La Cámara de Vigilancia Penitenciaria cambió su criterio habitual y ordenó a un juzgado realizar un cómputo de pena favorable para el expresidente Antonio Saca (Arena), condenado a 12 años de cárcel por dos casos de corrupción.
Saca ha aceptado cumplir la tenue condena de cárcel que le fue impuesta tras una negociación con la Fiscalía, pero no está dispuesto a pagar $260 millones de los $300 millones que fueron desviados durante su gobierno.
Pese a los señalamientos y la confesión del expresidente Saca, Irving Tóchez no ha sido procesado. Su despacho contable, ubicado la colonia La Sultana de Antiguo Cuscatlán, dejó de funcionar y ahora es una casa vacía.
La confesión del expresidente Antonio Saca destapó una cloaca en El Salvador. Arena, el sistema financiero, la Corte de Cuentas, Gana y el mismo fiscal general deben muchas respuestas por la millonaria trama de corrupción.
No es solo el expresidente Antonio Saca. Son decenas más. El deber constitucional del fiscal general es, a partir de lo que hoy sabe, de lo que sabemos todos, investigar, perseguir, procesar y buscar encarcelar a los corruptos.
Antonio Saca confesó cómo se enriqueció con la pauta publicitaria gubernamental. El expresidente, beneficiado por la Fiscalía, usó la partida secreta para sus gastos, para pagar sobresueldos y para su entonces partido: Arena.
La FGR aceptó un trato que favorece al expresidente Saca: una pena mínima de cárcel y el pago de una décima parte de los $300 millones que el exmandatario sustrajo del erario público.
Factum entrevistó a Leonel Flores Sosa el pasado viernes 2 de diciembre en la Ciudad de México, donde el que fuera director del ISSS —de 2011 a 2014— vive en la actualidad. Habló sobre su relación con Saca y Funes.
La sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia descubrió que, entre el 23 de febrero y el 14 de marzo de 2009, Raúl Beltrán Bonilla, un controversial locutor salvadoreño de radio, depositó 300,000 dólares en una cuenta de ahorro de Elías Antonio Saca, entonces presidente de la república. El dinero, explicó Beltrán a Probidad, era para pagar espacios de publicidad de la campaña presidencial de Rodrigo Ávila en las radios de Saca del grupo Samix.
