El sistema electoral hondureño es frágil. No tiene el formato de segunda vuelta. Y funciona sin la representación de todos los contendientes político-partidarios en el tribunal. Desconfiar es coherente.
El comando Cobra, el grupo élite de la Policía Nacional hondureña, dejó de servir al gobierno de JOH. La oposición continúa denunciando fraude y arrecia las protestas. El TSE no no se ha atrevido a declarar a Hernández como ganador.
El conteo de las actas ha terminado y Juan Orlando Hernández abraza cuatro años en la presidencia, después de un proceso viciado por el TSE. La oposición se ha ido a las calles y amenaza con no reconocer los resultados oficiales.
La oposición se fue a la calle. La respuesta ha sido silencio desde Casa Presidencial o gases lacrimógenos y balas de parte de la policía hondureña. El Tribunal Electoral colaboró con la incertidumbre: cinco días sin nombrar a un ganador.
Sin un ganador en las presidenciales, las calles de Tegucigalpa ahora están patrulladas por policías y militares con macanas, escudos de hierro y con la disposición de usar la fuerza para mantener el orden público a como dé lugar.
Con la posibilidad de una reelección inédita desde el regreso de la democracia, Honduras se prepara para unas elecciones presidenciales envuelta en denuncias de fraude y nula credibilidad de su tribunal electoral.
Documentos oficiales muestran cómo militares y diplomáticos estadounidenses sabían -o incluso alentaron- el golpe de 2009, en un país que este 26 de noviembre decidirá si legitima el “pecado” de Mel Zelaya: la reelección presidencial.
El atentado contra la activista hondureña fue planificado cinco meses antes. El informe recabado por el grupo señala a la empresa DESA, que ejecuta el proyecto hidroeléctrico y a las instituciones del Estado que debían protegerla.
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