La única empresa que la DOM ha sancionado públicamente había logrado adjudicaciones por más de $30 millones en apenas dos carteras de Estado. Uno de sus fundadores está actualmente procesado por corrupción y vínculos con pandillas.
Foto Factum/Natalia Alberto
Tobar, S.A. de C.V. es la tercera empresa constructora que más contratos ha obtenido de la Dirección de Obras Municipales (DOM). La participación en cinco procesos le aseguró la adjudicación de $20.5 millones entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, cuando fue inhabilitada por la misma DOM.
De hecho, Tobar, S.A. de C.V. es la única empresa inhabilitada que ha hecho pública la DOM. La razón, expuesta a través de un comunicado, es que dejó en abandono obras del plan de bacheo, correspondientes al proceso de contratación DOM-LC-04/2022, bajo el nombre “Bacheo a nivel Nacional Fase II en 25 municipios de 12 departamentos: Ahuachapán, Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, La Paz, La Unión, San Miguel, San Salvador, San Vicente, Santa Ana, Sonsonate y Usulután”, y que constaba de nueve lotes. La empresa era responsable de dos de ellos por un total de $8.2 millones.
En el proceso coincidió con otros de los grandes ganadores de contratos de la DOM: Meco, Constructora Rac, S.A. de C.V.; y Pavesa. Esta última compañía recibió vía contratación directa el lote 9 que le fue retirado a Tobar, según consta en el acta de sesión ordinaria de la junta directiva de la institución, del 16 de febrero de 2022. El proceso sancionatorio está censurado en el documento, por lo que no son claras las razones por las que la DOM decidió retirarle la adjudicación.
El proceso DOM-LC-04/2022 implicó en su totalidad la adjudicación de $32.7 millones de fondos públicos repartidos a seis proveedores, en enero de 2022. Al igual que el proceso de diciembre de bacheo, la DOM no tiene disponibles a ninguna de las empresas que resultaron ganadoras, ni los montos en su portal web.
Revista Factum solicitó una entrevista a la empresa Tobar, pero estos no respondieron a las peticiones.
Captura de pantalla del proceso de contratación DOM-LC-04/2022, del portal web oficial de la DOM.
La empresa fue constituida en enero de 2003, según datos del Registro de Comercio, por Juan Carlos Deras Tobar y María Isabel Tobar Hernández, con $11,428. Diez años después registró activos por $7.3 millones, pero su mayor salto monetario lo dio entre 2020 y 2021 (último balance comercial ingresado en marzo de 2023), ya que pasó de $16.1 millones a $25.9 millones.
Según la base datos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que abarca el período 2006-2020, Tobar empezó a ganar contratos desde 2013, pero fue en los últimos tres años que la frecuencia de su nombre en los procesos empezó a ser más común.
Una consulta en el portal de compras del Estado Comprasal, previo a que se limitara su acceso, arrojó que únicamente en 2021, Tobar ganó contratos con el MOP por $4.6 millones.
Con un poco de aritmética básica, se puede concluir que Tobar, S.A. de C.V. casi dobló las adjudicaciones obtenidas con la DOM en menos de año y medio, de los $14.3 millones que logró obtener con el MOP durante 8 años. En solo dos instituciones oficiales, la compañía ha sido beneficiada con cerca de $35 millones y existe rastro que ha ganado contratos en otras carteras de Estado, así como proyectos en el área privada, por ejemplo, residencial.
En junio de 2022, un grupo de nueve personas, entre empleados de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), empresarios y sindicalistas fueron arrestados por supuestamente pertenecer a una red de corrupción y por tener vínculos con la pandilla MS-13. A inicios de julio de 2022, la Fiscalía General informó que el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana resolvió enviar a prisión preventiva a todos los acusados por delitos tales como agrupaciones ilícitas, negociaciones ilícitas, cohecho y falsedad ideológica. La fiscal del caso aseguró en esa publicación que el caso era investigado desde la mitad del año 2021. Uno de los capturados fue Juan Carlos Deras Tobar, uno de los contratistas estrella de la DOM.
Cuando los arrestos se llevaron a cabo, la Fiscalía General de la República identificó a Deras Tobar como gerente de CEPA en Acajutla. El mismo día, el presidente de esa autónoma, Federico Anliker, aseguró que colaboraban con el caso y que todos eran exempleados.
Radio YSUCA publicó en septiembre de 2022 que Deras Tobar, uno de los procesados de la supuesta red, podría haber ganado contratos, incluso, dentro de la misma institución de la que formaba parte: la CEPA.
La actual administración de @CEPASV está fundamentada bajo los valores de justicia y honestidad por lo que no toleraremos ningún tipo de corrupción o delito dentro de nuestra institución.
Respaldamos el trabajo del Ministerio de @SeguridadSV y @FGR_SV desarticulando criminales.— Federico Anliker López 🇸🇻 (@anliker1980) June 21, 2022
Factum solicitó vía acceso a la información pública todos los datos de contratación sobre Deras Tobar a CEPA: cuándo ingresó, cuando cesó en sus funciones, salario devengado, tiempo que se mantuvo en labores. Pese a la información pública vertida por la misma Fiscalía, CEPA contestó que Deras Tobar nunca se desempeñó como empleado en esa institución.
Una exempleada de CEPA de nivel intermedio, quien prefirió permanecer bajo anonimato, aseguró a Factum que Deras Tobar nunca trabajó en esa dependencia. Factum también consultó a la Asociación Sindical de Trabajadores de CEPA (AST-CEPA), y recibió la misma respuesta, que el empresario nunca se desempeñó como gerente de Acajutla.
Datos del Registro de Comercio del CNR demuestran que la última elección de junta directiva de la empresa Tobar, S.A. de C.V. se llevó a cabo cuatro meses después que Deras Tobar fuera arrestado, el 13 de octubre de 2022 y fue hasta entonces que la compañía cambió de representante legal y administrador único propietario, depositando el cargo en su hijo, Carlos Miguel Deras Rodríguez. Previo a ella, la última elección de junta directiva se había llevado a cabo en 2016.
Camión estacionado frente a las oficinas de la constructora Tobar, en la colonia Escalón de San Salvador. Foto Factum/Natalia Alberto
No existen documentos que demuestren que la propiedad de las acciones haya sido cambiada. Deras Tobar es propietario de 600 de un total de 1,000 acciones de la compañía. Su hijo, es propietario de 200 acciones.
El balance comercial que Tobar, S.A. de C.V. presentó para el año 2021 sirve para entender que buena parte de su bonanza económica se la debe a los proyectos con el Estado. Las referencias a contratos ejecutados con fondos públicos son frecuentes.
Extracto del balance comercial de la empresa Tobar, S.A. de C.V. del año 2021.
José Marinero, abogado especialista en derecho administrativo; y otro abogado especialista en contratación pública, que pidió permanecer anónimo, coinciden en que la reiteración de un mismo contratista en las compras públicas debe considerarse en sí mismo una señal de alerta. Un documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) identifica algunos factores de riesgo en la contratación pública. El escrito es un análisis sobre la reforma a la contratación pública del Estado de Sonora (México), y reseña los principios ideales establecidos por la OCDE en temas de compras públicas.
“Aplicar mecanismos de supervisión y control para promover la rendición de cuentas en todo el ciclo de contratación pública; incluir procesos apropiados de quejas y sanciones; fomentar una participación transparente y eficaz de los interesados, y preservar la integridad del sistema de contratación pública por medio de normas generales y medidas preventivas específicas para la contratación pública”, son algunos de esos principios, que están encaminados a explicar una ecuación lógica: más transparencia es igual a menos corrupción y, por lo tanto, mayor eficiencia en el uso de recursos públicos.
Un trabajador de la DOM junto a maquinaria identificada con el logo de esa institución, durante trabajos de bacheo en Mejicanos. Foto Factum/Natalia Alberto
Otro documento, que trata sobre las recomendaciones de la OCDE en los procesos de contratación pública, reseña que es necesario “Fomentar un trato justo y equitativo a los potenciales proveedores aplicando el adecuado grado de transparencia en cada fase del ciclo de la contratación pública”.
La organización internacional CoST, que se dedica exclusivamente a analizar los índices de transparencia en obra pública e infraestructura, realizó varios informes sobre proyectos efectuados en El Salvador. Uno de los últimos que está disponible públicamente es del año 2019, en el cual se plantean las conclusiones del análisis de 14 proyectos de obra pública.
El reporte identificó las carencias de transparencia en la mayor parte de proyectos, en áreas como las personas involucradas en la identificación de un proyecto, es decir, quiénes deciden y bajo qué criterios si es necesario el desarrollo de una obra pública.
Para ese momento, según analizó CoST, el gobierno cumplía en buena medida con los indicadores de publicación en la fase de adquisición y adjudicación de obra. Pese a esto, la organización también identificó que existía una variación de $6.4 millones más de pago respecto al monto inicial planteado, así como un retraso de un 15% más en los plazos de entrega de la obra.
Cuatro años después de ese reporte, la información accesible de cada contratación y proyecto, así como los datos de ejecución son todavía menos.
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