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Narcopolítica y asesinatos de periodistas

Honduras es un país de Centroamérica cuyo presidente, Juan Orlando Hernández (2014-2022), ha sido señalado como supuesto narcotraficante por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

El señalamiento penal puede ser apenas una especie de síntoma que oculta la tradición de narcotráfico en las estructuras estatales.

Hernández ha lucido impasible ante las declaraciones hechas por otros narcotraficantes extraditados de Honduras hacia Estados Unidos, como Los Cachiros y Tony H.

Apenas emitió un comunicado de prensa desde Casa Presidencial cuando los medios informaron que la DEA lo investigaba desde 2013. El comunicado fue difundido profusamente por los medios masivos de Honduras.

Sin embargo, reaccionó de manera casi inmediata, en conferencia de prensa, desde Casa Presidencial, ante la noticia de la relación de hechos en que la Fiscalía de Nueva York lo involucra en supuestas actividades de narcotráfico con su hermano, Juan Antonio Hernández (alias Tony H), con el exalcalde de su mismo partido Alexander Ardón y con colombianos.

Su réplica ocurrió antes de las 72 horas desde que trascendió la información. También hizo una campaña mediática que traspasó las fronteras hondureñas.

El exalcalde “Chande”, como le dicen de cariño en occidente, se entregó a inicios de este año a la justicia penal de Estados Unidos. “El alcalde ‘Chande’ decía que a él nadie lo iba a tocar, porque si lo tocaban a él, tocaban al gobierno; pero a inicios de este año, decidió entregarse”, me dijo un líder local.

Este informe de la justicia estadounidense revela que la reelección del gobernante habría sido financiada por el narcotráfico. Para Hernández, esta versión de la Fiscalía se trata de una venganza de los delincuentes. Mientras, su reacción solícita hace pensar que ahora sí le inquietan las declaraciones por tratarse de “Chande”.

Copán no solo ha sido el entorno de operaciones de la presunta narcopolítica, sino que este fue el escenario en donde inició la ola de crímenes contra la prensa. En la cabecera de este departamento fue asesinado, por su profesión, el comunicador German Rivas, acribillado en 2003 cuando denunciaba las operaciones de una minera. Aunque la policía ha querido clasificar el caso como “pasional”, de allí en adelante ha habido amenazas contra la prensa y defensores de aquella zona. En todo el país, 78 periodistas han sido asesinados desde entonces.

Dentro de ese número, está el más reciente crimen contra Edgar Joel Aguilar, corresponsal de Canal 6, acribillado con arma de fuego al norte de Copán, donde la narcopolítica sigue con su brazo extendido pese a la reciente entrega del exalcalde de El Paraíso y a la extradición de los Valle Valle.

De manera coincidente con las zonas donde la gente menciona que hay narcopolítica, también se registran asesinatos de periodistas y la respuesta desde el discurso estatal suele justificar que el crimen está ligado a las conductas de los periodistas. Con esa semiosis discursiva se cultiva la impunidad.

Esta historia de las extradiciones inició durante la administración del exmandatario Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), también ligado a presuntos sobornos recibidos de parte de Los Cachiros. Lobo Sosa ha dicho que son versiones que manejan los criminales.

A simple vista, los expedientes revelan que Lobo Sosa trabajó con Los Cachiros, los narcotraficantes más poderosos de inicios del siglo XXI en Honduras.

En esa misma línea argumentativa, pareciera como si la Fiscalía de Nueva York quisiera sustentar que, con la extradición de Los Cachiros, el vacío lo llenó Ardón, un alcalde con influencia y poder en el occidente de Honduras.

Ante el vacío por la ausencia de Los Cachiros y de los narcotraficantes del occidente, conocidos como los Valle Valle —también extraditados—, las plazas del occidente fácilmente pudieron ser aprovechadas por fuerzas narcopolíticas emergentes del narcotráfico.

En el occidente de Honduras, autoridades locales y líderes comunitarios indican que desde que extraditaron a los Valle Valle se habrían abierto nuevas rutas aéreas del narcotráfico entre La Mosquitia —Lempira—, Copán y Guatemala, y se expandió la supuesta penetración del narco a nuevas alcaldías del occidente, del norte y de la costa oriental de Honduras, en su mayoría gobernadas por el mismo partido del presidente Hernández.

Además, no todos los diputados y exdiputados señalados por narcotráfico están en la mirada de la justicia. Al mismo tiempo, la presencia de colombianos creció en el país, tienen diversas inversiones en rubros vitales de la economía, son asesores en organismos estatales y ahora hasta se han convertido en prestamistas en los mercados informales de ciudades de Honduras.

En las pláticas cuentan que el poder del exalcalde se evidenciaba en su capacidad para traer grupos de narcocorridos mexicanos famosos a nivel mundial. Para las fiestas cerraban calles con custodia estatal. El exalcalde dejó el cargo, pero quienes hicieron cogobierno con él siguen en el poder.

Antes de la captura de los Valle Valle, en comunidades de Copán había reuniones de fin de semana con los políticos de alto nivel mencionados. También había negociaciones y pláticas con narcotraficantes en casas de gobernadores.

Pese a las extradiciones, se habla de la existencia de un narcolaboratorio en el occidente del país en manos de políticos de alto nivel, ubicado cerca de un aeropuerto. El negocio ilícito no solo ha generado tráfico de drogas, sino también muertes, desapariciones, supuestos suicidios y la presunta implicación de altos funcionarios judiciales.

De tal forma que con las extradiciones ha habido un reacomodo de las estructuras de la narcoactividad con los mismos actores políticos con ansias de continuar en el poder y con actores emergentes como las maras o pandillas que han entrado al mercado ya no como un simple brazo sino como mafias que lavan activos, controlan las cárceles, con capacidad de transporte, distribución y negociación con el gobierno.

Una reconfiguración del narcotráfico en un contexto de impunidad no es nada nuevo en la historia de Honduras. El escándalo Irán-Contras desnudó la trama de complicidad estatal de gobiernos de México y Centroamérica con la narcoactividad. El escándalo quedó en la impunidad. En Honduras nadie fue castigado por traficar con bandas de tráfico de drogas y de armas que tenían —tienen— capacidad de infiltrarse en el Estado.

Hasta la fecha no hay derecho a la verdad ni derecho de acceso a la información pública sobre estos eventos.

En México, las investigaciones periodísticas han venido revelando que supuestamente la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena estuvo ligado a sus hallazgos sobre la implicación de la CIA en el escándalo Irán-Contras y al mismo tiempo su asesinato marcó la decadencia del Cartel de Guadalajara.

Con la desarticulación del Cartel de Guadalajara inició también la investigación de la Operación Irán-Contras, pero, según investigaciones de la prensa mexicana, el declive significó la conformación de una federación entre carteles mexicanos. A su vez, eso permitió la posterior consolidación del Cartel de Sinaloa, con una gran capacidad de penetración en estructuras estatales para acabar con los grupos rivales.

Al mismo tiempo que el Cartel de Guadalajara era golpeado en México, en Honduras el gobierno de Estados Unidos detuvo a Ramón Matta Ballesteros bajo cargos de supuesto narcotráfico y lo extraditó sin que existiera un marco constitucional que permitiera este acto.

Matta Ballesteros ha dicho que va a demandar a los periodistas que lo ligan al Cartel de Guadalajara y que mencionan que estuvo en la escena donde apareció asesinado Camarena.

Matta Ballesteros ahora tiene una denuncia contra el Estado de Honduras por su extradición a Estados Unidos, según consta en el “Informe Número 64/17, Petición 585-06”, del 25 de mayo de 2017, denominado “Juan Ramón Matta Ballesteros y Familia Vs Honduras”. La denuncia ya fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cualquiera pensaría que la extradición de Matta Ballesteros marcaría el fin de una era. Pero nada de eso ocurrió. El narcotráfico se renovó.

A partir de los años noventa, las Fuerzas Armadas —con poder de controlar los mares, fronteras y el tráfico aéreo de Honduras— progresivamente fueron dejando las tareas de seguridad pública para trasladar la administración policial a las autoridades civiles, pero la cúpula policial siguió teniendo una cultura militarista.

En esta década desapareció en el aire un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Ávila Banegas, perteneciente a la corriente del Partido Liberal, liderada por Jaime Rosenthal, señalado en 2015 como supuesto lavador de activos provenientes del narcotráfico, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El hijo del excandidato presidencial Jaime Rosenthal, el exdiputado Yani Rosenthal, fue enjuiciado en Estados Unidos.

En ese entonces, declaraciones de prensa de la clase política mencionaban que los Rosenthal mantenían el control del poder judicial.

A partir de 2002 —cuando se inició un proceso de reforma en la Corte Suprema de Justicia en Honduras—, este poder del Estado fue controlado por el Partido Nacional hasta 2009.

Entre 2009 y 2016, el turno de controlar el poder judicial le tocó nuevamente al Partido Liberal. Era la época del golpe de Estado.

Desde antes del golpe de Estado, la prensa nacional mencionó que “el Chapo” Guzmán, cabecilla del Cartel de Sinaloa, había mandado una aeronave para un alto funcionario del gobierno de Manuel Zelaya Rosales. El caso fue conocido como El Avionazo. Se trataba de un jet de lujo que fue subastado por el gobierno mediante un proceso legal.

En uno de los expedientes de la Fiscalía de Nueva York mencionan que el golpe de Estado fue visto por el narcotráfico como una oportunidad de expandir su negocio y de asociarse con nuevos políticos.

A pesar de los cambios en la administración de justicia, a partir de la década de los 2000, mientras en México el Cartel de Sinaloa peleaba junto a grupos armados del Estado en contra de sus rivales, utilizaba el mismo modo de operar en Honduras. Por estos mismos años hubo capturas de diputados con cargamentos de drogas y asesinatos inexplicables de diputados.

Se pusieron de moda las masacres de más de cuatro personas y las muertes múltiples no dejaron de ocurrir intensamente, entre 2002 y 2012, hasta que se llevaron a cabo extradiciones. Las extradiciones de narcotraficantes ocurrieron desde 2014 en adelante.

El argumento de las autoridades para explicar las masacres siempre fue que se trataba de ajustes de cuentas entre el narcotráfico, pero no fue hasta que el gobierno de Estados Unidos decidió extraditar narcotraficantes que pudimos comprender que la cúpula policial trabajaba al servicio del narcotráfico, junto a diputados y operadores judiciales. Muchos se mantienen hasta hoy en la impunidad.

El exjefe policial de homicidios era el jefe de sicarios de los narcotraficantes. Llegaban a las escenas, acordonaban y empezaban a limpiar para borrar evidencias, según policías de aquel entonces.

A inicios de la presente década, el exministro de Seguridad Óscar Álvarez reveló durante una entrevista en la que conversamos por más de una hora, para una revista de la capital, que había narcoalcaldes en el país y que Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, aterrizaba en uno de los municipios del occidente. Ese era solo el reinicio.

Tras dejar la Corte Suprema de Justicia en 2016, el expresidente Jorge Rivera Avilés fue acusado por un rosario de ilícitos relacionados con la corrupción. El consejero de la Judicatura Teodoro Bonilla fue condenado por tráfico de influencias, relacionado con un caso de lavado de activos. De manera coincidente, mientras ellos lideraban el poder judicial, Los Cachiros consolidaron su poder. Desde 2017, la Corte Suprema es controlada nuevamente por el Partido Nacional.

La prensa nacional ha denunciado que el nuevo presidente del poder judicial, Rolando Argueta, litigó junto a Tony H. para la libertad de supuestos narcotraficantes colombianos.

¡Cómo quisiéramos que esta vez no hubiera un nuevo reacomodo con los políticos y funcionarios como protagonistas del narcotráfico!


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*Wendy Funes es periodista hondureña. Fundadora del periódico Reporteros de Investigación. Ganadora del premio Libertad de Expresión en categoría Periodismo de la organización Index on Censorship (2018). Desde 2015 investiga la criminología mediática en la prensa escrita de Honduras.

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