Usamos, para este editorial, una variante de la frase que el asesor James Carville utilizó en 1992, durante la campaña presidencial de Bill Clinton, entonces gobernador de Arkansas. “The economy, stupid” –“La economía, estúpido”–, escribió Carville en un letrero hechizo que colgó en el cuartel de campaña de Clinton. El objetivo, ha dicho después el asesor, era enfatizar lo obvio: la forma de ganar la elección al republicano George H.W. Bush, entonces presidente, era enfocar el mensaje en el deterioro económico, achacable a Bush y la principal preocupación de los estadounidenses entonces. En El Salvador de hoy, por desgracia, hay que gritar la obviedad: Es la corrupción, estúpidos, el punto de partida y llegada de los principales problemas de la nación.
Si algo han dejado en evidencia casos recientes llevados a los tribunales del país por la Fiscalía de Douglas Meléndez es que la corrupción no es cosa de pocos o un mal de excepción. A lo largo y ancho del Estado nacional, la corrupción es una forma de vida. Jueces, médicos forenses, policías, alcaldes, ministros, presidentes del Ejecutivo, magistrados, el fiscal general de la república, presidentes del Legislativo, sabemos hoy con bastante certeza, han hecho del manoseo del arca pública y del uso antojadizo del poder –para el beneficio propio o de su grupo– sus principales cartas de presentación en la política nacional.
El académico estadounidense Bruce Bagley, catedrático en la Universidad de Miami, ha escrito que la corrupción es como un cuarto oscuro en el que, a falta de luz, las cucarachas se reproducen sin problemas hasta apropiarse de todo el espacio y devorar lo que hay en él. El Salvador ha vivido, desde hace muchos años, en la oscuridad total: las cucarachas y la corrupción campean a sus anchas en la República.
El asunto, nos queda claro también, no es patrimonio de derecha o izquierda. Corruptos, corruptuelos y corruptazos los ha habido en ambas aceras del espectro. Francisco Flores, Mauricio Funes, Antonio Saca, Luis Antonio Martínez, Leonel Flores, Reynaldo Cardoza, Sigfrido Reyes, José Luis Merino, Óscar Ortiz, Raúl García Prieto, Carlos Perla. Todos sospechosos, condenados o señalados por sospechas de cohecho, enriquecimiento ilícito, asociaciones ilícitas o fraude. Es la corrupción, estúpidos, no la ideología o la vestimenta electoral.
Si recurrimos a las acciones del actual fiscal general para ilustrar es porque, más allá de las evidentes deficiencias y más allá incluso del dejo mediático gratuito al que Douglas Meléndez es proclive desde que era fiscal específico en los años 90, los expedientes criminales que ha abierto son, de momento (y junto a algunos dictámenes desafiantes de los magistrados de la Sala de los Constitucional), los únicos halos de luz perceptibles en el cuarto oscuro nacional.
Investigaciones a estructuras pandilleras han revelado que funcionarios municipales de ARENA y FMLN no han tenido reparos en compartir recursos y ganancias con dichos grupos delictivos. Los manejos opacos en el Ministerio de la Defensa, también delineados en parte en casos que atañen a la MS y al Barrio 18, encontraron más oscuridad cómplice en la Asamblea Legislativa cuando un intento de la Fiscalía por juzgar al ex ministro del ramo fracasó por la oposición del partido oficial y sus acólitos.
Pero es acaso la investigación que atañe al ex fiscal general Luis Martínez y la red de corrupción que montó en el Ministerio Público, en parte con dinero del empresario Enrique Rais, la que mejor ha dado cuenta en los últimos meses de la podredumbre. Según los indicios recabados, el empresario fabricaba pruebas, sus abogados sobornaban jueces y hasta psicólogos forenses del Instituto de Medicina Legal; y los fiscales, cuando menos, toleraban todo el asunto y obstruían la aplicación de justicia.
Este tipo de corrupción, enquistada en las entrañas del Estado —como estas investigaciones muestran una y otra vez—, ha evitado que en el país exista la aplicación de justicia acorde a la norma constitucional, de forma igualitaria, pronta y cumplida. Eso, al final, ha alimentado un sistema de impunidad y compadrazgos que sigue arropando a las camadas de corruptos que entran a los despachos públicos con cada elección popular y de segundo grado.
Y esa corrupción, en un país de escasos recursos como El Salvador, termina poniendo de rodillas cualquier intento de desarrollo económico personal o nacional.
Lo de la fiscalía de Douglas Meléndez es apenas un atisbo, un pequeño haz luminoso, que muy bien puede fracasar ante la inercia del sistema y el abrumador dominio de las cucarachas que pueblan el cuarto oscuro. No parece, además, que a los políticos y a sus cajas de resonancia les interese demasiado que el fiscal tenga éxito.
No es en la militancia partidaria donde podría germinar la indignación o la acción política que permita combatir la corrupción del sistema. Basta entender, por ejemplo, que uno de los principales apoyos económicos de Mauricio Interiano, el recién electo presidente de ARENA, es Tomás Regalado, uno de los empresarios que, desde la derecha, más apoyó la reelección de Luis Martínez como fiscal general. O que miembros del FMLN no dudan en acuerpar a José Luis Merino, uno de los principales socios de Rais, o en tachar de injerencista o golpista a cualquiera que se pronuncie por una lucha anticorrupción más contundente. Tolerancia es la palabra más dócil que puede usarse para describir la actitud de la clase política ante la corrupción.
Debería ser desde la ciudadanía que se obligue a la clase política a ensanchar la luz que, de a poco y a trompicones parece salir de la actual Fiscalía General. Con lo que sabemos ahora, y con más detalle, sería de estúpidos no entenderlo.
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