Día 11: Presidente de la Asamblea considera que capturas por no acatar cuarentena son ilegales

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, aseguró a Revista Factum este domingo 22 de marzo que el decreto legislativo de restricciones a los derechos constitucionales, que le da amparo a la nueva cuarentena domiciliaria por treinta días, no incluye la facultad para la Policía ni para los militares de detener personas.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


Domingo 22 de marzo de 2020.

5:00 p.m. El diputado Mario Ponce es el presidente de la Asamblea Legislativa y desde la junta directiva parlamentaria que dirige en el congreso señaló este domingo por la tarde, en una conversación telefónica con Revista Factum, que las detenciones de personas que supuestamente no han acatado las medidas del nuevo decreto ejecutivo de «cuarentena domiciliaria general» en El Salvador no tienen ningún sustento legal.

Ponce consideró que el nuevo decreto ejecutivo de cuarentena, emitido por el Ministerio de Salud Pública, está amparado en el decreto legislativo de «Restricción de Derechos Constitucionales» que aprobó la Asamblea Legislativa la semana pasada y que le da al gobierno de Nayib Bukele facultad para omitir a los salvadoreños tres garantías constitucionales: la libre reunión pacífica entre personas, el derecho a no ser obligado a cambiar de domicilio y el libre tránsito. Sin embargo, el diputado Ponce dijo que en ninguna parte del decreto legislativo se contempla la posibilidad de «detener» ni «procesar» a personas que, según las autoridades, no acaten las disposiciones dictadas desde el Órgano Ejecutivo.

«Estamos un poco preocupados porque el decreto (legislativo) no autoriza capturas de personas, porque eso necesitaba 63 votos», dijo el presidente del Órgano Legislativo a Factum. Ponce se refirió al artículo 12 de la Constitución que dicta que las detenciones administrativas no pueden durar más de 72 horas (tres días). La misma Constitución hace la aclaración de que solo dentro de un régimen de excepeción las detenciones pueden durar hasta 15 días. En este caso, el decreto ejecutivo del gobierno, de menor amplitud que un decreto legislativo, advierte que las retenciones de ciudadanos en centros de contención van a durar hasta 30 días.

Ponce dijo que mañana, lunes 23 de marzo, se reunirá la junta directiva para revisar esta extralimitación del presidente Bukele de sus facultades.

12.30 pm. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, flanqueado por el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, y el director general de la Policía Nacional Civil, informó que desde el presidente Bukele dictó la cuarentena domiliciaria, detuvieron a 112 personas que no habían atendido las medidas.

08:06 pm El presidente, por la noche del domingo, usó su Twitter para informar que, de 112, los detenidos pasaron a 269 y también dio una recomendación: «Estas 269 personas iban a pasar los 30 días de cuarentena, en sus casas y con sus familias. Ahora empezarán día 1 (de 30) en Centros de Contención, rodeados de desconocidos. Sea inteligente y respete la cuarentena. Es por su salud, su vida y la de los demás». Y hubo un matiz: el mandatario ya no les llamaba «detenciones» como lo manejó el gabinete de seguridad de su gobierno, sino que ahora les llamó «restricciones».

El fiscal general, Raúl Melara, ya lo había hecho durante el día, pero se repitió en un mensaje nocturno desde su Twitter: advirtió que las personas detenidas, luego de pasar los 30 días de cuarentena, van a ser acusadas del delito de «desobediencia».

7:15 pm. Todo tuvo su origen con el anuncio de Bukele el sábado por la noche de introducir al país en la cuarentena domiciliaria para amilanar el impacto del coronavirus Covid-19 en El Salvador. Bajo esa premisa, el Ministerio de Salud emitió su dictamen, que no se conoció hasta por la tarde del domingo y, mucho menos, se supo si ya se podía considerar un decreto vigente. El manejo comunicacional de la emergencia por parte del gobierno de Bukele ha sido criticado ya sea por causar más angustia añadida a la propia enfermedad y también por acudir a su tradicional falta de transparencia para comunicar las decisiones.

El Instituto de Acceso a la Información Pública difundió en un comunicado de prensa que el gobierno de Bukele está obligado por el decreto legislativo de emergencia nacional por la pandemia del Covid-19 a atender el principio de «máxima publicidad» de todas las decisiones que tome y que tengan relación con la emergencia.

Pero hasta ayer seguían las dudas de ciudadanos sobre cómo no ser detenido en la calle por la Policía si se sale a buscar alimentos, agua, medicinas o cualquier necesidad que se presente. No se sabía con certeza en donde están detenidas las personas que fueron capturadas entre la noche del 21 de marzo y el 22 de marzo. Bukele no ha detallado cuáles serán los criterios para que las personas que se quedaron sin ingresos financieros en sus casas puedan subsidiarse con $300 prometidos por él. En El Salvador, este domingo se registraron más personas detenidas por el gobierno de Bukele que contagiados por el Covid-19.

Las cuentas de redes sociales de la Policía Nacional Civil y de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia presentaban fotografías de personas detenidas con un tratamiento como si se tratata de delicuentes y difundían información confidencial de dichas personas. Esos derechos constitucionales a la privacidad, a la intimidad, al honor y a la imagen tampoco están incluidos entre los que la Asamblea le permitió a Bukele vulnerar a los salvadoreños.

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