Desdolarización, mitos y riesgos

Ya explicamos qué es la dolarización y sus resultados en las economías de los países que las han adoptado. Hemos tratado sus costos y beneficios teóricos, incluso sus pros y contras. Hablamos por primera vez de los rasgos económicos que tiene el caso salvadoreño y ahora dialogaremos sobre un tema derivado: la desdolarización.

El contexto es el siguiente: el gobierno de Nayib Bukele debe gestionar un país con muchos problemas y cumplir sus promesas de campaña, pero tiene limitantes, entre ellos un reducido espacio fiscal con una deuda pública total en 2019 arriba del 70 por ciento del producto interno bruto (PIB) junto a una ley de responsabilidad fiscal estricta.

La pandemia y la declaración de emergencia nacional le permitió eludir la limitación fiscal, solicitar al menos 2,000 millones de dólares en deuda pública de largo plazo y aumentar la deuda de corto plazo en al menos 600 millones de dólares. Icefi estima que la razón deuda/PIB llegará al 92.1 por ciento en 2020. Un escenario fiscal de tres años, con ciertos supuestos negativos sobre la economía, señala la probable pérdida de capacidad de pago de las obligaciones estatales, es decir default de deuda o quiebra del estado.

Con una moneda propia, una autoridad monetaria, encaje legal, prudentes reservas internacionales, tasa de política monetaria, política de regulación macro y micro prudencial y un ente supervisor activo, un país normal puede hacer frente a diversos tipos de riesgos sistémicos o choques externos. Por ejemplo, ante una corrida bancaria debido a pánico y crisis de confianza, puede actuar la autoridad monetaria como prestamista de última instancia, garantizando liquidez y respaldando la moneda, incluso regulando entradas y salidas de capitales. Es una práctica convencional entre los bancos centrales de países importantes como Estados Unidos, la Unión Europea, el Banco de Japón o el Banco de Inglaterra. De hecho, para enfrentar la pandemia, algunos de estos países han tomado medidas de política monetaria como reducción de tasa de política monetaria, estímulos monetarios para crear liquidez en los mercados de dinero, financiamiento al gobierno de paquetes de rescate al sector productivo y subsidios a los trabajadores afectados por el cierre económico, entre otros.

Pero, ¿y en el caso de El Salvador, un país dolarizado?

El gobierno, en colusión con ciertos sectores privados, decidió financiar con préstamos ciertas medidas para atajar la pandemia.

El aumento de la deuda pública, los gastos opacos y dispendiosos, la polémica gestión del presupuesto y de los fondos obtenidos han activado las alarmas de una mala gestión fiscal. La renuncia de un ministro de Hacienda y de un presidente del Banco Central de Reserva avivaron las desconfianzas en los partidos políticos, en sectores empresariales y sectores de la sociedad civil.

La Asamblea Legislativa ha creado una comisión especial para investigar la colocación de títulos y préstamos en los mercados nacionales e internacionales durante la pandemia de Covid-19.

En el caso del sector privado, algunas voces influyentes como la de Carmen Aida Lazo han expresado su opinión, si el gobierno toma la decisión política de desdolarizar la economía. Según su lectura, el gobierno va a sacar los colones de las bóvedas y con ello pagará a los empleados y los proveedores, impondrá un tipo de cambio fijo devaluado y buscará respaldo de la población. Ese relato dice que los ahorrantes entrarán en pánico bancario y el gobierno impondrá un corralito a sus fondos. Luego, con los colones vendrá la inflación (fenómeno monetario y variable exógena), que mermará el poder adquisitivo de las personas. Azuza con el miedo de “colonización” de la deuda y los ahorros de las personas, con la subsiguiente pérdida de valor de la moneda, a lo cual el gobierno buscará compensar la pérdida provocando más problemas monetarios. Finalmente, la incertidumbre de la desdolarización afectaría el sistema financiero, los componentes de demanda, el crecimiento y el empleo y el acceso a financiamiento externo. Sentencia: “Desdolarizar es una mala idea en cualquier momento, pero es pésima cuando un país ya está en una situación como en la que se encuentra actualmente El Salvador, es decir, con un alto nivel de fragilidad fiscal, alto endeudamiento y escasos márgenes de maniobra para acceder a recursos externos”. Señala que “si el problema es fiscal, la solución también debe serlo”.

Otra voz influyente y recurrente, como la de Manuel Hinds, en un polémico artículo, utiliza el clásico argumento monetarista del miedo: el Banco Central imprime dinero para pagar deudas estatales, lo que se llama monetización de la deuda. Sin conocer el contexto sociopolítico, los fundamentos de la economía y los esfuerzos fiscales recientes de Costa Rica, la acusa sin pruebas, por imprimir dinero y gastar en exceso. Lanza sus argumentos sobre las “ventajas de la dolarización”: tasas de interés bajas, préstamos a muchos años plazo y confianza en la moneda.

Estas dos voces tienen en común un argumento: “Se debe mantener la dolarización tal cual existe ahora”. Se intuye que se deben hacer los sacrificios necesarios para gozar de los “beneficios” del régimen. También se deriva la idea de “cambiar todo para no cambiar nada”.

Entonces, ¿qué es la desdolarización? A mi juicio, es una narrativa política que contiene un conjunto de dudas razonables, mitos o miedos de grupos de interés y grupos de presión ante posibles medidas monetarias de un gobierno considerado populista.

En palabras francas, la desdolarización no es lo contrario de dolarizar. No es sacar colones de las bóvedas, tampoco es despertar el monstruo de la inflación, tampoco es la pérdida de valor del dinero o de los ahorros de las personas o la monetización de la deuda pública.

Estos serios problemas se manifestarán si el país cae en un default. Pueden ser efectos de una severa crisis económica y de malas decisiones de las autoridades, no su causa.

También debe quedar clara la dolarización total o régimen de tipo de cambio superfijo. Como he señalado en artículos anteriores, es una respuesta espuria ante una crisis por inestabilidad macroeconómica, crisis bancaria o hiperinflación, incluso choques externos. Dolarizar reduce a casi cero el riesgo cambiario, pero no elimina otros como el riesgo de default, el riesgo soberano o el riesgo de contagio de crisis externas.

La negación a discutir con seriedad el tema o a pensar en modificar el statu quo del régimen cambiario no permite entender que dicho régimen es costoso para la economía real, que puede ser sostenible en el corto plazo, pero incurriendo en mayores sacrificios sociales y reformas contractivas que afectan tanto al tejido productivo como al crecimiento de la economía en el mediano plazo.

Debemos recordar de nuevo que la dolarización total es muy similar a una caja de conversión, pero sin opción de salida. Entre los costos se señala que una prolongada deflación induce a altas tasas de interés real y grandes transferencias de los deudores a los acreedores. Un choque externo negativo extremo puede justificar la salida de un régimen de tipo de cambio fijo, pero no sin importantes costos de salida.

Los costos recurrentes de la dolarización y sus efectos en los fundamentos económicos ya han sido mencionados en el artículo anterior. Los efectos en la economía real se asocian a la producción, el empleo y las presiones deflacionarias. Entre otros efectos, recordemos además que, con la dolarización, la cantidad de  dinero (base monetaria) en la economía es endógena y se determina por la evolución de la cuenta corriente y la cuenta de capital de la balanza de pago, donde las remesas junto al endeudamiento externo con su volumen y crecimiento han sostenido la base monetaria y los desequilibrios externos.

Quiero mencionar también el elefante blanco de la dolarización: la deuda y la deflación, «deudeflación». Si asumimos las presiones deflacionarias en la economía y el aumento de la deuda pública, mantener la dolarización se volverá más costoso. Señalemos tres casos. Primero, la deuda externa pública que representó el 36.9 por ciento en 2019. Segundo, el Fidecomiso de Obligaciones Previsionales, el fracaso de la privatización del sistema de pensiones y la desnaturalización de la seguridad previsional de las personas se combinó con la toma de la masa de ahorros previsionales para comprar deuda estatal cada año. Representó el 19.5 por ciento  del PIB en 2019 y su crecimiento en los últimos cinco años ha sido del 12 por ciento. La deuda previsional de la Fuerza Armada también es un foco de alarma. Y tercero, la deuda de corto plazo, que representa un 3.7 por ciento del PIB.

Esta dinámica deuda-deflación, en un escenario de crecimiento promedio del 2-3 por ciento del PIB con un crónico déficit de la balanza comercial, solo es sostenible con un crecimiento de las exportaciones y las remesas, un ajuste fiscal recesivo, mayor flexibilidad laboral, caída de los salarios nominales y el aumento de la productividad. En su defecto, se ajusta con la caída de la producción y los precios generales, con el aumento del desempleo y el subsiguiente crecimiento del sector informal. Siendo el aumento de impuesto a los trabajadores un factor ambivalente, ya que podría aliviar la deuda, pero afecta el poder adquisitivo y la demanda agregada. Claro es que un magro crecimiento no aliviará la pobreza o modificará la desigualdad y exclusión social. No podemos subestimar los problemas del bajo crecimiento, elevada deuda, creciente desigualdad y aumento de conflicto social en el contexto de la dolarización como situación de mediano plazo.

En resumen, no debemos alimentar el mito de la desdolarización, aunque sí debemos estar atentos ante decisiones políticas unilaterales que puedan provocar inestabilidad monetaria y financiera. Lo importante, a mi juicio, es pensar seriamente los costos de la dolarización, los problemas que la vuelven gravosa y las opciones técnicas para realizar una reforma monetaria y financiera que tenga como objetivo una transición de una dolarización total hacia un régimen monetario que combine cierto nivel de autonomía, cierto grado de libertad de los movimientos de capitales y cierta flexibilidad del tipo de cambio,  favorables para lograr mayor crecimiento económico y para la reducción de la desigualdad económica y social.

La moraleja de este artículo es la siguiente: la dolarización puede quebrarse derivado de un ajuste de mercado por default de deuda, por riesgo soberano o por graves choques externos. Es responsabilidad de las autoridades y de la academia proponer opciones para enfrentarla. Algunos no comprenden la complejidad y seriedad del tema, otros piensan que lo mejor es no hacer nada, otros piensan que debemos hacer más sacrificios sociales y económicos, como el ajuste fiscal recesivo para no cambiar el régimen monetario.

Creo en la necesidad de aportar al diseño de una nueva política monetaria, en el mediano plazo. En mi opinión, hacia un régimen cambiario intermedio, flotante o con metas de inflación con el dólar como ancla cambiaria. Esta reforma implica, entre otras de igual importancia (la fiscal, la financiera, la comercial y la laboral), fortalecer atribuciones de la autoridad monetaria y financiera, entre ellas: la emisión de moneda, control de base monetaria, control de tasa de interés, el rol de prestamista de última instancia, el rol de regulador prudencial y proveedor de información económica. Recuperar la política monetaria es una gran responsabilidad. Bien utilizada, es un instrumento que puede ayudar al país tanto en períodos de bonanza económica como en períodos de graves perturbaciones económicas y sociales.


Referencias

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Lazo, C.A. (27 septiembre 2016). El Faro. La leyenda de la desdolarización ordenada. Recuperado de: https://elfaro.net/es/201609/opinion/19320/La-leyenda-de-la-desdolarizaci%C3%B3n-ordenada.htm?fbclid=IwAR1jxu88M-x-uHT1VWtrbbYyWIkQyGjvNiGlk53DMrhzyLyQfXLqJunw_zM

Castellanos, R. (31 agosto 2010). LPG. Arena y la economía social de mercado. Recuperado de: http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/139379-arena-y-la-economia-social-de-mercado.html



*Willian Alirio Martínez es economista, interesado en integración regional, política económica y políticas públicas.

Foto de portada Factum/Salvador Meléndez

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