La Fiscalía la ha llamado Operación Corruptela: una nueva acusación contra el exfiscal Luis Martínez y sus vínculos con el expresidente Mauricio Funes y los empresarios Enrique Rais y José Adán Salazar, alias Chepe Diablo.
No parece ser el mejor momento para el enfoque anticorrupción de Washington para la región: Jimmy Morales tiene éxito esquivando investigaciones, JOH se blindó tras su reelección y Sánchez Cerén puede decir que EUA utilizará el tema para presionarlo por el asunto chino.
Saca ha aceptado cumplir la tenue condena de cárcel que le fue impuesta tras una negociación con la Fiscalía, pero no está dispuesto a pagar $260 millones de los $300 millones que fueron desviados durante su gobierno.
El presidente Jimmy Morales lleva un año queriendo deshacerse de la Cicig, que lo investiga por posible financiamiento electoral ilícito. Esta es la historia de esa batalla por Guatemala y sus instituciones de justicia.
Las investigaciones de Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad, han demostrado cómo la corrupción tiene carcomida la institucionalidad guatemalteca desde hace décadas.
Cinco meses después de haber jurado como presidente, Morales ya estaba en problemas. En 2016, la autoridad electoral concluyó que su partido había desobedecido leyes sobre financiamiento recibido durante la campaña.
Probidad no corroboró si los retiros de dinero que hizo Gallegos de dos cuentas bancarias alimentadas por Arena sirvieron para sufragar una parte de los gastos de la campaña electoral de diputados y alcaldes areneros de 2006.
Antonio Saca confesó cómo se enriqueció con la pauta publicitaria gubernamental. El expresidente, beneficiado por la Fiscalía, usó la partida secreta para sus gastos, para pagar sobresueldos y para su entonces partido: Arena.
Álvaro Colom, el erudito exdirector de una importante agencia de desarrollo, ganó las elecciones con la ayuda de dudosos operadores, como Obdulio Solórzano, quien obtuvo apoyo financiero de grupos del crimen organizado.
La FGR aceptó un trato que favorece al expresidente Saca: una pena mínima de cárcel y el pago de una décima parte de los $300 millones que el exmandatario sustrajo del erario público.
Es sencillo: las mafias legislativas, asociadas con la corrupción y la falta de transparencia, han decidido que les tienen sin cuidado los reclamos ciudadanos por el manoseo de la cosa pública y que quieren una corte dócil.
Probidad encontró irregularidades por 11.6 millones de dólares a la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar. Desvaneció parte de estas (aún debe justificar 1.4 millones) con ganancias obtenidas del conglomerado Poma.
En el caso «Saqueo Público» nadie ha acusado al órgano responsable de asegurar el buen uso de los fondos públicos, la Corte de Cuentas, los responsables de averiguar qué uso se les dio y de denunciar cuando es necesario. Grave pecado.
Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa, no pudo justificar $200,000 de sus ingresos. Pero su nueva vida como empresario le podría ahorrar someterse a un juicio por enriquecimiento ilícito.
Es un hecho político sin precedentes en España: Mariano Rajoy del Partido Popular ha sido destituido luego de una sentencia que estableció que su partido estuvo involucrado en financiamiento electoral ilícito.
