La empresa costarricense es la que más fondos públicos ha recibido de parte de la DOM, más de $60 millones en menos de año y medio. Su nombre ha sido ligado al pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública en dos países de Centroamérica.
Foto Factum/Gerson Nájera
Constructora Meco S.A. de C.V. es una empresa costarricense de larga experiencia en el sector de infraestructura. Su fundador Carlos Cerdas Araya es procesado en Costa Rica por pago de sobornos a cambio de ganar obras con el gobierno de ese país. Esta compañía, que registró su sucursal salvadoreña en 2009, obtuvo de la Dirección de Obras Municipales (DOM) $62.5 millones por cuatro contratos hasta noviembre de 2022. El primero de ellos fue publicado el primer día de vigencia de la Ley Simplificada, el 1 de diciembre de 2021.
El más grande de esos contratos tiene el nombre “Mejoramiento y pavimentación de 12.7 kilómetros del camino rural SAM40E: El Cuco – cantón Agua Fría, ubicada en los departamentos de San Miguel y Usulután”, por $40.9 millones, y programado para 490 días, es decir, unos 16 meses.
Contrario a otros procesos, en este caso sí está publicado el nombre Meco como empresa ganadora del contrato en el portal de la DOM; pero no se puede acceder a los documentos. El contrato está publicado en la página de transparencia de la institución. El documento no lo reseña con el nombre públicamente conocido, pero la obra se trata de la pavimentación de la calle en el sector playero entre El Cuco y Punta Mango, identificado en las redes del gobierno como Surf City 2.
A diferencia de otras obras públicas, en las que los vehículos y maquinaria tienen tapado el logo de la compañía contratada con un rótulo de la DOM, en el caso de esta carretera está plenamente identificada la empresa que desarrolla el proyecto, Meco.
Meco y la DOM firmaron el contrato el 21 de junio de 2022. Residentes del municipio de Jucuarán, jurisdicción donde se desarrolla el proyecto, confirmaron que la obra tiene aproximadamente 11 meses en ejecución, es decir, que se inició inmediatamente se firmó. A pesar de que a Meco le restan apenas unos cinco meses de plazo para finalizar la obra, ningún tramo de los 13 kilómetros está asfaltado y buena parte de la carretera no tiene aún ni balastre, o sea, la grava que sirve de base al asfalto y concreto. De hecho, al menos unos 6 kilómetros aún es tierra y varios tractores aún trabajaban en la ampliación, remoción y apisonamiento de tierra el pasado 17 de mayo de 2023.
Lo particular de este caso no solo es el monto, si no que es un proceso que Meco ya había ganado, pero fue rechazado. Dos meses antes, en marzo de 2022, la DOM publicó el proceso de licitación y lo otorgó a Meco pero por un monto mayor, $41.2 millones. Sin embargo, fue rechazado, pero no existen documentos públicos del porqué.
El cálculo del contrato adjudicado resulta a un promedio de $3.2 millones por kilómetro construido aproximadamente. Factum consultó a un arquitecto con larga experiencia en el área de infraestructura y la docencia y este explicó que hace unos 10 años, el costo de construcción por kilómetro de vía rural rondaba $1 millón. Por el tiempo transcurrido, el arquitecto – que prefirió permanecer anónimo -, consideró que $2 millones podría ser un buen estándar como costo actual.
Un análisis publicado en 2017 por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR) estimó que los costos mundiales de la construcción de vía por kilómetro rondan entre los $224 mil hasta $4.5 millones, según los estimados del Sistema de conocimiento de costos de carretera (o ROCKS, en inglés) del Banco Mundial. En ello, inciden factores como si se usa concreto asfáltico (bastante más caro), o únicamente capa asfáltica. Algunos de los estimados coinciden con otra publicación de 2016. En Costa Rica, según el análisis de la UCR, los costos por kilómetro de obra vial construida rondaban entre $332 mil y $1.8 millones. En Latinoamérica, la variación era entre $359 mil y $1.9 millones. El estudio analizó 59 proyectos de obras viales costarricenses, precisamente donde Meco se fundó e inició su expansión.
Los años de la prosperidad
Datos del Registro de Comercio de El Salvador muestran que para el año 2012, Meco registró activos por $222,565. Hasta 2017, sus activos declarados se mantuvieron modestos para una compañía de esta envergadura. Ese año declaró $2.2 millones en activos. Eso empezó a cambiar radicalmente a partir del año siguiente: en 2018, Meco declaró activos por $11.2 millones y se ha mantenido así hasta 2021, último año registrado hasta inicios de abril, con $13.3 millones.
El ascenso coincide con su incursión en las contrataciones públicas. Una base de datos publicada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), y que supuestamente detalla todos los proyectos adjudicados entre los años 2006 al 2020 por esa cartera de Estado a empresas privadas, da pistas sobre ello.
De acuerdo con esa base de datos, Meco no había ejecutado ningún contrato con el MOP hasta antes de 2017. Su subida de activos registrados coincide precisamente con su participación en proyectos de obra pública con el Estado.
Una consulta de los contratos otorgados por el MOP en el portal de compras públicas Comprasal – antes que este limitara su acceso mediante la creación de un usuario, a inicios de 2023 – da cuenta que Constructora Meco ganó otros contratos con esa cartera de Estado en los años 2021 y 2022 por un total de $4.7 millones. El primero de ellos se trató de una licitación pública por $3 millones para construir la bóveda de la colonia Brisas de San Francisco, contrato registrado en septiembre de 2021. La residencial fue declarada inhabitable por la Dirección de Protección Civil, debido a una nueva cárcava que estaba provocando el desplome de viviendas y actualmente se realizan más trabajos para la reparación completa de la zona. La ejecución de este proyecto también lo ejecuta Meco, desde octubre de 2022, por un monto de $19.9 millones, en un contrato bajo responsabilidad de Fovial.
El otro proceso se trató de una contratación directa por $1.6 millones registrada en enero de 2022 para reparar otra bóveda, esta vez en la colonia Santa Lucía de Ilopango.
Los cerca de $100 millones obtenidos por Meco en apenas seis años y solo de dos instituciones del Estado sitúan a la empresa como la gran ganadora de fondos públicos salvadoreños de la última década en esas entidades. Tomando como punto de partida los datos del MOP, con los contratos obtenidos entre los años 2017 y 2020 (aproximadamente $47 millones), Meco se situaba ya en el primer lugar de empresas contratistas.
Pero Constructora Meco no solo ha sido exitosa en El Salvador. La revista Construcción Latinoamericana publica año con año un ranking de las 50 principales empresas constructoras de Latinoamérica, llamado Cla50. En él, Meco aparece desde hace varios años.
La revista explica en sus publicaciones que la metodología utilizada para hacer su ranking implica las ventas brutas en millones de dólares reportadas por cada empresa. Para el año 2019, Meco se ubicó en el puesto 9, con $654.7 millones. Dos años después, la costarricense reportó ventas por $556.8 millones y descendió al puesto 12 del ranking.
Una empresa que admitió sobornos
¿Cómo logró la compañía costarricense ese éxito meteórico en poco más de una década? Las autoridades judiciales costarricenses sospechan que parte de su bonanza se la debe al pago de sobornos a cambio de adjudicación de obras. En Panamá, su fundador lo admitió.
El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip) publicó una extensa serie que da cuenta cómo la constructora ha sabido movilizar sus intereses en la región; y los casos judiciales en los que su fundador, Carlos Cerdas Araya, aún permanece procesado.
La compañía aseguró en marzo de 2022 que Cerdas Araya había sido despedido y que su rol quedaría reducido a ser uno de los propietarios. El ejecutivo, quien había sido arrestado en Costa Rica por los casos conocidos como “Diamante” y “Cochinilla”, está procesado en libertad desde octubre de 2022. En el caso Cochinilla, el juez a cargo ha definido la trama como delincuencia organizada, y trata sobre el pago de sobornos para la obtención de licitaciones, pago de adelantos y vistos buenos a obras mal hechas. En este, también está involucrada la constructora H. Solís.
El caso Diamante surgió de las investigaciones del caso Cochinilla, en cuya trama están involucrados varios alcaldes. Este aún está bajo investigación y también apunta al otorgamiento de dádivas a cambio de contratos. En marzo de 2023, el juzgado a cargo decidió suavizar más las medidas cautelares a Cerdas y le levantó el impedimento para salir de Costa Rica. El país al que pidió permiso para viajar fue El Salvador.
En Panamá, Meco resultó salpicada por la investigación en el caso BAS, conocido así por las siglas de la sociedad Blue Apple Service, que fue utilizada para triangular pagos de sobornos con algunas empresas a cambio de la obtención de contratos en obra pública, entre otros delitos. La investigación inició en 2017 y se prolongó durante varios años. Meco negoció sus señalamientos con los fiscales panameños. Aunque el acuerdo de Cerdas Araya con la fiscalía panameña no es conocido en su totalidad, sí es público que en 2017 confesó haber pagado $9.4 millones en sobornos a funcionarios de Panamá a cambio de la adjudicación de millonarios contratos de obra pública.
Constructora Meco ha sido la consentida de la DOM. A la compañía que más se le acerca al monto adjudicado a su favor, Meco la supera por casi $30 millones.
Revista Factum buscó obtener una entrevista con representantes de la constructora, pero no respondieron las peticiones.
Aunque Meco ha sido un contratista estrella en la región latinoamericana, la calidad y tiempos de entrega de algunas de sus obras ha sido cuestionada en países como Colombia, en donde tuvo que ceder sus contratos después del escándalo por sobornos.
El impacto para la empresa fue tan grande que incluso la empresa calificadora de riesgo Fitch Ratings impuso una observación negativa para diciembre de 2021, derivada de los procesos judiciales en su contra y de Cerdas Araya. Para 2022, Fitch Ratings removió la observación negativa, aunque los procesos contra el exrepresentante legal no han finalizado.
Ganancia en colectivo
La empresa no está sola en su éxito. Algunos de los procesos de contratación publicados por la DOM están compuestos por varios lotes de distintas obras, incluso de proyectos que no están mínimamente cerca. Así, el proceso con el código DOM-LC-203/2022 está constituido por cinco lotes.
En un solo proceso de contratación, la DOM buscaba asignar tres obras en San Miguel, una en Cabañas y otra en Cuscatlán. La licitación de los lotes resultó malograda, excepto una: la del mejoramiento de una calle que conduce de la carretera Longitudinal del Norte hacia el caserío Montecristo, del municipio de Dolores, en Cabañas. Aunque la DOM no publicó los nombres de las empresas, datos a los que tuvo acceso Revista Factum demuestran que la única que obtuvo la adjudicación fue Meco, por $4.3 millones.
Hubo más suerte colectiva en el proceso DOM-LC-01/2021 que fue publicado también el primer día de la vigencia de la Ley Simplificada, el 1 de diciembre de 2021. Quince días después, el 16 de diciembre, el proceso de contratación ya estaba creado.
El proceso estuvo compuesto por 14 lotes que fueron asignados a diferentes compañías, algunas de las cuales están entre las más beneficiadas por la DOM con fondos públicos.
Meco obtuvo el Lote 1, para realizar obras de bacheo en San Salvador, por $7.5 millones. Es el monto más grande de este proceso de contratación dado a una sola empresa por un solo lote.
Las otras empresas beneficiadas en el proceso DOM-LC-01/2021 fueron Tobar, S.A. de C.V., con tres lotes por un total de $12.2 millones; Construcciones y Pavimentos Especiales, S.A. de C.V. (Pavesa), con dos lotes por $5.2 millones; Inmobiliaria Oriental, S.A. de C.V., con tres lotes por $3.8 millones. El resto de empresas obtuvieron un lote de construcción
Aunque no todos los procesos de contratación están publicados en el portal web oficial de la DOM, algunos detalles parciales de ellos sí están en la página de transparencia de la institución. Este es el caso del contrato DOM-LC-01/2021, en donde se detalla a las empresas ganadoras: acá se encuentran 13 de los 14 contratos de los lotes adjudicados. Todos los contratos fueron firmados el 20 de diciembre de 2021 por Claudia Juana Rodríguez de Guevara, presidenta de la junta directiva de la DOM y exgerente financiera de Casa Presidencial.
Rodríguez de Guevara no mostró la misma celeridad que en la DOM -al firmar 13 contratos en un solo día -, en su otro cargo público. Debido al retraso en la autorización que ella debía dar como coordinadora del Consejo de Administración del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de Antel (Fantel), decenas de escuelas del sector público se quedaron con refrigerios incompletos para miles de niños.
La DOM gastó aproximadamente $42.1 millones en un programa de bacheo que, de acuerdo a un acta interna publicada por la institución, en algunos casos incluía vías nacionales que de acuerdo a la Ley del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), es competencia de esta institución.
El FOVIAL, de hecho, está financiado con un impuesto sobre el combustible.
La DOM incluso se ha ocupado de ejecutar obras que no son responsabilidad de la cartera de obras públicas, tales como escuelas, y hasta una sede la Policía Nacional Civil (PNC).
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