En la primera entrega de esta columna, afirmaba que de los partidos políticos debemos esperar poco. Y acá pretendo dar algunas razones para sostener tal afirmación que, aunque obvia y cada vez más generalizada, requiere un poco de pensamiento. Sostengo que los partidos políticos -los llamados “tradicionales” y los “nuevos”- poco pueden ofrecer a la ciudadanía, no porque no tengan un plan o programa de gobierno, sino porque cada idea o promesa que expresan en sus participaciones en entrevistas o discursos nos lleva a recordar que no es la primera vez que un político en campaña se refiere al tema, cualquiera que este sea. Pero esas intervenciones apenas se asoman a datos muy generales y nada dicen de cómo y con qué financiamiento se echarán a andar sus propuestas.
Hay una lista de temas recurrentes en todo discurso o intervención de los candidatos. Primero, porque “los sondeos de opinión público así lo reflejan”, encontramos el tema de seguridad. Sobre esto no hace falta decir que, desde hace un buen rato, somos unos de los países más violentos del mundo y que en este tema encontramos a las pandillas como generadoras de la mayor parte de hechos violentos que se cometen a diario. Pero no basta con decir eso para acercarse al problema. ¿Qué tanta consciencia sobre el tema de pandillas tienen los candidatos? ¿Será que comprenden realmente este fenómeno? Según un estudio de la Universidad Internacional de Florida, en el que trabajó el investigador salvadoreño radicado en Estados Unidos, José Miguel Cruz, “la pobreza y la falta de oportunidades educativas y de empleo son los principales motores de la afiliación en las pandillas. En El Salvador, la proporción de jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan es del 25%”. Estos datos no han variado mucho según la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.
En junio pasado, el candidato Carlos Calleja decía que “están robándole los sueños a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a las generaciones. Por eso digo, la corrupción con la violencia, son el cáncer, las dos enfermedades más grandes que nos tiene como estamos”. Hugo Martínez, al siguiente mes, decía que “a los jóvenes hay que ofrecerles empleo, una capacitación técnica y abrir oportunidades para que se desarrollen profesionalmente con relación a su formación y experiencia”. ¿Mienten los candidatos? No. ¿Tienen razón en lo que afirman? Sí, ambos. Pero, ¿cómo evitamos como país que a los jóvenes no se les roben los sueños, Sr. Calleja? Esas oportunidades de las que habla, ¿cómo se crearán, Sr. Martínez?
La retórica, el discurso lleno de buenas intenciones y los nombres rebuscados a programas reciclados, es cada vez más evidente. Quizá la idea que cada vez se reafirma más en la sociedad es la de que las elecciones no resuelven nada y que los partidos políticos no representan esperanzas ni posibilidades de cambios reales para el país. La promesa de generar 80 mil empleos cada año se enfrenta inmediatamente a los datos fríos de los últimos años en cuanto a generación de empleos formales. En el 2014 se generaron 5,009; para el 2015 la cifra fue de 11,427; al año siguiente, 2016, los datos son de 13,223; y en el año pasado, 2017, 6,723 empleos formales. Lo anterior según datos de la encuesta citada y números aportados por el ISSS. Esa promesa nos hace recordar a la célebre Fábrica de Empleos, prometida por Mauricio Funes. Según los datos oficiales,entre 2009 y 2014 se crearon 149,655. Valga eso como dato importante.
No es cosa difícil hacer comparaciones de datos, basta con ir a los registros en publicaciones oficiales y notas periodísticas para asomarse a la realidad. Eso está bien para nosotros como ciudadanos, que debemos tener certeza de cómo van las cosas en nuestro país y, a partir de ahí, generar una actitud crítica y de incidencia desde dónde nos encontremos. Además de que, aunque no revise datos o estadísticas, el ciudadano sabe cómo van las cosas, porque lo vive a diario. Pero no es válido que quienes pretenden gobernar a nuestro país solo nos cuenten, a su modo y manera, las cifras que sus equipos les facilitan y con eso generan un discurso plagado de palabras bonitas, de intenciones puras que al final son puras intenciones y nada más que eso. Debemos insistir hasta el cansancio en que los candidatos tienen la obligación de responder de forma concreta a los cuestionamientos acerca de cómo pretenden hacer realidad sus propuestas, insistir en que deben responder de dónde vendrá el financiamiento para los mismos, responder a la pregunta de si vamos a seguirnos endeudando de forma desmedida como ha sido costumbre, si el dinero de la ciudadanía se está utilizando de forma transparente y para lo que debe utilizarse.
Sobre el financiamiento, los candidatos tienen muchas explicaciones que brindar. Sostener que no hay dinero para gran cantidad de necesidades ha sido excusa recurrente en la administración ejecutiva actual. Algo que manifestaba el ex magistrado de la Sala lo Constitucional, Sidney Blanco, en un foro para hablar de la jurisprudencia más relevante de dicho tribunal en los nueve años anteriores. Fueron muchos los casos de personas que, a través de un amparo, solicitaron a la Sala que se les garantizara el derecho a la salud, personas a las que no se les estaba dando la medicina para sus padecimientos y el gobierno respondía que no había plata. Cosa que se evidenciaba en el constate pedido del gobierno de que en la Asamblea Legislativa se aprobaran créditos para lograr mantener los subsidios o los programas sociales. Así las cosas. Eso no ha cambiado. La realidad financiera del Estado sigue siendo complicada y parece que, más temprano que tarde, se comenzará a estudiar una propuesta para aumentar el IVA del 13% al 15%. Claro, esto no pasará en los próximos meses, porque es una medida antipopular y lo antipopular, aunque esté latente como plan en la mente de quienes toman decisiones, no se puede expresar en tiempos electorales.
Sobre esto, señores candidatos, los queremos escuchar. Y si vienen con el cuento de que están trabajando sus propuestas y que tampoco las pueden hacer públicas porque no es tiempo legal para hacer campaña… permítanme que me ría. Ya no queremos esa especie de “brochure” que hacen las veces de programa de gobierno. Quizá a ustedes les sirva para discursar por unos minutos ante un público complaciente o para salir bien librados de una entrevista, pero la ciudadanía merece respeto y si quieren ustedes un poquito de confianza, deben responder seriamente a los serios problemas.
Mauricio Maravilla es estudiante de quinto año de Ciencias Jurídicas y conductor de La Entrevista de Canal 8.
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1 Responses to “Programas de gobierno de bolsillo (2/2)”
Que bueno que alguien se refiere al tema de las ofertas partidarias. Esto es algo que debe ser modificado del todo, puesto que hasta ahora, han sido una manera de engaño a la ciudadanía. Creo que merecemos algo diferente para orgullosos de hijos suyos podernos llamar. En el país necesitamos cambio de estado, no cambio de gobierno o cambio de personas en el gobierno.
0- Un nuevo estado que pase a establecer desde la “democracia representativa” actual hacia la democracia participativa que permite el ejercicio de la soberanía ciudadana en todo tiempo y lugar. La ciudadanía no debe delegar todo el poder a otros que actúan en “su representación” pues se ha probado que tal forma ha resultado nefasta para los intereses de la ciudadanía. En la democracia participativa la ciudadanía delega solo una parte del poder administrativo y conserva siempre las decisiones de importancia nacional que decide en su momento por elección específica. Los funcionarios electos o nombrados no deciden, solo ejecutan. Interesados siempre en los asuntos de gobierno, la ciudadanía en general o una mayoría de ella tiene siempre opinión y decisión sobre cualquier tema, que debe aplicarse por los encargados de su ejecución.
1- Introducir la revocatoria de mandato como una elección para recoger la decisión colectiva que permite ratificar o remover del cargo a un funcionario electo. La autoridad electoral tiene la facultad de convocar tal decisión de la ciudadanía tomando en cuenta el seguimiento de la plataforma de gobierno electa por la mayoría. La revocatoria o la ratificación se puede realizar en cualquier momento mientras dura el período del funcionario electo para el cual se ha convocado la revocatoria de mandato.
2- Eliminar los privilegios, controles, decisiones y prestaciones que los funcionarios se han auto-asignado a lo largo del ejercicio del poder representativo que debe terminar de una vez por todas. Se pretende que los funcionarios electos sean servidores de la ciudadanía y no servirse de la ciudadanía como ha sido la mala costumbre. Parte de los privilegios o situaciones reguladas o no reguladas que se eliminan son los siguientes:
2.1 Se eliminan las partidas secretas del presupuesto.
2.2 No se permite aumentos de salarios que sean establecidos directamente por los funcionarios cualquiera que sea el nivel de decisión que tengan, ya sean aumentos para su puesto o para los subalternos inmediatos.
2.3 No se permite recibir dinero, donativos, depósitos en cuentas, comisiones, dietas, bonos, regalías, valores adicionales al salario asignado en el presupuesto para el puesto a desempeñar. Esto vale para dinero ordinario o extraordinario, tanto en moneda nacional o extranjera, en papel moneda, documentos o dinero virtual. Esta prohibición es válida para dinero a entregar durante el período del funcionario o para recibirlo en el futuro.
2.4 Mientras dure su mandato al cargo ningún funcionario puede abrir cuentas de ningún tipo, ni a su nombre particular en los bancos o cualquier institución financiera, ni privada ni pública del país ni en el extranjero, para manejar los fondos asignados a la oficina, despacho o ministerio bajo su dirección.
2.5 Se elimina el secreto bancario disponible a las cuentas personales e institucionales de los funcionarios mientras dure su permanencia en el cargo público.
2.6 No se permite realizar transacciones del presupuesto en efectivo. Todos los egresos deben ser en cheque emitidos desde la cuenta destinada por ley para el manejo de tales fondos. Cuando un funcionario toma posesión del cargo también recibe control de la única cuenta institucional con la cual debe trabajar su presupuesto.
2.7 Todas las transacciones tanto de ingreso como de egreso realizadas por un funcionario con cargo al presupuesto aprobado y en ejecución, debe ser publicada sin demora en el sistema de información pública disponible y accesible para la ciudadanía.
2.8 Ningún funcionario electo tiene inmunidad política más allá del tiempo en que está en desempeño activo.
2.9 Eliminar totalmente el indulto que el poder ejecutivo dispone para perdonar penas judiciales emitidas
2.10 Se eliminan totalmente los viajes al exterior pagados con el presupuesto general de la nación. También se eliminan los viáticos que se gastan en viajes de funcionarios. Las reuniones programadas en el exterior como parte de compromisos establecidos por agencias multilaterales como Naciones Unidas, serán atendidas por el personal de la embajada del país anfitrión si tal cosa fuera admisible.
3- Yo creo que las plataformas electorales deben ser lo más detalladas posibles enumerando las acciones concretas a realizar. La oferta electoral es un plan de acciones a ejecutar en el tiempo que dure el gobierno. Estas plataformas deben ser inscritas como documento público ante la autoridad electoral y conforman así un contrato cerrado entre el candidato y la ciudadanía que se vuelve obligación de ley específica entre las partes, una vez sea electo quien lo ofrece. Se admitirán reformas al mismo solo por situaciones de emergencia nacional. La autoridad electoral está obligada a darle seguimiento al cumplimiento de la plataforma electa por la ciudadanía. Para ello debe organizar de manera efectiva y ágil un concejo de la ciudadanía para ampliar la participación y vigilancia de su seguimiento.
4- Con este conjunto de modificaciones junto a otras, las elecciones ya no son para elegir a una persona para que haga su voluntad una vez llegue al poder. La persona electa está obligada a cumplir con el plan propuesto y por el cual resultó electo por la ciudadanía. Con estos cambios las elecciones se convierten en la decisión de la ciudadanía sobre las acciones que deben ser ejecutadas por quien sea electo, no se trata de elegir a una persona para que cumpla sus “promesas”, sino que se trata de decidir lo que debe hacer quien sea electo.
5- La elección en que participa la ciudadanía pasa a ser una decisión sobre cual plan de acciones es más favorable a la mayoría, no importa quien la proponga. Se eligen pues las acciones concretas que la ciudadanía estima como necesarias. La base del plan es la ley existente. Esas acciones no requieren una gran discusión. Parte de las acciones propuestas son nuevas leyes o reformas a las existentes y ello requiere discusión y luego decisión por la ciudadanía.
6- Además de modificar de manera sustantiva el tema de las plataformas u ofertas electorales, se debe introducir la votación para aprobar/desechar leyes sobre aspectos de importancia nacional: privatización de riqueza, nacionalización de riqueza, reformas a la constitución, ajustes o reformas fiscales, derechos, diseño o rediseño de instituciones públicas, derechos, deberes y obligaciones de funcionarios, etc.