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Tres “insiders” de un sistema corrupto buscan ser presidente

Los tres partidos políticos con más posibilidad de ganar la presidencia de la República en la elección del domingo 3 de febrero han sido protagonistas en un sistema político marcado por la corrupción. Ese sistema, por su debilidad para combatir el crimen, ha sido incapaz de propiciar desde el gobierno el desarrollo de la nación y para garantizar el Estado de Derecho en el país.

Al FMLN y Arena, los dos institutos políticos que se han turnado en la presidencia desde 1989, y que desde la jefatura del Ejecutivo han facilitado el uso patrimonial y partidario de instituciones clave para la democracia, se unió esta década como actor importante la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Hoy sabemos, gracias a una investigación periodística publicada en Factum, que GANA ha sido financiada en parte con fondos públicos otorgados por la administración del primer presidente del FMLN, Mauricio Funes.

De 1989 a 2009, cuatro gobiernos del partido Arena hicieron lugar común en la política salvadoreña la compra de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, también con fondos provenientes de la partida secreta de Casa Presidencial.

Fue Arena, además, la precursora del debilitamiento de instituciones esenciales para el buen funcionamiento del Estado de Derecho en El Salvador, como la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas e incluso la Corte Suprema de Justicia. Los mejores ejemplos de estas prácticas son fáciles de ubicar en la presidencia de Francisco Flores (1999-2004), quien gobernó con la complicidad del PCN gracias al reparto político de esas instituciones. También Antonio Saca, el sucesor de Flores, hizo lo propio.

Incapaz de combatir delitos relacionados a la corrupción –e incluso alimentándola–, la Fiscalía General se convirtió en una oficina intrascendente durante todo este tiempo. Y fue en esos años que el narcotráfico se infiltró hasta los mandos más altos de la Policía Nacional Civil.

A la base de todo estuvo siempre la concepción de que el Estado es el instrumento de poder necesario para defender los intereses de los gremios y grupos que alimentan financieramente al partido y de los burócratas afines que lo pueblan. La gobernabilidad, como Arena la entendió, no fue más que una vulgar compra de voluntades.

Uno de estos tres hombres será el próximo presidente del país y, cuando lo sea, tendrá acceso a fondos y recursos públicos que en el pasado se usaron con el beneficio privado, no el público, como principal norte.

La esperanza de cambio que en un buen sector de la población despertó la presidencia de Mauricio Funes fue más bien efímera y su administración terminó convertida en uno de los capítulos más visibles de la corrupción institucionalizada en la casa de gobierno de El Salvador.

Funes –hoy asilado en la Nicaragua de Daniel Ortega– terminó convertido en la vitrina de la suciedad que sus antecesores en la presidencia habían sabido esconder gracias al control total del aparato público y, en buena medida, también a la connivencia de los grandes medios de comunicación y de un sector importante de la sociedad civil salvadoreña que, en su afán por evitar la llegada de la izquierda al poder, terminó normalizando la corrupción de la derecha.

Después de Funes, el segundo gobierno del FMLN siguió embarcado en varias de las prácticas que el exentrevistador televisivo adoptó como normales; las mismas que, desde la oposición, la izquierda tanto había achacado a Arena, sobre todo en lo concerniente al desfalco de los fondos de Casa Presidencial. Arena y FMLN terminaron siendo, con pocos matices, muy parecidos en los usos indebidos del erario. Ambos terminaron comulgando con la idea de que es mejor el control absoluto del aparato estatal para evitar pesquisas incómodas.

Esta elección del 3 de febrero, no obstante, tiene un elemento diferente: la irrupción de un tercer contendiente: el exalcalde Nayib Bukele, quien con la bandera de GANA y según casi todas las encuestas publicadas hasta ahora tiene buenas posibilidades de ganar, incluso en primera vuelta. Bukele se ha vendido, desde el inicio de su campaña, como un “outsider”, como alguien ajeno al sistema de dos partidos corruptos de los que, en su narrativa electoral, ha pretendido distanciarse. Eso, en realidad, es una falacia: Bukele es producto de los acomodos de poder nacidos del bipartidismo de los últimos 30 años. Su proyecto político es producto, en gran medida, de las alianzas entre viejos jugadores de ese sistema, como lo son los líderes más añejos de GANA y sus interlocutores en la derecha y en la izquierda.

Uno de los argumentos al que más han acudido Bukele y quienes han hecho eco de su narrativa es ese del “outsider”, pero esa fabricación no encuentra asidero en la realidad política previa a esta elección. No solo es que GANA sea, también, una simple escisión de uno de los dos polos de ese bipartidismo; es que en realidad ese partido siempre fue –si se juzga por la falta de una plataforma política propia en la Asamblea Legislativa o por el historial de corrupción que mancha a varios de sus líderes– poco más que una organización en la que encontraron cabida los tránsfugas que produjo el pleito entre el saquismo y la Arena alineada con los sectores más tradicionales de la derecha.

Si no es posible hablar de Bukele como “outsider”, mucho menos casa la etiqueta en los casos de Hugo Martínez, el candidato del FMLN, y de Carlos Calleja, el de Arena. Más allá de sus partidos, varias cosas que hoy sabemos de los tres candidatos, gracias en buena medida al periodismo de investigación salvadoreño, indican que todos han mamado del viejo sistema y que ellos mismos –como funcionarios los dos primeros y como empresario el último– han actuado en ocasiones lejos de lo que predican en materia de corrupción y transparencia.

Desde Revista Factum, en nuestro afán por informar de la mejor manera que nos es posible, desde el periodismo, damos a conocer una serie de publicaciones previas a la elección del 3 de marzo en las que revelamos hechos y acciones relacionadas a los tres principales contendientes. Consideramos que esta información es indispensable para que nuestros lectores tengan más elementos de juicio a la hora de ejercer su derecho ciudadano de votar.

Es, el nuestro, un afán informativo. Estos tres hombres son los que más posibilidades tienen de convertirse en el próximo presidente del país. Cuando uno de ellos lo sea, tendrá acceso a fondos y recursos públicos que en el pasado sus partidos –e incluso sus círculos de confianza– usaron con el beneficio privado, no el público, como principal norte.

Iniciamos estas entregas con un reportaje firmado por el periodista Bryan Avelar, staff de Revista Factum, en el que se prueba que la alcaldía de San Salvador, cuando Nayib Bukele era alcalde, extendió contratos fraudulentos que sirvieron al final para alimentar su campaña presidencial.

También publicamos una investigación del periodista colaborador Moisés Alvarado que revela cómo una compañía vinculada a Carlos Calleja, el candidato arenero, hizo negocios con el régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro. Las críticas al régimen de Caracas han sido una constante en la campaña de Calleja. Aunque no se trata en este caso de fondos públicos, sí nos parece relevante que, de nuevo, el lucro sea siempre más importante que los principios que se dice defender.

En los próximos días publicaremos otras dos investigaciones para completar el panorama del viejo sistema político que, aun con un tercer candidato en contienda, vuelve a las urnas para hacerse con las llaves de Casa Presidencial, uno de los principales centros de corrupción desde 1989.

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