Recuerdo la primera vez que escuché la palabra aborto. Fue en mi colegio de monjas dominicas. Estaba en tercer o cuarto grado, así que habré tenido entre 9 y 10 años. Escuché la palabra de lejos, sentada en un anfiteatro con decenas de niñas más a mi alrededor. Todas habíamos sido conducidas ahí para escuchar a unas señoras muy arregladas que nos enseñaron un video en el que se veía cómo era descuartizado un bebé. Eso era el aborto. Las imágenes horrorizaron y marcaron mi mente infantil. Las señoras eran representantes, supongo, de algo parecido a la Fundación Sí a la Vida.
Una de ellas contó una historia que quedó grabada en mi memoria: a su abuela, quién había tenido no sé si siete o diez hijos, solo recuerdo que fueron muchos; le dijeron en uno de sus tantos embarazos que debía interrumpirlo porque existía la probabilidad de que muriera. Ella desoyó las advertencias médicas y decidió seguir adelante hasta tener a su bebé. Ambos se salvaron felizmente. La mujer ocupaba este relató individual para demostrar que la necesidad de interrumpir un embarazo para salvar la vida de la madre eran puras patrañas. “Mentiras, las mujeres no se mueren por eso”, nos dijo.
La visita de esta señoras ocurrió algunas semanas después de atestiguar el sufrimiento de mi familia. Mi tía estuvo a punto de morir a causa de una preclamsia durante su tercer embarazo. A mi corta edad, y sin haber escuchado antes la palabra aborto, el cuento de la abuelita me pareció totalmente injusto, una decisión individual cuyo resultado seguramente no se cumplía para todos los casos. Pensé, que la abuela solo había tenido suerte, mucha suerte y que su historia era ajena al sufrimiento de otras mujeres y sus familias.
Traigo a colación estos recuerdos porque más de 20 años después, en pleno siglo XXI y sin que nuestros legisladores se hayan atrevido a despenalizar el aborto en dos causales, los grupos conservadores siguen ocupando las mismas narrativas para crear pánico social e impedir cualquier cambio en la ley. Unas semanas antes que la pasada legislatura acabara, la muy conocida Julia Regina de Cardenal estuvo en televisión diciendo que las muertes de madres salvadoreñas porque se les negó al acceso a un aborto son mentiras. Y lo del bebé desmembrado sigue siendo ocupado por los grupos anti-despenalización para decir que permitir el aborto en algunas causales es lo mismo que descuartizar bebés.
No es extraño que estas desinformaciones sean populares. No tenemos otras representaciones para hablar sobre aborto. Nadie habla de él como un procedimiento médico a veces necesario, mucho menos como derecho. Todo lo que vemos y escuchamos son anécdotas individuales o mitos que refuerzan la idea de asesinato a sangre fría. Pero dejemos los cuentos a un lado y volvamos la vista a algunos hechos y datos, a la realidad comprobable alrededor del aborto y su criminalización en El Salvador. De cada punto que a continuación menciono hay documentos que pueden ser consultados por cualquiera:
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“Es falso que las mujeres en El Salvador están muriendo porque no se les permita sacar a su hijo del vientre”, Julia Regina de Cardenal, Noticiero Hechos 5 de abril de 2018.
Claudia Veracruz Súniga falleció en marzo de 2017 después de un parto prematuro. Era su cuarto embarazo. Tenía una cardiopatía aguda que fue descubierta durante la gestación. El obstetra del Hospital de Maternidad le recomendó interrumpir el embarazo antes de de llegar a las 20 semanas por el alto riesgo de muerte que suponía para ella. Claudia accedió. Pero las autoridades del hospital decidieron trasladarla al Hospital Rosales, donde un cardiólogo dijo no era necesario el aborto, que podía continuar hasta las semana 26. No pudo, su cuerpo no resistió. Poco después del parto prematuro, Claudia y su hijo murieron. Dejó tres hijos huérfanos, un esposo viudo y una familia entera dolida.
Para muchos Claudia es SOLO UN caso. “Una no es ninguna”, dice el dicho popular. Una joven representante de los grupos anti-despenalización del aborto incluso se atrevió a decir, durante una entrevista, que las diez muertes maternas que hubo en el Hospital de Maternidad en 2017 eran una nimiedad. El doble estándar de este discurso queda al descubierto cuando llamándose “pro-vida”, desdeñan el valor que la vida de cada una de esas mujeres tenía.
Debido a la restricción de acceso a las historias médicas de esas diez mujeres, no sé cuántas se hubieran salvado con un aborto, pero sí sé que la muerte de Claudia pudo haberse evitado si las autoridades del hospital hubieran respetado su decisión de poner fin al embarazo. Y el de ella no es un caso aislado. Veamos qué sí nos dicen los datos.
La Organización Mundial de la Salud define la muerte materna como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de la gestación a causa de cualquier factor relacionado con o agravado por el embarazo mismo o su atención. Las causas pueden ser directas o indirectas. Las directas se refieren a una complicación propia de la gestación, parto o su atención. Las indirectas son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona se agrava por los efectos fisiológicos del mismo.
De acuerdo a datos del MINSAL, entre 2006 y 2016, 543 mujeres murieron durante el embarazo o parto o en las siguientes semanas después del alumbramiento. El 68% de estas muertes tuvo causas indirectas y el 32% fue clasificado dentro de las causas indirectas. Sin embargo, y pese a que en la última década la reducción de muertes maternas ha sido una constante, la gran mayoría de estos decesos, en algunos años hasta el 97%, fueron clasificados por el Ministerio de Salud como muertes prevenibles. Una muerte prevenible se refiere a todas aquellas que “sucedieron debido a un manejo inadecuado, descuido en su atención hospitalaria, diagnóstico incorrecto, falta de recursos materiales o humanos para la atención” (MINSAL).
En las causas directas específicas de muerte que ha registrado el MINSAL dentro del sistema público de salud aparece el embarazo tubárico o ectópico. Esta condición se refiere a la implantación del embrión en un lugar diferente al endometrial (capa interna del útero), lo cual hace imposible su desarrollo. El embrión tiene cero posibilidades de convertirse en feto y por lo tanto cero posibilidades de nacer. De acuerdo a la OMS es una patología de alto riesgo para la mujer. Si un embarazo ectópico no se interrumpe a tiempo, las probabilidades de muerte son extremadamente altas. Detectarlo requiere una simple ecografía temprana. Sin embargo, entre el 2006 y 2016 en El Salvador 18 mujeres murieron por esta razón. Cada una de estas defunciones pudo haberse evitado con la interrupción del embarazo.
En cuanto a las causas indirectas, los datos muestran las enfermedades específicas previas al embarazo, que se agravaron durante el mismo, y por las cuales murieron 173 mujeres del 2006 al 2016. Quiero llamar la atención, al menos sobre tres de estas dolencias: el lupus, cáncer y las enfermedades del corazón.
En el 2013, Beatriz García, una mujer enferma de lupus y con un feto anencefálico, solicitó un amparo ante la Sala de lo Constitucional para poder interrumpir su embarazo. No quería correr el riesgo de muerte que sufrió cuando tuvo su primer hijo. La corte le denegó el amparo. Las autoridades del Instituto de Medicina Legal que hicieron el peritaje del caso aseguraron que Beatriz solo necesitaba estar monitoreada para lograr dar a luz. En la semana 26 el médico obstetra decidió interrumpir el embarazo practicándole una cesárea. El feto falleció a las cinco horas del nacimiento. Por suerte, Beatriz no murió. Pero la historia no se cuenta igual para todas. En los diez años señalados cinco muertes maternas fueron registradas a causa de la misma enfermedad que padecía Beatriz: lupus eritematoso sistémico.
Las cardiopatías también matan a muchas mujeres embarazadas. Como Claudia Veracruz, 19 mujeres fallecieron a causa de algún tipo de enfermedad del corazón. Por supuesto, no podemos saber si en cada uno de estos casos las mujeres habrían podido salvar la su vida con un aborto. Pero sí podemos suponer que como a Claudia esta posibilidad les estaba negada desde el principio. La ley no permite ningún tipo de aborto bajo ninguna circunstancia y el personal de salud en el sistema público se apega a esto. La inseguridad jurídica también los alcanza. Un médico o médica puede ir a la cárcel y perder su licencia por ayudar o facilitar cualquier tipo de interrupción del embarazo incluso en los casos más urgentes. Básicamente al personal médico solo les queda ver morir a las mujeres, muchas veces con sus hijos dentro. Eso pasa también con mujeres que padecen enfermedades como cáncer o insuficiencia renal.
El Dr. Guillermo Ortíz, ex jefe de perinatología del Hospital de Maternidad, me comentó sobre uno de estos casos: “Era una adolescente con una enfermedad renal. Cuando la llevaron, la llevaron ya en un estado bastante malo, con un embarazo de 22 semanas. Yo hablé con el padre de ella, él me contó que él mismo le había buscado a alguien, así de forma clandestina, un aborto inseguro, no me dijo con quién. Pero que a la hija y a la esposa de él les dio temor de que pudieran ir a la cárcel. Entonces, sí me causó mucho dolor cuando al mes que había pasado eso y que llega al hospital, fallecieron los dos. Eso me marcó mucho porque dije ‘¿por qué si medicamente era tan evidente que ninguno de los dos sobreviviría al embarazo no podía hacer nada?’ Por lo menos habría sido de ver que uno de los dos se salvara”.
A estos datos hay que agregar además el suicidio. Ha sido reconocida por el MINSAL como la tercera causa de muerte materna en el país. Es decir, que el MINSAL reconoce que estas mujeres decidieron suicidarse debido al embarazo. De 2006 a 2016 se reportaron 88 suicidios de mujeres embarazadas. El 37% de estas muertas tenían entre 15 y 18 años.
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El Colegio Médico de El Salvador en un comunicado del 13 de abril de 2018 dijo: “ No existe ninguna situación, en la práctica médica actual, donde la vida humana deba ser intencionalmente destruida por medio del aborto con el propósito de salvar la vida de la madre. Un médico deberá hacer todo lo posible para salvar la vida de ambos, jamás debe intentar la muerte directa de alguno de esto”.
Como los datos demuestran, por supuesto que existen situaciones médicas en las que la vida de la madre pudo haber sido salvada si se le hubiera permitido interrumpir su embarazo a tiempo. También es claro que el deber de los y las médicos/as es hacer todo lo que esté en sus manos para salvar la vida de ambos. Pero qué pasa cuando esto no es posible, qué pasa cuando la muerte de la madre e/o hijo es inminente ¿simplemente hay que dejar morir a ambos? Sin embargo, las posturas respecto a esto dentro del gremio son diversas, incluso dentro del mismo Colegio médico las posiciones son divergentes.
En una entrevista publicada por elfaro.net en febrero de este año, Juan Antonio Tobar, presidente de esta institución, reconoció lo siguiente: “Por eso es que nosotros al final ponemos que la legislación va a en algún momento dado a bloquear alguna acción que sea médicamente correcta (…). Estamos en contra del aborto como procedimiento de control natal, solo vemos dos situaciones que deben ser plenamente documentadas y científicamente establecidas: el riesgo de inminente de la vida de la madre en función de ese embarazo o la inviabilidad del producto en el sentido de que vamos a tener la certeza plena que ese producto no va a poder sobrevivir a lo sumo de las primeras horas del parto”.
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No hay condenadas por el delito de aborto en El Salvador: frase popular entre grupos conservadores.
De acuerdo a datos proporcionados por la Fiscalía General de la República, cada año se procesa a decenas de mujeres por aborto propio o consentido (Artículo 133). Entre el 2010 y 2015 se iniciaron 122 casos por persecución de este “delito”. De esos procesos, las resoluciones registradas muestran que dos casos terminaron en sobreseimientos provisionales o definitivos y dos casos obtuvieron sentencias condenatorias. Por lo tanto, en El Salvador sí hay mujeres perseguidas y condenadas por haberse practicado un aborto.
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“Ante la propuesta de legalizar el aborto en nuestro país (…), pedimos a todos nuestros diputados, de todos los partidos, no legalizar tan grave crimen”, Arzobispo de San Salvador, 15 de abril de 2018.
La reforma al código penal para permitir la interrupción del embarazo en cuatro causales fue propuesta por la exdiputada del FMLN, Lorena Peña. Meses más tarde fue el exdiputado de Arena, Johnny Wright, quien propuso despenalizar en dos causales. Ninguna implicaba hacer legal el aborto. Repito: descriminalizar ciertas causales no es igual a legalizar el aborto, ni mucho menos reconocerlo como derecho. El aborto hubiera permanecido como un delito, pero al menos en el algunos casos extremos y urgentes se le hubiera permitido a la mujer tomar, sin miedo, la decisión de continuar o no con su embarazo. La reforma que más posibilidades tuvo de ser aprobada fue la de Johnny Wright que proponía permitir la interrupción : 1) cuando la vida de la madre corre peligro y 2) cuando, siendo menor de edad, la mujer ha sido víctima de violación. Era solo y solo eso.
Por supuesto, para los políticos y grupos pro-nacimientos/anti-despenalización del aborto siempre queda la opción de vociferar que todos estos hechos y datos son falsos. Siguen repitiendo que “la verdad” es el cuento de la abuelita y el video de los años 80. Así han logrado que se mantenga la criminalización absoluta del aborto. Así consiguieron que los ex diputados y diputadas se acobardaran y que la reforma al código penal cayera en saco roto. Lo airean como una victoria. Pero eso no cambiará la realidad. Podrán seguir ignorando a las muertas, a los huérfanos, a los viudos; volverán la vista ante la persecución legal de inocentes, minimizarán los efectos de la violencia sexual, pero eso no hará desaparecer a todas esas mujeres. Las muertas, las inocentes, las víctimas de violación seguirán entre nosotros.
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