El Juzgado Segundo de lo Laboral está en cuarentena. Una empleada de ese tribunal está ingresada en el Hospital Saldaña y bajo vigilancia por sospechas del coronavirus. Otros juzgados de lo laboral, del Primero al Quinto, han suspendido labores para desinfectar sus instalaciones y prevenir. Los juzgados de Familia que funcionan en la misma sede judicial han replicado la medida.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
“Señores usuarios, cerrado por limpieza general”. Esa frase fue escrita en una hoja de papel bond pegada en la puerta del Juzgado Segundo de lo Laboral de San Salvador, que suspendió labores desde este lunes 16 de marzo, luego de que una de las empleadas haya sido sometida a la prueba del Covid-19.
El juzgado suspendió las audiencias programadas para el martes 17 de marzo, según el aviso colocado por los empleados judiciales en el tribunal ubicado en el Centro Judical Integrado de Derecho Privado y Social, ubicado en la Diagonal Universitaria de San Salvador.
Según fuentes judiciales, la persona que trabaja en ese juzgado había ingresado de otro país y la semana pasada fue ingresada en el Hospital Nacional Saldaña, porque presentaba síntomas similares a los de las personas positivas al coronavirus. Los demás empleados que estuvieron en contacto con ella también fueron enviados a su casa.
“Existe una empleada de la Corte Suprema de Justicia la cual presentó sintomatología respiratoria. Ya al momento ha sido evaluada. Se le ha dado seguimiento, se realizaron las pruebas. Esta persona está totalmente asintomática y ya con su prueba corrida y la prueba ha sido negativa”, confirmó en conferencia el viceministro de Salud, Francis Alabí.
Hay 20 personas con enfermedades respiratorias agudas bajo “vigilancia estrecha” en el Hospital Nacional Saldaña, según confirmó este miércoles el Ministerio de Salud. El Salvador cuenta con 2,400 pruebas y ha hecho hasta el momento 120, de acuerdo con los datos oficiales.
Los Juzgados Primero, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Laboral, ubicados en el mismo edificio, también han suspendido labores por lo ocurrido en el Segundo para desinfectar sus instalaciones, ubicadas en el mismo pasillo que el Segundo, y prevenir cualquier contagio del Covid-19. Tampoco están funcionando todos los juzgados de familia ubicados en la misma sede judicial por la misma razón.
“Tenían el foco de infección aquí mismo y nadie había dicho nada”, dijo una empleada que trabaja en el mismo edificio judicial, pero en otro juzgado.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha emitido recomendaciones para contener la propagación del virus. Nadie puede entrar al edificio de Derecho Privado y Social sin antes lavarse las manos con agua y jabón, y están realizando chequeos médicos a los empleados que presenten algún síntoma. Sin embargo, a los sindicatos del Órgano Judicial le parece insuficiente. Están exigiendo que la Corte mande a casa a todos los empleados de los juzgados de lo Civil, Mercantil y Familia y no solo a los mayores de 60 años y con enfermedades crónicas que, a excepción de directores y jefes, ya están en resguardo domiciliar.
“Queremos exigirle a la Corte en pleno que sea más responsable con la planta laboral que administran, demandamos liberar a todos los trabajadores para que puedan resguardarse en sus casas. Exigimos a la Asamblea suspenda los plazos penales y procesal penal”, dijo Roswald Solórzano, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ).
El decreto de régimen de excepción aprobado el pasado fin de semana por la Asamblea incluye una suspensión de plazos legales en los procedimientos administrativos y judiciales. Los empleados del Órgano Judicial continúan llegando al Centro Judicial Isidro Menéndez, que concentra la mayoría de tribunales del país.
Los jueces y magistrados de toda la República fueron notificados que el resguardo domiciliar no les aplicará a ellos en razón de su edad. Solo les aplicará si tienen algún padecimiento crónico y lo documentan ante la Secretaría general de la Corte.
Pero ya hay algunas suspensiones a raíz de la crisis. El Juzgado Especializado Para Una Vida Libre de Violencia y Discriminación Contra la Mujer de San Salvador suspendió el lunes el juicio contra 13 procesados por el feminicidio de la agente Carla Ayala. La suspensión, según informó la oficina de prensa de tribunales, se debió a que el abogado de la querella, Arnau Baulenas, viajó a España y cuando regresó al país fue puesto en cuarentena.
Otras instituciones relacionadas con el quehacer judicial han empezado a tomar sus propias medidas. La Procuraduría General de la República (PGR) empezó a notificar por mensajes telefónicos a los usuarios. Eduardo Bernal, quien fue despedido de la Dirección de Centros Penales en agosto de 2019, recibió este lunes una notificación electrónica en la cual le avisaban que obtuvo una resolución favorable en la Cámara Primera de lo Laboral.
Bernal, así como otros usarios del sistema judicial, aún no ha recibido copia del fallo que le favorece. “Notificando sentencia favorable al trabajador. Favor no presentarse por la emergencia nacional”, se lee en el mensaje de texto que recibió el lunes.
Opina