Día 27: La Corte de Cuentas se pone el reto de fiscalizar el dinero para la emergencia

La Corte de Cuentas anunció que va a auditar el manejo del gasto público que está haciendo el gobierno de Nayib Bukele en esta emergencia nacional por el COVID-19. La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada comenzaron a detener personas que, según las autoridades, no tienen justificación para transitar en el país. La cifras oficiales del coronavirus para El Salvador dan para este martes un total de 93 casos confirmados de contagio. La última actualización ahora cuenta, además, cinco personas fallecidas y cinco recuperadas de la enfermedad.

Foto FACTUM/Fernando Romero


Martes 7 de abril de 2020.

7:00 am. La presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Rivas, anunció este martes que la institución hará auditorías sobre seis puntos de manejo de dinero público durante la emergencia nacional por el COVID-19.

La CCR va a fiscalizar la construcción del hospital en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) y también va a supervisar la «mesa de crisis» que ha integrado la Presidencia de la República con sus ministerios y otras direcciones. Otros puntos que va a fiscalizar la corte son la adquisición de equipos e insumos médicos por el Seguro Social (para lo que existe el aval legislativo de compra directa), la administración que haga el gobierno de Nayib Bukele de las donaciones nacionales y extranjeras, la distribución del subsidio de 300 dólares y la entrega del bono que prometió el presidente Bukele para el personal que integra la «primera línea» de contención contra COVID-19: Fosalud, Ministerio de Salud y Policía Nacional Civil (PNC), entre otros.

«Es importante aclarar que la Corte de Cuentas no va a entorpecer el proceso. Esto no quiere decir que se van a a obviar requisitos mínimos en las contrataciones», dijo Rivas, y explicó que la intención de la corte es hacer auditorías concurrentes para que todo el manejo del dinero público, ya sea del presupuesto general, de las donaciones o de los préstamos que adquiera el gobierno, se haga con eficiencia «a tiempo», en lugar de hacer exámenes luego de la emergencia.

Rivas dijo que esta forma de hacer auditorías concurrentes debe llamar la atención a los diputados para que aprueben reformas a la Ley de la Corte de Cuentas y se puedan hacer fiscalizaciones simultáneas al manejo de dinero público y no después, cuando ya no se pueden hacer correcciones.

8:11 pm. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, hizo cuentas alegres con los detenidos por supuestamente quebrantar la cuarentena domiciliaria obligatoria vigente desde el 21 de marzo pasado. Ayer, en un mensaje por Twitter, el ministro informó, según sus números, del 3 de abril a este martes 7, las autoridades detuvieron a «más de 476 personas», con lo que sumó más de 1,200 detenidos por transitar en las calles sin, supuestamente, una justificación.

Este anuncio de Rivas sucedió el mismo día de la publicación de Revista Factum acerca de cómo la PNC dejó libre al gerente del partido Gana, Ernesto Clavel, quien el 27 de marzo pasado fue a chocar en estado de ebriedad contra un mupi en uno de los redondeles Beethoven, sobre el paseo General Escalón, frente a agentes policiales y soldados.

Los más de 1,200 detenidos que informó el ministro no corrieron la misma buena suerte que el dirigente partidario.

11:22 pm. Quince personas más dieron positivo a la prueba del COVID-19 y un paciente falleció, reportó el gobierno en su actualización del martes por la noche en su plataforma en internet. La última actualización ahora cuenta 93 casos confirmados, cinco personas fallecidas y cinco recuperadas de la enfermedad.

El paciente fallecido es un hombre de 69 años, informó el Ministerio de Salud.

Según el sitio gubernamental, dos pacientes más se encuentran en condición crítica, cinco están en situación grave, seis en moderada y 70 estables. Hasta la noche del 7 de abril, había 18 casos sospechosos.

5:36 pm. La Secretaría de Prensa de la Presidencia publicó un comunicado en que anunciaba que la prórroga a la cuarentena domiciliaria obligatoria, según la instrucción del presidente Nayib Bukele, se extenderá hasta el 28 de abril. En ese mismo comunicado, la secretaría también informó que el órgano ejecutivo pedirá a la Asamblea Legislativa las prórrogas a los decretos legislativos 593, que establece la emergencia nacional por la pandemia del coronavirus, y el 611, que dicta la restricción de derechos constitucionales. En el caso de la emergencia nacional, la prórroga duraría un mes más, hasta el 12 de mayo, mientras que la restricción de derechos llegaría, al igual que la cuarentena domiciliaria, hasta el 28 de abril.

La secretaría, sin embargo, borró de su cuenta el mensaje momentos después de publicarlo.

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