El gobierno pidió una prórroga a la Asamblea Legislativa para mantener la restricción de tres derechos constitucionales, como medida de prevención a los contagios masivos del Covid-19. Los diputados resintieron de la presidencia que en la semana de la cuarentena domiciliaria los policías y militares abusaron del poder y violaron derechos humanos. Por ello aprobaron un nuevo decreto de restricciones pero con limitantes para evitar abusos.
Foto Archivo FACTUM/Gerson Nájera
Domingo 29 de marzo de 2020.
9:27 pm. La Asamblea Legislativa aprobó este domingo por la noche un nuevo decreto de restricción de derechos constitucionales por la pandemia del coronavirus Covid-19. Los diputados rechazaron la petición de prórroga del gobierno de Nayib Bukele al decreto aprobado hace quince días, pues a su critiero quedaron vacíos legales por los cuales la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) cometieron abusos y violaciones a otros derechos humanos que no incluía el decreto.
Pese a que hubo un informe redactado por el ministro de Gobernación, Mario Durán, sobre las acciones tomadas en los 15 días que duró la restricción, los diputados de Arena, el grupo parlamentario más grande en la Asamblea Legislativa, tomaron la decisión de rechazar una prórroga y, en su lugar, aprobar un nuevo decreto legislativo.
El fin de los legisladores fue detener los casos de abusos de las autoridades policiales y militares en la semana que duró la cuarentena domiciliaria. El decreto 594 que fue aprobado el pasado 14 de marzo venció el 29 por la noche y no fue prorrogado.
Durante la semana que duró la primera cuarentena domiciliaria obligatoria para todo el país, las autoridades de Seguridad informaron de más de 600 detenciones de personas que estuvieron confinadas en bartolinas de delegaciones policiales, por, supuestamente, violar la cuarentena. Mientras que por denuncias ciudadanas en redes sociales, se publicaron videos de procedimientos policiales en los que se constató maltrato físico hacia las personas por parte de agentes.
La Sala de lo Constitucional respondió ha lugar a un hábeas corpus que presentaron tres personas que fueron detenidas de la misma forma ilegal y los magistrados abarcaron con su resolución a todos los detenidos que no estaban resguardados en centros de cuarentena, sino que estaban expuestos en lugares de detención policial, sin ninguna atención de personal de salud.
Con la mayoría calificada, es decir 56 votos de la Asamblea, los diputados aprobaron un nuevo decreto con “candados” para evitar los abusos de autoridad. El FMLN, reacio a votar desde el primer decreto, reiteró su discurso de que no es necesario suprimir derechos constitucionales de los salvadoreños para atender medidas de prevención como la cuarentena domiciliaria. En todo caso, los diputados efemelenistas aseguraron que con el decreto 593, el que consigna la declaratoria de emergencia nacional por el Covid-19, el gobierno de Bukele puede tomar las mismas disposiciones de cuarentenas obligatorias.
El nuevo decreto de restricción de derechos constitucionales tiene tres nuevos elementos:
- En toda circunstancia y en todo el territorio, el gobierno deberá atender la resolución de hábeas corpues 148-2020 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, concerniente a la limitación de la autoridad para retener y detener a personas que no atiendan la cuarentena domiciliaria, con la finalidad de remitirlas a centros de detención provisional como bartolinas. En caso de que a las personas infractoras se les compruebe que tienen riesgo de infección por Covid-19, solo así podrán ser remitidas a centros de cuarentena.
- Las inspectorías de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada de El Salvador deben habilitar mecanismos accesibles para que las personas puedan entablar denuncias de abusos de autoridad, y están obligadas a depurar con inmediatez dichos reclamos para aplicar medidas correctivas y disciplinarias para los agentes o soldados que sobrepasen su límite de acción permitido.
- La Asamblea Legislativa también facultó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que pueda transitar libremente por todo el territorio salvadoreño y que pueda ejerzar su mandato constitucional de velar por el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos por parte del Estado.
Tras la aprobación, algunas asociaciones de abogados criticaron el nuevo decreto al considerar que la aprobación puede constituir un fraude de ley. Esto porque la Asamblea podría prorrogar el régimen de excepción de forman indefinida a través de nuevos decretos. El artículo 29 de la Constitución señala: “El plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de treinta días. Transcurrido este plazo, podrá prolongarse la suspensión, por igual período y mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron. Si no se emite tal decreto, que darán restablecidas de pleno derecho las garantías suspendidas”.
Bajo la argucia de que se trata de un “nuevo decreto” las garantías constitucionales podrían suspenderse ilimitadamente.
Fraude a la Constitución.— CentroEstudiosJcos (@cej_sv) March 30, 2020
3:08 pm. El presidente salvadoreño Nayib Bukele volvió a llevar al conflicto político a la Asamblea Legislativa en medio de la emergencia por la pandemia por el coronavirus Covid-19. Esta vez, el mandatario condujo desde sus redes sociales una campaña de descrédito para los diputados del congreso y, además, contra organizaciones que defienden los derechos humanos en El Salvador.
Según Bukele, los defensores de derechos humanos entorpecen la restricción de derechos constitucionales y las acciones accesorias que tomaron las autoridades policiales, militares y de salud, de detener a personas que, según ellas, estuvieron quebrantando el orden
A veces parece qué hay algunas organizaciones de “derechos humanos” que solo trabajan para lograr que mueran más humanos.
Cuando era la delincuencia, pensé que era algo ideológico, pero ahora también están del lado del virus.
¿Qué buscan estas organizaciones?
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 29, 2020
En la versión de Bukele, organizaciones que han defendido por décadas los derechos a la justicia y la verdad y que ahora critican sus medidas para suspender derechos consagrados en la Constiución son instituciones que “trabajan para lograr que mueran más humanos”. El presidente salvadoreño incluso cuestionó en su mensaje por Twitter: “¿Qué buscan estas organizaciones?”
9:15 pm. El gobierno, casi de forma sincronizada con la aprobación del nuevo decreto de restricción de derechos constitucionales, publicó desde su plataforma de información sobre el avance del coronavirus Covid-19 en El Salvador que se registraron seis nuevos casos, cinco de ellos en condiciones de gravedad, sin dar más detalles. La cifra de personas contagiadas, entonces, desde este domingo por la noche, subió a 30 en el país.
7:02 pm. Dos horas antes, el presidente Bukele había hecho una disculpa pública por el mal manejo del subsidio de 300 dólares a las personas vulnerables por la emergencia del Covid-19, una situación que acumuló reclamos hacia el gobierno por parte de personas en necesidad de recibir el aporte, pues son desempleadas, perdieron su empleo en los últimos días o tuvieron que cerrar sus emprendimientos por orden gubernamental.
El Ministerio de Salud tendrá que emitir un nuevo decreto ejecutivo para prolongar la cuarentena domiciliaria obligatoria, ya que la que se basó en el decreto 594 aprobado el 14 de marzo quedó sin vigencia desde el 29 de marzo a la medianoche. Desde este 30 de marzo, el gobierno debe extender otro decreto ejecutivo por 15 días que se ampare en el nuevo decreto legislativo que aprobaron los diputados, con garantías de no abusos por parte de policías y militares.
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