El reto es construir un consenso básico, que pueda ser aceptado por el conjunto de la sociedad, que nos permita salir del pequeño grupo de países en los que mujeres y niñas sufren la imposición desde el Estado.
El pasado 28 de septiembre se realizó en El Salvador la caravana «Decidir es mi Derecho», en el que varias agrupaciones y colectivos que apoyan la despenalización del embarazo interrumpido en cuatro causales recorrieron distintos puntos de la capital para hacer notar su postura.
Un debate válido y que debe ser en lo fundamental científico-jurídico, abordado con protagonismo por las mujeres víctimas, con opiniones informadas, se ha degenerado y ahora parece un revoltijo al estilo salvadoreño, una situación polarizada como tanto les encanta a mis paisanos.
El caso de Imelda Cortez ejemplifica cómo el Estado salvadoreño le falla sistemáticamente a las niñas y niños de nuestro país.
No es extraño que las desinformaciones sobre la despenalización del aborto sean populares. Nadie habla de él como un procedimiento médico a veces necesario, mucho menos como derecho. Muchos son mitos.
La encuesta del Iudop refleja que la mayoría de la población está a favor de permitir el aborto cuando la vida de la madre corre riesgo y si el feto tiene malformaciones que impidan su vida fuera del útero.
El alto comisionado de las ONU para los derechos humanos ha solicitado la revisión de cada caso judicializado y la liberación inmediata de todas las mujeres condenadas sin haberse cumplido las garantías del debido proceso.
La muerte de Beatriz, la mujer que pidió abortar un feto que no tenía posibilidades de sobrevivir, ahora pasa desapercibida para la sociedad que la criticó, opina la columnista Virginia Lemus.
Aníbal Faúndes, médico chileno, estuvo en El Salvador la cuarta semana de…
Recuerdo perfectamente el 1 de junio de 2009. Después de que Mauricio…
