y distrés respiratorio fue el diagnóstico médico, aunque su prueba de Covid-19 resultó negativa.
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