La creación de la DOM y su ley ad hoc estuvo investida por discursos anticorrupción y promesas de transparencia de parte de la bancada cian. El otorgamiento opaco de contratos, la reiteración de los mismos nombres y el beneficio de empresas de pasado cuestionable ha sido la realidad.
Foto Factum/Natalia Alberto
“Este día estamos dando fin a décadas oscuras de corrupción generalizada y sistematizada a nivel nacional. Una corrupción que estuvo enquistada y que prácticamente ya se había vuelto natural”, dijo el diputado Jonathan Rodríguez, del partido Nuevas Ideas, durante el debate de la aprobación de la Ley de Creación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), en la sesión plenaria del 17 de noviembre de 2021.
El tono se repitió en cada una de las intervenciones de los diputados y diputadas del partido del presidente Nayib Bukele: la DOM era el puntal inicial para, según ellos, dejar atrás la corrupción de las distintas administraciones municipales del pasado.
Las voces disidentes de esa sesión provinieron de la diputada del partido ARENA, Rosa Romero; y de la diputada del FMLN, Anabel Belloso. Ambas cuestionaron el retroceso que implicaba la concentración de los fondos destinados al desarrollo local en una sola institución, en vez de mantener la autonomía de las municipalidades. Romero criticó que la DOM tendría atribuciones propias del poder local y del Órgano Legislativo, como otorgar concesiones o desarrollar programas municipales de corte social.
Una semana después, durante la aprobación de la Ley Simplificada para Adquisición de Obras Municipales, el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro se ufanó de que la ley estaría “promoviendo la competencia entre potenciales proveedores”.
El discurso anticorrupción permeó la redacción de la ley misma. El artículo 1 reseña literalmente que sus principios a seguir serán “legalidad, transparencia, publicidad, libre competencia, igualdad, ética, imparcialidad, probidad, racionalidad del gasto público, antiformalismo, celeridad, eficacia y disponibilidad”.
Y si bien la DOM creó su propio portal digital y es posible consultar los procesos de contratación que se están llevando a cabo, en muchos de ellos, los documentos anexos a cada proceso no están disponibles. Bases de licitación, adendas, contratos no son de consulta pública. En algunos casos, aún cuando la contratación está ya en curso, la DOM no publica los nombres de los proveedores que ganaron el proceso. Es decir: no están cumpliendo el segundo y tercer principio de la ley.
La organización Cristosal presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Simplificada en septiembre de 2022. Entre sus argumentos están que lejos de garantizar una mayor competencia y procesos transparentes, la herramienta legal facilita la discrecionalidad.
Aunque la DOM ha iniciado cientos de procesos de contratación, la mayor parte de ellos se encuentran activos bajo la etiqueta de “en evaluación”, o han sido declarados desiertos o rechazados. Los que se han finalizado con la adjudicación e inicio de la obra son una fracción. Es decir: la DOM está iniciando muchos procesos de contratación, pero adjudicando pocos.
Con menos de un año y medio de existencia, en marzo de 2023 la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de reformas que amplió aún más las facultades de la DOM: ahora puede ofertar como contratista, desde sociedades anónimas de las que forme parte como accionista. Los diputados de Nuevas Ideas argumentaron que esto fortalecería la competencia, pero no explicaron cómo, en vista que las contrataciones podrían ser absorbidas por una institución del Estado.
Aún sin publicar la información completa de contrataciones, bases de licitación o datos clave sobre cómo la junta directiva de la DOM ha llegado a la conclusión que una empresa es la idónea para desarrollar un proyecto, esa institución ya cuenta con una ley que la deja fuera del radar de la auditoría estatal, ya que las compañías privadas no están sometidas a los exámenes de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Trabajos realizados por una de las empresas contratadas por la DOM en el municipio de Mejicanos. Foto Factum/Natalia Alberto
Si bien es cierto son pocas las empresas que han acumulado considerables volúmenes de fondos de la DOM, la lógica de favoritos se repite en algunas que han ganado contratos de menor cuantía, pero de forma repetitiva. Así, Ecoinsa es la compañía con más procesos a su favor, entre diciembre de 2021 y febrero de 2023, con una treintena de lotes. La empresa fue la encargada de ejecutar los estudios topográficos de cerca de 300 calles y carreteras y se ha embolsado un poco más de $1 millón por dichos trabajos.
Un acta de sesión de junta directiva de la DOM publicada en su sitio de transparencia, correspondiente a febrero de 2022, da algunos detalles de esta adjudicación. Ecoinsa ganó la licitación para la ejecución de estudios topográficos y geotécnicos de 31 lotes, según ese documento, al ser la compañía que presentó la oferta más baja.
El listado de las ofertas presentadas por las otras empresas hacen resaltar la propuesta de Ecoinsa: por muchos menos lotes, sus propuestas son el doble o más caras.

Extracto del acta del 16 de febrero de 2022 de sesión ordinaria de la Junta Directiva de la DOM, en la que se evaluaron las ofertas para la realización de estudios topográficos para 284 calles.
La segunda empresa que ha recibido mayor volumen de contratos es Inartec, que fueron adjudicados en este mismo proceso de licitación para estudios topográficos, por $414 mil.
Como estas, hay otras empresas que no poseen una capacidad instalada de gran alcance, a diferencia de Meco u Omni, pero que han sido beneficiadas con pocas, pero considerables adjudicaciones.
Dos pequeños que destacan

Conos forrados con color cian de la Dirección de Obras Municipales (DOM). Foto Factum/Gerson Nájera
Calidad y Técnicas en Construcción, S.A. de C.V. (Cateco) y Constructora RAC S.A. de C.V. son la cuarta y quinta empresas que más fondos han ganado con la DOM, entre diciembre de 2021 y febrero de 2023. Su volumen de ganancias no ha sido tan abultado como Meco, Tobar o Gallo Hermanos, pero su bonanza económica está fundamentada en los contratos públicos.
Ambas empresas tienen al frente a constructores de trayectoria añeja, aunque una de ellas es de reciente fundación.
Cateco fue inscrita en el Registro de Comercio el 27 de septiembre de 2005, y su representante legal es Ricardo Lorenzo Martín Menéndez Castro, quien posee el 50% de las acciones. El otro 50% restante está bajo propiedad de Carlos Mauricio Álvarez. Su domicilio fue fijado en Santa Ana.
Para 2013, declaró activos por $1.2 millones en el Registro de Comercio y cinco años más tarde fueron $5.4 millones. A partir de 2019, Cateco ha experimentado un creciente incremento de activos, con $6.4 millones ese año; $7.4 millones en 2020 y $7.6millones en 2021, último año registrado a inicios de marzo de 2023.
La empresa no registra contratos previos con el MOP, según la base de datos 2006-2020, pero sí los tuvo con la Alcaldía de San Salvador en 2018, durante la administración de Ernesto Muyshondt, para el mantenimiento de calles del municipio; y con el Fovial, por la misma causa. Ninguno de esos dos contratos alcanzaron los $2 millones.
Con la DOM, sin embargo, Cateco ha logrado ganar cinco lotes en tres procesos de contratación, uno de ellos hasta por $6 millones. En tales procesos, la empresa comparte responsabilidad con varias de las que han sido más beneficiadas por la DOM: Tobar, Meco y Disa.
El proceso que resultó más provechoso para Cateco fue el DOM-LC-33/2022, donde obtuvo tres lotes adjudicados por un valor total de $6.7 millones y que implicó el bacheo asfáltico en la zona de la colonia La Cima, Montserrat y San Jacinto de San Salvador. A diferencia de los otros procesos, en este caso la DOM sí tiene disponibles los datos de las empresas ganadoras y los montos adjudicados en su portal web oficial. La convocatoria de licitación se llevó a cabo en abril de 2022 y finalizó en mayo del mismo año.
Pero el lote que hizo a Cateco ganar más dinero fue el que ganó dentro del proceso DOM-LC-01/2021, donde fue contratada por $6 millones para realizar bacheos en Santa Ana, Ahuachapán y Atiquizaya. Como se mencionó antes, este fue el primer proceso publicado por la DOM en diciembre de 2021. Pese a esto, una página de Facebook identificada como Cateco publicó fotos de bacheo asfáltico en esos mismos municipios pero recién entre enero y marzo de 2023, o sea más de un año después del proceso de licitación.
La otra participación de Cateco fue en el proceso de contratación identificado como DOM-LC-81/2022. En este, la institución puso a disposición cerca de 270 lotes de contratación. En su portal oficial la DOM lista 219 lotes, pero no da detalles de los pocos contratistas que ganaron, ya que muchos de los procesos fueron rechazados o declarados desiertos. La DOM adjudicó 33 lotes de la licitación “Bacheo con asfalto, concreto y/o adoquín en 103 municipios de 14 departamentos”, en agosto de 2022. Cateco obtuvo un lote por $3.6 millones para ejecutar obras de asfaltado en Armenia, departamento de Sonsonate.
Para esos 33 lotes, la DOM destinó aproximadamente $28 millones.
Constructora RAC, S.A. de C.V. es la empresa más joven del club de ganadores, y la que menos fondos de obras ha recibido por parte de la DOM. Fue inscrita el 4 de septiembre de 2019, en Quelepa departamento de San Miguel, según datos del Registro de Comercio. Su representante legal es Rudy Alexander Alvarenga Contreras.
Para 2020, un año después de su inscripción, declaró activos por $629,865.70 y dos años después por $850,847.59. Su novedad no le impidió ganar tres lotes en dos procesos de contratación con la DOM. Dos de ellos en el proceso DOM-LC-04/2022 dentro de lo que se denominó “Bacheo a nivel nacional Fase II”, por un total de $7.8 millones, en enero de 2022.
El proceso constó de nueve lotes, de los cuales fueron adjudicados ocho. Ahí, RAC comparte responsabilidades con otros de los ya mencionados: Meco, Tobar y Pavesa. Y al igual que en casos anteriores, la DOM no publicó las empresas contratadas, ni los montos adjudicados. Pero su página de transparencia sí tiene disponible el contrato firmado con RAC, en febrero de 2022.
Al igual que Cateco, no existe mayor rastro documental de que RAC haya desempeñado contratos grandes en el área de infraestructura hasta antes de obtener obras con la DOM; pero Alvarenga Contreras ya tenía experiencia como ingeniero desde algunos años atrás. Presentó su tesis de grado para graduarse como ingeniero civil en la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel en 2005.
Según una nota del periódico gubernamental Diario El Salvador, Alvarenga Contreras trabajó en la empresa Desarrollo y Construcción, S.A. de C.V. (Decons), junto a Félix Bladimir Álvarez Rubio.
La empresa fue inscrita por Álvarez Rubio en 2018, según datos del Registro de Comercio.
La nota del periódico cuestionó que el exalcalde de San Miguel, Miguel Pereira, hubiera contratado a Decons para proyectos de la municipalidad; debido a que Álvarez Rubio tenía una condena por falsedad ideológica del año 2019. La publicación añade que junto con este, Alvarenga Contreras también fue condenado por el mismo delito, por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Sin embargo, Factum llamó a los dos tribunales de sentencia de San Miguel, donde negaron tener registro de ese caso.
El Registro de Comercio muestra que la otra empresa donde Alvarenga Contreras tuvo participación junto con Álvarez Rubio se trató de Constructora Alvarenga, Álvarez, Bonilla, S.A. de C.V. (Constructora Albo), que justamente tiene una anotación preventiva de parte del Juzgado Segundo de Instrucción de San Miguel por el delito de falsedad ideológica en contra de ambos socios. Factum confirmó con el juzgado que el caso sí estuvo activo en esa sede judicial y se envió a juicio el 2 de mayo de 2018.
Tanto la derogada Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (Lacap), como la actual Ley Simplificada prohíben expresamente la contratación de una persona natural o jurídica que haya sido condenada por delitos relacionados a la hacienda pública y corrupción.
La publicación añade que los empresarios mintieron en documentos de la empresa Alvarenga y Álvarez Bonilla, modificando el pacto social y un reparto de acciones al margen de la ley. La cuestionada contratación realizada por Pereira aplicaría también para la efectuada por la DOM con la empresa RAC, en vista que Alvarenga Contreras también posee una condena en su contra.
El abogado José Marinero coincide con su colega experto en contrataciones sobre formas más sutiles que pueden abrir la puerta a la corrupción. Y menciona las “oportunidades de utilizar la obra pública para elevar la plusvalía de una zona”. Marinero ejemplifica que pueden existir acercamientos entre empresarios y funcionarios para ejecutar una determinada obra en una zona, “y puede ser que el proceso se cumpla, las licitaciones y las evaluaciones, pero la corrupción ya ocurrió”.
El abogado pone de ejemplo el proyecto Surf City con el Bypass de La Libertad. “Ahí hay oportunidades maravillosas. Uno: controla la política de turismo, entonces uno decide qué área va a desarrollar, y domina la política de obra pública, es la combinación perfecta. Puede decir ´bueno, aquí nadie sabe que voy a construir´, tiene información privilegiada, compra terrenos y luego decide dónde ponerlos. No digo que exista, pero puede ser”, dice.
Un análisis visual de los contratistas de dos procesos de la DOM demuestran la concentración de adjudicaciones en los mismos nombres. Se analizó los dos procesos sobre bacheo donde aparecen los que más fondos públicos han ganado, repitiendo los nombres de las empresas de acuerdo a los lotes de construcción conseguidos.
Según la Ley del Presupuesto, para 2022 la DOM tuvo asignados $328 millones. De estos, $262.5 estaban planificados para la gestión de obras. Datos consultados por Factum indican que los fondos adjudicados a contratistas por la DOM superan esa cantidad, aunque no existe un detalle si corresponden con contrataciones del año anterior.
Al igual que las otras empresas investigadas, Revista Factum contactó a Cateco y Rac para solicitarles una entrevista, pero no respondieron las peticiones.
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