El contrato para reconstruir el Mercado San Miguelito es el segundo más caro otorgado por la DOM, por $33.6 millones. Se lo dio a una empresa mexicana, que ya no ejecuta la obra, y que incumplía los requisitos para ser un proveedor.
Foto Factum/Gerson Nájera
El 22 de septiembre de 2021, dos meses antes de la creación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), un incendio , supuestamente provocado por un cortocircuito, destruyó el mercado San Miguelito, que era el centro de comercio de flores, manualidades, piñatas, y recuerdos por antonomasia de la capital salvadoreña. A inicios de agosto de 2022, casi un año después del fuego, la DOM publicó un proceso de licitación para la reconstrucción del mercado. La fecha límite para presentar propuestas se extendió hasta octubre. La empresa mexicana Gallo Hermanos Constructores S.A. fue la que ganó ese contrato, según información a la que tuvo acceso Factum. Y lo ganó cuando estaba inhabilitada en México acusada de presentar documentación falsa.
La obra fue adjudicada por $33.6 millones. La adjudicación fue tan apresurada que, según los documentos que consultó Factum, Gallo Hermanos no tenía ni siquiera el registro del número de identificación tributaria (NIT) cuando ganó el contrato. En el Registro de Comercio la empresa tampoco tenía su NIT registrado, hasta marzo de 2023.
La fecha de inscripción de la compañía, según esa plataforma, fue el 26 de septiembre de 2022, es decir casi dos meses después de publicada la convocatoria a la licitación pública, pero apenas 10 días antes que cerrara la convocatoria a la licitación. La fecha de constitución de la empresa es de un mes antes, el 11 de agosto de 2022, o sea una semana después que la convocatoria a la licitación fuera publicada.
Un abogado especialista en contratación pública, quien pidió no ser identificado, explicó que cualquier empresa que participe en un proceso de licitación debe estar inscrita legalmente en el Registro de Comercio y en el Ministerio de Hacienda, para poder acreditar que su situación no solo es legal, si no que tiene capacidad de pago y de respuesta ante cualquier eventualidad. O sea, que puede ofrecer una garantía de pago.
En este caso, el proceso se trata de una licitación competitiva, no una licitación pública internacional, la cual no está especificada en la Ley Simplificada. Según esta norma, este tipo de licitación ni siquiera pone algún tipo de obstáculos a los contratistas: no se detalla si solo están permitidos los nacionales, o solo extranjeros.
Gallo Hermanos es la compañía que más dinero ha ganado con la DOM entre diciembre de 2021 y febrero de 2023 por un solo contrato.
Como en otros procesos, la DOM publicó el proceso, pero no el monto, ni cuál fue la empresa que ganó el contrato. En este caso, la institución no ha publicado ni siquiera las fechas del proceso con código DOM-LC-90/2022.
La DOM no tiene publicados ningún documento respecto a la fecha de contratación de Gallo Hermanos, o sobre evaluación de ofertas, en su portal web oficial, ni en su sitio de transparencia. Sin embargo, Factum pudo comprobar que las obras comenzaron hasta 2023.
Una investigación publicada por el medio digital Focos ahonda en detalles sobre la contratación de Gallo Hermanos y de cómo estos abandonaron la obra poco después de iniciada.
Vista aérea del terreno donde será reconstruido el Mercado San Miguelito. Foto Factum/Gerson Nájera
En la mira en México
El representante legal de Gallo Hermanos Constructores, S.A. de C.V. es Francisco Javier Gallo Palmer, y posee un 80% de las acciones de la compañía. Gallo Palmer es el fundador y representante de su homónima mexicana.
Francisco Javier Gallo
Datos del Registro Público de Comercio de México detallan que la empresa fue fundada el 10 de julio de 2007, en Morelia, estado de Michoacán. Sus accionistas declarados son Gallo Palmer y Lorena Elizabeth Mirón Balboa, ambos con 50 acciones cada uno.
El Diario Oficial de la Federación Mexicana publicó el 5 de julio de 2021 que la empresa Gallo Hermanos Constructores, S.A. de C.V. fue sancionada e inhabilitada para participar de procesos de contratación en ese país por 30 meses. La resolución está fechada el 18 de junio de 2021. Es decir que cuando el proceso del Mercado San Miguelito se llevó a cabo, esa compañía aún tenía una inhabilitación en curso. Según Focos, esta inhabilitación fue apelada por Gallo Hermanos en México y lograron su anulación.
El directorio de contratistas y proveedores sancionados de la Secretaría de la Función Pública de México da unos cuantos detalles más sobre la sanción de la empresa mexicana. La información establece que la inhabilitación de dos años y seis meses conlleva además el pago de $1.3 millones de pesos mexicanos, unos $63,200 según el valor del peso mexicano en dólares estadounidenses en junio de 2021.
Detalle de la sanción registrada en el portal de proveedores y contratistas sancionados de la Secretaría de la Función Pública de México en contra de la empresa mexicana Gallo Hermanos Constructores.
El motivo de la sanción fue por “presuntamente presentar documentación falsa” en un proceso de licitación. Antes del castigo administrativo, Gallo Hermanos Constructores ya había sido cuestionado en algunas obras que desarrollaba, como por ejemplo la edificación de la Escuela Judicial de Morelia, donde algunos medios señalaron que las obras se retrasaron, o quedaron prácticamente abandonadas por momentos.
Rótulo de la DOM afuera del portón N. 4, donde actualmente esta nueva institución gubernamental administra los fondos para la construcción del proyecto del nuevo Mercado San Miguelito. Foto Factum/
Gallo Hermanos Constructores, S.A. de C.V. en El Salvador solo tiene otro accionista además de Gallo Palmer. Se trata de Marlon Arturo Cabrera Lemus, abogado de profesión y secretario municipal de la Alcaldía de San Martín. Él es poseedor del 20% de las acciones de la empresa, según datos del Registro de Comercio.
El portal web oficial de la Alcaldía de San Martín no posee publicados los nombres de su concejo municipal. El enlace del apartado de acceso a la información pública no funciona, y la página de transparencia de esa municipalidad carece de algunos pocos nombres de funcionarios, entre ellos, el del secretario municipal. Pero un decreto municipal del 6 de mayo de 2021 detalla que Cabrera Lemus fungía entonces como secretario.
Otra acta da pistas que Cabrera Lemus era un empleado municipal desde pasadas administraciones y con otra bandera política. En 2015, Cabrera Lemus era el encargado del Departamento de Cuentas Corrientes de la municipalidad, entonces bajo la administración del partido ARENA, con el alcalde Víctor Manuel Rivera Reyes. El actual alcalde, Mauricio Rivera, ganó su cargo con el partido Nuevas Ideas. La notaria que constituyó la empresa es Silvia Leticia Portillo, quien en años anteriores fue representante del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (Isdem).
La participación de Cabrera Lemus como secretario municipal y como accionista de Gallo Hermanos Constructores, S.A. de C.V. lo inhibe de forma directa a participar de un proceso de contratación con la DOM, según el artículo 4 de la Ley Simplificada.
Factum buscó la sede de la empresa Gallo Hermanos, que según el Registro de Comercio se encuentra en la colonia Médica. Se trata de un despacho jurídico donde trabaja Cabrera Lemus junto con otros abogados. Ahí se informó que estaba en el despacho municipal.
Esta revista contactó a Cabrera Lemus por teléfono y únicamente contestó brevemente que la empresa fundada en El Salvador no fue la que recibió el contrato; si no la mexicana.
El funcionario municipal no dio detalles, pero coincide con lo que las vendedoras del mercado San Miguelito dicen: que las obras están paradas y la empresa ya no está trabajando. La DOM, de hecho, tiene en curso un nuevo proceso de contratación para la construcción del mercado en su portal web.
La administradora del mercado San Miguelito, quien fue contactada también por teléfono, dijo que no tenía detalles del proyecto de construcción. Aseguró desconocer si las obras estaban detenidas o no, y que había que abocarse a la DOM para obtener información.
Las comerciantes del mercado no tienen datos, ni información proveída de forma oficial sobre cuándo podrán recuperar sus puestos: muchas de ellas tenían 20, 30 y hasta 40 años de vender en el local. Aseguran que cada vez que alguien se asoma a la ringlera de láminas que ahora cubre el predio donde solía estar el mercado, los vigilantes regañan a los curiosos.
—¿Y no ha venido el alcalde? — se le preguntó a una vendedora
—Solo cuando se quemó el mercado vino — dijo con absoluta mueca de escepticismo.
A dos años del incendio del Mercado San Miguelito, la construcción del nuevo edificio debió terminarse en septiembre de 2022. Foto Factum/Gerson Nájera
Francisco Gallo Palmer tiene varias cosas en común con los contratistas estrellas de la DOM: ha sido cuestionado o sancionado, ganó contratos en procesos que no han sido dados a conocer públicamente, pero también los une que algunos de ellos han sido titulares o representantes de las principales gremiales de construcción en sus respectivos países.
Gallo Palmer se desempeñó como presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) y se postuló a la presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en 2016.
Contratistas y líderes gremiales
En El Salvador, algunos de los grandes contratistas del MOP o ahora de la DOM tienen una representación privilegiada en la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO).
Otros nombres que sobresalen de la junta directiva de CASALCO son Ernesto Escobar, gerente de país de Durman El Salvador, otro proveedor por excelencia de materiales para la construcción en el país; Carlos Grassl, quien se ha desempeñado como presidente de las empresas Equipos de construcción (Grupo Econ) y de Infrasal, y como director suplente de Banco Azul.
Pero son el presidente de CASALCO, Luis René Dada; y el del vicepresidente por contratos, Miguel Ángel Díaz, los que más han sacado partido de contratos con el gobierno. Inversiones Omni, de la que Dada es presidente, ha estampado su firma constructiva en proyectos emblemáticos para el gobierno salvadoreño: el Hospital El Salvador, el hospital de mascotas Chivo Pets y el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Actualmente, desarrolla la reconstrucción de la Universidad de El Salvador (UES), para ponerla a punto para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a realizarse en junio. El proyecto lo desarrolla junto con su colega gremial, Díaz Sánchez.
Ambas empresas licitaron de manera conjunta en el Consorcio UDP D + O (Disa y Omni) para el paquete 2 del Bypass de la Ciudad de San Miguel, proyecto financiado por la cooperación japonesa, por un total de $43.9 millones. En el proyecto, coincidieron con otro de los grandes contratistas de la DOM, Constructora Meco, quien ganó el paquete 4 por $24.1 millones, ambos del año 2021.
Revista Factum solicitó una entrevista a la empresa Gallo Hermanos, al secretario municipal Cabrera Lemus, a Casalco, a Inversiones Omni y la Constructora Disa, pero estos no respondieron las peticiones.
Para el abogado José Marinero, el hecho que Dada renunciara a su cargo en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), justo después que esta gremial criticara el anuncio del presidente Nayib Bukele de que busca reelegirse para el cargo, es “una alerta roja”.
Aunque Omni no aparecía como contratista de la DOM hasta febrero de 2023, sí continúa siendo uno de los más destacados en el MOP. Dentro de esta misma cartera de Estado sobresale Grupo Econ, la empresa donde Carlos Grassl ha fungido como presidente, y que entre 2006 y 2020 ganó adjudicaciones con el MOP por $34.4 millones, más $20 millones más con otra adjudicación a través del consorcio Econ – La Cantera, empresa que a su vez también ha estado bajo cargo de Grassl. El diputado de Nuevas Ideas, Felipe Interiano, trabajó como ingeniero para Grupo Econ, según consta en su hoja de vida pública y sus propias declaraciones vertidas en la plenaria 30 de la Asamblea Legislativa, cuando votó para aprobar la creación de la DOM.
En la base de datos del MOP, sobre contratos entre 2006-2020, Disa es el segundo proveedor que más fue contratado por esa institución, sólo por debajo de Meco. Ganó $34.6 millones, sobre todo entre los años 2006 y 2014. Fue hasta 2020 que el nombre de la compañía volvió a aparecer como contratista. Con la DOM, Disa ha tenido un perfil más bajo: es el quinceavo contratista que más fondos ha ganado, con $4.9 millones, hasta febrero de 2023.
No es claro cómo la junta evaluadora de la DOM ha llegado a la conclusión que estas empresas eran las idóneas para desarrollar estos proyectos, ya que en su portal web no están públicas las actas de evaluación de ofertas, ni los ofertantes de cada uno de los procesos de licitación. En todos los casos mencionados, tampoco están públicas las bases de licitación.
Esto, según el abogado experto en compras públicas, es clave para dibujar posibles irregularidades o actos de corrupción. “El pecado original está en la formulación de las bases de licitación, porque ahí van a decidir a quién quieren tener”, dice. “En algunas licitaciones, lo único que falta es que pongan la foto del plantel de la empresa”, añade explicando que muchos de los requisitos planteados en las bases van dirigidos evidentemente a compañías específicas, como por ejemplo, años de experiencia, capacidad económica, proyectos ejecutados, entre otros.
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