¿Qué implican la suspensión de derechos constitucionales y la emergencia nacional por el coronavirus?

Los diputados aprobaron por unanimidad una emergencia nacional ante la amenaza del coronavirus Covid-19, convertido en pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Pero la armonía se rompió cuando los legisladores de Arena, GANA y PCN siguieron el guion del presidente Nayib Bukele y suspendieron derechos constitucionales de libre tránsito y de libre reunión pacífica entre personas. El estado de emergencia le permitirá al Ejecutivo hacer transferencias entre asignaciones presupuestarias para contar con recursos suficientes. 

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Cincuenta y ocho diputados de la Asamblea Legislativa le otorgaron facultades al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de restringir los derechos constitucionales al libre tránsito y a la libre reunión pacífica entre personas, con el argumento de contener la pandemia del coronavirus Covid-19 en el país, que, según el mismo gobierno de Bukele, aún no tiene contagios registrados.

Este sábado 14 de marzo, los grupos parlamentarios de Arena, GANA, PCN, CD, un diputado del PDC y el no partidario Leonardo Bonilla aprobaron alrededor de las 11 de la noche un decreto que le permitirá a Bukele y a su gabinete de Salud cercar distritos, municipios o departamentos e intervenir en reuniones de personas particulares en cualquier lugar del país.

La Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia Covid-19, que fue aprobada sin los votos del FMLN, de dos diputados del PDC y sin un voto de una diputada de Arena, contiene cinco puntos importantes. El primero es que, según lo disponga el Órgano Ejecutivo, podrá quedar restringido el libre tránsito en zonas determinadas (distritos, municipios o departamentos) para contener los contagios del Covid-19. El Ejecutivo también podrá restringir el ingreso de extranjeros al país. Otra restricción es que las autoridades de salud podrán interrumpir la libre reunión pacífica entre personas, para lo que se les ordenará que regresen a sus casas, a excepción de reuniones con fines religiosos, culturales o deportivos. Para ese tipo de reuniones, los organizadores van a necesitar aval de las autoridades de Salud.

Los salvadoreños que provengan del extranjero podrán ingresar al país, pero deberán cumplir con condiciones sanitarias que determinen las autoridades de Salud, es decir, un periodo de cuarentena de 30 días. También hay libertad para salvadoreños y extranjeros de salir de El Salvador. Los diputados que aprobaron esta ley, que durará 15 días, dejaron por escrito que ningún funcionario, amparado en la restricción, podrá violar otros derechos constitucionales ni otros establecidos en las leyes secundarias, reglamentos y protocolos. Las violaciones que hagan los funcionarios serán sancionadas.

El régimen de excepción está contemplado en el artículo 29 de la Constitución. La libertad de expresión o la prohibición para intervenir las telecomunicaciones son dos derechos que pueden ser suspendidos por un régimen de excepción, según el artículo 29. Los diputados pusieron un candado para que estos derechos no sean suspendidos en la actual coyuntura.

La aprobación de esta ley estuvo rodeada de situaciones irregulares dentro de la sesión plenaria extraordinaria de la Asamblea, que fue convocada desde el viernes 13 de marzo, por petición del presidente Bukele, para que le votaran dos decretos: una emergencia nacional y la suspensión de los derechos constitucionales. Los diputados del partido Arena tuvieron una reunión entre la noche del viernes y madrugada del sábado con representantes del gobierno, entre ellos Carolina Recinos, jefa del gabinete de Bukele, y Ernesto Castro, secretario privado del presidente. El asunto de la reunión fue único: buscar los votos areneros para aprobar la suspensión de los derechos constitucionales.

¿Qué dicen los decretos de emergencia nacional y régimen de excepción aprobados por la Asamblea Legislativa? Aquí te lo explicamos. Infografías FACTUM/Andrea Maida.

Los insultos de Zablah

“Esto es un negocio de mafia lo que están haciendo. Respeten, hombre, por la gran puta. Tengan un poco de respeto. Nos tienen desde las 3 de la tarde. Hay una emergencia nacional, no sean idiotas, todos. Tu madre, jueputa, respeten. Es una emergencia nacional, están locos, ¿qué están jugando?, están locos. No, hombre, imbéciles. Ojalá no les vaya a tocar sufrir en sus familias, vean las noticias, tarados, mafiosos”, gritó el diputado de GANA Francisco Zablah en la madrugada del sábado 14 de marzo, luego de que el presidente legislativo, Mario Ponce, suspendió la sesión plenaria y la pasó para las 2 de la tarde de ese mismo día.

Zablah se refirió a la tardanza de horas que duró la reunión entre areneros y los representantes de Bukele en la Asamblea y que prolongó la estancia de diputados en el Salón Azul sin ningún decreto de emergencia para aprobar. Los diputados del FMLN, presentes a esa hora, golpearon sus curules para exigir que se aprobara el decreto de emergencia nacional.

Si bien el dictamen de emergencia tuvo apoyo unánime en todo momento desde que se propuso, la restricción de derechos consagrados en la Constitución de la República no le sonaba atractivo a ninguno de los dos grupos parlamentarios mayoritarios en la Asamblea: Arena y FMLN. El principal argumento desde ambos partidos fue las conductas autoritarias que ha tenido el presidente Bukele desde que asumió el gobierno en junio de 2019. El temor a darle al mandatario más poder, omitiendo el respeto a derechos constitucionales a los salvadoreños, era palpable entre los diputados de las dos bancadas, al menos así lo pareció hasta el sábado por la noche.

El diputado de GANA, Francis Zablah, durante la plenaria para aprobar el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, el 14 de marzo de 2020. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

La Asamblea Legislativa había logrado por la tarde la unanimidad para un decreto de emergencia nacional y se había advertido que la insistencia de Bukele y sus delegados en el congreso de aprobar restricciones constitucionales no iba a tener apoyos. Sin embargo, mientras los diputados aprobaban el articulado de la emergencia nacional, los representantes del presidente se encerraron en el Salón de los Constituyentes, dentro del Salón Azul, para desplegar sus documentos y leyes y redactar una nueva propuesta para retirar derechos.

La propuesta original incluía la suspensión de derechos constitucionales que obligan al Estado a proporcionar un defensor público e informar el motivo de la detención, en caso de ser capturado por un delito, y a que la detención administrativa no exceda las 72 horas. Esos puntos, que hubieran requerido mayoría calificadísima -63 votos-, fueron retirados por el Ejecutivo.

Fue este último intento por cumplir la voluntad de Bukele que terminó convenciendo a algunos diputados de Arena. Recinos y Castro, junto con sus asesores, llamaron a Carlos Reyes, jefe de fracción de Arena, para plantearle la nueva fórmula para restringir derechos constitucionales. El diputado salió de la reunión y el grupo de Bukele se retiró del salón. La discusión del articulado de la emergencia nacional seguía.

Los diputados del FMLN ya habían advertido que la aprobación de la emergencia nacional le otorgaba suficiente campo de acción a Bukele para que su gobierno prevenga, contenga y atienda la eventual presencia del coronavirus en El Salvador. De hecho, la emergencia nacional tiene muchos más puntos clave que facultan al gobierno a más acciones que la suspensión de derechos constitucionales.

Por ejemplo, la emergencia nacional ya dicta la limitación de las concentraciones de personas, para lo que quedan suspendidos espectáculos y otros eventos cuyas conglomeraciones signifiquen riesgos de contagio. También hay poder para la Defensoría del Consumidor de fijar máximos en precios de productos dirigidos a la prevención y tratamiento del coronavirus, así como la vigilancia de que no se cometan abusos contra los consumidores. La emergencia también autoriza a los hospitales privados a dar servicios (no gratuitos) de cuarentena y los obliga a dar informes al sistema nacional de salud pública para tener registro.

Los afectados por las medidas de la emergencia nacional, por ejemplo, quienes sean sometidos a cuarentena o no puedan ingresar al país por restricción migratoria, no podrán ser despedidos de sus empleos ni sus salarios podrán ser descontados. Mientras que todos los profesionales de la salud, incluidos técnicos, auxiliares, higienistas y asistentes, deberán prestar servicios ad honorem cuando el gobierno lo requiera. Y las clases en el sistema educativo nacional, público y privado, quedan suspendidas por 30 días, es decir hasta el próximo 13 de abril, después de la Semana Santa.

La emergencia nacional, mucho más completa que la suspensión de derechos constitucionales, también incluye la suspensión de plazos legales en los procedimientos administrativos y judiciales para las personas que resulten afectadas por las medidas de emergencia. Es decir, si un acusado con medidas sustitutivas a la detención debe presentarse a una audiencia judicial y antes es sometido a cuarentena, no será declarado prófugo. Tampoco los afectados por la emergencia van a incurrir en incumplimiento de obligaciones de contratos ni en responsabilidad civil ni mercantil por la mora que se genere.

Los diputados aprobaron, por unanimidad, que las personas jubiladas no tengan la obligación de presentarse a los lugares donde se les da su pensión mensual. Otro punto importante para el gobierno de Bukele es que se le da autorización al Ministerio de Hacienda para buscar préstamos internacionales para tener dinero que será usado únicamente para atender la emergencia del coronavirus. También Hacienda va a poder hacer transferencias entre las asignaciones presupuestarias del gobierno para tener dinero disponible. Incluso, el gobierno de Bukele va a poder hacer contrataciones directas, sin necesidad de concurso público, para bienes o servicios que sirvan para afrontar la emergencia. Sin embargo, todo podrá ser auditado y, para mayor garantía, el decreto de emergencia dicta que todas las acciones que haga el gobierno bajo estas medidas son de “máxima publicidad”. Es decir, que la Presidencia de la República no va a poder alegar “reserva de la información” cuando haya solicitudes de acceso a la información pública de cómo se manejó la emergencia y la administración del dinero público.

Pero todas las medidas aprobadas en la emergencia nacional no fueron suficientes. Los diputados de Arena tuvieron una encerrona en el Salón de los Constituyentes y salieron divididos: una mayoría que de repente apoyó quitar derechos constitucionales contra una minoría que prefirió irse de la Asamblea Legislativa. Carlos Reyes, el jefe de los diputados de Arena, le pidió al presidente parlamentario, Mario Ponce, del PCN, que convocara a la comisión política para darles a conocer a los demás lo negociado entre Arena y el gobierno de Bukele.

Decreto de emergencia nacional por pandemia Covid-19

Ponce dio un receso en la sesión plenaria de 15 minutos que se convirtieron en casi una hora. Al salir de la comisión política, que fue a puerta cerrada en las oficinas privadas de los diputados directivos, los legisladores de Arena, GANA y PCN ya traían un dictamen bajo el brazo: la suspensión de los derechos constitucionales. Para lograr los 56 votos y rellenar los vacíos que dejaron los diputados propietarios de Arena que abandonaron el pleno por estar en desacuerdo, llamaron a suplentes.

El switch de los diputados areneros

La bancada de Arena solo extrañó a dos de sus diputados propietarios en la primera votación para la emergencia: Margarita Escobar, que se iba a incorporar para la suspensión de derechos constitucionales, y Julio Fabián, que no estuvo presente en toda la sesión. Los diputados que estuvieron en lugar de ellos, en ese momento, fueron José López, suplente de Marcela Villatoro, y Karla Roque, suplente de Gustavo Escalante, uno de los disidentes areneros que ahora apoyan de forma incondicional al gobierno de Bukele desde su curul arenera.

Pero el abandono de diputados propietarios que no estuvieron de acuerdo con retirar derechos constitucionales a los ciudadanos hizo que la fracción del partido de derecha se llenara de suplentes. Quienes abandonaron el pleno fueron siete propietarios: Marta Batres, Patricia Valdivieso, Alejandrina Castro, Norman Quijano, Lucía de León, Karla Hernández y Silvia Ostorga.

En lugar de esos siete propietarios llegaron Andrés López, suplente de Felissa Cristales, otra disidente arenera; Douglas Cardona, suplente de Milena Mayorga, también disidente; Esmeralda García, suplente de David Reyes; Johanna Ahuath, suplente de Javier Palomo; Melissa Ruiz, suplente de Andrés Hernández; y Mónica Rivas, suplente de Alberto Romero. También continuaban en el pleno los diputados López y Roque, suplentes de Villatoro y Escalante, respectivamente.

Mientras que el propietario Donato Vaquerano, que no apareció en la votación de la emergencia, por lo que Arena registró solo a 36 diputados de sus 37 en ese momento, para la aprobación de la suspensión de derechos constitucionales ya estaba incorporado para votar a favor.

Todos los suplentes areneros votaron mientras sus propietarios también estaban presentes para dejar en verde de “sí” sus curules.

En el caso de GANA, el diputado Guillermo Gallegos fue sustituido justo en el momento de votar por la restricción de derechos y fue reincorporado momentos después de que se aprobó el decreto.

Carlos Reyes, jefe de los legisladores areneros, leyó el articulado del nuevo decreto que había sido redactado minutos antes y Mario Ponce llevó la propuesta a votación. El decreto logró los 56 votos requeridos. Todo el grupo parlamentario del FMLN votó en contra. Al igual que los diputados Rodolfo Parker y Jorge Mazariego, del PDC, que dejaron en rojo de “no” sus curules. Mientras que la diputada Rosa Romero, de Arena, fue la única de su fracción que no quiso dar su voto y se abstuvo.

Bukele, por la tarde del sábado, desde su cuenta de Twitter ya había dado instrucciones para que bares y discotecas cerraran por 14 días y redujo el máximo de aglomeraciones de personas a 75. También habló de que el Centro Internacional de Ferias y Convenciones se convertirá en el mayor centro de atención para el coronavirus, con salas de cuidados intensivos para pacientes.

Los centros en donde se encuentran en cuarentena los salvadoreños que regresaron al país en los últimos días, sin embargo, muestran otra cara, según las denuncias de las personas sometidas a las medidas del gobierno. Falta de agua potable, falta de alimentación adecuada, sanitarios sucios, calor intenso, zancudos y mezcla de viajeros que proceden de países con bajos índices de contagio con otros que vienen de países que son focos de infección. La alimentación poco a poco ha mejorado después de varias empresas privadas comenzaron a donar alimentos preparados.

Las personas en cuarentena también han denunciado que no se les ha hecho ninguna prueba para determinar si están contagiados de coronavirus o no. Hasta el sábado por la noche, el sistema de salud salvadoreño seguía contabilizando en cero los casos confirmados.

En la Asamblea, la aprobación para retirar derechos constitucionales requirió de una votación nominal y pública. Los diputados que avalaron darle más poder al presidente Bukele jugaban a quién gritaba más fuerte cuando se mencionaban sus nombres y les tocaba decir: “a favor”. Entre risas, varios diputados y diputadas de Arena fueron abandonando sus curules. Esta vez, los enviados del gobierno de Bukele no iban a tomar fotos de sus aliados para denunciar que se ausentaban de la plenaria, la que continuaba, porque los diputados del FMLN tomaron la palabra para denunciar el exceso de poder concedido a Bukele por los diputados de derecha.