La economía política del statu quo

Muchos nos preguntamos cómo será el país después de la pandemia. Otros ya padecemos lagunas mentales luego de más de 30 días de cuarentena. Es necesario volver a recordar cómo estaba el mundo y el país antes de la pandemia y dar ideas de cómo podría ser después de ella.

La globalización, tal como la conocimos desde 1990, está cuestionada. El multilateralismo, los bloques económicos, las instituciones globales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco de Pagos Internacionales, Organización Mundial del Comercio y otras), la gobernanza mundial ejercida por el G-7 con la hegemonía y liderazgo de Estados Unidos junto al silencioso ascenso económico y político de China, eran el cuadro observado en septiembre del 2007.

Un año y medio después se desencadenó una aguda crisis económica global, la gran recesión que tuvo una inusitada duración entre los años 2009 y 2015. El derrumbe de la bolsa de valores y la pérdida de fondos de inversión creó una severa crisis financiera (banca, hipotecas, seguros) que llevó a diversos estados a ejecutar planes de salvataje y nacionalización de instituciones financieras. El esfuerzo fiscal para proteger su sistema financiero y reactivar la economía luego se transformó para ciertos países en déficits fiscales insostenibles. De crisis económica a crisis fiscal, los estados quedaron débiles. También creó una nueva normalidad económica: bajo crecimiento, bajo comercio y baja inversión.

El detrimento del bienestar, reflejado en la pérdida de empleo e ingresos de la clase media en las poblaciones de los países del G-7 y la lenta recuperación económica trajo consigo la polarización política que dio paso al surgimiento del nacionalismo, y con ello incorporó en la agenda nacional anhelos proteccionistas y consignas antiglobalización.

En 2016, Donald Trump asume el gobierno de Estados Unidos y patea la escalera del libre comercio, cierra la puerta al multilateralismo y abandona a sus socios políticos europeos, dejando de lado su liderazgo global. Promueve una política antiinmigrante furibunda: los países del Triángulo Norte de Centroamérica han sido presionados para firmar acuerdos migratorios ad hoc a fin de detener el flujo migratorio, so pena de retención de ayuda oficial e imposición de penalidades comerciales como aumento de aranceles. Frente al ascenso chino, liderado ahora por Xi Jinping, con un ambicioso plan globalizador, Trump trata de imponer una “paz cartaginesa” frente a la “trampa de Tucídides”.

En el caso de El Salvador, debemos recordar que desde 1989, con la administración de Alfredo Cristiani, el gobierno aplicó el ideario del llamado Consenso de Washington. Williamson (1989) explica que fue pensado para que los deudores cumplieran el pago de la deuda, y para estar en condiciones de hacerlo deberían “establecer orden en su casa”, “establecer reformas políticas” y “someterse a fuerte condicionalidad”. En el caso salvadoreño, no fue la deuda, sino el rechazo de las élites a las tres reformas económicas nacidas del golpe de estado de 1979 (reforma agraria, nacionalización de la banca y del comercio exterior) la excusa para aplicar las medidas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

La política económica, contenida en los Programas de Estabilización Económica (PEE) y los Programas de Ajuste Estructural (PAE), se orientó hacia la austeridad fiscal, la privatización y la liberalización de los mercados (Stiglitz, 2002).

Estas políticas económicas incluían: disciplina fiscal, reorientación del gasto público, reforma fiscal, liberalización de las tasas de interés, tipos de cambio unificados y competitivos, liberalización comercial, apertura a la inversión extranjera directa, privatización, desregulación y garantías de los derechos de propiedad (Rodrik, 2011).

Moldeado a imagen de las ideas neoliberales, El Salvador tiene una condición periférica en la globalización. Su economía es pequeña, dependiente de exportaciones industriales y maquilas, remesas, emigración y bienes importados (tecnología, máquinas, comida y productos derivados del petróleo) con ciertos superávits en la balanza de servicios. Está unilateralmente abierta al comercio internacional, vulnerable a choques externos de oferta y demanda, cuyos efectos son exacerbados por la dolarización que coarta la política fiscal y merma la acción del estado, limitando las opciones y estrategias soberanas de desarrollo.

En ese escenario nos encontró la pandemia global por la enfermedad COVID-19, transmitida por un tipo de coronavirus causante de síndrome respiratorio agudo grave, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Expertos sanitarios y científicos han señalado el triple reto de “proteger la salud, proteger la economía y proteger el bienestar y la salud emocional de las personas”.

El país tiene un gobierno novato gestionando la crisis sanitaria y económica, con un liderazgo personalista, centralizador, divulgador permanente, disociador, polarizador, poco dado al diálogo, que tiene como mantra “percepción es realidad” y “actúa primero y planea después”. El gobierno ya tomó la decisión de ponderar la salud pública por sobre la economía, e impuso una cuarentena draconiana y medidas sanitarias con serios cuestionamientos de parte de especialistas de salud pública. Sin mencionar los señalamientos de violación a los derechos humanos de diversos actores sociales e internacionales. Por otro lado, este gobierno tiene oportunidades únicas para sentar las bases de una política social de largo plazo o políticas económicas alternas al ideario neoliberal luego de la pandemia. Por ejemplo, la necesidad de una reforma social que permita ciertas garantías sociales (tales como la seguridad social para todos, la seguridad previsional justa y la vigencia de los derechos laborales como el salario mínimo o el derecho humano al agua, entre otros).

Veamos el tema económico. El parón económico será de 54 días al menos. Se espera un rebote, es decir que luego de la crisis habrá una recuperación que tendrá efectos en los mercados de trabajo, de dinero, de bienes y servicios, y en las finanzas públicas. Las medidas de políticas anunciadas por el gobierno, las decisiones de los empresarios y los consumidores, incluso las políticas migratorias y el mercado de trabajo hispano en Estados Unidos, que absorbe mano de obra salvadoreña, tendrán efectos profundos en la economía salvadoreña.

Algunos hechos económicos: con el parón, se observa la caída en negativo de los precios del petróleo y el ajuste de las importaciones (somos importadores netos de alimentos y de combustibles), la caída de la demanda externa por la pandemia (y el parón de sectores exportadores como maquilas, otros productos alimenticios, etcétera), el efecto negativo neto de las remesas, la baja en la inversión extranjera directa, la caída y rebote de los flujos de la emigración irregular y el endurecimiento de la política migratoria restrictiva de la administración Trump. Los mercados financieros globales y las medidas de las autoridades monetarias indican que el dinero prestado será caro para países riesgosos y que cada nación está financiando, en parte, su gasto público con emisión monetaria y política monetaria activa. Diversos organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el BM, el FMI y otros proponen al menos tres escenarios malos: caída de la producción, demanda agregada e ingreso de menos (-3) por ciento, de (-5) por ciento y de (-7) por ciento en 2020, junto a una pérdida de 100,000 empleos directos. Aumento de la deuda por sobre el 80 por ciento del PIB, caída de las remesas de al menos 15 por ciento.

La paralización de la actividad económica no solo congela la cadena de producción y suministros, sino que tiene efectos en el empleo directo por más tiempo. El censo económico de 2005 registró 179 mil establecimientos (142 mil son en su mayoría hogares productores y solo 36,962 podían considerarse cuasisociedades y sociedades). El 66 por ciento de establecimientos se dedican a actividades comerciales, un 18.4 por ciento son establecimientos de servicios, y de industria son un 13 por ciento. En estos sectores, los establecimientos tienen entre uno y cuatro ocupados (BCR, 2018).

Los precios poseen una variación dual: por un lado, el índice general registra baja inflación y, por el otro, el núcleo inflacionario señala presiones deflacionarias. Una hipótesis de trabajo señala que el ajuste de precios está acompañado de cambios en los patrones de consumo y cambios en las cantidades de los productos ofrecidos (por ejemplo, ya no se consume una libra de arroz sino media libra, o se consume un bien de baja calidad). Recordemos que la falta de moneda también implica un tipo de cambio fijo en términos nominales, pero visto en términos reales existe una apreciación real de la moneda que afecta a los bienes exportados y los deudores financieros, pero beneficia los bienes importados y los acreedores financieros, entre otros.

Según el BM, en la región de América Latina las remesas caerán un 19.3 por ciento para este año y rebotarán en 2021. Recordemos que son muchos factores que inciden en el flujo de remesas; por ejemplo, el empleo hispano, el nexo familiar con el país, si es hombre o mujer, entre otros. El cálculo de pobreza por ingreso señalaría un aumento de la pobreza explicado por la caída en las donaciones en forma de remesa que reciben. El consumo de alimentos tiene una baja elasticidad de ingreso. Podría mantener el consumo sacrificando otros bienes o consumiendo sustitutos de menor calidad. Esto se conecta con la caída del nivel de consumo de los hogares. También con la caída del nivel de recaudación de impuesto al valor agregado (IVA) y de los ingresos fiscales. Las transferencias monetarias dadas por el gobierno pueden aliviar un mes de consumo de cierta parte de la población, pero no garantiza estabilidad.

El gobierno ha pedido 2,000 millones de dólares para enfrentar la crisis sanitaria y 1,000 millones más para encarar la crisis económica, lo que supone un endeudamiento de 11.5 por ciento del PIB. Analizando los hechos económicos y las propuestas de diversos actores del país, parece que están olvidando el elefante blanco en la habitación: el modelo económico vigente desde 1989.

Dejando de lado la economía real, la mayoría de análisis del gobierno, de Fusades, de la ANEP y de otros actores civiles se centran en las relaciones del mercado de dinero, las finanzas públicas y las pensiones. Los peligros de desestabilizar las ya enfermas finanzas públicas con las medidas de gasto por la pandemia se juntan con los anacrónicos remedios promercado y viejos prestamistas multilaterales.

Si el gobierno consigue el dinero y lo administra con eficiencia, tendrá un alivio ante los efectos negativos de la crisis sanitaria, pero también afectará la deuda, el gasto y la inversión que junto al problema financiero de las pensiones serán inestables durante el resto de la gestión de Nayib Bukele.

Traduciendo las palabras del presidente de la ANEP, es más o menos esta idea. La necesidad de recursos para enfrentar las crisis tiene cuatro opciones, la primera es utilizar ingresos de los hogares; la segunda, utilizar reservas estratégicas del estado; la tercera es utilizar la política monetaria y la cuarta es endeudamiento. Han decidido pedir prestado, que consiste en apoyar la adquisición de deuda pública, pagadera por todos los contribuyentes, en especial aquellos que tienen una tasa de tributación efectiva más alta (ya sea renta gravada o renta imponible). En la economía no hay almuerzo gratis. Los costos, los gastos y algún dispendio por la crisis sanitaria y económica los pagaremos la mayoría ya sea al elevar los impuestos existentes o crear nuevos.

Desde una visión estructural, todos los elementos apuntan al colapso, a la liquidación gradual o a la deconstrucción del modelo económico neoliberal salvadoreño. El realismo político nos muestra un escenario clásico, aquel donde los actores políticos y las élites logran cambiar (según el costo-beneficio de ellos) algunos elementos del modelo para preservar el statu quo.

Lo que avizora luego de la pandemia es menor actividad económica, menor empleo, menores ingresos, más pobreza, precarización del trabajo urbano y rural. Más impulsos a la emigración irregular, más retornados (dada la política de Trump), impulso a las remesas, el aumento de la violencia social y el crimen. La atracción de inversión, turismo y otros planes estrellas del gobierno tienen poca viabilidad en la postpandemia. ¿Qué pasará con la inversión nacional? El menor gasto global implica menos ingresos fiscales y, por tanto, mayor déficit, que colocará al gobierno en el dilema de recortes del gasto o impulso a mayor deuda pública. Tomando en cuenta la restricción debido a la dolarización, el estado puede quebrar, ya sea por la acumulación de deuda impagable o por una mala gestión de las finanzas públicas o ambos. Ya veremos si la tendencia se cumple o se modifica en escenarios mejores.

John Maynard Keynes escribió en 1919 un libro, titulado “Las consecuencias económicas de la paz”. En su introducción señala que los actores no pudieron apreciar que había terminado una época. Los planes de postguerra requerían volver al punto previo del conflicto y con suerte un poco mejor. Muchos no comprendieron que las señales apuntaban a que se trata de “pavorosas convulsiones de una civilización agonizante”. De esto trata lo que sigue luego de la pandemia en El Salvador.

Referencias

BCR (2018). Sistema de Cuentas Nacionales de El Salvador. Aspectos metodológicos y resultados. 1era Ed. San Salvador, El Salvador.

Rodrik, Dani (2011). Una Economía, muchas recetas. FCE. México, D.F.

Stiglitz, Joseph (2002). El malestar en la globalización. Ed. Taurus. 5° reimpresión México.

Williamson, John (1990). «What Washington Means by Policy Reform». Peterson Institute for International Economics. April 1990.

*Willian Alirio Martínez es economista y estudiante de Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas.