Agua: el gran debate pendiente se asoma de nuevo a la Asamblea

La presentación de otro anteproyecto de ley de agua, esta vez promovido por diputados de derecha y la empresa privada, lleva consigo desde ya todas las advertencias de las distintas fuerzas político-partidarias en la Asamblea. Si bien Gana, PCN y PDC han dado el visto bueno para que ingrese otra iniciativa de ley para regular el uso y consumo del agua en El Salvador, no se casan todavía con ningún texto tal cual esté escrito y adelantan que todo deberá someterse a estudio. La propuesta, según los promotores, goza de un consenso en el que incluso se apunta el gobierno, con las participaciones del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Economía. Pero la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, ha puesto un alto a esas aseveraciones. Sí hubo un trabajo previo, en conjunto con el sector privado, para dar insumos a la discusión sobre una ley de agua, dice la ministra; pero en ningún momento el objetivo fue presentar un anteproyecto de ley en toda su extensión. Ante todo, el tema del agua apunta a estar en la agenda política de las próximas semanas dentro de la Asamblea.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

El Salvador tiene problemas con su recurso hídrico. Hay problemas de distribución, problemas de encarecimiento del servicio, problemas de infraestructura, problemas de contaminación, problemas incluso de existencia de agua. Una ley para la regulación del agua, lo advierten los políticos, no va a cambiar de repente este escenario de insuficiencias, aunque sí será una parte de las soluciones integrales. Este miércoles 14 de junio de 2017 se ha programado la presentación de una nueva propuesta para legislar sobre agua. La abanderan algunos diputados del partido Arena y la empresa privada y va a ser acompañada, al menos en su introducción a la oficina de correspondencia de la Asamblea Legislativa, por diputados de Gana, PCN y PDC.

Desde el 13 de junio, una convocatoria de prensa hecha desde la empresa privada -en concreto la ANEP- lo anunciaba: en la presentación de la nueva propuesta de ley de aguas esperan la presencia de Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea; y de los diputados John Wright y Martha Evelyn Batres, por Arena; Mario Ponce, por el PCN; Francisco Zablah, por Gana; y Rodolfo Parker, por el PDC. El Fmln no va a participar pues tiene su iniciativa propia que fue presentada en 2012, a la que se mantienen apegados sus diputados desde entonces.

A la Asamblea Legislativa le toca abordar el área de la creación de leyes. Sobre agua, ya hay varias propuestas que llevan años discutiéndose en el salón de la comisión de medio ambiente. Al menos han pasado dos legislaciones (duran tres años cada una) en las que no se ha podido llegar a un consenso. Los intereses que se han querido proteger son varios. Al menos en el lado del Fmln, entre las principales preocupaciones se ha mantenido que el recurso del agua no debe ser privatizado, sino que su manejo siempre debe ser administrado por el Estado salvadoreño. Otra de las principales cautelas desde la izquierda es dar la garantía, en una ley, de una distribución equitativa del agua. Pero desde la derecha las líneas han respondido más a cómo se puede lograr una mayor productividad del agua y a mejorar antes la infraestructura para que la distribución equitativa deje de ser un imposible.

Precisamente, la propuesta que van a presentar los diputados y la empresa privada se esmera en ceder a las exigencias de la izquierda y en el articulado se establece que el agua se considera “un bien nacional de uso público inalienable, inembargable e imprescriptible, su dominio pertenece a la nación y su uso y goce a todos los habitantes del país” y que su administración solo puede ser manejada por el Estado. Mientras que también en el texto quedan plasmadas garantías de procurar la eficiencia del manejo del agua, de manera que pueda ser de aprovechamiento de toda la sociedad.

En la comisión de medio ambiente se ha logrado un consenso sobre los elementos restrictivos que debe tener una ley de aguas y, según los proponentes, todo está incluido en el articulado. Por ejemplo, hay un artículo especial de prohibición de explotación del agua en zonas protegidas que así han sido declaradas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn), como pudo constatar Revista Factum al tener acceso de vista del documento. En estos puntos, las distintas propuestas se asemejan.

La autónoma de la discordia

Pero las discusiones más críticas en la comisión de medio ambiente se han centrado en un área: qué oficina va a regular y a supervisar que la nueva ley se aplique. Esa búsqueda de consenso es la que ha tardado años. La nueva propuesta de ley habla de una “autoridad hídrica” que sería de tipo autónomo, adscrita al Marn, y cuya dirección central y subdirecciones se encargarían de administrar el manejo del agua en El Salvador. La iniciativa desde la derecha advierte que estas direcciones deberán cumplir un perfil para cada cargo que ya se estipula en el anteproyecto de ley y cuyos rasgos son principalmente técnicos, por encima de los políticos.

Un grupo de salvadoreños se bañan en las orillas del Río Lempa en San Lorenzo, que es el límite departamental entre San Vicente y Usulután. El río más caudaloso de nuestro país se ha visto reducido en su caudal por diferentes circunstancias ambientales.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Mientras que la propuesta del Fmln versa sobre la creación de una “comisión nacional del agua” que sería una entidad única, sin un consejo consultivo y con atribuciones centralizadas, es decir, que toda la autoridad recaería sobre la junta directiva de la comisión. Otra de las críticas que ha tenido esta propuesta de la izquierda es que existen facultades legales confiscatorias de la propiedad, algo que el resto de grupos políticos de derecha rechazan por completo.

“Nosotros no estamos de acuerdo con confiscaciones, como se proponía en otro proyecto que ya ha sido presentado en la Asamblea Legislativa, porque con eso de las expropiaciones no estamos de acuerdo”, dijo el diputado Gallegos, al consultarle sobre la iniciativa que ha acuerpado el Fmln durante años. Sin embargo, Gallegos se cuidó de dar un total apoyo al nuevo texto y advirtió que no se trata de que su partido Gana va a votar con los ojos cerrados esta propuesta. Incluso, Gallegos aseguró que se espera que una universidad presente una nueva propuesta para poder ser discutida.

Para hablar sobre la nueva propuesta que se va a presentar, se buscó contactar con el diputado del Fmln Omar Cuéllar, miembro de la comisión de medio ambiente. En un principio accedió a conversar sobre el tema y pidió que se le buscara minutos más tarde. Sin embargo, luego fue imposible contactarlo por su número telefónico. Sin embargo, la postura del Fmln desde 2012 ha sido una sola: el apoyo incondicional a la propuesta que el partido presentó  hace cinco años, pese a las nuevas iniciativas que han surgido en este tiempo.

Con la misma cautela que Gallegos, el coordinador del grupo parlamentario del PCN, Mario Ponce, si bien está dentro de la lista que van a acompañar la presentación de la nueva propuesta llamada “Ley integral de agua”, adelantó que los otros cinco diputados de su fracción deben conocer bien y leer con detenimiento la iniciativa. “Yo ya le di iniciativa, pero ahorita lo que te puedo decir es que no es que la vamos a apoyar sin haberla leído, sino hasta que tengamos el aval del grupo parlamentario. Hay que leerla despacio y posteriormente ver si vale la pena y si es mejor que la que ya se está discutiendo. La buena disposición de recibirla y estudiarla está, pero no de primas a primeras dar votos”, dijo Ponce.

Una de las atribuciones que tendría la nueva “autoridad hídrica”, dentro de la propuesta que van a introducir los grupos parlamentario de derecha, está la de regular las tarifas por el servicio de agua potable que le corresponde en la actualidad a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda). Este punto, al menos de forma previa, sí es compartido por todos las fracciones legislativa que van a presentar el anteproyecto de ley. Para estos diputados, el comportamiento de la Anda con las tarifas del servicio ha rayado en el abuso y la ilegalidad y debe ser corregido.

Pero hay más peros aún. El PDC, por ejemplo, de forma independiente ha pedido, dentro de la discusión sobre la ley de agua que ha durado años, que se aprueben mecanismos para recuperar el recurso hídrico del río Lempa, la principal fuente de agua superficial que tiene el país y que con el tiempo ha ido en franca disminución. Planes de reforestación en toda la ribera del Lempa son necesarios, comentó Ana Guadalupe Martínez, técnica asignada por el PDC para representar a este grupo parlamentario dentro de la comisión de medio ambiente.

“Nosotros hemos dicho que antes de discutir una ley del agua, mejor discutamos cómo reforestamos y cómo hacemos que el agua vuelva a tener las cantidades, sobre todo el río Lempa, que es el gran abastecedor del Gran San Salvador, cómo se vuelve a convertir en un gran afluente para que el recurso alcance. Porque si no nos va a tocar tener que repartir el lodo que ahorita está procesando Anda, porque ya no es ni siquiera agua, para poderla distribuir”, dijo Martínez, en las vísperas de la presentación de la nueva propuesta.

Desde que empezaron las discusiones en la Asamblea sobre la urgencia de una nueva ley de agua, ha habido decenas de visitas de funcionarios internacionales, especialistas, académicos y demás expertos en los temas de recurso hídrico para dar insumos a los diputados. Se han llevado a cabo foros, consultas ciudadanas y otras actividades para dar a conocer el trabajo de la comisión de medio ambiente sobre un tema todavía muy áspero y que puede ser resuelto con apenas una mayoría simple de diputados, cuarenta y tres votos precisamente.

La advertencia desde el Marn

La ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, confirmó ayer que meses atrás hubo un trabajo conjunto, instruido por la Presidencia de la República, para que el Marn, el Minec y la ANEP pudieran integrar un equipo para elaborar insumos, consensuados, que ayudaran a las discusiones dentro de la Asamblea Legislativa. Pero Pohl aclaró que no puede corroborar si la nueva propuesta lleva todos los insumos, con fidelidad, de ese trabajo conjunto. Por ello, la ministra hizo una advertencia de que aunque en la presentación de la nueva iniciativa se mencione que ha habido consensos con el gobierno mediante el Marn y el Minec, ella no puede dar esa afirmación por hecha, ya que no conoce el contenido de la propuesta.

Un puente de paso peatonal sobrepasa el cauce de uno de los ríos -o lo que queda de uno de ellos- que se encuentran en las afueras de Tacuba, Ahuachapán, El Salvador. 
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

“Ciertamente, nosotros estuvimos sentados elaborando un documento, que era un documento de apoyo para las diputadas y los diputados de la Asamblea Legislativa que fue mandatado por el señor presidente de la República. Ese documento lo enviamos a Casa Presidencial, para que sean ellos quienes tomen las decisiones. Ahora, ¿qué documento va a presentar Arena? Yo no tengo la menor idea. Entonces, el otro documento que nosotros hicimos y que fue un esfuerzo de más de un año y que fue un esfuerzo público, está en Casa Presidencial. Y yo no podría opinarte, no tengo idea de lo que van a presentar. Por otro lado, el documento que nosotros hicimos era un documento de referencia, un documento de insumo para la discusión que se tenía en la Asamblea Legislativa y no pretendía ser un anteproyecto de ley ya elaborado que fuera a ser presentado por el gobierno, porque el gobierno ya tiene su anteproyecto de ley presentado en 2012 ante la Asamblea Legislativa, que es el que hasta ahora y de manera oficial nosotros vehemente lo defenderíamos”, dijo Pohl a Factum.

La ministra comentó que en el trabajo conjunto con el sector privado sí se estableció la “autoridad hídrica” como la rectora de la ley y con carácter autónomo, igual que como se plantea en la nueva propuesta apoyada por los grupos parlamentarios de derecha. Esta autónoma tendría un consejo consultivo integrado por organizaciones ciudadanas y dentro de la junta directiva tendría voz y voto para la toma de decisiones, especialmente para el otorgamiento de permisos para explotación del recurso hídrico.

Con esta nueva propuesta, la Asamblea Legislativa solo quedaría a la espera de una más, que provendría de una universidad del país -según comentaron los promotores- para volver a tener una nueva ronda de discusiones, como las que se han llevado durante años, en torno a qué es lo mejor, legislativamente, para el futuro del agua en El Salvador.