Condena internacional

En medio de esta crisis de salud, cuando la violencia arrecia nuevamente, muchos de nuestros conciudadanos están pasando hambre, la población sufre de mucha incertidumbre e inseguridad en varios campos y la economía está paralizada; y su recuperación, se sabe, será difícil. Y de repente nuestro presidente logró para sí una condena internacional como no veíamos desde la época de los gobiernos militares.

Los presidentes de los comités responsables de relaciones exteriores del Congreso de Estados Unidos condenaron a finales de abril “el retroceso democrático y los abusos de derechos humanos en El Salvador” (carta al presidente Bukele firmada por los congresistas Engel y Sires, abril 29). “El cuadillismo autoritario de Nayib Bukele” (El Espectador, abril 30). “Tenemos el deber de asegurar que El Salvador no se convierta en otra dictadura” (Human Rights Watch, Estados Unidos, abril 28). “Qué crueldad”, dijo el expresidente Manuel Zelaya, de Honduras, “combina una pandemia y tiempos brutales y atroces que creíamos superados en la historia”. “Promoviendo el uso de fuerza letal por los cuerpos de seguridad, y las acciones represivas en las cárceles, son señales de su clara intención de consolidar poder en el ejecutivo.” (comunicado WOLA -Oficina en Washington para América Latina, abril, 29). Estas son solo algunas de esas expresiones a escala internacional.

En El Salvador también son muchas y graves las expresiones de preocupación. Algunos ejemplos: “Vemos la actitud más antidemocrática en este país desde la firma de los Acuerdos de Paz” (Fabio Castillo). “Cómo es posible que no haya información seria y transparente de cómo va la enfermedad. Cómo es posible que habiendo la Asamblea autorizado todo el dinero que ha pedido, los hospitales no dispongan de los equipos y medicinas necesarios” (Demócratas Siempre, mayo 1). “Muy atrás dejaron sus valores a tal grado que les vale sorbete la gente, la democracia y la libertad” (José Afane, LPG, abril 28).

Esas expresiones de condena y preocupación nos deben servir de alarma a los salvadoreños. Son muchos los valores y riesgos que corremos por estas últimas actuaciones del gobierno. Así lo expresan importantes voces:
“El flagrante irrespeto al papel de la Corte Suprema en la protección de los derechos fundamentales debe ser una alarma temprana para actuar ahora contra mayor erosión del estado de derecho y la reducción de poder de las instituciones democráticas” (Human Rights Watch, Estados Unidos, abril 17). “En este sentido, nosotros estamos preocupados de que varias de las acciones recientes que usted ha tomado ponen en peligro los derechos humanos de los salvadoreños y la democracia de su país. También estamos sumamente perturbados por las acciones tomadas contra la población de las prisiones que podría contribuir a expandir el COVID-19” (carta Engel y Sires al presidente Bukele, Congreso de EUA). “Tratamiento abusivo y duro de la población encarcelada no logra mayor seguridad a los salvadoreños… el cierre de las prisiones puede contribuir activamente a diseminar la enfermedad. Después de confrontar abierta y repetidamente a la Corte Suprema. el presidente Nayib Bukele, de El Salvador, ha demostrado esta semana su intención plena de usar la pandemia del COVID-19 como un pretexto para debilitar el estado de derecho, obligando al país a una crisis constitucional” (comunicado de WOLA).

Las razones del presidente para hacer eso son varias, según fuentes internacionales.

“Pretexto para socavar el estado de derecho”, “Su clara intención de consolidar poder en el Ejecutivo” (WOLA). “El aumento en homicidios deja claro que las pandillas mantienen su capacidad de aumentar las muertes, cuestionando el argumento del gobierno de que ejerce control total en las prisiones. Los homicidios son una llamada de atención para decir que ellos (las pandillas) están todavía allí, con el mismo poder y áreas de control. El gobierno y las pandillas han regresado a la guerra” (Insight Crime, abril 30). El gobierno respondió, en esa guerra con “tratamiento abusivo y duro”, incrementando el peligro de transmisión de la pandemia. “Pretexto para socavar la Constitución salvadoreña y las normas internacionales” (carta de Engel y Sires).

Según esas voces y preocupaciones, mucho está en juego para nuestro país, pero esas fuentes internacionales también nos dan lineamientos de los pasos necesarios para que el gobierno corrija rumbo: “Respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos básicos. El combate al crimen organizado se debe hacer de una manera que respete las normas internacionales y que no contribuya a propagar la enfermedad. Se debe usar la fuerza de acuerdo con los estándares internacionales, y cualquier abuso debe ser investigado por la oficina del fiscal general. Le urgimos a respetar la Constitución de su país y a respetar la autoridad de los órganos legislativo y judicial” (carta Engel y Sires).

Ese tipo de acción no será posible si los salvadoreños no exigimos del estado ejercer el respeto que esas voces internacionales señalan. Pero también debemos exigir que se prioricen las mayores preocupaciones del pueblo señaladas al inicio: el hambre, la inseguridad, la recuperación económica, la democracia y la salud. Las voces internacionales ayudan y apoyan en ese rumbo, pero esos cambios y acciones no se darán si el pueblo no los empuja.

Nota del editor: Mayo de 2020 no se escapa de las conductas antidemocráticas del presidente Nayib Bukele. La ley de cuarentena aprobada por la Asamblea Legislativa el 4 de mayo pasado le sirvió al gobierno para implementar una cuarentena con mayores restricciones, semejantes a las de un régimen de excepción, que viola el derecho constitucional del libre tránsito de las personas. La Sala de lo Constitucional acumula más de una decena de demandas de inconstitucionalidad contra los cuerpos normativos que aprobaron la Asamblea y la Presidencia. Mientras tanto, un movimiento bipartidista de congresistas Demócratas y Republicanos en Estados Unidos propuesieron este 11 de mayo que mediante la USAID se establezcan controles para el respeto de los derechos humanos en los países en donde el estado democrático está en peligro por gobiernos autoritarios, para lo que hicieron una mención especial de El Salvador.

*Mauricio Silva ha trabajado por más de 40 años en administración pública. Ha sido director y gerente de varias instituciones en El Salvador y experto en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.