Desde que asumió el poder en 1989 hasta que lo dejó en 2009, la derecha política salvadoreña representada sobre todo por los partidos Arena y el PCN se aseguró de ejercer un control sobre los tres poderes del Estado que le permitiera, entre otras cosas, protegerse de eventuales investigaciones por malos usos de los fondos públicos.
Hoy, y desde que la izquierda representada en el Fmln asumió el poder, la derecha ha intentado hacer suya la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Algunos de sus dirigentes y diputados dicen que apoyan, por ejemplo, la creación de un mecanismo internacional de combate a la corrupción y la impunidad, similar a la Cicig de Guatemala.
Y casi todos sus políticos y acólitos alaban, sin arrugarse, las investigaciones realizadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia a varios funcionarios de las administraciones del también arenero Antonio Saca y del efemelenista Mauricio Funes.
Lo que casi nadie parece recordar en la derecha salvadoreña es que desde la administración de Alfredo Cristiani hasta la del mismo Saca, y sobre todo en la de Francisco Flores, la alianza Arena-PCN en la Asamblea Legislativa fue responsable del nombramiento de Cortes Supremas de Justicia que echaron a la basura cualquier intento de combatir la corrupción con herramientas como la Sección de Probidad.
En un artículo publicado este jueves 1 de junio de 2017, el periodista Fernando Romero explica cómo Agustín García Calderón, jefe del Judicial aupado por la alianza derechista y uno de los principales aliados políticos del expresidente Francisco Flores, ignoró una y otra vez llamados del jefe de Probidad, Eduardo Cáceres, para investigar indicios de enriquecimiento ilícito de varios funcionarios areneros.
Escribe Fernando Romero: “Los memorándums a los que ha tenido acceso Revista Factum revelan la magnitud de las investigaciones a las que apuntaba la Sección de Probidad de la CSJ… La incomodidad que generó la sección llegó hasta las instancias de que fue la misma CSJ en pleno, por una velada presión de los bancos y por el poder político del partido en el gobierno (Arena), la que le retiró atribuciones investigativas a Probidad”.
No solo García Calderón ignoró los llamados de Cáceres, sino que al final maniobró para quitar a Probidad todas sus capacidades de investigación. Fue, todo, una decisión del sistema dominado por la derecha política. Una decisión consciente de impedir la investigación, de tolerar y, de hecho, fomentar el enriquecimiento ilícito a costa de fondos públicos. En corto, de fabricar impunidad.
La desidia de la Corte y la connivencia del Ejecutivo impidieron a Probidad, en tiempos de Arena, lo que hoy, en tiempos del Fmln, Arena le alaba a Probidad: el ejercicio de sus funciones legales de forma tal que le permitieran convertirse en punta de lanza de la lucha anticorrupción en El Salvador.
Un ejercicio de ingenuidad podría sustentar la falacia de que esta Arena, la de oposición, es diferente a la que gobernó el país durante 20 años después de la guerra, una que realmente está interesada en la transparencia y no solo en poner a la defensiva a los gobiernos del Fmln, culpables ellos de sus propios pecados.
Pero no, los silencios de la actual cúpula arenera dejan claro que pensar lo anterior es eso, una falacia ingenua.
Nada ha dicho la cúpula tricolor, por ejemplo, de las revelaciones que acaba de hacer el periódico digital El Faro sobre la forma en que los Ejecutivos de Calderón Sol, Flores y Saca repartían sobresueldos y otras regalías con dinero de la partida secreta de la Presidencia de la República.
Entre las justificaciones que en su momento dieron los empleados de las sucesivas presidencias areneras sobre el uso de la partida secreta están, según el reportaje de El Faro, que esta se usaba para financiar gastos de inteligencia o de gobernabilidad.
A esta última, la gobernabilidad, la derecha la entendía, entre otras cosas, como el pago de sobresueldos a funcionarios que, como el fiscal general de la República, son encargados de proteger al Estado de los abusos de los oficiales designados para administrarlo. La connivencia entre la Corte Suprema y los Ejecutivos de Arena impidió, por ejemplo, investigar los patrimonios de algunos de estos funcionarios responsables de velar por el buen uso del fondo público; tal es el caso de Romeo Melara Granillo, ex fiscal general, a quien Probidad no pudo investigar por el aumento patrimonial de poco más de medio millón de dólares.
Poco ha cambiado en Arena, decíamos: no fue solo blindar al exfiscal Melara Granillo, fue también que, en 2015, varios de los financistas más importantes del partido apoyaron el intento de reelección de Luis Martínez, otro exfiscal, hoy preso por delitos relacionados con la corrupción.
La derecha política escribió varios capítulos del manual de la impunidad institucional en El Salvador y hoy muchos de sus miembros pretenden hacer uso del discurso anticorrupción como arma política contra el Fmln. Eso no es un compromiso con el país, es solo otra maniobra para cubrir los pecados propios y exacerbar los del contrario efemelenista, que en este caso, y en solo ocho años al frente del Ejecutivo, ya escribió sus propios capítulos del manual.
La lucha por la transparencia y contra la corrupción no debería ser un arma arrojadiza; tiene que ser un compromiso político del Estado, desde el Estado. En El Salvador el problema ha sido que los dos principales partidos políticos, el de izquierda y el de derecha, nunca han tenido interés real en otra cosa que no sea acusar al corrupto ajeno y defender al propio.
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2 Responses to “La hipocresía de la derecha”
Para distinguir entre la “democracia” que tenemos y la democracia que queremos me permito enumerar las medidas institucionales y legales para ir corrigiendo la plana política del país, en favor de la ciudadanía:
1. Eliminar la partida secreta, que es una sobre-carga de la pasada guerra
2. Disminuír la cantidad de diputados a 64 como era antes de los acuerdos de paz. El dinero ahorrado disponerlo para obras de infraestructura y mantenimiento en el tema de la educación pública.
3. Disminuir la cantidad de diputados suplentes. Debe tener una relación de 3 a 1: por cada 3 diputados propietarios se pueden tener a un suplente. Si una fracción tiene menos de 3 diputados, entonces puede tener un suplente cada diputado.
4. Los delitos por corrupción no pueden prescribir. Son delitos contra la sociedad y cuando el daño causado es permanente también el delito debe ser considerado asi. Incorporar el embargo preventivo de bienes, capitales, cuentas, acciones y valores de todo tipo tanto del funcionario como de sus familiares, ante la simple sospecha de actos de corrupción, enriquecimiento ilicito, malversación, recepción de sobresueldos, desvio de fondos, aprovechamiento de información pública para ventajas económicas personales o en sociedad, cometidos por funcionario público.
5. Eliminar el financiamiento conocido como deuda política.
6. La figura del programa de gobierno debe ser convertida en un contrato entre el candidato que lo propone y la ciudadanía. El contrato debe ser justificado punto por punto en base a la ley. Inscrito ante la autoridad electoral. Si se cumple una vez puesto en el cargo, tiene derecho a recibir salario y seguir en el puesto. Si no se cumple debe devolver el dinero pagado y ser destituido de inmediato. La evaluación del cumplimiento debe ser en una elección. No se vale la opinión de la oposición ni la agenda mediática vigente.
Como una primera entrega creo que es suficiente.
La extrapolación política no es lo mismo que la extrapolación en matemáticas. Aplicando este principio, parece que la nota cuyo titular dice “La hipocresia de la derecha” que termina metiendo en el mismo saco a la izquierda actualmente en el gobierno, hace una confusión tremenda. Pretende imaginar el futuro de la izquierda a partir del titular de la nota sobre la derecha. Las pretensiones políticas de hacer añicos al adversario son diferentes entre izquierda y derecha. Y si son iguales, comencemos por preguntar y buscar donde está la parte del himno del fmln que diga que El Salvador será la tumba donde los tricolores perecerán. Cuantos son los bancos que posee privatizados Sánchez Cerén o los de Funes que ya es ex-presidente? En cuantas AFP´s posee acciones Funes o Sánchez Cerén ? Donde están las partidas presupuestarias para devolver el IVA a Sánchez o a Funes, calificandolos de grandes exportadores que funcionó durante los gobiernos de arena y que solamente sirvió para dar (“devolver”) decenas de millones de dólares a 20 grandes empresas, siendo directivo un expresidente arenero en 8 de esas grandes empresas ? Donde está la CSJ ocultando o desviando la investigación sobre los recientes gobiernos de izquierda para cubrir sus jugadas mágicas haciendo desaparecer sólo en sus manos partes importantes cada año del presupuesto general de la nación ? Vamos, seamos serios cuando homologuemos a ambos partidos y su acción en turno de gobierno al bate. No se pueden extrapolar sus historias, no alcanzan las realidades de uno para abarcar las acciones del otro y declararlos simplemente cómplices eternos. A estas alturas del paseo, si bien tengo fuertes críticas al gobierno actual, no termino de verlos como pretende la parte de final de la nota en referencia. Al menos yo, no los veo asi.