Un presidente, en una democracia, debe ser un líder que se preocupa por el bien común, que guía a su pueblo; un líder que respeta los derechos de los ciudadanos y los principios básicos de la democracia ―aun en una emergencia. Ello implica ser visionario, conciliador, cumplir con la Constitución, ser transparente, y, en nuestra realidad, priorizar el bienestar de las mayorías de menores recursos.
La función del presidente como líder se vuelve clave y más valiosa en tiempos de emergencia. Seis son las áreas que más preocupan en este campo del Ejecutivo en esta crisis: el respeto a la Constitución, lineamientos para la reactivación económica, la salud de la población, la sanidad de nuestra finanzas, el derecho de miles de ciudadanos de ingresar al país y la transparencia.
Nuestra Constitución tiene como uno de sus principios fundamentales la separación de poderes con el objetivo de fortalecer la democracia, de que existan instancias de control y balance sobre los otros poderes, de que el gobierno no se vuelva una dictadura. De allí que un presidente no puede negarse a cumplir un decreto de la Sala de lo Constitucional. Acordémonos de las tensiones generadas en gobiernos anteriores porque otros presidentes trataron de irrespetar a la sala, de cómo ello no se permitió, y de lo saludable que eso fue para el país. Aflige solo el pensar hasta dónde hubiera llegado Mauricio Funes si la sala no lo hubiera frenado.
Mitigar el impacto del coronavirus no es excusa para irrespetar los principios democráticos y los derechos humanos. Arrestar a los que violaron las disposiciones de circulación y ponerlos en centros de contención congestionados no solo es una medida desproporcionada y represiva, sino que también contraria al objetivo de frenar la pandemia. En este estado de emergencia, respetar los controles y balances que la ley pone es todavía mas importante. La pandemia no puede ser excusa para acciones represivas.
En estos tiempos de crisis, establecer prioridades es importante. Más importante que el énfasis en arrestar a los que violan regulaciones de circulación debería ser sancionar a aquellos que quieren tomarse la aplicación de las leyes en sus manos, los que por medio de las redes sociales incitan a la violencia. Así empezaron los escuadrones de la muerte en los años sesenta.
El país necesita planificar la apertura de su economía y el Ejecutivo debe proveer, a la brevedad, los lineamientos para ello. Muchos países desarrollados ya lo están haciendo y podemos ―y debemos― aprender de ellos, pero teniendo en cuenta las diferencias entre esos países y el nuestro. La urgencia viene de la necesidad de supervivencia de nuestras mayorías pobres. Vale de nuevo recordar lo que varios ciudadanos nos han dicho: “No le tengo tanto miedo al coronavirus como al hambre”.
Aliado clave del Ejecutivo para la reactivación económica debe ser la empresa privada. Los lineamientos que el presidente ya presentó fueron consensuados con ellos y eso es un buen comienzo. La empresa privada es el motor de nuestra economía y, por tanto, ellos deben participar en la creación de lineamientos y regulaciones para su apertura. Esos lineamientos y regulaciones deben buscar balance entre la salud y la reapertura económica, para lo cual existen ejemplos en otros países.
Los costos de esa reapertura deben ser lo más equitativos posibles. Las regulaciones del Ejecutivo deben ser realistas y prácticas, no se puede pedir que las empresas ―especialmente las Mypes― cubran la totalidad de los salarios si estas no tienen ingresos. Ello solo lleva a acelerar la quiebra de muchas de ellas. Para ello, el Ejecutivo debe coordinar sus subsidios con la empresa privada. Por ejemplo, cubriendo ciertos porcentajes de los salarios. Todos los empresarios deben cubrir costos; no pueden las Mypes cubrir salarios, sin o con ingresos disminuidos, y los propietarios de los centros comerciales, locales de alquiler y los bancos, seguir cobrando el cien por ciento de las obligaciones de esas empresas. Pero eso no puede ser autorregulado por los empresarios, donde los grandes, y generalmente propietarios de locales en alquiler y bancos, son los que tienen más poder. Ello debe ser regulado por el estado. Pero, por ahora, seguimos en espera de esos lineamientos.
La salud de la población ya no depende tanto de las medidas de contención y aislamiento de la población, sino que entre otras de la adaptación de ese aislamiento a la realidad y la necesidades económicas, de campañas educativas, de participación ciudadana organizada, de identificación y tratamiento de casos de contagio y especialmente la capacidad para realizar los necesarios tests. También es clave el equipamiento de hospitales y centros de salud ―respiradores, equipo de protección y personal médico. En todo lo anterior poco se está avanzando o planificando, o por lo menos poco sabemos los ciudadanos de que algo se esté haciendo o con cuánto equipo o personal se dispone.
Esto último lleva a la otra área deficiente del Ejeutivo: la transparencia. De nuevo acá la emergencia no puede ser excusa para que no haya transparencia. Se necesita simplificar la burocracia, pero garantizando rendición de cuentas en el uso de los 2,000 millones de dólares aprobados por la Asamblea Legislativa, los 389 millones de dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional y los otros préstamos aprobados recientemente. Otros países, por ejemplo, tienen un portal donde reportan todas las compras en la emergencia, listando proveedores, fechas y precios. Interesante sería publicar la lista de los que han recibido subsidio para que el mismo pueblo ejerca la auditoría. Las conferencias de prensa del presidente no permiten preguntas, ellas entonces son sesiones para trasmitir la información que el Ejecutivo quiera, no para aclarar las dudas de la ciudadanía, no para establecer diálogo.
El ministro de Hacienda ya lo dijo: “El estado ya no tiene la capacidad de seguir entregando los 300 dólares de los subsidios”; “los mercados internacionales no son nada favorables para El Salvador”; “Hacienda reporta 281 millones de dólares menos en tributos”. La situación de nuestras finanzas públicas no es buena; la deuda del país, solo con el financiamiento adicional de los 2,000 millones de dólares ya aprobado, aumentaría en casi 2.5 puntos del PIB por unos 15 años más por lo menos. Aunque hay consenso de que ante la emergencia hay que gastar más, hay que tener claro dónde gastar y dentro de qué limites, no ir respondiendo a todas las medidas que se van presentando sin una planificación. Ante esa situación financiera, cobra todavía más importancia la transparencia en los gastos.
Por último está la necesidad de los miles de salvadoreños en albergues o varados en el extranjero sin poder entrar a su país, en contra de lo establecido en la Constitución. De nuevo, para esto no hay ningun plan, los únicos que entran son los deportados de Estados Unidos. También acá un plan más realista a las condiciones actuales podría ser mas efectivo, regular la entrada al país y la entrada y salida de albergues con reglas claras, tests, tiempos más adecuados, complementados con autocuarentenas y otras medidas.
Por todo lo anterior, preocupan las acciones ―y las omisiones― del presidente y su equipo. Preocupa la falta de planificación en las áreas de reactivación económica, salud, finanzas públicas y de derechos de los ciudadanos varados en el extranjero y en albergues. Preocupa el respeto a los derechos humanos de los detenidos, la transparencia del estado y las necesidades básicas de los más pobres. Preocupa el presidente por su falta de visión, de consensuar, de transparencia y de respeto a la Constitución.
*Mauricio Silva ha trabajado por más de 40 años en administración pública. Ha sido director y gerente de varias instituciones en El Salvador y experto en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Opina