¿No es especialmente irónico cómo recibimos el 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz?
Los conmemoramos después de que se desenmarañara un caso que, para mí, es otro símbolo más de cómo ha crecido la generación de la posguerra -especialmente las mujeres-: en los márgenes, ignorada, violentada por el poder.
He peleado con esta columna durante un par de semanas. Le di vueltas por varios días, escribí, borré todo y, ahora, escribo de nuevo.
Hace menos de tres semanas la Fiscalía General de la República anunció el arresto de una de las figuras más prominentes de la televisión salvadoreña, Alejandro Maximiliano González, presentador de TCS y conocido como “Gordo Max”, junto al empresario Ernesto Regalado, Luis Alonso Marroquín Pineda y Salvador Enrique García Arévalo por ser parte de una red de trata de menores de edad. Hasta el momento solo han sido acusados de remuneración por actos sexuales con menores de edad y no de estupro.
Este enero debíamos conmemorar la memoria de un acto de paz, de un punto y aparte en la historia del país. El momento en que la guerrilla y el gobierno intercambiaron las armas por el diálogo.
Pero la memoria es algo más complicado que eso. El sociólogo francés Maurice Halbwachs la definió como una reconstrucción del pasado que se hace con ayuda de datos del presente sobre otras reconstrucciones anteriores. Además, estableció la memoria como un acto intrínsecamente colectivo y acuñó el término de memoria colectiva.
En otras palabras, la memoria de la guerra y de la paz no es algo que se puede celebrar como un monumento estático sobre el Bulevar Monseñor Romero, sino que es algo que reconstruimos como colectivo cada vez que buscamos en nuestros recuerdos y que reconstruimos con ayuda del presente en el que estamos.
Más allá de actos vacíos, de monumentos/adefesios, este 2017 celebramos la respuesta de una sociedad que revictimiza a menores de edad y busca excusas para un grupo de hombres poderosos acusados de violar y prostituir a niñas de escasos recursos. Como sociedad nos enfrentarnos a esa cara de nuestro país.
Celebramos 25 años, durante los cuales 3.2 niñas fueron agredidas sexualmente todos los días entre 2006 y 2014. Estos son datos de solo 9 de esos 25 años. Nueve años en los que 10,546 mujeres menores de edad fueron víctimas de violación. Niñas y adolescentes de posguerra.
Conmemoramos la paz, durante la cual otra niña de la posguerra, Katya Natalia Miranda Jiménez, se convirtió en un símbolo de la impunidad. Un caso en el cual las autoridades hicieron caso omiso de protocolos de investigación y se dejó que el caso prescribiera. En El Salvador de posguerra la prescripción no es un incentivo para acelerar las investigaciones, sino una forma de ignorar la justicia.
La paz, durante la que decidimos ignorar desigualdades sociales históricas, vomitó un fenómeno al que no hemos sabido enfrentarnos. Las pandillas y toda la violencia que conllevan son un recuerdo de desigualdades creadas por las élites y que la clase media ha ignorado cómodamente. Un fenómeno que también tiene especiales garras en contra de las mujeres, que son objetos a ser humilladas, torturadas, violadas en grupo y asesinadas.
La posguerra nos ha dejado una educación sexual secuestrada por Sí a la Vida y la Iglesia Católica, donde es prohibido hablar de genitales, de consentimiento, de diversidad sexual, de género y de sexualidad en función del placer. La posguerra no habla de sexo, pero acepta como normal que el 30% de las mujeres embarazadas sean adolescentes. Adolescentes de posguerra.
Entre las víctimas del círculo de trata estaban Natalia y Jocelyn, quienes dieron información sobre 24 clientes de ese círculo. La investigación nació tras un caso de 2008 con Jocelyn y continuó en 2014 con Natalia. La Fiscalía tardó seis años en detener a cuatro de los clientes y en el camino Jocelyn fue asesinada, hecho que posiblemente está vinculado a abusos sexuales a los que la sometieron los agentes de la Policía Nacional Civil que tenían la tarea de resguardarla. Así tratamos a las niñas de la posguerra.
Una amiga, María, escribió poco después de los arrestos un recuerdo de su infancia en su muro de Facebook. A los 12 años llamó junto a una vecina a la Vox FM para pedir una canción. Recuerda que el Gordo Max contestó y pedir una canción se convirtió en una llamada de media hora en la que este las “cuentió”, les preguntó de qué colegio eran, si tenían novios. Esta es la cultura que escuchamos en la radio.
A muchos no les gusta que relacionemos los problemas de hoy con el pasado. Dicen que no tenemos derecho a discutir la guerra o cuestionar los Acuerdos de Paz y la Ley de Amnistía porque éramos muy pequeños o no habíamos nacido todavía.
Pero estos y tantos eventos del pasado forman la sociedad en la que crecimos. Y ya es hora que como generación de la posguerra nos obliguemos a enfrentar estos fantasmas desde nuestras respectivas trincheras.
Porque como mujeres, como feministas, tenemos que exigir dignidad, respeto e igualdad de derechos sin miedo a hacer que nuestras voces se escuchen.
Porque cuando surgen estos casos, como el de un presentador de TV y un empresario abusando de menores de edad y una sociedad escupiendo frases que culpabilizan a las víctimas, no podemos aceptar que el sistema funcione como siempre, como le funcionó a Katya Miranda.
Porque hay que luchar por una educación sexual basada en la ciencia y no determinada desde perspectivas sexistas, homofóbicas y prejuiciosas.
Porque es hora de despertar.
Porque sí tenemos relación con y derecho a discutir la guerra y la paz y urge reformar y redireccionar nuestra identidad, una identidad que se formó entre ignorar las injusticias y desigualdades heredadas del pasado y escuchar al Gordo Max todos los días en la radio.
* Jimena Aguilar está estudiando en Colonia, Alemania, un Máster en Narrativas Digitales en la Internationale Film Schule Köln. Su proyecto de Maestría está enfocado en la memoria colectiva en relación al espacio.
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1 Responses to “Niñas y adolescentes de posguerra”
Muy puntual artículo. Sería oportuno abonar, que en la actualidad los derechos de los menores se han ampliado a tal grado, que el simple hecho de no pagar la cuota alimenticia consiste un maltrato infantil, no solo regulado por la ley LEPINA, sino también por el código penal. Es totalmente inconcebible, como el mismo Estado margina una y otra vez, en cada proceso, los derechos de los menores de edad y a la vez, permite, tolera, consiente que de una u otra forma, sean hasta los mismos padres los que violenten los derechos de los menores de edad. En el salvador existen muchos niños que no poseen pasaportes y no pueden salir del país, por que los padres no les autorizan la emisión de pasaportes ni salida del país, no obstante la madre acude al juzgado de la LEPINA, es este mismo sistema el que boicotea los derechos de los niños y favorece a los padres abusivos o maltratadores. En El Salvador, todos los días hay niños que pierden oportunidades de estudios fuera del país; vidas dignas fuera del país; hay muchos niños que han perdido su residencia americana o de otros países por la negligencia -maltrato-de sus padres; existen padres que se sustraen de sus obligaciones deliberadamente para no apoyar a sus hijos. y el Estado?, a donde se encuentra en ese instante. La Ley LEPINA no solamente protege niñas, ni la ley se limita reconocerles únicamente sus libertades sexuales; existen 9 convenios internacionales en favor de la niñez (sin contar la legislación interna), debidamente ratificados por El Salvador, como su obligatoriedad de cumplimiento, los cuales en su momento, cualquier ciudadano podría acudir a las instancias internacionales pertinentes a denunciar que el Estado Salvadoreño no posee inclusión, integración, sustanciación, ni protección garantista en favor de la niñez y adolescencia victima de cualquier tipo de maltrato. Ello además a conllevado a una desorientada interpretación de la legislación en favor de la adolescencia y que esta lo que regula es protección delincuencial del menor de edad, con ello se soslaya el extremo equivocado que efectivamente arroja impunidad ante un menor infractor. No obstante ningún Diputado, ni ninguna fracción partidaria, a la hora que el Salvador ratifico estos convenios internacionales reparo en que no se debía legislar a manera que el mismo Estado garantizara protección ratificando convenios extremadamente garantistas en favor de menores de edad y o adolescentes delincuentes.