Día 12: Asamblea ordena transparentar las compras del gobierno durante la cuarentena

La Asamblea Legislativa aprobó decreto que obliga al gobierno a dar máxima publicidad a las compras directas hechas durante la cuarentena domiciliaria, algo que molestó al Ejecutivo. Este día, además, el ministerio de Salud confirmó dos nuevos casos de Covid-19. Ya son 5 personas contagiadas en El Salvador. Funcionarios de Salud no detallaron las edades de los pacientes ni tampoco dijeron si ya tomaron pruebas de PCR a las personas con las que los enfermos tuvieron contacto. 

Foto/Asamblea Legislativa


Lunes 23 de marzo de 2020.

11:53 p.m. La Asamblea Legislativa aprobó este lunes 23 de marzo una reforma al decreto de emergencia nacional por el Covid-19, para darle al gobierno de Nayib Bukele la facultad de hacer compras directas de bienes y servicios, es decir sin pasar por procesos de licitación pública con ofertantes, que sirvan para atender la pandemia.

El gobierno llevó la propuesta a la Asamblea Legislativa el mismo lunes y negoció con el partido Arena aprobar la redacción tal cual la había presentado. El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, diputado por el PCN, convocó a las 6:30 de la tarde a una plenaria extraordinaria a las 8 de la noche para dar los votos a la iniciativa presidencial. El pleno empezó su sesión pasadas las 9.

El punto era único: aprobar la petición del presidente Nayib Bukele para omitir la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y activar un mecanismo de compras directas con “lineamientos” específicos que iba a dictar el Ministerio de Hacienda. La redacción de la propuesta no convenció a diputados del PDC y del FMLN, porque, para ellos, el gobierno estaba pidiendo sustituir la LACAP, una ley especial, por un decreto de solo dos artículos, cuando la misma LACAP da la posibilidad de acceso a compras directas en casos de emergencia.

El segundo punto fue la transparencia y fue lo que más incomodó a los representantes del gobierno en la Asamblea Legislativa, entre los que estaban Ernesto Castro, secretario privado de Bukele, y la ministra de Salud, Ana Orellana. El diputado del PDC Rodolfo Parker pidió añadir incisos a la propuesta gubernamental para amarrar al gobierno a que todas las compras fueran bajo el principio de máxima publicidad y se rindieran informes de las compras. La iniciativa del gobierno no incluía esos puntos y solo prometía que 30 días después de la emergencia se iba a pasar un informe de todas las compras directas que hicieran.

En el pleno, la lectura del decreto no incluyó los incisos que pidió el diputado Parker y eso abrió una discusión sobre la transparencia. Parker advirtió con abandonar el pleno porque, según él, se estaba dando una carta blanca al gobierno de Bukele para manejar fondos públicos a discreción y sin contraloría social. El FMLN también denunció que no se podía aprobar el decreto tal cual lo había presentado el gobierno y que debía amarrarse a la transparencia.

Carlos Reyes, jefe del grupo parlamentario de Arena, pidió un receso de 20 minutos para hablar con sus diputados. Fue entonces que Arena accedió a incluir en el decreto que todas las compras directas que haga Bukele deberán ser bajo todos los principios de transparencia que dicta la Ley de Acceso a la Información Pública y no podrá alegar reserva de información. Los areneros, con mayoría de diputados en el congreso actualmente, accedieron también a obligar al gobierno a entregar un informe cada 30 días con el detalle de todas las compras directas: bien o servicio adquirido, monto, proveedor y otras estipulaciones de cada contrato.

Los diputados aprobaron las compras directas con 78 votos. Pese a la aprobación, el secretario privado del presidente, Ernesto Castro, se molestó y se retiró del pleno para dar una conferencia de prensa minutos antes de la aprobación. Exaltado, dijo que se había roto el pacto de entendimiento con Arena y que no podían en un momento estrecharse las manos y en el otro estarle cambiando las redacciones a las propuestas de Bukele. Castro dijo que los estaban obligando a hacer las compras “en vivo” y a presentar informes “cada tres días”, pero el decreto aprobado por los diputados no contiene nada de las situaciones que reclamó el secretario.

Los diputados Rodrigo Ávila y Ricardo Velásquez Parker, de Arena, advirtieron a Castro que no van a tolerar que los insulten dentro de la Asamblea Legislativa ni las actitudes de “matonería” de Castro por no dar sus votos a lo que pide exactamente el presidente, y que en todo caso estaban asegurando transparencia del manejo del dinero público.

La Asamblea aprobó que el gobierno pueda comprar de forma directa dispositivos médicos como respiradores o ventiladores mecánicos, bombas de infusión continua, monitores cardiacos, electrocardiogramas, camas hospitalarias, mascarillas quirúrgicas y N95, trajes de protección especial y aislamiento, gafas protectoras y guantes especiales. También podrá comprar sin pasar por licitación pública los medicamentos Lopinavir/Ritonavir, hidroxicloroquina, cloroquina, Interferón Alfa-2B y Azitromicina. También va a poder comprar ambulancias.

De hecho, los diputados le concedieron amplitud de decisión a Bukele al aprobar que el gobierno podrá comprar cualquier otro bien o servicio relacionado directamente con la emergencia. Pero como garantía le dejaron el amarre de la transparencia, pese a los reclamos del secretario Castro.


11:08 a.m. La junta directiva de la Asamblea Legislativa citó al fiscal general Raúl Melera para que expliquara sobre las detenciones que militares y policías realizaron a personas que salieron de sus casas en medio de la cuarentena domiciliaria. La reunión fue privada y los medios de comunicación no tuvieron acceso. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dijo el pasado domingo a Revista Factum que las capturas son ilegales debido a que el decreto legislativo de restricciones constitucionales no faculta a la Policía ni a los militares para detener personas. 

11:43 a.m. El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, intentó aclarar algunas dudas sobre las medidas del decreto ejecutivo de cuarentena domiciliaria por el Covid-19. Desde el sábado por la noche fue inhabilitada la circulación en todo el territorio y el anuncio presidencial dejó muchas interrogantes en la población, debido a la gran cantidad de excepciones estipuladas. 

A partir de este martes 24 de marzo, policías y militares exigirán a todos los trabajadores autorizados para circular en la calle una carta extendida por el empleador y el carné de la empresa para la que trabajan.

Los empleados que no muestren la carta y el carné extendido por su empresa serán detenidos y llevados a un centro de contención para que pasen allí la cuarentena, advirtió Argueta.

Pese a lo anterior, el gobierno asegura que está trabajando en un modelo de carta para distribuirlo entre las empresas. Ese formato, explicó el abogado, deberá tener la firma del representante legal de la empresa, información general del trabajador y el horario de su jornada laboral.

Las personas que se dedican a trabajo doméstico, cuidan a adultos mayores, a niños y a personas con discapacidad también deberán presentarle a la Policía una carta del empleador que detalle los datos generales del lugar de trabajo y de su lugar de residencia.

Las personas que falsifiquen las cartas de empleo, dijo Argueta, serán procesadas judicialmente por el  delito de falsedad.

El designado de la familia para hacer las compras de alimentos, según explicó el gobierno, solo podrá salir al mercado o al supermercado hasta dos veces por semana. Esa misma personas también podrá salir de su casa para efectuar los pagos de agua, luz o créditos.

Cada familia tendrá que regular que esta medida sea cumplida. 

Los periodistas, quienes también tienen permitida la circulación en las calles durante la cuarentena, solo deberán mostrar su credencial de prensa a policías y militares para transitar sin inconvenientes.

Las ferreterías, empresas de servicios de seguridad, gasolineras, taxistas, servicios de carga, Uber y compañías de distribución de agua potable privadas pueden funcionar sin restricciones.


5:20 p.m. Dos días después de decretada la cuarentena domiciliaria se observó a una gran cantidad de personas portando mascarilla y guantes en las paradas de buses ubicadas en las cercanías del monumento al Salvador del Mundo, en San Salvador. La Policía montó un operativo para verificar que en los buses no vayan personas de pie y que en los microbuses lleven alcohol gel. 

Los conductores deben usar mascarilla y guantes. Las personas acataron las recomendaciones y  guardaron distancia cuando abordaron los buses y microbúses. 

6:25 p.m. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, convocó a los diputados a una plenaria extraordinaria a las ocho de la noche. Ponce dijo que en esa sesión aprobarían un decreto que permitiría la compra de 300 respiradores artificiales y medicamentos para atender la emergencia nacional por el coronavirus. 

7:29 p.m. En la autopista hacia Comalapa, cerca de la plaza Cristo de la Paz, en San Marcos, militares verificban que en los carros solo viajara el conductor. En los Uber, cuyos conductores deben portar mascarilla y guantes, solo pueden llevar un pasajero en la parte trasera del vehículo. Dos militares, que se cubrieron con un tapabocas de tela, no le preguntaron nada a los pasajeros. 

8:31 p.m El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que si se confirma un caso más de Covid-19 este martes 24 de marzo se estaría cumpliendo su «progresión matemática», la que hizo el pasado sábado en cadena nacional y que, según él, «muchos llamaron exagerada”. En un acto de justificación, previo a decretar las medidas de restricción a la movilidad, el mandatario dijo que sino se cumplen las recomendaciones para frenar la pandemia la curva de casos positivos subiría a seis este 24 de marzo. 

7:59 p.m. La cifra de casos confirmados de coronavirus Covid-19 en El Salvador subió a cinco. Todos esos pacientes, según la versión oficial, están estables. El viceministro de Salud, Francisco Alabí, confirmó dos nuevos casos positivos en el territorio salvadoreño. Se trata de dos personas que retornaron al país provenientes de Italia e hicieron escala en México.  Los pacientes, según la breve explicación que dio Alabí, fueron detectados en el aeropuerto internacional Monseñor Romero y trasladados a un albergue (llamado centro de contención por el gobierno) donde permanecieron en “aislamiento individual” hasta que desarrollaron los síntoma del virus. 

El funcionario no detalló las edades de los pacientes con Covid-19 diagnosticados este lunes ni tampoco dijo en qué albergue estuvieron. También se desconoce si ya están identificadas o en tratamiento las personas con las que tuvieron contacto previo a su diagnóstico. 

Los nuevo pacientes permanecen en un hospital público. “Ya se ha dado seguimiento a los posibles contactos”, fue lo único que dijo el viceministro de Salud en una conferencia de prensa realizada anoche donde no les dejaron hacer preguntas a los periodistas. 

Médicos infectólogos consultados por Revista Factum afirman que el Covid-19 es muy contagioso. Una persona con el virus puede pasarlo a tres personas más simultáneamente. 

El lunes 23 de marzo fueron analizadas 77 pruebas reacción en cadena de polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) para detectar Covid-19 en el organismo, de las cuales 75 fueron descartadas. Las autoridades de Salud sostienen que han realizado muestreo de análisis en los albergues, hospitales públicos y unidades de salud para verificar la circulación activa del virus, que hasta este momento es negativa. A pesar de esa afirmación hay siete casos sospechosos. 

El Salvador sigue sin efectuar una gran cantidad de pruebas para diagnosticar el Covid-19 en la población. Los exámenes de PCR solo son aplicados a las personas que pudieron haber estado expuestas al virus, porque llegaron desde países donde se reportan un gran número de casos. Las carencias en el sistema de salud y las finanzas públicas no permiten tener pruebas para todos.

El país tiene disponibles 9,400 pruebas. En el método para identificar el coronavirus, los laboratoristas ocupan un método especializado para ampliar las hebras del ADN del paciente para verificar la carga viral que posee en su organismo.

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