200 años después: la libertad está comprometida

¿Se puede hablar de independencia cuando no hay independencia de poderes, cuando se ha pisoteado la independencia judicial, cuando se ha desmoronado la transparencia y cuando el país depende económicamente de remesas y de la deuda en escalada? El Salvador conmemora 200 años de la independencia con un racimo de decisiones arbitrarias que comprometen la libertad y los derechos fundamentales. Este es un recuento de las decisiones de Nayib Bukele que han posibilitado el camino a la autocracia.

Editorial: Libertad

#democracia

01

De la independencia a la sumisión de poderes

La anulación de la oposición política en la Asamblea Legislativa y la socavación de la independencia entre órganos de Estado abrieron otras puertas para el gobierno autoritario de Nayib Bukele: la de la corrupción y la impunidad.

El candidato presidencial Nayib Bukele lo advirtió desde la campaña presidencial en noviembre de 2018: frente a un puñado de jóvenes en la Universidad de El Salvador, muchos de ellos estudiantes, dijo que marcharía hacia la Asamblea Legislativa junto a ellos para exigir un mejor presupuesto para la universidad. Y fue entonces que dijo que lo acompañarían la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador en su marcha, pues esas instituciones, en palabras de Bukele, le iban a obedecer a él. 

Bukele cumplió su advertencia el 9 de febrero de 2020. Rodeado de militares y policías armados, ahora como presidente de El Salvador, irrumpió en la Asamblea Legislativa sin ser formalmente invitado, se sentó en la silla del presidente parlamentario e imitó el inicio de una sesión plenaria. Hizo una oración. Salió de allí y dio un discurso a sus seguidores fuera del congreso. Demostró que podía someter a cualquier poder independiente por medio de la fuerza. El presidente no fue ese día a la Asamblea a pedir más dinero para la Universidad de El Salvador. Llegó a tomarse un órgano independiente del Estado salvadoreño y envió el mensaje más alarmante del totalitarismo que ya en 2021, con todas las instituciones del Estado tomadas por él, se vive en el país.

Los avisos que dio Bukele sobre sus intenciones de socavar la independencia entre los órganos del gobierno de la República salvadoreña vinieron desde antes de ser presidente. Ya instalado en la Casa Presidencial, el gobernante usó su poder para minar el orden democrático. Con campañas excesivas contra los partidos políticos opositores y en especial contra los diputados de esos partidos en la Asamblea Legislativa, el presidente, desde su primer día en el puesto, denostó toda oposición.

El gobernante desarrolló su aversión contra la disidencia política. Bukele, en su discurso, encajonó toda diversidad de pensamiento en un solo grupo: sus enemigos. Peor: los enemigos del “pueblo” que él dice representar. Con esos lemas que se difundieron en sus medios de propaganda, el mandatario comenzó su cruzada para tomarse las instituciones independientes del Estado salvadoreño. 

Bukele se rodeó de su círculo de antiguos amigos que lo acompañaban desde que fue alcalde de Nuevo Cuscatlán con el FMLN. Y en los anillos más abiertos se hizo de aliados como el dirigente efemelenista José Luis Merino, el principal rostro de Alba Petróleos, empresa investigada por lavado de dinero, y otros personajes que pertenecieron a las argollas del expresidente Antonio Saca: el primo del exmandatario Herbert Saca (vinculado a la compra de diputados durante la presidencia de Mauricio Funes) y dirigentes del partido GANA, fundado por los Saca y Funes.

Molesto con las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública que obligaban a su gobierno a ser transparente y atenuar las prácticas corruptas, esa institución, entonces independiente, fue de sus primeras víctimas. Siguió contra la Asamblea Legislativa y ha terminado cooptando la Corte Suprema de Justicia.

La pandemia de Covid-19, que llevó al gobierno de Bukele a decretar una cuarentena domiciliaria obligatoria, fue el escenario en el que el gobernante demostró su autoritarismo: desacató fallos de la Sala de lo Constitucional, vetó leyes y decretos legislativos para manejar la pandemia. Bukele se atribuyó el poder para controlarlo todo, incluso violando la misma Constitución y las libertades de las personas. 

Las ansias por controlar el Estado sin oposición le dieron facilidades para las prácticas corruptas en todo su Gobierno. Las investigaciones de la prensa independiente en El Salvador han revelado casos de corrupción a todo nivel en la administración Bukele que se agravan con la falta de transparencia. Los ministerios de Salud y de Agricultura y la propia Presidencia son algunos de las entidades que encabezan revelaciones de corrupción que implican millones de dólares en la era Bukele.

La corrupción galopante y el autoritarismo han empujado a que Bukele se enfrente con gobiernos de países aliados de El Salvador como Estados Unidos y los incluidos en la Unión Europea. Su insistencia en introducir el bitcóin como nueva moneda de circulación legal en El Salvador también le han significado críticas y abandono de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El descontento político por la forma autoritaria de gobernar, con la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia tomadas, se ha traducido en expresiones como concentraciones y marchas de protesta contra el gobierno de Bukele. Este 15 de septiembre de 2021, en el cumpleaños número 200 de la independencia salvadoreña, la oposición desde la sociedad ha convocado a una marcha de protesta y en defensa de la democracia perdida. Bukele, por su parte, mantiene el discurso de fundar una nueva República, para lo que planea escribir una nueva Constitución.

#economía

02

Por cada dólar gastado, 19 centavos son fiados

La anulación de la oposición política en la Asamblea Legislativa y la socavación de la independencia entre órganos de Estado abrieron otras puertas para el gobierno autoritario de Nayib Bukele: la de la corrupción y la impunidad.

La dependencia económica de El Salvador está acentuada por diversos factores, entre estos: la injusticia fiscal y la apuesta por el consumo que sostienen las remesas y la deuda a privados. De acuerdo con la Ley de Presupuesto 2021, por cada dólar que gasta el Estado, 19 centavos provienen de deuda, porque el financiamiento está proyectado, por unos $1,412 millones, mientras que los ingresos corrientes por unos $5,696 millones. Este escenario se repite año con año. Es un problema estructural. A julio de 2021, la deuda del Estado ascendía a $22,722.90 millones y la población salvadoreña se estimaba en 6,321,042. Es decir, que si el país tuviese que pagar la deuda de inmediato con aportes equitativos, corresponden $3,594.80 por persona. 

Pero, en la práctica, el pago de la deuda no se distribuye equitativamente, tampoco de acuerdo a los ingresos. Por ejemplo, según Panorama Económico, los hogares pagarán en el año 3,365 millones en impuestos, mientras que las empresas solo 1,681.3 millones. Todo lo anterior no es para promover la autosostenibilidad del país, porque el enfoque es al consumo y a la venta de servicios. Para comprobarlo, basta con pasar revista a la balanza comercial de 2020, donde la exportación de bienes y servicios fue de $6,290.37 millones, mientras que las importaciones en el mismo rubro fueron por $10,815.55. Es decir, importamos casi el doble de lo que exportamos. Exportamos la mayor parte de lo que consumimos y ese consumo es sostenido a través de remesas, que para 2020 ascendieron a $5959.9 millones. En otras palabras, el 55 por ciento del consumo del país es sostenido con remesas.

Con la entrada en vigencia del bitcóin como moneda de curso legal, el escenario futuro es difícil de pronosticar, pero la apuesta continúa siendo a una economía del consumo. Para algunos economistas, esto podría aumentar el precio de los alimentos. El ritmo del endeudamiento estatal se ha acelerado como nunca, pero la imagen del país para cumplir con los compromisos de pago ha empeorado, complicando todavía más el escenario para una autosostenibilidad que permita al país gozar de independencia económica.

#transparencia

03

La transparencia: ahora la ves, ahora ya no la ves

La ciudadanía tiene cada vez menos acceso a la información pública. El Ejecutivo ha impuesto una censura en la mayoría de instituciones de Gobierno y confeccionó un Instituto de Acceso a la Información Pública plegado a sus intereses.

En apenas dos años de gobierno, Nayib Bukele ha desmoronado lo poco de transparencia que había en la institucionalidad salvadoreña. Desde su llegada, la Presidencia de la República y todas las instituciones dependientes del Ejecutivo han adoptado una política anti-transparencia no solo dejando de publicar información oficiosa, sino también negándola o declarándola bajo reserva

Así, Bukele ha dejado en la oscuridad información importante para el país, como el trabajo de los asesores venezolanos en su gobierno, los gastos en publicidad de la Presidencia o las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios, incluyéndolo a él. En este tiempo, también ha impulsado reformas que amenazan con multar a quien divulgue dicha información. 

En dos años, terminó con todo el aparato que garantizaba un poco de transparencia.  En su Plan Cuscatlán predicaba transparentar no solo los resultados de las compras del gobierno, sino incluso sus procesos. Pero fue mentira. El gobierno de Bukele ha puesto bajo llave información tan importante como las compras por la emergencia ocasionada por la pandemia incluyendo los tratos con las empresas proveedoras de vacunas contra el COVID-19. Hasta el día de hoy no sabemos cuánto cuesta cada una. Y de ser por el gobierno, no lo sabremos hasta dentro de muchos años. 

Y si hubo corrupción en estas compras, no importa. El gobierno de Bukele también ya se perdonó por adelantado cualquier delito que alguno de sus funcionarios hubiera cometido.

En dos años, mediante decretos ejecutivos, el presidente Bukele ha confeccionado un Instituto de Acceso a la Información Pública a su medida, sustituyendo a comisionados críticos e imponiendo en secreto a comisionados afines e incluso empleados de su gobierno. El resultado de esto es un IAIP opaco que ha dejado de hacer audiencias e incluso reservando información que ya era pública, como el informe de probidad del presidente Bukele o el listado de empleados públicos. 

Así, Bukele ha destruido en dos años una ley por la que la sociedad civil luchó desde el 2004 y que, mal que bien, tiene diez años de estar vigente.

Hay un boicot al derecho ciudadano de acceso a la información pública y también al trabajo de la prensa. En los últimos meses, muchos empleados de medios de comunicación se han tenido que enfrentar a más bloqueos o a agresiones en las coberturas informativas. Al 30 de agosto, la Asociación de Periodistas de El Salvador registraba un total de 173 agresiones contra periodistas. El presidente ha arremetido verbalmente contra periodistas y sus empleados han obstaculizado el acceso de algunos medios, como Revista Factum, a conferencias de prensa.

El presidente no solo ha destruido la poca transparencia que tenía El Salvador. También ha roto sus propias promesas. En mayo, tras la destitución del fiscal general Raúl Melara y la imposición de Rodolfo Delgado en su lugar, El Salvador rompió el acuerdo que tenía con la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES). Esta institución, aunque con dudosa independencia, logró investigar una docena de casos de corrupción en el actual gobierno y los llevó a la Fiscalía. El oficialismo la sepultó.

#sistemajudicial

04

Jueces a la carta: el último objetivo presidencial

El Ejecutivo ha dado pasos acelerados para que el Órgano Judicial se convierta en una sucursal más del Ejecutivo. El más reciente: un decreto legislativo para expulsar a un tercio de los jueces de toda la República.

El 1 de junio de 2021, en el segundo aniversario de Gobierno, Nayib Bukele hizo jurar a los diputados. No sólo a los de Nuevas Ideas, su partido. Hizo jurar a toda la Asamblea Legislativa con la mano alzada. Los únicos que se resistieron fueron los diputados de oposición. “Juramos defender lo conquistado, luchar pacíficamente contra todo enemigo, contra todo obstáculo, contra toda barrera. Juramos defender nuestras futuras conquistas; no dejar que los que nos hicieron sufrir vuelvan al poder jamás; no dejar que vuelvan a saquear nuestra patria. Juramos que estaremos juntos, que no nos dejaremos solos en las luchas que vendrán. Nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para sacar adelante a nuestro país”, repitieron los funcionarios elegidos en febrero de 2021.

Aquel juramento se consolidó. La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, se ha encargado de ejecutar todas las acciones que le han permitido al presidente apoderarse del Órgano Judicial, un poder del Estado que, según la Constitución de la República, debería tener independencia del Ejecutivo. La toma del poder judicial empezó un mes antes del juramento, el 1 de mayo de 2021, cuando los diputados descabezaron la Sala de lo Constitucional y pusieron en el máximo tribunal a abogados afines al oficialismo. Esos magistrados impuestos son los que ahora le han allanado el camino al presidente Bukele para que, aun cuando la Constitución lo prohíbe, pueda buscar la reelección en 2024. Y también son ellos quienes han rechazado la extradición de cabecillas de pandillas solicitados en Estados Unidos por distintos delitos.

En dos meses, el oficialismo puso a 10 magistrados en Corte Plena, la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia. Y no bastando con eso,  el 1 de septiembre dio el último golpe para tomar, de manera exprés, el control de más de 100 tribunales de El Salvador. La Asamblea plegada a las solicitudes de Bukele aprobó un decreto para expulsar del Órgano Judicial a un tercio de los jueces de todo el país que tienen más de 60 años, entre ellos el juez Jorge Guzmán,  quien lleva la causa penal por por la masacre de El Mozote. 

Los jueces, que en su mayoría guardaron silencio ante el desmantelamiento de la Sala de lo Constitucional, han salido a las calles y han expresado su repudio a la decisión. El juez Antonio Durán, uno de los voceros del movimiento, ha señalado que el presidente busca poner jueces a la medida, que no controviertan sus decisiones aún cuando estén en contra de la ley. «La Asamblea Legislativa es independiente. Es una extensión del Ejecutivo. Estas decisiones están encaminadas a concentrar todo el poder en manos del Ejecutivo. Así tendrá el uso de la fuerza, policía y ejército, al legislador, al órgano de persecución (Fiscalía) y ahora a los jueces. Tendrá una justicia a la carta», dijo en una entrevista a La Prensa Gráfica.

El decreto fue aprobado el 1 de septiembre, pero dos semanas después el presidente todavía no ha dicho si consumará la decisión tomada por su partido.

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