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Editorial: No es solo Antonio Saca

Al admitir ante un juez que fue autor, gestor y partícipe de actos de peculado (hurto cometido por un funcionario público) y lavado de dinero, el expresidente Antonio Saca se ha convertido en protagonista de dos hechos sin precedentes en la historia judicial del país. Uno es la admisión de culpa: por primera vez un jefe del Ejecutivo admite, con todas las letras, que utilizó millones de dólares del erario para beneficio personal, de su partido, de su grupo íntimo y de decenas de sus funcionarios. Lo otro, igual de relevante pero menos visible ahora, es que la confesión de Saca arroja pistas sobre un entramado de corrupción que empieza en las primeras administraciones de Arena y aún está activo.

Porque este caso no se trata solo de Antonio Saca y su corrupción. Este caso habla sobre el cáncer que ha estado carcomiendo al Estado salvadoreño desde siempre. Las salpicaduras de suciedad alcanzan a muchos.

Este caso, además, implica otra cosa: hay ya un hecho jurídico, la confesión de culpa, que debería permitir a la Fiscalía General ampliar sus investigaciones y acusar a muchas más personas de los actos de corrupción en lo que Antonio Saca los ha implicado.

El robo millonario de Saca solo fue posible porque jefes del Ejecutivo anterior a él confeccionaron, en complicidad con los poderes Legislativo y Judicial, redes de ocultamiento que facilitaron el desvío de fondos públicos hacia las cuentas personales del presidente y sus íntimos y también al partido Arena, hasta la que Saca dice haber hecho llegar unos $7 millones, $400,000 de ellos para financiar la campaña legislativa y municipal de 2006.

Esa es la primera de las pistas que el fiscal general debería de estar siguiendo con ahínco, la que lleva hasta Arena y a la forma en que, desde el poder, ese partido político y quienes lo dirigían entonces toleraron y se beneficiaron del desvío millonario.

Las primeras reacciones de las autoridades actuales de Arena y de su candidato presidencial, Carlos Calleja, han ido sido tibias en el mejor de los casos, pero también cínicas. Calleja, al ser abordado sobre el tema de Saca, dijo que prefiere no hablar del pasado y ver hacia el futuro; pobre argumento de un presidenciable cuyo primer esbozo de programa de gobierno dice querer poner el combate a la corrupción como centro. ¿Cómo creerle a Calleja si no es capaz da dar un golpe de mesa para desmarcar a su partido de las prácticas que afianzó en el poder durante décadas?

La otra reacción institucional de Arena, con un par de líneas en redes sociales, es que las cuentas de aquellos años se les perdieron. Es lo mismo que la Casa Presidencial de Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, ha dicho cuando alguien le exigió que hiciera públicas las cuentas de su antecesor, Mauricio Funes, en la presidencia. Después el presidente de Arena, Mauricio Interiano, trató de quitar importancia al asunto al asegurar que la corrupción fue de algunas personas y no un aspecto institucional de su partido.

No pueden pretender Arena y el señor Interiano que les creamos de buena fe. Y no puede pretender el fiscal general Douglas Meléndez tragarse ese pobre argumento. Si alguien de Arena hizo desaparecer aquellas cuentas de Saca, pues toca a la Fiscalía investigarlo y procesarlo.

Y aquí es necesario un aparte para reiterar que, a pesar de todos los intentos de Arena por desmarcarse de Saca, basta un breve ejercicio de memoria para entender que el último presidente electo bajo la bandera de ese partido es un producto de sus usos y tradiciones políticas y, más importante, de sus financistas. Arena no se puede desmarcar de Antonio Saca, a quien llevó hacia la cúspide del poder político empujada por la apuesta política de sus dirigentes y de los conglomerados empresariales y familiares que la financian desde los 80 para evitar la llegada al poder del FMLN y  de Schafick Hándal, su presidenciable en 2004.

Saca también nació, como producto político, de las ansiedades y juegos de poder paridos en gremiales privadas como la ANEP, la Cámara de Comercio o ABANSA, la asociación de banqueros. Esta última tiene una responsabilidad especial en todo esto.

El robo que Saca ha confesado también implica al sistema financiero local y a la superintendencia encargada de vigilarlo. Casi toda esa plata pasó por los bancos; hubo depósitos millonarios en cuentas de todos los bancos del sistema, aprobados y no reportados por sus ejecutivos. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos en el desfalco? Otra pregunta que la Fiscalía tiene que abordar.

Lo que Antonio Saca nos ha contado, o más bien nos ha reiterado en forma contundente con su confesión, es también que en El Salvador la corrupción, el abuso del Estado y la podredumbre del sistema político no se limita al tricolor arenero. Saca nos ha dicho que él fue una especie de gestor, que a través de la corrupción desechó las fronteras ideológicas partidarias para convertirse, además, en un cemento que afianzó los vasos comunicantes entre izquierdas y derechas.

Porque Tony Saca, además de producto de Arena, fue también amigo de la administración de Mauricio Funes, con la que compartió funcionarios como Irving Pável Tóchez, quien según la confesión es uno de los principales arquitectos del desfalco. Con Funes también compartió Saca a su primo Herbert Saca, quien terminó siendo el principal operador político en ambas administraciones a pesar de todos los señalamientos de nexos con el crimen organizado que ya pesaban en su contra.

En 2009, cuando su candidato perdió la elección ante Funes y el FMLN, Tony permaneció en el poder a través de Herbert, pero también gracias a la Gran Alianza de Unidad Nacional (GANA), el partido que hoy nos ha contado financió en parte con dinero público y que nueve años después es el vehículo político de Nayib Bukele, uno de los políticos más populares del país. Muy pronto en la administración Funes, los Saca partieron a Arena con la creación de GANA y sellaron su alianza con el nuevo poder.

Ya en 2014, cuando la mayoría lo consideraba desahuciado tras su expulsión de Arena por la derrota electoral de 2009, Saca volvió a mostrar su picardía política al venderse como indispensable para la victoria política de Salvador Sánchez Cerén del FMLN en la segunda vuelta de la presidencial de aquel año.

Con todos se fotografió Antonio Saca, con algunos compartió el poder, de unos aprendió a desviar dinero público hacia los bolsillos personales o partidarios, a otros les enseñó como hacerlo. También nos contó, por cierto, que pagó a periodistas -por ahora solo ha nombrado a Jorge Hernández, ex vicepresidente de noticieros de TCS- para que lo pintaran como un gran reformista de la derecha, un constructor de puentes, un estadista.

Para todo, su obsceno crecimiento patrimonial, su mansión, sus 86 frecuencias radiales, pero también para enriquecer las arcas de los partidos políticos que fueron sus instrumentos de poder -Arena y GANA-, Saca utilizó fondos públicos; el dinero que estaba destinado a financiar al Estado pobre de un país pobre.

Todo eso lo hizo Antonio Saca, Tony, con la connivencia, complicidad y aquiescencia del sistema político salvadoreño. Es muy difícil para un fiscal procesar a “un sistema”; un fiscal puede investigar, procesar y encarcelar a individuos, y hoy, con su confesión, Tony Saca le ha dado esa posibilidad al fiscal general; nombres de individuos, de bancos, números de cuentas, fechas.

No es solo Tony Saca. Son decenas más. El deber constitucional del fiscal general es, a partir de lo que hoy sabe, de lo que sabemos todos, investigar, perseguir, procesar y buscar encarcelar a los corruptos. Por ahora, Douglas Meléndez ha logrado la promesa de Tony Saca de que no apelará una posible sentencia condenatoria -qué aún no está dada, porque esa no la deciden ni el fiscal ni el imputado; la decide el juez. Poco más.

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