EUA: El Salvador, uno de los principales países lavadores de dinero del narcotráfico

El Departamento de Estado en Washington publicó el jueves 2 de marzo su informe anual sobre narcoactividad y lavado en el mundo. Ahí reitera que el litoral salvadoreño y su porción de carretera Panamericana son avenidas abiertas al tráfico de estupefacientes hacia los mercados del norte. También dice el reporte que el ex fiscal general, Luis Martínez, comprometió la capacidad del país para combatir el blanqueo de capitales.

Fotoilustración FACTUM/ Josué Goge, tomada de Flickr.

El Salvador “es uno de los principales países en la ruta de la cocaína que viaja de Suramérica a los Estados Unidos, así como de las ganancias en efectivo que retornan a Suramérica”, dice en el primer párrafo del capítulo sobre el país en el Reporte Estratégico sobre Control de Narcóticos que el Departamento de Estado acaba de publicar. Más adelante, el informe aclara: “El lavado de dinero está relacionado sobre todo a ganancias procedentes del tráfico ilegal de narcóticos y del crimen organizado”.

El país lleva al menos dos décadas listado en Washington como uno de los principales países de tránsito de cocaína y otras drogas, pero su presencia en la lista de lavado de dinero ha sido intermitente; de hecho, la última vez que el país había aparecido, antes de este año, fue en 2013. En el reporte correspondiente a 2016 aparece en la lista de “países principales” en los que se blanquea dinero.

Plantación de coca en las riberas del río Patía en Nariño, Colombia. Foto de Héctor Silva Ávalos.

Una de las cosas que entre 2013 y 2017 ha cambiado en los reportes del DOS sobre El Salvador ha sido el papel atribuido a la corrupción en los intentos por combatir el narcotráfico y el lavado. Antes del último informe, DOS había insistido, en general, que la “corrupción extendida” en el Estado salvadoreño era uno de los principales obstáculos para desarrollar buenas investigaciones criminales y para lograr condenas judiciales. Hoy, en su último informe, Washington va más allá y dice que la obstrucción de justicia ha ocurrido en los niveles más altos de la Fiscalía General.

“La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General (UIF) no puede capitalizar información regional o investigar y litigar apropiadamente casos de lavado… Y aunque en la actualidad la UIF no está manipulada políticamente, dicha unidad se vio comprometida por el fiscal general previo y es vulnerable a manipulación en el futuro”, dice el informe estadounidense.

El caso que mejor ilustra los problemas de la UIF durante la gestión de Luis Martínez, el anterior fiscal general, es el de la investigación trunca contra José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo” y listado, también por Estados Unidos, como capo internacional del narcotráfico.

Como esta Revista reportó el año pasado, Martínez evitó que la UIF convirtiera en prueba legal indicios de lavado de dinero que el Ministerio de Hacienda había encontrado a Salazar Umaña en un proceso por evasión de impuestos. El sucesor de Martínez, el fiscal Douglas Meléndez, ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que envíe suplicatorios judiciales a nueve países para indagar sobre empresas y cuentas bancarias que se supone Salazar Umaña y su grupo utilizaron para blanquear dinero. Esos trámites, sin embargo, están estancados.

Estados Unidos, de hecho, atribuye directamente a Martínez la obstrucción de varias investigaciones. “Tras asumir su cargo en enero (de 2016), el fiscal general Douglas Meléndez, reabrió varios casos de corrupción que habían sido detenidas por su antecesor…”, se lee.

Fue solo tras la salida del anterior fiscal general, asegura el DOS, que prosperaron las investigaciones que condujeron a los arrestos del mismo Martínez el 22 de agosto pasado, del expresidente Antonio Saca el 30 de octubre y a profundizar en acusaciones contra el expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua desde el 6 de septiembre.

Los estadounidenses concluyen: “la corrupción del sistema político sigue siendo un problema serio”.

Además de El Salvador, todas las naciones del istmo centroamericano aparecen entre los 90 países y territorios a los que el Departamento de Estados dirigido por Rex Tillerson han incluido en la lista de los “principales” lavadores de dinero del mundo.

Sistema financiero vulnerable

Otra de las cosas que ha cambiado desde la última vez que el DOS había listado a El Salvador en su lista principal de países lavadores, en 2003, es que ahora hay más investigaciones por enriquecimiento ilícito contra funcionarios y ex funcionarios públicos, impulsadas sobre todo por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

En algunas de esas investigaciones, como la realizada al expresidente Saca y varios de sus colaboradores, los informes de Probidad detallan el uso del sistema financiero para mover e intentar ocultar dineros provenientes de presuntas actividades criminales, en este caso el enriquecimiento ilícito.

El papel de los bancos en posibles cadenas de lavado también quedó en evidencia en casos como la evasión de impuestos y posible blanqueo atribuidos a “Chepe Diablo”.

En otro caso, un banco privado cerró una cuenta a la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos de El Salvador (MIDES), relacionada al empresario Enrique Rais, a quien la Fiscalía investiga por lavado de dinero. Rais es prófugo de la justicia por delitos de corrupción relacionados al ex fiscal Luis Martínez.

De acuerdo al informe estadounidense, “los grupos de crimen organizado en El Salvador lavan dinero a través de bancos, compañías fachadas, importación y exportación de bienes…”, entre otros. Washington cree que en los últimos años los lavadores utilizan más el sistema financiero salvadoreño porque los mecanismos de vigilancia son mucho más débiles que en otros países.

Por ahora, destaca el reporte del DOS, la mayoría de casos de lavado investigados por la Fiscalía General han sido menores. Sin embargo, “la Fiscalía tiene abiertas al menos cuatro investigaciones de lavado de gran calado, incluido el primer caso contra una pandilla transnacional (la MS13). Fuentes estadounidenses consultadas en Washington dijeron a Factum que otros dos de esos casos son el del empresario Rais y el de Salazar Umaña.

Nada ha cambiado desde los días de Los Perrones

Este año, el DOS ha vuelto a listar a todos los países centroamericanos como preocupación principal tanto en el tráfico como en el lavado de dinero y activos. Y ha vuelto a decir que el 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos pasa por ese corredor.

Para el caso salvadoreño, dice el capítulo del reporte dedicado a control de drogas y químicos, el país “sigue siendo un país de tránsito mayor”.

Los narcotraficantes utilizan lanchas rápidas y vehículos comerciales para introducir drogas ilegales a lo largo del litoral, así como para proveer de combustible a lanchas que vienen del sur -sobre todo del litoral colombiano- con ruta hacia los mercados del norte, dice el reporte.

Decomiso de cocaína. Foto de la Policía Nacional de Colombia.

La carretera Panamericana es la principal vía terrestre, por la que los traficantes se mueven en buses, furgones y tráileres para mover sus cargamentos.

A juzgar por esto, nada ha cambiado en El Salvador desde que a finales del siglo pasado las bandas de contrabandistas de lácteos, personas y armas se reconvirtieron en narcotraficantes con la tolerancia y complicidad de las autoridades, sobre todo de la Policía.

Una de las bandas más importantes era, entonces, conocida como Los Perrones y uno solo de sus miembros, Reynerio Flores Lazo, llegó a mover 2.4 toneladas de cocaína desde Costa Rica hasta Estados Unidos.

El reporte de 2016 hace énfasis en la corrupción, el componente de la historia que facilitó el surgimiento y actividad de Los Perrones y otros grupos de narcotráfico y lavado, como el Cartel de Texis, dirigido por José Adán Salazar Umaña, “Chepe Diablo”.

Washington cree que las autoridades salvadoreñas carecen del financiamiento, la capacitación y el equipo necesarios para controlar de forma efectiva las fronteras del país. Todo esto hace que sea imposible contar con información confiable sobre las cantidades de droga que en realidad transitan por el país.